Desde Xumek – Asociación Civil para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a un nuevo intento del Poder Ejecutivo de Mendoza de controlar al Poder Judicial de la provincia mediante reformas que pretenden ser disfrazadas de “modernización”, “eficacia” y “agilización” de la Justicia.
Esta vez, el Gobernador Rodolfo Suarez presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza para eliminar las “salas” por las que se divide la Corte Suprema de Justicia. También la legislación propuesta apunta a que cuando las querellas sean por inconstitucionalidad falle el máximo tribunal en pleno, que tiene mayoría filoradical.
Desde 2016, el Gobierno Provincial de Cambia Mendoza ha ido en contra de la división y separación de los 3 Poderes del Estado. El gobernador Rodolfo Suarez sigue los pasos de su antecesor, Alfredo Cornejo, para controlar desde el Poder Ejecutivo la Corte Suprema de Justicia de Mendoza siendo este objetivo completamente contrario a los valores republicanos que prevalecen en nuestra Constitución Nacional.
Denuncia ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Nuestra organización viene alertando acerca de la existencia de un plan sistemático para someter la independencia del Poder Judicial, implementado en Mendoza a partir de la asunción de Alfredo Cornejo al poder político provincial en diciembre de 2015 y que subsiste bajo el mandato de Rodolfo Suarez. Esto fue denunciado junto a AJUS La Plata, Berisso y Ensenada ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 2021. En la misma se exponen de manera detallada los casos de violación a la independencia judicial, así como los estándares jurídicos aplicables establecidos tanto por los órganos especializados de la ONU como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, contando con un amplio respaldo probatorio.
La denuncia presenta diversos hechos que ponen de manifiesto el quiebre de la independencia en la Suprema Corte mendocina, Casos de Intervención y Subordinación en el Ministerio Público de la Provincia de Mendoza, la persecución a Magistrados por sus resoluciones, la estigmatización y ataques contra abogados, la discrecionalidad en la designación de magistrados y el sometimiento político de los órganos de control.
Desde Xumek consideramos que la división de la Corte Suprema de Justicia en salas temáticas apunta a que las denuncias lleguen a jueces que tengan experticia en los hechos que son denunciados y que la administración y reforma de la Justicia debe necesariamente responder al Poder Judicial mismo y no al Poder Ejecutivo. Por todo lo expuesto, apelamos a que el Poder Legislativo ponga freno a este tipo de intromisiones y rechace de lleno tal proyecto que atenta a los principios republicanos consagrados en nuestra constitución.
Conmemorando el Día de lxs Inmigrantes en Argentina, desde Xumek presentamos una nueva revista. Titulada “Mujeres Migrantes”, desde nuestra organización realizamos este trabajo para visibilizar e indagar acerca de la problemática de la movilidad humana desde la perspectiva de género e interseccional.
El recorrido de la revista propuesto comienza con un Prólogo realizado por el Área de Género y Diversidad y continúa con una Introducción acerca de por qué es necesario usar correctamente los términos sobre la Migración. La primera entrevista es a Rosalía Cárter Cofré, quien migró a Mendoza en 1991 junto a su esposo e hijxs buscando un día a día en el que la persecución política de la dictadura chilena ya no fuera parte. También hay una columna de Opinión de la coordinadora del Área de Movilidad Humana, Jessica Villegas. El material que cierra la revista la segunda entrevista, realizada a la docente e investigadora del Conicet Silvia Moreno.
Desde Xumek reafirmamos que migrar es un derecho humano y que debe ser garantizado como tal. La revista puede descargarse desde aquí:
Desde Xumek y Red Popular de Acceso a Derechos (RePAD), manifestamos nuestra profunda preocupación acerca del proyecto de reforma del Código Procesal Penal (CPP) de la Provincia de Mendoza, la cual busca instituir la figura del “agente encubierto digital” o la posibilidad de intervenir dispositivos de manera remota. Nuestra posición fue expuesta en el “Foro por la progresividad de los Derechos Humanos y las Garantías Constitucionales: Debate sobre la figura del Agente Encubierto Digital” en la Legislatura de Mendoza el día 30 de agosto de 2022.
Existe una evidente necesidad de adaptación y respuesta a nuevas formas de criminalidad (organizadas o no) que se valen de los medios digitales, el anonimato que ello confiere, la innecesaridad de estar presente en “el lugar del crimen tradicional” y, en suma, las barreras que ello impone a la autoridad. La disociación entre el lugar en que se despliegan los actos de ejecución de delito y el lugar donde se produce el resultado dañoso (la intimidad de la víctima) es imposible de abordar con una legislación que data de otro siglo.
Sin embargo, desde Xumek y RePAD consideramos que esta necesidad no puede ni debe implicar que las nuevas herramientas se presenten no sólo como herramientas de investigación y prevención (dejando de lado de momento la discusión de si una normativa procesal puede encerrar facultades de prevención) sino como elementos que en manos de actores -o con fines- desviados conduzcan a una desproporcionada invasión de la intimidad y/o utilización con fines políticos o persecutorios.
Entendemos que necesariamente, conforme a los compromisos asumidos por la República Argentina en materia de Derechos Humanos, en relación a los principios que deben guiar su implementación, debe observarse:
La transparencia, de modo que el Agente Encubierto Digital no devenga en investigador-persecutor;
la imparcialidad, por lo que las herramientas no deberían estar en manos de la Policía provincial en función de prevención sino exclusivamente en manos del Ministerio Público y que se restrinja su utilización a investigaciones penales;
y la proporcionalidad, en la extensión y duración del uso de las herramientas digitales.
De este modo, es que solicitamos se discuta la modificación del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza teniendo en cuenta la perspectiva de Derechos Humanos y que se escuche atentamente a las organizaciones de la sociedad civil, haciéndolas parte del debate.
