Ricardo Bazán hoy tendría poco más de 30 años y una hija pequeña si la policía no lo hubiese acribillado por la espalda la noche del 1 de mayo de 2019. Ricardito, como sus amigos lo conocían, fue baleado en las inmediaciones de la Playa de Secuestros San Agustín, cerca del barrio La Favorita, donde vivía con su pareja con la que esperaban una bebé. Era albañil, recolector de residuos y padre de dos hijos pequeños que había tenido con su expareja.

Ricardo y su esposa, María Sales, junto con un amigo de ellxs, se encontraban saliendo de su casa para comprar la cena cuando se toparon con tres policías. En una zona donde el hostigamiento policial es frecuente, los efectivos obligaron a los jóvenes a bajarse del auto y revisaron a ambos. María, quien presenció toda la escena, aseguró que Ricardo escapó luego de ser revisado: “uno de los policías constató que Ricardo no tenía ningún arma, y él (por Ricardito) salió corriendo”, explicó la joven en una entrevista televisiva. Lo que pasó con Ricardito es rutina en los barrios periféricos de la provincia. 

Los amigos y familiares de la víctima confesaron que el policía José Alexis Méndez, quien prestaba servicio a la comisaría 59ª de La Favorita, había amenazado a Bazán en numerosas ocasiones antes de asesinarlo, “ya te va a tocar a vos, te estas salvando mucho”, le decía como un siniestro preludio a lo que aconteció después.

Méndez dejó a Ricardito muerto en el piso. Fueron lxs propixs vecinxs del lugar quienes lo asistieron y llevaron al centro de Salud 300 de La Favorita, aunque ya era demasiado tarde: cuando Bazán ingresó ya no mostraba señales de vida. Los peritos demostraron que Ricardito fue asesinado mientras corría con, por lo menos, 6 disparos. La abundancia de pruebas logró que la causa llegue rápidamente a juicio: no sólo los efectivos que también se encontraban en el operativo confirmaron que Méndez estaba mintiendo y que, efectivamente Bazán no estaba armado, sino que también entregaron sus armas reglamentarias para determinar que los disparos provenían del policía. 

La jueza Dolores Ramón del Juzgado Penal Colegiado N°1 dictó prisión preventiva para Méndez, desoyendo el pedido de la defensa solicitando prisión domiciliaria y haciendo caso a la solicitud del fiscal de Homicidios, Horacio Cadile, y del querellante Lucas Lecour, perteneciente a Xumek. El crimen fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por ser efectivo policial. Esto contrasta con las declaraciones hechas por el exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en octubre de 2019 (5 meses después del asesinato de Bazán), en las cuales se jactó de “no tener ningún acusado de gatillo fácil en nuestra provincia”. Esto pone de manifiesto que el abuso policial en las zonas más vulnerables del territorio no merece atención para el Gobierno mendocino.

Si bien en un principio, más precisamente en septiembre de 2020, se preveía el inicio del juicio por jurados, este se pospuso indefinidamente por el aumento de los casos de Covid 19 en la provincia.

Arma tumbera y encubrimiento

Personal de la Policía Científica pudo confirmar el levantamiento de 13 vainas correspondientes a armas reglamentarias de la policía y el hallazgo de un arma tumbera (de fabricación casera) en el lugar del crimen. Desde un primer momento los investigadores tuvieron en claro que el arma en cuestión había sido “plantada” varias horas después del asesinato por los policías para justificar el asesinato de Bazán. Todos los testigos corroboraron que Ricardito no estaba armado al momento de la pesquisa. Por su parte, los sabuesos confirmaron que la escena del crimen había sido alterada. 

Los efectivos que participaron del hecho con Méndez, Gabriel Martínez y Gabriel Barroso, guardaron silencio sobre el asesinato hasta que, horas más tarde, el fiscal les secuestró las armas reglamentarias. Para ese momento, Ricardito ya llevaba muerto varias horas. El autor del delito arriesga una pena de prisión perpetua; “si su idea era disuadir a la víctima, los disparos deberían haber sido a 45 grados con respecto del piso”, argumentó la Jueza de Garantías rechazando el pedido de la defensa de cambiar la calificación del delito. El ángulo de los disparos fue de siete u ocho grados, casi en línea horizontal, directo a la espalda de la víctima. “El disparo fue realizado con conciencia de la ilicitud, sabiendo que el proceder era idóneo para causar la muerte”, resalta la resolución de la magistrada, donde también hizo alusión a la saña de Méndez al disparar en los oscuros pasillos del barrio poniendo en riesgo no solo la vida de Ricardito, sino también de lxs vecinxs que allí viven. Por último, hay que considerar la actitud de los efectivos policiales luego del asesinato: ¿por qué no pidieron auxilio? ¿Por qué no informaron a sus superiores o llamaron al 911 pidiendo una ambulancia? Dejar a Ricardo morir enfrente de su pareja embarazada y sus amigos, habla del inexorable desprecio por la vida humana de quienes se la arrebataron.  

Justicia al fin

 El 16 de septiembre de 2021, concluyó tras cuatro jornadas el juicio por jurado popular del asesinato a causa de gatillo fácil de Ricardito Bazán. El juez a cargo del debate, Mateo Bermejo, confirmó que la sentencia de Méndez es la pena máxima: perpetua, debido a que esta era la pena única por la calificación de homicidio doblemente agravado por el uso de armas de fuego y por su condición de miembro de las fuerzas de seguridad. Al fallo, se le sumó una condena por abuso de armas ocurrido el 29 de julio de 2018, en el que Méndez disparó a un militar en la pierna en plena vía pública en la localidad mendocina de San  Carlos.

Este hecho se considera histórico, ya que es la primera vez que un caso de ejecución extra-judicial, también llamado “gatillo fácil”, es juzgado por el pueblo mendocino (representado por un jurado popular), lo que da la pauta de que el veredicto fue decidido con absoluta independencia e imparcialidad, con compromiso y responsabilidad.