¿Qué sucede en Ecuador?

Ecuador

Desde el 13 de junio de 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del  Ecuador (CONAIE), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas, Evangélicos del Ecuador (FEINE) convocaron a un paro nacional por tiempo indefinido, rechazando las medidas neoliberales del presidente Guillermo Lasso y exigiendo el cumplimiento urgente de diez reclamos:

  • la reducción y congelamiento del precio del combustible; 
  • el refinanciamiento de deudas por un año para el sector agrícola; 
  • el control en los precios de los productos para el campo; 
  • la no precarización de la jornada laboral; 
  • la revisión de los proyectos extractivistas (mineros); 
  • el respeto de los derechos colectivos (como la educación bilingüe y la justicia indígena); 
  • la no privatización de los sectores estratégicos; 
  • el control de la especulación de precios; 
  • un presupuesto digno para la salud y educación 
  • y la generación de políticas públicas de seguridad. 

Desde que comenzaron las movilizaciones, el Estado de Ecuador ha declarado estado de excepción, con un gran despliegue policial y militar. A través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a importantes sectores de la población civil.

La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos

Se trata de la misma que trabajó recabando denuncias en Colombia, durante la represión de 2019 y en Bolivia durante el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. Sus objetivos en Ecuador serán acreditar, relevar y visibilizar la situación en el mismo territorio; elaborar un informe que tienda a visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional los hechos violatorios; y contribuir a la articulación en defensa de los derechos humanos en toda la región.

Para ello se recorrieron diferentes zonas en conflicto ante las reiteradas denuncias y los registros gráficos y audiovisuales que daban cuenta del aumento de cantidad de personas que habían muerto, sido heridas o detenidas arbitrariamente en manos de las fuerzas de seguridad y militares ecuatorianas. Para ello se pautaron entrevistas con organizaciones indígenas, sociales, políticas, sindicales, de mujeres, estudiantiles y ambientales para realizar un informe minucioso que dé cuenta de la situación

La misión está integrada por: Pablo Garciarena (XUMEK), María José Cano (ATE Nacional y CTA Autónoma); Claudia Rocca (Asociación Argentina de Juristas); Juan Grabois (Patria Grande y Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano); Nicolás Tauber Sanz (LIBERPUEBLO); Marianela Navarro (Frente de Organizaciones en Lucha); Alicia Montoya (Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores); Melisa Gargarello (FOL). 

Esta misión constató, en un informe preliminar, los siguientes hechos:

  1. Al menos 5 personas asesinadas a manos de las fuerzas policiales, con el uso irregular de armas de disuasión de forma letal. En los casos registrados, las personas fallecidas muestran heridas de gravedad producidas por disparos de perdigones e impactos de gases lacrimógenos a corta distancia y en zonas vitales del cuerpo. Dichas víctimas son Henry Quesada, Marcelino Villa, Wairon Watatuka, Franco Iñiguez, Jon Muenala. 
  2. Más de 132 detenidos de forma arbitraria por ejercer el derecho a la protesta. En muchos de estos casos dichas personas fueron imputadas luego por delitos tales como sabotaje, terrorismo o resistencia. 
  3. Secuestro, persecución y planificación de atentados en contra de la integridad de líderes y lideresas indígenas y sociales.
  4. Violación al derecho a la protesta social.
  5. Violación a las garantías judiciales y acceso a la justicia de los ciudadanos (no recepción de denuncias en fiscalías y no investigación de oficio de hechos de violencia policial, entre otros). 
  6. Negación de atención médica por las instituciones públicas de salud por motivos raciales y anti-indigenistas. 
  7. Violación a la integridad de las mujeres, evidenciando episodios de humillación, violencia verbal y simbólica. 
  8. Violación a los derechos de niños y niñas. Especialmente en el marco de la represión de las movilizaciones, en las cuales las comunidades indígenas participan junto a sus hijos e hijas. 
  9. Amenazas por parte de las fuerzas policiales al personal voluntario de salud en las zonas de paz. 
  10. Ataques reiterados a las zonas de paz y de resguardo humanitario, poniendo en grave peligro a miles de personas afectadas por gases lacrimógenos lanzados por parte de las fuerzas de seguridad durante la noche. 
  11. Ataques armados por parte de organizaciones civiles y fuerzas policiales, basadas en violencia racista y anti-indigenista. 
  12. Censura y bloqueo mediático de la información. Bloqueo del servicio de internet y redes sociales. Hackeo a cuentas personales de líderes y lideresas indígenas y sociales. Intervención en cuentas personales y redes sociales personales. Cese del servicio de redes móviles.