Desde Xumek – Asociación para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, repudiamos la persecución y la criminalización de la protesta llevada a cabo por el Gobierno de la Provincia de Mendoza durante las jornadas de paro y movilización convocadas por diversos gremios mendocinos en el marco del reclamo de mejores condiciones laborales y salariales.
Entendemos que estos métodos, cada vez más frecuentes desde el Poder Ejecutivo con colaboración del Poder Judicial de Mendoza, apuntan a disciplinar la protesta social y el legítimo ejercicio de derechos constitucionales.
En las últimas semanas diversos gremios, entre ellos, ATE, SUTE, SADOP, convocaron a jornadas de paro y movilización, en reclamo por mejoras salariales y condiciones de trabajo. Esta protesta resulta por demás legítima tratándose del derecho a una remuneración justa -en un provincia donde los salarios de los docentes son de los más bajos del país- en un contexto de crisis económica e inflación, con íntima vinculación al derecho de los ciudadanos de recibir una educación de calidad.
Desde el 3 de julio del 2022 se ha constatado la persecución judicial a cinco (5) dirigentes sindicales– Roberto Macho, Adriana Iranzo, María Rosa Gaete y Graciela Navarro-, quienes han sido imputados por supuestas infracciones al artículo 194 del Código Penal de la Nación, por entorpecimiento de transporte; llegando incluso en el caso de Roberto Macho a ordenar su detención en sede de penitenciaría provincial.
A su vez, la Policía provincial junto con abogadxs y escribanxs han asistido a las escuelas de la provincia de Mendoza, fuera de sus facultades establecidas por ley, para constatar libros de firmas de asistencia de docentes, durante los días convocados a paro y movilización, evidenciando así una actitud claramente persecutoria y coercitiva para quienes ejercen la docencia y adhieren al paro.
Este tipo de acciones -además de rememorar las épocas más oscuras de nuestra historia reciente– intentan dejar un claro mensaje de disciplinamiento y criminalización de la protesta social por parte del Poder Ejecutivo y Judicial de Mendoza.
Rechazamos toda acción estatal que pretenda abordar el conflicto social desde herramientas represivas y/o punitivas.
El derecho a la protesta social, el derecho a huelga, el derecho a agremiarse libremente, el derecho de reunión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a peticionar ante las autoridades, no solo resultan derecho humanos fundamentales receptados constitucional y convencionalmente, sino que además configuran condiciones básicas para la convivencia democrática propia de un Estado social y democrátido de derecho.
El Poder Judicial y especialmente el sistema penal como sistemas de reacción ante conductas delictivas, no pueden constituirse en herramientas de disciplinamiento y persecución de un reclamo legítimo que cuenta con el apoyo de toda la sociedad.
En contrapartida reivindicamos el camino del diálogo, el consenso y la resolución no violenta de los conflictos, como las acciones que debe promover y propiciar el Estado.
Finalmente desde Xumek expresamos nuestro absoluto apoyo al reclamo del sector docente, poniéndonos a su disposición en lo sucesivo e interpelando al Gobernador Rodolfo Suárez y al Director General de Escuelas, José Thomas, a retomar el camino del diálogo sincero y libre de toda presión coercitiva.
Durante el mes de mayo de este año, se hizo público el estado crítico de la Laguna del Viborón en el Departamento de Maipú. De esta manera, las imágenes de la mortandad masiva de peces de febrero del 2021 se completan con las de mayo del 2022, que muestran una laguna agonizante y extremadamente seca. Las lagunas del Viborón, La Paloma (ambas en Maipú) y Soria (en el Departamento de Lavalle), forman parte del sistema Leyes-Tulumaya y se encuentran encadenadas. Por tanto, si una laguna se ve afectada, afecta al resto también.
Así es que el nivel de agua de la siguiente laguna, La Paloma, también ha mermado considerablemente para esta época del año y a esta situación se suma la amenaza del proyecto de saneamiento denominado “Colector cloacal y estación elevadora Paramillos II”, cuya traza atravesaría la Laguna de La Paloma con un terraplén. Por supuesto entendemos que dicha obra es necesaria para las localidades del Departamento de Guaymallén que no cuentan con colectores, sino que utilizan pozos absorbentes. Muchos vecinos y vecinas de El Sauce, Colonia Segovia y Puente de Hierro tienen el agua servida en la puerta de sus casas, y la obra en cuestión les daría respuestas a sus necesidades.
Sin embargo, la obra que promete un beneficio para estas poblaciones y territorios, por otro lado, representa una gran amenaza para el sistema de humedales Leyes-Tulumaya, uno de los ecosistemas más vulnerables y frágiles en el Gran Mendoza. No sólo porque proponen atravesar el caño cloacal por la parte más angosta de la Laguna de La Paloma, sino por toda la afectación alrededor de la zona que sigue teniendo vocación de humedal.
La obra de saneamiento evaluó ocho alternativas de trazado del colector. En ninguna de las primeras 7 alternativas se atraviesa la laguna de La Paloma, sino que la traza va por ruta, utilizando estaciones elevadoras y de bombeo. Sin embargo, alegan que en esas alternativas hay problemas de conducción a gravedad por pendientes mínimas, riesgos de vandalismo y de desborde.
Gentileza GiramundoTV.
De esta manera, la alternativa seleccionada es la que propone atravesar La Paloma, pasando por alto las declaratorias de interés de conservación que tiene el sistema Leyes Tulumaya. Al respecto, cabe remarcar que el proyecto tiene una falla de origen al no mencionar nunca que la zona por la que atraviesa dicha obra es un sistema de humedales; relicto de las antiguas ciénagas de Bermejo. El proyecto no contempla el marco legal de resoluciones y declaraciones de interés del lugar.
