El 2 de febrero de 2011, XUMEK presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal y ante la Dirección de Derechos Humanos y, en consecuencia, la Unidad Fiscal de Delitos Complejos inició una causa penal contra siete funcionarios del referido centro penitenciario, por los delitos de tortura, vejaciones y omisión de denunciar torturas.

Los acusados estuvieron en prisión preventiva durante tres años. Ante la falta de avances en la causa, se ordenó su liberación por vencimiento del plazo máximo de detención cautelar sin condena.

Ante la falta de respuesta judicial, presentamos una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes luego de analizar los hechos, aprobaron el Informe de Admisibilidad 79/22.

Después de gestiones insistentes, en 2019 se inició el juicio contra todos los acusados en la entonces Séptima Cámara del Crimen, y actual Tribunal Penal Colegiado N° 1, que finalmente condenó a seis exguardias penitenciarios a diez años de prisión e inhabilitación absoluta, tras ser identificados como autores del delito de torturas. Asimismo, el Tribunal también ordenó, a pedido de XUMEK, medidas de no repetición en favor de la víctima.

Los responsables de la tortura interpusieran recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los que fueron rechazados, quedando firme la sentencia el 19 de diciembre de 2024, por lo que, recién ahí se ordenó la detención de los condenados. Actualmente, todos cumplen su sentencia en privación de libertad, a excepción de uno que se encuentra prófugo de la justicia.

No obstante, a 15 años de los hechos, el Sr. Vargas González no ha sido reparado ni ha recibido rehabilitación integral por las torturas. Adicionalmente, se encuentra en una situación de profunda vulnerabilidad, siendo víctima de nuevos hechos de violencia institucional (torturas, apremios ilegales, severidades, amenazas y hostigamiento), en un estado de abandono absoluto por parte de las autoridades.