Asimismo, la Misión ha recolectado información y testimonios que dan cuenta de seis casos de desaparición de personas, de las cuales se desconoce su paradero y que se encontraban participando de las movilizaciones. Además, el Presidente Lasso anunció la criminalización de toda la dirigencia social, en franca violación al artículo 98 de la Constitución Nacional Ecuatoriana y la Normativa Internacional que contempla el derecho a la resistencia.

Podemos indicar el carácter de lesa humanidad de estos delitos, atento su carácter sistemático, generalizado y dirigido contra la población civil; y por lo tanto la procedencia de apertura de instancias jurisdiccionales universales.

Desde XUMEK exigimos al Estado Ecuatoriano que haga cesar los actos de violación de Derechos Humanos de su población y que se proceda a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales necesarias para obtener la reparación integral del pueblo Ecuatoriano, a través de la Verdad y la Justicia.

Aquí podés ver la conferencia de prensa del pasado sábado 25 de junio de la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos.

Redes sociales de la Misión: Twitter y Facebook.

Fiscalías especializadas en violencia institucional: diseño, implementación y estrategias jurídicas

Uno de los aspectos relevantes del avance en la lucha por los derechos humanos en las últimas décadas es la creación de distintas áreas que, desde el propio Estado, se proponen visibilizar, investigar, sancionar y/o prevenir vulneraciones de derechos.

En el campo específico de la violencia institucional, estos avances se reflejan en la creación de oficinas específicas dentro de distintas áreas de los poderes ejecutivos, y también por algunas iniciativas que buscan intervenir sobre los problemas estructurales que presenta el poder judicial a la hora de dar respuesta ante hechos graves de violencia protagonizados por integrantes de las fuerzas de seguridad o de los servicios penitenciarios.

No se trata de un avance lineal sino de procesos complejos, con momentos de retroceso y de resistencia. Desde la creación de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación en 2013, la creación de fiscalías especializadas aparece como una de las posibles respuestas del Estado para atender hechos de este tipo, y al mismo tiempo como un espacio en el que podrían ponerse en práctica múltiples conocimientos acumulados en la investigación y el litigio desde el activismo de la sociedad civil y desde el esfuerzo en general solitario de funcionarias y funcionarios judiciales comprometidos.

Este documento se propone aportar a un balance de algunas de estas experiencias, transcurridos ya algunos años desde su creación. Presentamos aquí la sistematización de los hallazgos y conclusiones de dos investigaciones realizadas durante 2018 y 2019.

En la primera parte, realizamos una evaluación de la creación e implementación de fiscalías especializadas en violencia institucional en las provincias de Buenos Aires y Mendoza1 : señalamos los principales problemas del diseño, implementación y funcionamiento de estas fiscalías y presentamos recomendaciones para mejorar su eficacia en la investigación de delitos que implican violaciones de derechos humanos, en algunos casos muy graves.

En la segunda parte, abordamos un análisis de estrategias jurídicas novedosas para la investigación de casos de tortura y malos tratos cuyas víctimas son personas privadas de su libertad, desarrolladas en el ámbito federal tanto por oficinas especializadas en el litigio de casos de violencia institucional como por otros funcionarios y funcionarias judiciales cuyas prácticas y decisiones muestran las huellas de la incidencia de estas oficinas2. En ambos casos, los relevamientos y el análisis de la información se realizaron a través de metodologías cualitativas que incluyeron el análisis normativo, de expedientes judiciales, y entrevistas en profundidad con funcionarios, funcionarias, usuarias y usuarios de las fiscalías, es decir las víctimas de la violencia institucional y familiares y organizaciones que las y los acompañan.

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NUEVA REVISTA: LOS DERECHOS NO ESTÁN EN CUARENTENA

A inicios de este año un nuevo virus torció el destino de muchos países y regiones alrededor del mundo.

En marzo de 2020 se registraron los primeros casos de coronavirus en Argentina, lo cual llevó al Gobierno Nacional a tomar diversas medidas, entre las que se destaca el ASPO (Aislamiento Social  Preventivo y Obligatorio). Esto implica el cese de actividad de varios sectores comerciales e industriales, la limitación de circulación y el refuerzo de medidas sanitarias y de higiene. A su vez, cada provincia cuenta con autonomía para, mediante autorización del Poder Ejecutivo Nacional, tomar decisiones específicas para la zona en cuestión. 

En contextos de cuarentena y aislamiento, gran parte de lo que sabemos no proviene de la experiencia directa sino de lo que vemos en los medios de comunicación y, por supuesto, redes sociales. Es desde ellos que intentamos entender las problemáticas e interrogantes que acarrea este insólito momento histórico, y es desde ellos que formamos opinión y construimos distintas visiones del mundo que nos rodea. 