En este sentido, el Dictamen Técnico de la Universidad de Congreso, apunta que “se deben ratificar o rectificar las alternativas evaluadas y la opción definitiva, considerando que el sistema de humedales de Arroyo Leyes y Arroyo Tulumaya fue declarada sitio de interés de conservación mediante RIT-2020-1004-E-GDEMZA-DRNR#SAYOT en año 2020″.
Asimismo, la Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA), tiene otras grandes falencias que es preciso mencionar: escaso relevamiento de flora y fauna, retiro de suelo orgánico y capa vegetal, utilización de agua del Arroyo Leyes para la fase de construcción, nula mención a las aguas subterráneas, ni medidas de mitigación en caso de derrame, entre otras.
El próximo martes 19 de julio a las 10 de la mañana, se realizará la Audiencia Pública de esta obra, y es el momento de ejercer nuestro derecho a la participación en asuntos que afecten a nuestro medio ambiente. Exigimos que la autoridad convocante realice una consulta con expertos técnicos para que evalúen otra traza del colector cloacal para evitar daños irreparables en un ecosistema que ya es demasiado vulnerable por la misma gestión del agua de la Provincia de Mendoza, la cual ha ido represando el agua cuenca arriba, y provocando la paulatina desertificación de las lagunas cuenca abajo.
Pedimos que el sistema de saneamiento para un territorio y población no implique la destrucción de nuestro medio ambiente. Los humedales son nuestros principales aliados para mitigar los efectos de la crisis climática que estamos provocando, y su falta de protección afecta nuestro derecho a vivir en un ambiente sano.
La provincia de Mendoza posee una enorme deuda ambiental en cuanto a la Creación de Áreas Naturales Protegidas. Para el 2020, menos del 17% de nuestro territorio se encontraba protegido y esta cifra se encuentra muy por debajo de los estándares internacionales.
El proyecto de ley de Creación de Área Natural Protegida Provincial del sistema Leyes Tulumaya, sigue esperando a ser tratado en la Legislatura provincial. En ese sentido, cabe preguntarnos: ¿se trata de una simple coincidencia o la paralización del proyecto de protección responde a intereses particulares?
A modo de cierre, consideramos necesario destacar que la deuda ambiental de la provincia de Mendoza es algo que debe preocuparnos pero sobre todo “ocuparnos” en cuanto a acciones de mitigación se refiere. Una deuda ambiental en ascenso conlleva una gran amenaza para el sistema de humedales y, consecuentemente, en la vulneración de los derechos humanos de todas las poblaciones aledañas.
Acompañamos a la familia Romano ante las declaraciones realizadas desde el Asesoramiento Legal del Gobierno de Mendoza
Florencia Romano fue asesinada en diciembre de 2020 en el departamento de Maipú (Mendoza) siendo una adolescente de tan solo 14 años. Este caso puso en evidencia el deficiente actuar de la policía y la falta de protocolos que cuenten con perspectiva de género, ya que hubo una llamada al 911 en pedido de auxilio por parte de un vecino que fue desestimada.
Se inició un juicio penal que condenó al femicida, Pablo Ramón Arancibia y a la operadora policial que no dio curso a la llamada. Este llamado habría podido evitar la muerte de Florencia y esta afirmación fue demostrada por las pruebas presentadas, principalmente la cercanía de una comisaría que está a 4 minutos a pie de distancia del lugar del hecho.
Luego, la Familia Romano inició una demanda civil contra el gobierno provincial por el daño moral que sufrieron tras el femicidio de su hija. El pasado martes 12 de julio y a una semana de habernos enterado del femicidio de Agostina Trigo, trascendió un escrito presentado ante la Justicia por parte del asesor legal del Gobierno de Mendoza, Ricardo Canet. Allí, el funcionario responsabilizó a los padres de Florencia, en especial a su madre, por el femicidio de su hija.
Cabe recordar que pocas horas luego del hecho, el entonces Director de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, dijo que “hechos como estos son evitables, precisamente a través de la educación, a través del cuidado, del seguimiento que debemos tener los padres sobre nuestros hijos y que este tipo de hechos no se deben repetir, no se deben producir, precisamente porque debemos tener ante todo dentro del seno familiar un diálogo de apertura, porque todo se inicia a través de un engaño sobre la menor”.
A esta misma línea discursiva apeló Canet, afirmando que la madre y el padre de Florencia “han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente”. A esto agregó, en otras palabras, que la familia de la víctima tiene “el 50% de la responsabilidad” del hecho, mientras que el 50% restante correspondería al femicida.
Tanto los dichos de Munives en su momento como los trascendidos de Canet, revelan una profunda ideología de la gestión actual del Gobierno Provincial en la que optan por culpar a las mujeres por las violencias de género que sufrimos a diario y cuya expresión más grave es el femicidio. También parecen olvidar la responsabilidad estatal y las obligaciones asumidas nacional e internacionalmente que detallamos a continuación y bajo las cuales el funcionariado público tienen el deber de actuar y ajustar sus conductas.
En su artículo 7, se refiere a las obligaciones inmediatas del Estado en casos de violencia contra las mujeres, que incluyen procedimientos, mecanismos judiciales y legislación encaminada a prevenir la impunidad, incluyendo medidas para proteger a las mujeres de actos de violencia inminentes.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), organismo fundamental en la defensa y protección de los Derechos Humanos de la región -y a la cual Argentina le ha otorgado competencia jurisdiccional- ha establecido que, en un contexto de violencia, subordinación y discriminación histórica contra las mujeres, los compromisos internacionales “imponen al Estado una responsabilidad reforzada”.
En el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (Sentencia del 19 de julio de 1988, párrafo 172), la Corte IDH estableció que: “Un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención”.
