Porto Alegre es una ciudad brasileña cercana a la frontera con Uruguay y Argentina. Allí vivía Tatiane Da Silva con sus 4 hijxs y el padre de lxs 3 menores (Gabriele, Gabriel y Diogo), Amilton Martins. Martins tenía dificultades para insertarse en el mundo laboral debido a que estuvo preso por tráfico de estupefacientes, por lo tanto, Tatiane era el principal sostén económico del hogar a través de su trabajo diario en una panadería. El 29 de septiembre de 2013, mientras Da Silva se encontraba en su jornada de trabajo, Amilton se quedó solo con su hijo de un año y dos meses, Diogo. Al llegar, la madre advirtió lesiones en el bebé y lo llevó inmediatamente al hospital pero era muy tarde: había sido maltratado, abusado sexualmente y asesinado por su padre.

Por el crimen, Martins fue acusado y condenado por los delitos de malos tratos y homicidio calificado. Lo sorprendente es que Tatiane fue acusada también por los mismos delitos en la modalidad de comisión por omisión. Desde el 13 de noviembre de 2013 permanece privada de su libertad y actualmente cumple su condena en la Penitenciaría Femenina Madre Pelletier en Porto Alegre.

Amilton tiene 10 años más que Da Silva, era posesivo y controlador, sumado a su involucramiento en el tráfico y consumo de drogas. Según Tatiane, la relación empeoró luego de que él pasara dos semanas en la cárcel: amenazas de muerte hacia ella con armas de fuego y blancas, y hacia sus hijxs bajo el efecto de drogas, incluso privación de su libertad. Esto derivó en una denuncia hacia su pareja por torturas psicológicas y la solicitud de protección para sí misma y lxs niñxs, la cual solo recibió luego de que un vecino denunciara que estxs últimxs eran agredidxs. El Consejo Tutelar determinó que Tatiane y lxs menores sean acogidxs en una Casa de Apoyo para mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, como es común en casos de violencia psicológica, Da Silva retornaba con su pareja y el proceso judicial entre ellxs terminó -contrariando los estándares internacionales en la materia- en una conciliación.

La investigación por el asesinato de Diogo estuvo marcada por prejuicios en contra de Tatiane. Al momento de pedir la prisión preventiva, el Ministerio Público reconoció que ella fue víctima varias veces de Martins pero motivó su pedido en que “no titubeaba en arriesgar la vida de sus hijos por aquello que extrañaba y de forma egoísta consideraba su placer personal”. El 18 de noviembre de 2016, Tatiane da Silva Santos fue condenada a 22 años, dos meses y 20 días de prisión por homicidio en calidad de autora en comisión por omisión, es decir, no haber impedido el hecho. Esta decisión desconoció completamente que quien se encontraba con Diogo era su padre y tenía deber de garante al igual que ella con respecto al cuidado de sus hijxs. En cambio, entendió que Tatiane era responsable por ser su madre. La sentencia inicial de la víctima fue apelada pero el Órgano Judicial, lejos de enmendar su decisión, ratificó lo resuelto en primera instancia y aumentaron la pena a 24 años, nueve meses y 10 días. Desde que está en prisión, apenas tiene contacto con sus hijxs y estxs están presuntamente bajo proceso de adopción.

Xumek fue contactada por las abogadas en Brasil y el 10 de abril de 2018 presentó una petición ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), entendiendo que el fallo es una violación a los derechos de la mujer (Convención de Belem Do Pará) y a los derechos de lxs niñxs que fueron apartadxs injustamente de su madre. Sus sentencias están basadas en estereotipos de género y del rol de maternidad, desconociendo totalmente la situación de violencia psicológica de la que Tatiane era víctima e incluso responsabilizándola por la misma, resultando este fallo discriminatorio y arbitrario. De hecho, uno de los argumentos del tribunal para negar la situación de Da Silva es que “ella era el sustento económico del hogar y, por lo tanto, no encajaba en el prototipo de mujer violentada”. Asimismo, y a partir del análisis de casos con plataformas fácticas similares, consideramos que la raza, el estrato social y el nivel de escolarización de Tatiane fueron también determinantes al momento de la condena.