Caso Próvolo

Foto por Nancy Castronovo Bloin

Mendoza, noviembre 2016 

Durante un acto para conmemorar el Día de las Infancias, una joven se acercó a la  senadora provincial Daniela García para denunciar los abusos y vejámenes que se  venían cometiendo en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza. Con la asistencia de  un intérprete, la joven dio detalles elocuentes sobre los abusos, lo cual sirvió como  puntapié inicial para disponer los recursos necesarios y radicar la denuncia lo antes  posible. 

La primera etapa investigativa estuvo a cargo del fiscal Fabricio Sidoti, quien se valió de  los numerosos testimonios que comenzaron a salir a la luz a partir de la primera  denuncia. Las acusaciones apuntaban claramente a los sacerdotes del Instituto, Nicolas  Corradi y Horacio Corbacho, y a la monja Kumiko Kosaka, acusada de cómplice.  También fueron señalados el monaguillo Jorge Bordón, el jardinero Armando Gómez, y  Jorge Luis Ojeda. 

Las autoridades del Instituto y la jerarquía eclesiástica negaron rotundamente las  acusaciones de las víctimas. Xumek, quien luego se constituiría en querellante de la  causa, y la Asociación de Padres Autoconvocados de Niños, Jóvenes y Adultos con  Discapacidad, presentaron un amicus curiae (opinión ofrecida voluntariamente por  terceros ajenos al litigio); recomendando a la fiscalía provincial obrar bajo los  estándares nacionales e internacionales de la normativa para la protección de las  personas con discapacidad. 

A medida que la investigación creció, cobró preponderancia en la opinión pública,  sumando relatos verdaderamente estremecedores sobre los abusos perpetrados a los  niños y niñas del establecimiento. Inicialmente se conocieron 25 casos de abusos, a  medida que el número de responsables también ascendía. La Justicia puso el foco en  los posibles encubridores de la situación que se vivía dentro de los muros del Próvolo.  Se sumaron así, los acusados por participación primaria: la monja Asunción Martinez,  la exdirectora Graciela Pascual y otros empleados y directivos de la institución. A la vez  que se conocían detalles cada vez más escabrosos, Nicolas Corradi, recibió el beneficio  de la prisión domiciliaria por su edad y estado de salud. 

En febrero de 2017, la DGE (Dirección General de Escuelas) ,decidió suspender las  actividades en el Instituto hasta que la justicia logrará sentencia firme contra los  principales acusados. A mediados del mismo año, la causa Próvolo seguía sumando  elementos: más sospechosos (seminaristas y profesores) e intentos para identificar a  nuevas posibles víctimas según los registros de ex -alumnos y alumnas matriculados  entre 1998 y 2016. En este mes, la policial encontró también, una colección de  material de abuso sexual infantil que pertenecía a los tres sospechosos principales. 

A comienzos de 2018, Gendarmería llevó a cabo un operativo de rastrillaje en todo el predio, ubicado en Luján de Cuyo de la provincia de Mendoza, para detectar  anomalías. Varias víctimas aseguraron ver a los sacerdotes enterrar cajas y objetos en  el jardín. Los testimonios hacían referencias a sótanos o pasadizos subterráneos que  fueron descubiertos durante dicha excavación. El rastrillaje descubrió desde entradas a 

sótanos escondidas entre arbustos, hasta puertas cerradas que conectarían con la sala  de máquina o las cisternas. Al medio centenar de denuncias ya efectuadas, se sumó el  testimonio de ex-alumnas, que aseguraron quedarse embarazadas producto de las  numerosas violaciones y obligadas a abortar. 

En mayo de 2018, la causa dio un salto importante cuando el fiscal Stroppiana realizó  el pedido formal de elevación a juicio por los cuatro principales imputados.  

En septiembre de 2018, el ex-administrativo Jorge Bordón rompió el pacto de silencio y  se declaró culpable de los 11 crímenes que se le adjudicaban. “Esto reafirmó no sólo la  veracidad de los testimonios de las víctimas, sino también la culpabilidad de los otros  acusados”, argumentó Sergio Salinas, en ese momento vicepresidente de Xumek y  querellante de la megacausa del Próvolo.  

