En enero del 2011, un joven se presentó en la sede de Xumek con un celular con videos inéditos. El material era y sigue siendo elocuente: internos del Penal San Felipe maniatados y golpeados por guardiacárceles con saña, castigos físicos y amenazas verbales del personal de seguridad, todo en una serie de videos que databan de junio del 2010.

Gracias al material audiovisual, la Justicia pudo identificar rápidamente a los perpetradores: Jonathan Bizaguirre Moreno, Daniel Perón González, Germán Nuñez Aciar, José Arredondo Ahumada, Eduardo Quero Rey y Luis D’Ambrossio Orozco, quienes se reían a costa del interno mientras lo torturaban.

Se presentaron como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por Fernando Peñaloza, y Xumek, quien inició la demanda. Luego que las filmaciones fueran reveladas, y circularan por los noticieros locales y nacionales, el fiscal de Asuntos Complejos, Santiago Garay, ordenó la detención de los guardias identificados. El proceso contó con la presencia de la víctima, que había recobrado la libertad unas semanas antes, e identificó a los agresores sin hesitar.  

En los videos que pudieron extraerse del celular, se observa claramente cómo al menos cinco penitenciarios maltratan al interno. En el primer video, llamado 05, se ve a la víctima de rodillas contra un rincón, las manos están esposadas en la espalda y su frente hacia el piso. Mientras los guardias le propinan golpes y patadas en la costilla y la espalda, otro aprovecha para levantarle los brazos esposados en sentido contrario a la flexión natural, mientras que el interno grita de dolor y les pide que paren.

Los penitenciarios insisten con la golpiza turnándose y burlándose del preso, que incluso llegan a atar a una ventana “como un perro”, según describe uno de ellos. Las pruebas aportadas por la querella eran más de 40 videos. En tanto, la defensa de los imputados pidió la nulidad de estos como prueba y que sus defendidos sean declarados absueltos. Asimismo, solicitaron que se cambie la calificación legal a delitos menores como “vejaciones”, los cuales tienen condenas que van de uno a cinco años. Los magistrados rechazaron este pedido y sostuvieron que las pruebas eran válidas. En paralelo, los internos que declararon ratificaron las torturas y aseguraron que estas eran rutina dentro de los muros de San Felipe. Debido a la gravedad y contundencia de las pruebas, Xumek pidió 14 años, junto con la inhabilitación perpetua y absoluta de los acusados.

Algunos testigos aseguran haber sido hostigados durante el proceso, tal es el caso de Matías Tello Sánchez, compañero de celda de la víctima. Tello Sánchez sufrió una serie de lesiones que derivaron en hospitalización y posterior muerte. El hecho fue superficialmente investigado y, al día de la fecha, no hay imputados. Matías ya había denunciado que, desde su declaración testimonial en la causa, había sido amenazado constantemente. Quedó claro, durante el desarrollo del debate, que las más altas autoridades del Servicio Penitenciario desconocían los Protocolos Internacionales previstos para evitar situaciones semejantes y así evitar la muerte de Matías. 

Un año y medio después de la presentación de la denuncia, se dictó el primer Requerimiento Fiscal de Citación a Juicio. Sin embargo, por las reiteradas dilaciones, se produjo el cambio de fiscal de la causa, ya que éste no cumplió con los plazos. La fiscal Claudia Ríos fue quien continuó la investigación. 

Los acusados fueron cesanteados de sus cargos en 2012 y estuvieron detenidos hasta febrero del 2014, cuando se cumplió el tiempo máximo legal permitido para que una persona permanezca detenida sin condena. En el año 2018, Xumek presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando los hechos de tortura y la dilación en el juicio y sentencia del caso como una violación a la garantía del plazo razonable.

El lunes 10 de junio de 2019, nueve años después de lo ocurrido, comenzó el juicio a cargo del Tribunal Penal Colegiado N° 1 conformado por las Juezas María Belén Salido, Gabriela Urciuolo Muratti y el Juez Agustín Pedro Chacón de la Fuente. Tras cuatro meses de debate, el 19 de septiembre concluyó el procesamiento, con una condena de 10 años de prisión e inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos a los penitenciarios. 

La víctima, que en aquellos años tenía solo 18 años, sufrió “una combinación de padecimientos físicos y psíquicos graves que pueden observarse en los videos que fueron publicados junto con la denuncia. En ellos se observa a la víctima esposada y atada de una forma descripta como tortura de posición por el Protocolo de Estambul, además de varios golpes de puño y patadas de una fuerte intensidad y considerable violencia en todo el sector izquierdo del cuerpo, que quedan demostrado en los gritos de dolor, incluso manifiesta tener quebrada una costilla”, manifestaron los abogados de Xumek. Continuaron asegurando que “desde Xumek entendemos que esta condena resulta un mensaje fundamental hacia las fuerzas de seguridad y penitenciarias contra la impunidad de estos aberrantes delitos, sancionando debidamente estos graves hechos”.

