Durante un acto para conmemorar el Día de las Infancias en noviembre de 2016, una joven se acercó a la senadora provincial Daniela García para denunciar los abusos y vejámenes que se venían cometiendo en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza. Con la asistencia de un intérprete, la joven dio detalles elocuentes sobre los abusos, lo cual sirvió como puntapié inicial para disponer los recursos necesarios y radicar la denuncia lo antes posible. 

La primera etapa investigativa estuvo a cargo del fiscal Fabricio Sidoti, quien se valió de los numerosos testimonios que comenzaron a salir a la luz a partir de la primera denuncia. Las acusaciones apuntaban claramente a los sacerdotes del Instituto, Nicolas Corradi y Horacio Corbacho, y a la monja Kumiko Kosaka, acusada de cómplice. También fueron señalados el monaguillo Jorge Bordón, el jardinero Armando Gómez, y Jorge Luis Ojeda. 

Las autoridades del Instituto y la jerarquía eclesiástica negaron rotundamente las acusaciones de las víctimas. Xumek, quien luego se constituiría en querellante de la causa, y la Asociación de Padres Autoconvocados de Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad presentaron un amicus curiae (opinión ofrecida voluntariamente por terceros ajenos al litigio) recomendando a la fiscalía provincial obrar bajo los estándares nacionales e internacionales de la normativa para la protección de las personas con discapacidad. 

A medida que la investigación creció, cobró preponderancia en la opinión pública, sumando relatos verdaderamente estremecedores sobre los maltratos, lesiones por golpes y abusos sexuales perpetrados a niños y niñas de 4 años en adelante del establecimiento. Inicialmente se conocieron 25 casos de abusos, a medida que el número de responsables también ascendía. La Justicia puso el foco en los posibles encubridores de la situación que se vivía dentro de los muros del Próvolo. Se sumaron así los acusados por participación primaria: la monja Asunción Martinez, la ex-directora Graciela Pascual y otros empleados y directivos de la institución. A la vez que se conocían detalles cada vez más escabrosos, Nicolas Corradi recibió el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad y estado de salud. 

En febrero de 2017, la DGE (Dirección General de Escuelas) decidió suspender las actividades en el Instituto hasta que la justicia lograra sentencia firme contra los principales acusados. A mediados del mismo año, la causa Próvolo seguía sumando elementos: más sospechosos (seminaristas y profesores) e intentos para identificar a nuevas posibles víctimas según los registros de ex-alumnos y alumnas matriculados entre 1998 y 2016. En este mes, la policía encontró también evidencias tales como una colección de material de abuso sexual infantil que pertenecía a los tres sospechosos principales, pastillas anticonceptivas, preservativos, cartas pertenecientes a personal eclesiástico con contenido sexual, y ropa interior de niña con rastros de semen.

A comienzos de 2018, Gendarmería llevó a cabo un operativo de rastrillaje en todo el predio, ubicado en Luján de Cuyo de la provincia de Mendoza, para detectar anomalías. Varias víctimas aseguraron ver a los sacerdotes enterrar cajas y objetos en el jardín. Los testimonios hacían referencias a sótanos o pasadizos subterráneos que fueron descubiertos durante dicha excavación. El rastrillaje descubrió desde entradas a sótanos escondidas entre arbustos, hasta puertas cerradas que conectarían con la sala de máquinas o las cisternas. Al medio centenar de denuncias ya efectuadas, se sumó el  testimonio de ex-alumnas que aseguraron quedarse embarazadas producto de las numerosas violaciones y obligadas a abortar. 

En mayo de 2018, la causa dio un salto importante cuando el fiscal Stroppiana realizó el pedido formal de elevación a juicio por los cuatro principales imputados.  

En septiembre de ese mismo año, el ex-administrativo Jorge Bordón rompió el pacto de silencio y se declaró culpable de los 11 crímenes que se le adjudicaban. “Esto reafirmó no sólo la veracidad de los testimonios de las víctimas, sino también la culpabilidad de los otros acusados”, argumentó Sergio Salinas, en ese momento vicepresidente de Xumek y querellante de la megacausa del Próvolo. 