Desde Xumek trabajamos en la promoción y protección de los derechos humanos, y creemos que eso implica fundamentalmente la visibilización de las realidades de los colectivos vulnerabilizados. Creemos que es fundamental en tiempos como el que vivimos adoptar una perspectiva enfocada en derechos humanos.

A 13 años del nacimiento de Xumek, creemos que es fundamental habilitar espacios de análisis crítico, y de abrir la posibilidad de debatir más allá de los inmediato.En las siguientes páginas te facilitamos información rigurosa, entrevistas y testimonios sobre las temáticas que trabajamos, para que podamos pensar esta pandemia como una oportunidad de leer lo que sucede en clave de derechos humanos y respeto por la dignidad humana.

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Monitoreo de lugares de encierro de niños, niñas y adolescentes – Xumek y UE

Presentamos nuestra publicación “Monitoreo de lugares de encierro de niños, niñas y adolescentes. Guía práctica para el relevamiento efectivo de información en lugares de privación de libertad”.

Esta guía se realizó en el marco del programa de voluntariado de monitoreo de establecimientos de privación de libertad que Xumek viene desarrollando desde el año 2017 con la participación de estudiantes de grado y graduados/as de diversas carreras vinculadas a las ciencias sociales.
A partir de la experiencia adquirida en las diferentes instituciones de encierro visitadas, Xumek elaboró esta guía que reúne información práctica de relevancia para la realización de monitoreos en lugares de encierro, hace referencia a las estrategias y buenas prácticas para llevarlos a cabo de forma efectiva; y, por otro lado, brinda un diagnóstico de la situación relevada en los años 2018 y 2019 de los monitoreos realizados en el Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Mendoza.

La publicación se elaboró en el marco del Proyecto “Lucha contra la tortura y malos tratos en la Argentina: promoviendo políticas de prevención, rendición de cuentas y rehabilitación de víctimas”, ejecutado por Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM), Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (Xumek), Centro de Participación Popular Mons. Enrique Angelelli, Colectivo de Acción Jurídica (CIAJ), Universidad Nacional de Lanús (UNLa), Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (FDER-UNR), y financiado por la Unión Europea.

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Investigación sobre la prohibición de los pañuelos verdes en los colegios de Mendoza

Desde el Área de Género y Diversidad Sexual se realizó una investigación exhaustiva para verificar si existe o no una sanción que prohíba llevar pañuelos celestes o verdes a los colegios públicos de Mendoza. Se investigó en las diferentes instancias jurídicas con sus respectivas normas de índole provincial, nacional e internacional. Se concluyó como resultado que no existe ninguna pauta que impida al estudiantado llevar dichos pañuelos a las escuelas públicas.

Comunicado legal completo:

“La detención por averiguación de identidad a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (LEER TODO)

Ponencia realizada por Gonzalo M. Evangelista, Abogado responsable del Área de Seguridad Ciudadana y Violencia Institucional de nuestra Asociación, en las XII Jornadas de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, en agosto de 2017.

El trabajo pretende evidenciar la inconvencionalidad de la detención administrativa con fines identificatorios. Análisis teórico, fáctico y jurisprudencial que advierte el riesgo de facultar a la policía con límites imprecisos permeables a prácticas plausibles de responsabilidad internacional.

Leer la ponencia completa:

Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos

Nos encontramos trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para la protección de víctimas y familiares de víctimas de delitos, con el finalidad de presentarlo a la Legislatura Provincial para su tratamiento.

Consideramos que la actual legislación provincial no es suficiente para satisfacer en forma adecuada las necesidades de las personas que sufren las consecuencias de delitos graves o gravísimos. Un sistema penal justo y eficaz debe respetar los derechos y garantías tanto de las personas sospechadas de cometer delitos, como los de las víctimas desde el inicio hasta el final del proceso que se lleve adelante y haciendo especial hincapié en las particularidades de ambas situaciones.

Sin embargo, como consecuencia de la inadecuada regulación, frecuentemente se posterga a las víctimas o no se aborda su problemática de manera amplia y ofreciendo una contención completa, particularmente a aquellas que pertenecen a grupos vulnerabilizados

Les compartimos el proyecto de ley y esperamos recibir sugerencias y aportes que puedan ser de interés para mejorar nuestro trabajo.

Sentencia de la SCJN por Recurso Extraordinario por Habeas Corpus Colectivo Correctivo

En el día de ayer, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró improcedente el Recurso Extraordinario Federal interpuesto por el ex Procurador General, Dr. Rodolfo González, contra el fallo dictado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en los Autos N° 13-03815694-7 caratulados “Hábeas Corpus Correctivo y Colectivo (Penitenciaría de Mendoza)”.