La cárcel San Felipe ya ha sido noticia en numerosas ocasiones, la mayoría de ellas por el deplorable estado en que se encuentra, una realidad común a todos los complejos penitenciarios mendocinos. Hacinamiento, conexiones eléctricas inestables, muertes por enfrentamientos entre internos, y condiciones insalubres son algunas de las características de este penal. Tanto es así que, en 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que lo internos corrían riesgo de muerte si las condiciones no mejoraban. El organismo internacional presentó una resolución ordenándole al gobierno provincial que implemente una serie de medidas para proteger a las personas detenidas. La medida hacía alusión no solo a San Felipe, sino a Almafuerte, el complejo más grande de la provincia, que presenta las mismas falencias. El descarnado estado de los penales mendocinos pone de manifiesto la imposibilidad de actuar como lugares de reinserción social sino, todo lo contrario. 

Parte de la respuesta política  a la resolución de la CIDH, fue la sanción de la Ley 8284/116, la cual estableció la figura del Procurador de las Personas Privadas de Libertad y la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, proyectos que llevaban larga espera sin tratamiento en la legislatura mendocina.

Si bien los hechos que aquí referimos transcurrieron hace ya bastante tiempo, la problemática sigue vigente y las autoridades provinciales enmudecen ante el tema. Durante el año 2018, en el marco del proyecto “Violencia en situación de encierro: el rol de los MNP en la implementación de programas de prevención efectivos”, Xumek llevó adelante un relevamiento acerca de la situación de las personas privadas de libertad. La encuesta incluyó a 470 personas en cárceles provinciales que dieron su testimonio sobre las prácticas de torturas y/o malos tratos desde una perspectiva sistémica. Los resultados arrojaron más detalles sobre las violaciones de DD.HH. que se dan en los penales. 

Más grave aún resulta la sanción definitiva a la modificación del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes (CPPT), que el 27 de agosto de 2020 tuvo sanción definitiva en la Cámara de Diputados. El proyecto, presentado por el exgobernador Alfredo Cornejo, fue repudiado por los organismos de Derechos Humanos que denuncian que se busca silenciar y eludir los controles en las distintas instituciones donde se encuentran las personas privadas de su libertad (penales, comisarías, hospitales de salud mental, geriátricos, establecimientos de internación de niños, niñas y adolescentes, entre otros). El desmantelamiento del Comité se aprobó con una sorpresiva celeridad, sin pasar por comisiones y casi sin debate provincial. Esta iniciativa condensa un gran retroceso en los mecanismos de participación y control ciudadana, al mismo tiempo que vulnera los derechos humanos de quienes están privados de su libertad.

Gracias al material audiovisual, la Justicia, pudo identificar rápidamente a los perpetradores: Jonathan Bizaguirre Moreno, Daniel Perón González, Germán Nuñez Aciar, José Arredondo Ahumada, Eduardo Quero Rey y Luis D’Ambrossio Orozco, quienes se reían a costa del interno mientras lo torturaban.

Se presentaron como querellantes la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, representada por Fernando Peñaloza, y Xumek, quien inició la demanda. Luego que las filmaciones fueran reveladas, y circularan por los noticieros locales y nacionales; el fiscal de Asuntos Complejos, Santiago Garay, ordenó la detención de los guardias identificados. El proceso contó con la presencia de la víctima, que había recobrado la libertad unas semanas antes, e identificó a los agresores sin hesitar.  

En los videos que pudieron extraerse del celular, se observa claramente como al menos 5 penitenciarios maltratan al interno. En el primer video, llamado 05, se ve a la víctima de rodillas contra un rincón, las manos están esposadas en la espalda y su frente hacia el piso. Mientras los guardias le propinas golpes y patadas en la costilla y la espalda, otro aprovecha para levantarle los brazos esposados en sentido contrario a la flexión natural, mientras que el interno grita de dolor y les pide que paren.

Los penitenciarios insisten con la golpiza turnándose y burlándose del preso, que incluso llegan a atar a una ventana “como un perro”, según describe uno de ellos. Las pruebas aportadas por la querella eran más de 40 videos. En tanto, la defensa de los imputados pidió la nulidad de los videos como prueba y que sus defendidos sean declarados absueltos. Asimismo, solicitaron que se cambie la calificación legal a delitos menores como vejaciones, los cuales tienen condenas que van de 1 a 5 años. Los magistrados rechazaron este pedido y sostuvieron que las pruebas eran válidas. En paralelo, los internos que declararon ratificaron las torturas y aseveraron que estas eran rutina dentro de los muros de San Felipe. Debido a la gravedad y contundencia de las pruebas, Xumek pidió 14 años, junto con la inhabilitación perpetua y absoluta de los acusados.