Foto por Nancy Castronovo Bloin

Testimonios del horror 

Podemos asegurar que el caso Próvolo reafirma el modus operandi eclesiástico y el consecuente encubrimiento sistemático de los abusos. Los detalles son verdaderamente escalofriantes: las víctimas no sólo eran niñas y niños sordos, sino que también provenían, generalmente, de familias con dificultades económicas que confiaban que aquel lugar les daría todas las comodidades y cuidados que ellos no podían ofrecerles. Los abusos ocurrían de noche mientras regía la orden de que los niños se sacaran los audífonos, logrando no escuchar los gritos de la víctima escogida. A los pupilos no se les enseñaba ni permitía utilizar lenguaje de señas, lo cual impedía cualquier derecho humano a la comunicación, dificultando el entendimiento entre ellos y con sus respectivas familias. Las víctimas narraron que se les obligaba a mirar  pornografía y que los más grandes eran forzados a abusar de los más pequeños mientras los abusadores miraban. Los religiosos del Instituto también amenazaban a los niños y niñas con “matar a sus madres” si contaban algo de lo que pasaba tras los muros del  Próvolo. Algunas víctimas tenían tan solo 4 años cuando sufrieron los primeros abusos sexuales. La mayoría de ellos, hoy adultos, presentan dificultades para comunicarse y  leer o escribir. 

Foto por Nancy Castronovo Bloin

Negación eclesiástica 

A medida que las pruebas se volvían más concluyentes y la opinión pública  reaccionaba convirtiendo la causa en un escándalo mundial, la iglesia se mostraba más reacia a colaborar con la justicia. Los abogados de las víctimas denunciaron al  Arzobispado de Mendoza y a la obra San José, a cargo de la institución, por negar las pruebas y obstruir el curso judicial. Esto se suma a la denuncia radicada por Xumek contra la comisión especial enviada por el Vaticano, compuesta por los sacerdotes designados Dante Simón y Alberto Bochaey, por conducir una “investigación  paralela” de la cual nunca se conocieron los resultados y se mantuvo en secreto amparándose, según los dicho de Simón a través de una conferencia de prensa, en el Concordato de 1966, un viejo acuerdo entre nuestro país y el  Vaticano. El Arzobispado de Mendoza se limitó a expresar su “solidaridad” con las víctimas y sus familiares en un comunicado tan sólo un día antes de la sentencia de condena, demostrando su conducta encubridora. 

Antecedentes de abusos 

Las denuncias públicas de los horrores del Instituto Próvolo sacaron a la luz las  antiguas denuncias que pesaban sobre Nicolas Corradi, el sacerdote italiano que las víctimas calificaron como “un monstruo”. Corradi ya había sido denunciado por los mismos crímenes: abusos sexuales y torturas a menores de edad cometidos en las sedes homónimas del instituto en la ciudad de Verona (Italia) y en La Plata (Buenos  Aires, Argentina). A sus 25 años, Corradi junto con otros religiosos en Italia incurrieron en violaciones, masturbaciones obligadas y relaciones de sodomía. Las denuncias de la  sede mendocina pusieron sobre el tablero el paso de Corradi por los institutos y el  modus operandi de la Iglesia para encubrir a los acusados: “o te vas a tu casa o te vas a  América”.  

Sobrevivientes celebran la sentencia a los principales acusados. Foto: Marcelo Aguilar