El Estado Argentino, al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se compromete en el artículo 18.2 a prestar la asistencia apropiadaa los padres y a los representantes legalespara el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños”. En este sentido es el Estado quien asume también obligaciones de asistir a las familias en las crianzas.
Entonces, en este caso, el Estado Provincial actuó desentendiendose de su rol de garante de derechos y descargando la culpa sobre las familias, utilizando la revictimización como mecanismo de defensa de sus intereses pecuniarios.
A su vez, se define como violencia indirecta “toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.”
En relación con los organismos estatales de seguridad, la mencionada ley establece:
La obligación de elaborar en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, los procedimientos básicos para el diseño de protocolos específicos para las fuerzas policial y de seguridad a fin de brindar las respuestas adecuadas para evitar la revictimización, facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial;
Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policial y de seguridad en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los Derechos Humanos;
Incluir en los programas de formación de las fuerzas policiales y de seguridad asignaturas y/o contenidos curriculares específicos sobre los Derechos Humanos de las mujeres y en especial sobre violencia con perspectiva de género.
El Estado Provincial no ha cumplido con las mencionadas obligaciones. Esto se demuestra en el hecho de que los funcionarios policiales encargados del 911 al cual se solicitó auxilio no estaban capacitados en perspectiva de género como tampoco contaban protocolo de actuación específico para atender a dichos casos.
Por su parte, los abogados de la Familia Romano afirman que el Juez, en la sentencia penal sobre el femicidio de Florencia, realizó una serie de recomendaciones dirigidas al Poder Ejecutivo con el objeto de cambiar el funcionamiento del 911 para el abordaje de casos de violencia de género. En este sentido, la Familia ha impulsado el proyecto de la “Ley Florencia”, que tiene por objeto obligar al Estado a actuar de una manera específica mediante el 911 ante hechos de posibles feminicidios para que su intervención sea de manera preventiva. Hasta el momento, dos años después, la misma no ha sido tratada.
En cuanto a los Derechos reconocidos, cabe destacar el derecho a recibir un trato humanizado, evitando la revictimización, a la que se hace referencia en reiteradas oportunidades en el cuerpo de la Ley 26.485.
El hecho de culpabilizar a la mamá y al papá de Florencia, algo que hizo tanto el Asesor Legal del Gobierno como el ex director de la Policía, ponen en evidencia la desprotección no solamente hacia la memoria de Florencia, sino también la revictimización de la familia. En este sentido, es oportuno recalcar que la Ley Nacional 27.327 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitosconsidera víctimas a lxs padres, entre otros familiares, cuando resultare la muerte de la persona ofendida. La normativa establece que la actuación de las autoridades responderá a determinados principios y entre ellos la no revictimización: “la víctima no será tratada como responsable del hecho sufrido” (art. 4 inciso 3).
En otro orden de ideas, dentro de los lineamientos básicos para las políticas estatales establecidos por la Ley 26.485 mencionada anteriormente, establece la obligación de realizar campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (art. 10 inc. 1). Esto demuestra el rol activo que debe tener el estado en la educación en materia de género. No se trata de una cuestión exclusivamente de la responsabilidad de la madre o el padre de una mujer, sino que necesariamente tiene que intervenir el Estado en la deconstrucción de patrones socioculturales que ponen a las mujeres y a las disidencias en un plano de inferioridad respecto del varón.
Finalmente, no podemos dejar de hacer referencia a la Ley 27.499 “Micaela”. Esta norma establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación (Art. 1 ).
La contestación de la demanda de Ricardo Canet (así como los dichos que hiciera Roberto Munives en diciembre de 2020), demuestra una deficiente o nula formación en la temática referida, ya que en caso de contar con un adecuado conocimiento en perspectiva de género el tratamiento de la causa hubiera sido diferente.
Es por todo esto que desde Xumek acompañamos el reclamo de la Familia Romano y sus abogados en cuanto a que el Gobierno de Mendoza, particularmente el gobernador Rodolfo Suarez, debe dar explicaciones sobre el escrito presentado por Ricardo Canet ante la Justicia y, si fuera necesario, exigirle la renuncia al Asesor Legal si así lo considerase. Asimismo, el Senado de la Provincia debería expedirse sobre el asunto, ya que el pliego de designación de Canet para este cargo fue aprobado por ese cuerpo legislativo. Finalmente, adherimos a la sanción de la Ley Florencia para que el 911 tenga un protocolo de funcionamiento específico para casos de violencias por motivos de género y exhortamos al Gobierno Provincial a que cumpla con las obligaciones asumidas nacional e internacionalmente. Apelamos, en acompañamiento a la Familia Romano, a que la pronta sentencia de la Justicia Civil sea ejemplificadora y acorde a una perspectiva en Derechos Humanos de las mujeres.
El pasado miércoles 6 de julio, nos enterábamos de la dolorosa noticia del Femicidio de Agostina Trigo. Desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek, repudiamos el avasallamiento a la familia para conseguir datos que no podían ser confirmados en ese momento y la violencia mediática con que los medios de comunicación de Mendoza abordaron la noticia, con nulidad total de perspectiva de género.
Repudiamos las publicaciones, los titulares y la difusión que se dio del femicidio de Agostina con mensajes que sostienen patrones socioculturales reproductores de la desigualdad y generadores de violencia contra las mujeres.
A raíz del femicidio, familiares, amigues, organizaciones sociales y colectivos feministas se convocaron para movilizar el día miércoles en la tarde en el Poder Judicial de San Martín para reclamar justicia. Al finalizar, la Policía de la provincia avanzó reprimiendo y deteniendo a varias personas, entre ellas menores de edad. Esta situación fue aprovechada por diarios digitales, programas televisivos y radiales generando un show mediático y vandalizando a les manifestantes, dejando de lado las consignas de la movilización por Agostina.
