A Lucas lo mató un policía cuando intentaba asistir a un partido de fútbol. El largo camino de la justicia llevó el caso a una sentencia que nadie podría considerar como justa. 

El 14 de marzo de 2014, Lucas y sus amigos se disponían a ingresar al estadio Gargantini, ubicado en el parque General San Martín de Ciudad, para asistir a un partido de fútbol. El ingreso nunca se dio debido a un apagón por la explosión de un generador eléctrico que se produjo en las inmediaciones del estadio. Ante la negativa de la policía de dejar ingresar a lxs fanáticxs al recinto, el público comenzó a impacientarse y la tensión escaló, lo cual derivó en represión policial incluyendo aislamiento entre hinchas que ya habían entrado al Gargantini y lxs que esperaban afuera. Como es rutina en estos casos, los cuerpos de infantería junto con la policía hicieron uso de todo su arsenal, del cual balas de goma y gas lacrimógeno son parte. Lxs testigxs contaron que la situación fue realmente violenta. Lucas, quien se encontraba con su hermano Mariano y otros hinchas, quedó acorralado en un callejón donde la policía aprovechó la situación y descargó varios cartuchos de gas lacrimógeno. Uno de ellos impactó de lleno en la cabeza de Lucas, generando una hemorragia severa que dos días más tarde se cobraría su vida. 

El comienzo de la pesadilla

Lucas fue trasladado en un taxi al hospital Lagomaggiore, donde fue ingresado de urgencia, ensangrentado y en estado de inconsciencia.  Lxs profesionales que allí lo atendieron tardaron dos horas en estabilizarlo, es decir, detener la hemorragia para poder realizarle estudios y así, evaluar el daño. Lxs médicxs advirtieron la necesidad de dejarlo en observación por, al menos, 48 horas ya que el traumatismo en la cabeza podía desarrollar hemorragias internas. En efecto, así ocurrió el 16 de marzo: Lucas fue trasladado al Hospital Central donde falleció por una hemorragia subaracnoidea masiva.

Luego de la muerte de Lucas, la familia comenzó la lucha para obtener justicia sin saber que sería un proceso largo y tortuoso. El primer juicio fue declarado nulo por haberse prolongado la suspensión de las tres audiencias de debate más de 15 días. Uno de los magistrados, José Valerio, adujo una enfermedad que le impedía levantarse de la cama según consta en el certificado que presentó, lo que resultó en la suspensión mencionada anteriormente. La “enfermedad” del juez no era tal, lo cual se constató en su presentación a dar clases durante esos días en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Luego de varios años y dos juicios anulados, Viviana Espina, madre de Lucas, quien luchó incansablemente por justicia para su hijo, se quitó la vida en julio de 2017. En una situación inédita, la defensa intentó declarar la querella desierta (porque Espina era la querellante principal). Una carta encontrada pocas horas después de su muerte, la madre de Carrazco escribió acerca de la imposibilidad de sobreponerse a la muerte de su hijo y la desazón por no encontrar justicia. Es en este momento que Lucas Lecour y Sergio Salinas, abogados pertenecientes a Xumek, asumen como querellantes en la causa.

En 2018, comenzó el segundo juicio donde se buscó probar la culpabilidad del único imputado de la causa: el oficial del Cuerpo de Infantería, Diego Guzmán Zalazar, quien al inicio del debate hizo uso de la palabra negando rotundamente los hechos que se le acusaban. Tanto él como sus compañeros fueron consistentes en negar los hechos y afirmaron -con una asombrosa memoria, ya que el hecho había ocurrido hace cuatro años- que, al momento de la muerte de Lucas, Guzmán Zalazar ya no tenía más municiones en la escopeta porque “ya habían sido todas utilizadas”.

La fiscalía pudo determinar que el arma homicida fue una pistola calibre 38,1 lanza gases. También fue posible determinar la hora fatal gracias a las comunicaciones realizadas por los policías que detallaban por cuales calles avanzaban, las órdenes que recibieron, y el momento exacto en que se quedaron sin municiones. Xumek pudo corroborar que, al momento en que Lucas fue asesinado, los efectivos aún disponían de municiones, lo cual también demostró que las declaraciones de los policías intervinientes eran falsas.

A finales de 2018, el juicio tuvo un giro: la defensa técnica del imputado, el Dr. Calderón, renunció no sin antes pedir la nulidad de todo lo actuado y solicitar la recusación de uno de los jueces del tribunal. Esto derivó en que se rechazaran los pedidos pero le asignaran un abogado a Guzmán Zalazar de la Defensoría Oficial, quien al ingresar solicitó se repitiera toda la prueba producida y otra gran cantidad de pruebas nuevas con un claro espíritu dilatorio. Finalmente, se confirmó el ingreso del defensor técnico del policía, se rechazó el pedido de que se repita toda la prueba ya producida y se aceptaron las nuevas medidas probatorias solicitadas, lo que dilató notablemente un juicio que estaba cercano a finalizar.

La fiscalía pidió una pena de 18 años de prisión por considerar a Guzmán Zalazar responsable del delito de homicidio doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ocurrir en la previa de un espectáculo deportivo. Desde Xumek consideramos que la calificación y la pena eran correctas, por lo que adherimos al pedido, y solicitamos, además, que la Justicia disponga medidas para evitar estos casos. La defensa, por su parte, pidió la absolución del imputado. Finalmente, lxs jueces de la causa, Mauricio Juan, Laura Guajardo y Eduardo Martearena, dictaron sentencia el día 27 de junio de 2019, cinco años y medio después del hecho: condenaron al policía a tres años de prisión en forma de ejecución condicional y siete años de inhabilitación especial para ocupar el cargo policial, por encontrarlo penalmente responsable del delito de homicidio con exceso en el ejercicio legítimo del cargo. Una calificación llamativa y una pena insuficiente para la memoria de Lucas y su familia.

El imputado siguió en libertad (dada la ejecución condicional de la pena), lo cual suena irrisorio si se considera la responsabilidad de un funcionario policial de una división especial de la policía que se encarga del control de disturbios, la cual se supone especialista en la materia actuando justamente en un disturbio, que además (y como quedó acreditado en la sentencia) actuó con dolo. Luego de cinco años, tres meses y 11 días, la única satisfacción que tuvo la familia Carrazco-Espina fue encontrar una débil sentencia para la muerte de Lucas y el hecho de que Guzmán Zalazar jamás podrá integrar una fuerza de seguridad nuevamente. 

 

Foto por Nancy Castronovo Bloin