De Roma a Mendoza, de Mendoza a Roma 

América Latina es una de las regiones del mundo con menos denuncias por abuso sexual en el seno de la iglesia, y a la vez, el continente con más feligreses del mundo. El caso Próvolo denota como se activan los engranajes del poder para garantizar impunidad dentro del mundo eclesiástico. A principios del 2020, representantes de Xumek y víctimas del Próvolo viajaron a Europa para denunciar ante los Comités de DDHH de las Naciones Unidas y Relatorías el encubrimiento por parte de la jerarquía  eclesiástica. La respuesta de la iglesia a dichas denuncias solo se limitó a  “comprometerse a evitar nuevas situaciones de abuso en el futuro”, lo cual es insuficiente para aquellos que ya sufrieron en carne propia los vejámenes. El intento de reunirse con Jorge Bergoglio resultó infructuoso, ya que lo único que le ofrecieron a  las víctimas y a sus representantes legales fue una reunión con “alguien cercano al Papa”, sin abogados presentes y en las afueras de la Ciudad-Estado del Vaticano, lo cual fue rechazado por las víctimas y representantes de Xumek. “Es solo el Papa Francisco la autoridad a cargo de evitar el delito de encubrimiento y reparar íntegramente a las víctimas por el daño ocasionado por sus sacerdotes”, le contestaron al Vaticano por mail. El email oficial recibido, con la negativa del Pontífice para dialogar con las víctimas y sus abogados, fue aportado a la causa mendocina por  encubrimiento. 

Juicio contra los principales acusados 

Tras largos meses de espera, pruebas contundentes y relatos decisivos en Cámara Gesell, se dio comienzo al juicio oral en agosto de 2019 encabezado por los magistrados Carlos Diaz, Alejandra Ratto y Mauricio Juan. Se reprodujeron las grabaciones de los alegatos para no revictimizar a quienes ya habían declarado. Uno de los testimonios que aquí destaca por su crueldad es el de un niño oriundo del Litoral, que era violado por los acusados hasta quedar inconsciente del dolor. La pericia psicológica y psiquiátrica realizada a Armando Gómez, determinó que el ex jardinero estaba en condiciones de comprender el juicio a la vez que conocía los detalles de la imputación y las consecuencias de sus actos, anulando el pedido de sus defensores de  declararlo inimputable.  

En noviembre del mismo año, Xumek elevó otro alegato solicitando 50 años de prisión para Horacio Corbacho, 15 años para Nicolas Corradi y 15 años para Armando Gómez. 

Reparación histórica 

El 25 de noviembre de 2019, se constituye en un día clave en la lucha mundial contra el abuso eclesiástico. El veredicto de la primera parte del juicio condenó a Nicolas Corradi a 42 años de prisión, Horacio Corbacho a 45 años, y Armando Gómez a 18 años encarcelado. El ex monaguillo, Jorge Bordón, había recibido 10 años en un juicio abreviado al admitir la culpabilidad. Las sentencias marcan un antes y un después en la  justicia provincial y un antecedente importante ya que los miembros eclesiásticos lograron las condenas más severas en el registro de la provincia de Mendoza que se  destacan a nivel mundial por la severidad, teniendo en cuenta que la gran mayoría de estos casos quedan impunes (bajo los estándares de investigación de delitos sexuales acompañados en el amicus curie). En Italia, ninguno de los responsables ha sido castigado por los casos de abusos. La sentencia a los principales acusados es tan solo un pequeño capítulo de una historia macabra que tuvo varios actores. Luego del juicio, tres víctimas más se acercaron a Xumek para dar su testimonio de maltrato y corrupción de menores, lo cual confirma la oscura certeza: hay más víctimas que aún no pudieron compartir sus historias.  

Juicio contra las 9 imputadas 

En julio de 2020, se reanudaron las audiencias preliminares contra nueve acusadas. Entre ellas se destaca Kumiko Kosaka, “la monja mala” que actuaba como cómplice de los abusos, entregando las víctimas a los pedófilos y ocultando las pruebas. La religiosa llegó imputada como partícipe primaria de 7 hechos y como autora de abuso simple. Una joven víctima recordó que la religiosa le ponía pañales para cubrir los sangrados que sufría producto de las violaciones. Entre las acusadas también se encuentra la  religiosa Asunción Martinez, acusada de partícipe primaria; la ex apoderada del Instituto, Graciela Pascual junto con otras ex directoras; una cocinera y una psicóloga de la institución. Todas ellas serán llevadas a la justicia por omisión y participación  primaria.