Foto por Nancy Castronovo Bloin

Testimonios del horror 

Podemos asegurar que el caso Próvolo reafirma el modus operandi eclesiástico y el  consecuente encubrimiento sistemático de los abusos. Los detalles son  verdaderamente escalofriantes: las víctimas no sólo eran niñas y niños sordos; sino  que también provenían, generalmente, de familias con dificultades económicas, que  confiaban que aquel lugar les daría todas las comodidades y cuidados que ellos no  podían ofrecerles. Los abusos ocurrían de noche, mientras regia la orden de que los  niños se sacaran los audífonos logrando no escuchar los gritos de la víctima escogida.  A los pupilos no se les enseñaba, ni permitía utilizar lenguaje de señas, lo cual impedía  cualquier derecho humano a la comunicación, dificultando el entendimiento entre  ellos y con sus respectivas familias. Las víctimas narraron que se les obligaba a mirar  pornografía. También, los más grandes eran forzados a abusar de los más pequeños  mientras los abusadores miraban. Los religiosos del Instituto amenazaban a los niños y  niñas con “matar a sus madres” si contaban algo de lo que pasaba tras los muros del  Próvolo. Algunas víctimas tenían tan solo 4 años cuando sufrieron los primeros abusos  sexuales. La mayoría de ellos, hoy adultos, presentan dificultades para comunicarse y  leer o escribir. 

Negación eclesiástica 

A medida que las pruebas se volvían más concluyentes y la opinión pública  reaccionaba convirtiendo la causa en un escándalo mundial, la iglesia se mostraba más  reacia a colaborar con la justicia. Los abogados de las víctimas denunciaron al  Arzobispado de Mendoza y a la obra San José, a cargo de la institución, por negar las  pruebas y obstruir el curso judicial. Esto se suma a la denuncia radicada por Xumek, contra la comisión especial enviada por el Vaticano para conducir una “investigación  paralela” ,de la cual nunca se conocieron los resultados y se mantuvo en secreto  amparándose en el Concordato de 1966, un viejo acuerdo entre nuestro país y el  Vaticano. El arzobispado de Mendoza se limitó a expresar su “solidaridad” con las víctimas y sus familiares en un comunicado tan sólo un día antes de la sentencia de  condena, demostrando su conducta encubridora. 

 

Foto por Nancy Castronovo Bloin

Antecedentes de abusos 

Las denuncias públicas de los horrores del Instituto Próvolo sacaron a la luz las  antiguas denuncias que pesaban sobre Nicolas Corradi, el sacerdote italiano que las  víctimas calificaron como “un monstruo”. Corradi ya había sido denunciado por los  mismos crímenes: abusos sexuales y torturas a menores de edad cometidos en las  sedes homónimas del instituto en la ciudad de Verona (Italia) y en La Plata (Buenos  Aires, Argentina). A sus 25 años, Corradi junto con otros religiosos en Italia, incurrieron  en violaciones, masturbaciones obligadas y relaciones de sodomía. Las denuncias de la  sede mendocina pusieron sobre el tablero el paso de Corradi por los institutos y el  modus operandi de la Iglesia para encubrir a los acusados: “o te vas a tu casa o te vas a  América”.  