Desde Xumek exigimos de manera urgente que trabajadores de los medios de comunicación y periodistas se formen de manera permanente en perspectiva de género.
En la actualidad existe un solo medio de comunicación de la provincia que cuenta con editora de género mientras que existen en Mendoza una gran cantidad de comunicadoras feministas buscando trabajo.
Según el Observatorio de Femicidios, Travesticidio y Transfemicidios en lo que va del año en Mendoza se han cometido 5 femicidios: María Aída Oliva, Marcela Elizabeth Granajo, Linda Suarez, Alicia Angélica Galetto y Agostina Trigo.
Exigimos justicia por ellas, y nos sumamos al grito de #BastaDeFemicidios #EstamosHartas #NiUnaMenos
Desde el 13 de junio de 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas, Evangélicos del Ecuador (FEINE) convocaron a un paro nacional por tiempo indefinido, rechazando las medidas neoliberales del presidente Guillermo Lasso y exigiendo el cumplimiento urgente de diez reclamos:
la reducción y congelamiento del precio del combustible;
el refinanciamiento de deudas por un año para el sector agrícola;
el control en los precios de los productos para el campo;
la no precarización de la jornada laboral;
la revisión de los proyectos extractivistas (mineros);
el respeto de los derechos colectivos (como la educación bilingüe y la justicia indígena);
la no privatización de los sectores estratégicos;
el control de la especulación de precios;
un presupuesto digno para la salud y educación
y la generación de políticas públicas de seguridad.
Desde que comenzaron las movilizaciones, el Estado de Ecuador ha declarado estado de excepción, con un gran despliegue policial y militar. A través de sus fuerzas de seguridad regulares e irregulares, habría asesinado, torturado, abusado, perseguido, amenazado e intimidado a importantes sectores de la población civil.
La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos
Se trata de la misma que trabajó recabando denuncias en Colombia, durante la represión de 2019 y en Bolivia durante el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. Sus objetivos en Ecuador serán acreditar, relevar y visibilizar la situación en el mismo territorio; elaborar un informe que tienda a visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional los hechos violatorios; y contribuir a la articulación en defensa de los derechos humanos en toda la región.
Para ello se recorrieron diferentes zonas en conflicto ante las reiteradas denuncias y los registros gráficos y audiovisuales que daban cuenta del aumento de cantidad de personas que habían muerto, sido heridas o detenidas arbitrariamente en manos de las fuerzas de seguridad y militares ecuatorianas. Para ello se pautaron entrevistas con organizaciones indígenas, sociales, políticas, sindicales, de mujeres, estudiantiles y ambientales para realizar un informe minucioso que dé cuenta de la situación
La misión está integrada por: Pablo Garciarena (XUMEK),María José Cano (ATE Nacional y CTA Autónoma); Claudia Rocca (Asociación Argentina de Juristas); Juan Grabois (Patria Grande y Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano); Nicolás Tauber Sanz (LIBERPUEBLO); Marianela Navarro (Frente de Organizaciones en Lucha); Alicia Montoya (Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores); Melisa Gargarello (FOL).
Esta misión constató, en un informe preliminar, los siguientes hechos:
Al menos 5 personas asesinadas a manos de las fuerzas policiales, con el uso irregular de armas de disuasión de forma letal. En los casos registrados, las personas fallecidas muestran heridas de gravedad producidas por disparos de perdigones e impactos de gases lacrimógenos a corta distancia y en zonas vitales del cuerpo. Dichas víctimas son Henry Quesada, Marcelino Villa, Wairon Watatuka, Franco Iñiguez, Jon Muenala.
Más de 132 detenidos de forma arbitraria por ejercer el derecho a la protesta. En muchos de estos casos dichas personas fueron imputadas luego por delitos tales como sabotaje, terrorismo o resistencia.
Secuestro, persecución y planificación de atentados en contra de la integridad de líderes y lideresas indígenas y sociales.
Violación al derecho a la protesta social.
Violación a las garantías judiciales y acceso a la justicia de los ciudadanos (no recepción de denuncias en fiscalías y no investigación de oficio de hechos de violencia policial, entre otros).
Negación de atención médica por las instituciones públicas de salud por motivos raciales y anti-indigenistas.
Violación a la integridad de las mujeres, evidenciando episodios de humillación, violencia verbal y simbólica.
Violación a los derechos de niños y niñas. Especialmente en el marco de la represión de las movilizaciones, en las cuales las comunidades indígenas participan junto a sus hijos e hijas.
Amenazas por parte de las fuerzas policiales al personal voluntario de salud en las zonas de paz.
Ataques reiterados a las zonas de paz y de resguardo humanitario, poniendo en grave peligro a miles de personas afectadas por gases lacrimógenos lanzados por parte de las fuerzas de seguridad durante la noche.
Ataques armados por parte de organizaciones civiles y fuerzas policiales, basadas en violencia racista y anti-indigenista.
Censura y bloqueo mediático de la información. Bloqueo del servicio de internet y redes sociales. Hackeo a cuentas personales de líderes y lideresas indígenas y sociales. Intervención en cuentas personales y redes sociales personales. Cese del servicio de redes móviles.
Asimismo, la Misión ha recolectado información y testimonios que dan cuenta de seis casos de desaparición de personas, de las cuales se desconoce su paradero y que se encontraban participando de las movilizaciones. Además, el Presidente Lasso anunció la criminalización de toda la dirigencia social, en franca violación al artículo 98 de la Constitución Nacional Ecuatoriana y la Normativa Internacional que contempla el derecho a la resistencia.