De Roma a Mendoza, de Mendoza a Roma 

América Latina es una de las regiones del mundo con menos denuncias por abuso  sexual en el seno de la iglesia, y a la vez, el continente con más feligreses del mundo. El  caso Próvolo denota como se activan los engranajes del poder para garantizar  impunidad dentro del mundo eclesiástico. A principio del 2020, representantes de  Xumek y victimas del Próvolo, viajaron a Europa para denunciar ante los Comités de  DDHH de las Naciones Unidas y Relatorías, el encubrimiento por parte de la jerarquía  eclesiástica. La respuesta de la iglesia a dichas denuncias solo se limitó a  “comprometerse a evitar nuevas situaciones de abuso en el futuro”, lo cual es  insuficiente para aquellos que ya sufrieron en carne propia los vejámenes. El intento  de reunirse con Jorge Bergoglio resultó infructuoso; ya que lo único que le ofrecieron a  las víctimas y a sus representantes legales, fue una reunión con “alguien cercano al  Papa”, sin abogados presentes, y en las afueras de la Cuidad-Estado del Vaticano, lo cual fue rechazado por las víctimas y representantes de Xumek. “Es solo el Papa  Francisco la autoridad a cargo de evitar el delito de encubrimiento y reparar  íntegramente a las víctimas por el daño ocasionado por sus sacerdotes”, le contestaron  al Vaticano por mail. El email oficial recibido, con la negativa del Pontífice para dialogar  con las víctimas y sus abogados, fue aportado a la causa mendocina por  encubrimiento. 

Sobrevivientes celebran la sentencia a los principales acusados. Foto: Marcelo Aguilar

Juicio contra los principales acusados 

Tras largos meses de espera, pruebas contundentes y relatos decisivos en Cámara  Gesell, se dio comienzo al juicio oral en agosto de 2019 encabezado por los  magistrados Carlos Diaz, Alejandra Ratto y Mauricio Juan. Se reprodujeron las  grabaciones de los alegatos para no revictimizar a quienes ya habían declarado. Uno  de los testimonios que aquí destaca por su crueldad, es el de un niño oriundo del 

Litoral, que era violado por los acusados hasta quedar inconsciente del dolor. La pericia  psicológica y psiquiátrica realizada a Armando Gómez, determinó que el ex jardinero  estaba en condiciones de comprender el juicio a la vez que conocía los detalles de la  imputación y las consecuencias de sus actos, anulando el pedido de sus defensores de  declararlo inimputable.  

En noviembre del mismo año, Xumek elevó otro alegato solicitando 50 años de prisión  para Horacio Corbacho, 15 años para Nicolas Corradi y 15 años para Armando Gómez. 

Reparación histórica 

El 25 de noviembre de 2019, se constituye en un día clave en la lucha mundial contra el  abuso eclesiástico. El veredicto de la primera parte del juicio condenó a Nicolas Corradi  a 42 años de prisión, a 45 años a Horacio Corbacho, y a Armando Gómez a 18 años  encarcelado. El ex monaguillo, Jorge Bordón, había recibido 10 años en un juicio  abreviado al admitir la culpabilidad. Las sentencias marcan un antes y un después en la  justicia provincial y un antecedente importante ya que, los miembros eclesiásticos  lograron las condenas más severas en el registro de la provincia de Mendoza y, se  destacan a nivel mundial por la severidad, teniendo en cuenta que la gran mayoría de  estos casos quedan impunes (bajo los estándares de investigación de delitos sexuales  acompañados en el Amicus curie). En Italia, ninguno de los responsables ha sido  castigados por los casos de abusos. La sentencia a los principales acusados es tan solo  un pequeño capítulo de una historia macabra que tuvo varios actores. Luego del juicio,  tres víctimas más se acercaron a Xumek para dar su testimonio de maltrato y  corrupción de menores, lo cual confirma la oscura certeza, de que hay más víctimas  que aún no pudieron compartir sus historias.  

Juicio contra las 9 imputadas 

En julio de 2020, se reanudaron las audiencias preliminares contra nueve acusadas.  Entre ellas se destaca Kumiko Kosaka, “la monja mala” que actuaba como cómplice de  los abusos, entregando las víctimas a los pedófilos y ocultando las pruebas. La religiosa  llegó imputada como partícipe primaria de 7 hechos y como autora de abuso simple.  Una joven víctima recordó que la religiosa le ponía pañales para cubrir los sangrados  que sufría producto de las violaciones. Entre las acusadas también se encuentra la  religiosa Asunción Martinez, acusada de partícipe primaria; la ex apoderada del  Instituto, Graciela Pascual, junto con otras ex directoras; una cocinera y una psicóloga  de la institución. Todas ellas serán llevadas a la justicia por omisión y participación  primaria.