Podemos indicar el carácter de lesa humanidad de estos delitos, atento su carácter sistemático, generalizado y dirigido contra la población civil; y por lo tanto la procedencia de apertura de instancias jurisdiccionales universales.
Desde XUMEK exigimos al Estado Ecuatoriano que haga cesar los actos de violación de Derechos Humanos de su población y que se proceda a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales necesarias para obtener la reparación integral del pueblo Ecuatoriano, a través de la Verdad y la Justicia.
Aquí podés ver la conferencia de prensa del pasado sábado 25 de junio de la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos.
Este 3 de mayo de 2022 se cumple un año del inicio del segundo mega juicio por los abusos sexuales ocurridos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza. En el mes de abril de 2017, luego de que muchxs estudiantes declararan en cámara Gesell, se ordenó la captura de la monja japonesa Kumiko Kosaka, por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores.
Posteriormente, se imputó a Graciela Pascual (licenciada en Trabajo Social y representante legal del Instituto) por su intervención en la impunidad de los hechos investigados omitiendo su deber de denunciar. Finalmente, se inició investigación penal contra la monja Asunción Martínez, la psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y las directoras del Instituto Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán; por su participación criminal por omisión. Todas ellas pudieron haber evitado estos delitos, pero no lo hicieron (omitieron), teniendo conocimiento de los hechos y el deber legal de actuar en consecuencia.
Con excepción de Kumiko Kosaka, quien está en prisión domiciliaria, todas las demás imputadas llegan al juicio en libertad.
Las audiencias preliminares (en las cuales se discute la prueba que ingresará al debate) de este juicio se extendieron por más de un año debido a la pandemia por Covid-19 y la constante interposición de acciones dilatorias presentadas por la defensa de las religiosas, que fueron siempre rechazadas. En esencia, se trataba de los mismos planteos realizados durante la etapa de investigación y que ya habían sido objeto de análisis y rechazo por distintos magistrados.
Al inicio del juicio, el Tribunal estaba compuesto por los jueces Horacio Cadile (presidente), Gabriela Urciolo y Rafael Escot. Sin embargo, a poco de empezar, los abogados de Kumiko y Martínez presentaron una recusación sobre la base de una fotocopia que contenía una serie de mensajes de WhatsApp enviados en un grupo de magistrados del Poder Judicial de Mendoza en el que participaba el presidente del Tribunal. Allí, se habrían burlado de una de las imputadas. Ante esto, el juez Cadile, con interés en garantizar la plena imparcialidad, se inhibió de continuar en la causa, quedando seleccionada como reemplazante la Dra. María Belén Salido. Con la nueva conformación, la presidencia pasó a la jueza Urciolo.
A 1 año de iniciado el juicio, solo han podido declarar 23 testigos, de más de 266 personas que serán citadas, debido a los constantes entorpecimientos que provocan los abogados de las religiosas y que el tribunal tolera sin tener en cuenta el grave daño que las dilaciones ocasionan a las víctimas. Es decir que, sólo ha declarado un poco menos del 10% de la totalidad de las personas en 12 meses de juicio. De seguir este ritmo, el juicio se demoraría 9 años más.
Además, se ha ordenado a lxs sobrevivientes que presten nuevamente testimonial, pese a que han declarado en numerosas oportunidades durante la instrucción y en el primer juicio, testimonios que se encuentran filmados. Las nuevas declaraciones de las víctimas no estuvieron exentas de situaciones revictimizantes que provocaron que en algunas ocasiones lxs sobrevivientes tuvieran que ser asistidxs por médicos del Tribunal o ser llevadxs a la guardia hospitalaria. Esto sumado a que debieron asistir en numerosas oportunidades, llegando una de ella a tener que presentarse en 23 oportunidades a los estrados del Poder Judicial, donde se le realizan numerosas preguntas que nada tienen que ver con el caso. Se lxs interroga sobre cuestiones personales bajo el pretexto de verificar su credibilidad, lo que provoca un desgaste emocional en las víctimas que terminan muy afectadas luego de tantas audiencias. Incluso, ante la recomendación de psicólogxs de que un testigo no se encuentra en condiciones psíquicas y emocionales de declarar, se ha ordenado -a instancias de la defensa- la realización de un nuevo examen para determinar si lo que afirman dichxs profesionales de la salud es realmente así.
También, en este nuevo juicio, hemos podido observar cómo la Iglesia Católica busca perseguir y acallar a las víctimas mediante diferentes mecanismos: revisando las publicaciones de las actividades que realizan en las redes sociales o persiguiendo a los intérpretes de confianza, a los medios de prensa que informan el estado de la causa y a los abogados que defendemos sus intereses. Así, la defensa de las religiosas ofreció como prueba para este debate una investigación privada realizada en todas las redes sociales de las víctimas. Se pretendía usar un informe sobre las publicaciones, principalmente de Facebook, realizadas con mucha posterioridad a los hechos que se investigan en este juicio. A través de este procedimiento, lxs representantes de la Iglesia llevan adelante una sutil forma de callar a lxs sobrevivientes y de limitar su derecho a la libre expresión. Cabe destacar que, teniendo en cuenta la discapacidad de les sobrevivientes, sus redes sociales constituyen una de las formas más igualitarias de comunicación donde pueden expresarse libremente.
El derecho a la libertad de expresión constituye un principio único que cumple una función fundamental en el desarrollo de la capacidad que tienen los niños, niñas y adolescentes de pensar por sí mismos los asuntos que los afectan, y de ver el mundo desde su propia perspectiva.
De igual forma, desde el inicio de la investigación, los abogados de las monjas comenzaron a atacar a lxs intérpretes que actuaron durante las cámaras gesell y en el primer debate. Según la Iglesia Católica, los intérpretes oficiales tergiversan las declaraciones de las víctimas en perjuicio de las monjas, por lo que fueron denunciados penalmente y apartados del segundo juicio. Lxs intérpretes denunciadxs son personas cercanas a las víctimas, situación que las afecta gravemente, vulnerando un derecho humano fundamental, es decir: que la Comunidad Sorda cuente con intérpretes de confianza, toda vez que son ellxs su canal de comunicación con las personas oyentes.
Además, por su función, ellxs conocen aspectos muy íntimos de la vida privada de lxs sobrevivientes que estxs últimxs no están dispuestxs a revelar a cualquiera. En consecuencia, perseguir a los intérpretes que vienen participando desde el inicio de la causa mediante una denuncia penal y sacarlxs de su intervención en este segundo juicio, constituye una forma de revictimización especial, ya que obliga a las víctimas a tener que entablar un nuevo vínculo de confianza con intérpretes desconocidos o callar otra vez los abusos sexuales sufridos en el Instituto.
Es tan importante la función que cumplen los intérpretes en las personas sordas e hipoacúsicos, que en el caso de que no se pudiese entablar un vínculo seguro entre ambos, el resultado sería nuevamente el silencio de las víctimas y la impunidad de los abusadores.
Por último, la Iglesia también despliega todo su poder silenciando a lxs periodistas que se animan a informar lo sucedido dentro del Instituto Próvolo. Para ello se valen de sus abogados, quienes solicitaron al Tribunal del segundo juicio que se prohibiera a las partes dar información de lo que sucedía dentro de la sala de debate. En principio, como en cualquier acto de gobierno de una República, todos los debates son públicos. Sin embargo, cuando se trata de causas que involucran niñeces y adolescencias, puede ordenarse que los procedimientos sean a “puerta cerrada”. Esto no significa de ninguna manera que el debate sea secreto o que las partes no puedan dar información sobre lo que sucede dentro de la sala de audiencias, sino que, para resguardar la intimidad de las víctimas, no se permite el ingreso de personas ajenas al juicio y se sugiere que la información que se transmita no afecte la honra de las mismas. Decimos “se sugiere” porque jamás una norma podría censurar previamente a alguna de las partes, sólo se puede pensar en responsabilidades ulteriores por la afectación a algún derecho de las víctimas. Esto último también es importante destacar, porque lo que se resguarda siempre es la intimidad de las víctimas, nunca la de lxs imputadxs, las partes o el Tribunal.
Sin embargo, el Tribunal llamativamente hace lugar al pedido de la defensa de las monjas e inmediatamente comienzan a denunciar a periodistas que informan sobre el avance de la causa. Así, existe en la actualidad una causa penal contra el periodista Ignacio De La Rosa del Diario Los Andes, uno de los medios de comunicación más antiguos de Mendoza, simplemente por ejercer debidamente su labor republicana de informar a la población el estado de un proceso judicial de suma trascendencia. Los denunciantes saben que las misma resultan infundadas y contrarias a la Constitución, no obstante, se la utiliza como un medio más de silenciamiento y amedrentamiento contra quienes se animen a enfrentar el poder de la Iglesia, provocando que otrxs periodistas eviten dar a conocer los avances del juicio, y que, incluso, hasta la Secretaría de Información Pública del Poder Judicial de Mendoza presente un escrito mediante la cual comunica que dejará de brindar información sobre el nuevo debate.
Otra de las estrategias de amedrentamiento desplegadas por la Iglesia Católica contra lxs sobrevivientes es atacarlxs denunciando a sus abogados, quienes representamos a las víctimas en todas las instancias donde se han presentado sus reclamos. En efecto, se presentó una denuncia contra uno de los abogados de Xumek por dar información a la prensa sobre las situaciones de revictimización en la que se encuentran las sobrevivientes que prestaron declaración en este segundo debate.
A los fines de evitar que el daño sufrido por el delito se vea incrementado como consecuencia del constante contacto con la justicia, el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Instituto Próvolo solicitó a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la adopción de medidas útiles para evitar retrasos en la tramitación de la causa. El objetivo es que a través de estas medidas se garantice la pronta resolución judicial y la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, tales como la realización de las audiencias en una misma jornada con la correcta observación de interrogatorios que respeten la perspectiva de género y diversidad, que sean respetuosos de la perspectiva de discapacidad, que cumplan con los derechos humanos de los sobrevivientes y no sean revictimizantes. A su vez, se solicitó un trato adecuado garantizando un entorno accesible, seguro y tranquilo, donde se brinde contención psicológica con acceso a interpretación de Lenguaje de Señas Argentina (LSA), asistencia alimentaria y soporte económico para concurrir a las reiteradas instancias jurídicas que prevé el desarrollo de este segundo juicio.
Luego del pedido, miembros del Colectivo fueron atendidos por el Ministro José Valerio, junto a la Directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia, Milagros Noli, el Secretaria de Información Pública del Poder Judicial de Mendoza, Martín Ahumada y el Responsable General del Fuero Penal, Gabriel Longhin, quienes se comprometieron cada uno en sus respectivos ámbitos de competencia a adoptar medidas tendientes a dar respuesta a los reclamos del Colectivo.
Vale recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que las niños, niñas y adolescentes víctimas, en particular de violencia sexual, pueden experimentar graves consecuencias físicas, psicológicas y emocionales causadas por el hecho violatorio de sus derechos, así como una nueva victimización a manos de los órganos del Estado a través de su participación en un proceso penal, cuya función es justamente la protección de sus derechos.
Pese a todos estos esfuerzos, no se ha logrado revertir las constantes dilaciones y el proceso de revictimización que actualmente sufren les sobrevivientes. A modo de ejemplo, la última de las víctimas en declarar durante el mes de abril, lo hizo por más de 10 jornadas, debiendo parar en alguna de ellas por el grave estado emocional le provocaban tantas preguntas. El juicio se extenderá por ahora hasta el 30 de diciembre y dependerá del estado de la causa si se extiende más allá de esa fecha.
El estado de las reparaciones
La sentencia del primer juicio del Provolo puso a lxs sobrevivientes como verdaderos actores en el proceso de justicia al establecer medidas de satisfacción y no repetición. Esto implica entender que resulta necesario que obtengan una reparación integral, más allá de que nada pueda reparar el daño ocasionado por los abusadores y sus cómplices. En este sentido, el Tribunal consideró que la Dirección General de Escuelas debía brindar opciones educativas o de capacitación formal a las víctimas según sus capacidades, necesidades y proyecto de vida, incluyendo -en su caso- educación terciaria o universitaria, a través de instituciones públicas o privadas, otorgando en caso necesario becas de estudio (que incluya transporte y materiales de estudio a fin de que puedan cursar y concluir los mismos), así como también que realicen talleres y/o cursos de capacitación periódicos para que la población interesada pueda acceder al estudio y comprensión de la Lengua de Señas Argentina (art. 16 inc. a y b, ley 7.393).
Con relación al Ministerio de Salud, se ordenó brindar tratamiento psicológico y/o psiquiátrico y en el caso de ser requerida la medicación necesaria, garantizando los tratamientos en forma gratuita y con la ayuda de intérpretes en lengua de señas a todas las víctimas de autos por el tiempo que sea necesario a fin de lograr la efectiva recuperación, asegurando que se le otorguen las facilidades necesarias para que puedan asistir al mismo. Respecto de la Subsecretaría de Desarrollo Social, se solicitó que se efectivice aquellas acciones necesarias a fin de que las víctimas puedan acceder a becas, subsidios o programas de ayuda provincial y/o nacional para estudiantes, pasantías laborales rentadas o de trabajos para jóvenes; que colabore así en la reinserción de las víctimas y les signifique una ayuda para el desarrollo de sus proyectos de vida.
El núcleo de estas medidas de reparación integral trascienden ampliamente lo material apuntando al reconocimiento de la dignidad de las víctimas, a preservar y reparar el prestigio o su buen nombre y honor, como así también reivindicar a la persona ante la propia comunidad.
Por ello, iniciamos junto al Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Instituto Próvolo una serie de pedidos y reuniones con autoridades de la provincia de Mendoza y San Luis, con resultados muy diferentes. En Mendoza, con excepción del Instituto Provincial de Vivienda, que nos recibió casi de forma inmediata y se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para garantizar el derecho a la vivienda digna, lo que no ha sucedido hasta la actualidad; del resto de los ministerios no obtuvimos ninguna clase de respuesta. Ante ello requerimos la intervención, a través del Ministro José Valerio, de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, para que actúe como intermediador y acerque a las partes para alcanzar un acuerdo de cumplimiento.
En cambio, en la provincia de San Luis, inmediatamente notificada la sentencia, designaron a una persona del poder ejecutivo para que intermediaria con les sobrevivientes que viven en aquella provincia y los distintos Ministerios para dar cumplimiento a las medidas ordenadas. A casi dos años y medio de la condena, todavía seguimos insistiendo a las autoridades mendocinas en el cumplimiento de las medidas de reparación integral, las que resultan esenciales para la reelaboración del proyecto de vida de las víctimas, constituyendo una obligación no solo por lo establecido en la sentencia, sino por los compromisos internacionales asumidos por la Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Desde el Observatorio de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios de Xumek visibilizamos los datos arrojados entre Enero a Marzo del 2022. Durante estos primeros meses del año, se registraron al menos 72 femicidios y 5 transfemicidios, según se pudo constatar mediante la revisión de medios digitales locales, regionales y nacionales.
A partir de estos datos, se verificó que hubo alrededor de 66 hijxs menores de 21 años que fueron víctimas colaterales de los femicidios, es decir perdieron a su madre. En cuanto al tipo de vínculo entre las víctimas y los femicidas, se constató que un 34% fue cometido por las parejas, un 23% por ex parejas, y un 13% por un familiar de la víctima.
En lo que respecta a los transfemicidios, del total tres eran de nacionalidad argentina, una era de nacionalidad peruana y la otra uruguaya. Los actos violentos ocurrieron en Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y CABA.
Desde el Área de Género y Diversidad Sexual, a través del Observatorio, queremos visibilizar y denunciar la inexistencia de políticas públicas eficaces para prevenir estos crímenes y garantizar a las mujeres y colectivos travesti-trans sus derechos humanos más básicos, así como también los procesos judiciales con escasa o nula perspectiva de género en la investigación y juzgamiento de los mismos. Reclamamos la implementación de la Ley Micaela en los medios de comunicación para un correcto tratamiento de la información para que no reproduzca estereotipos moralizantes ni culpabilizantes sobre los cuerpos feminizados. Asimismo, buscamos evidenciar esta problemática y desnaturalizar la violencia machista inmersa en todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Metodología
Desde Octubre de 2021 a Septiembre de 2022, el Observatorio busca generar una base de datos sobre Femicidios, Travesticidios, y Transfeminicidios en Mendoza y en Argentina; en pos de lograr una sistematización y análisis de la información recaudada.
Buscamos realizar informes y publicaciones con los datos obtenidos, a fin de que puedan ser consultados y utilizados por las personas que componen la nuestra asociación y la sociedad en general.
El equipo que integra el Observatorio trabaja sobre una metodología cuantitativa y cualitativa, se realiza una recolección de datos sobre diarios digitales nacionales, provinciales y regionales; como también realizamos un sondeo sobre la recolección que realizan otros observatorios nacionales.
