El Área de Violencia Institucional y la Clínica Socio Jurídica de Xumek, junto al dispositivo territorial Red Popular de Acceso a Derechos (RePAD), hemos trabajado articuladamente durante el 2022 en el Proyecto “Prevención de la Tortura en la Región de Cuyo: estrategias de prevención y concientización en los barrios populares”. El mismo ha sido financiado por el Comité Nacional contra la Tortura.
Este proyecto tiene por finalidad prevenir hechos de violencia institucional en los barrios populares de Cuyo y reforzar el papel de la sociedad civil y el trabajo en redes en la protección de los Derechos Humanos. Es por eso que es en este trabajo que se ha nucleado la labor mancomunada entre los mencionados espacios de Xumek, que surge a partir del diagnóstico realizado por las tres áreas en el año 2021.
La participación de la RePAD ha sido a través del trabajo en territorio, con asesoramientos y acompañamientos en distintos barrios populares. Por su parte, la Clínica Socio Jurídica y el Área de Violencia Institucional se involucraron mediante los acompañamientos, asesoramientos y litigios que llegan y se atienden desde la sede de Xumek.
Es en este marco que compartimos los recurseros elaborados durante este año para su uso y difusión en actividades de concientización y prevención de situaciones de violencia institucional. ¡La descarga es gratuita!
En el marco del proyecto «Estudio descriptivo sobre la Educación Sexual Integral (ESI) en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela» de la Red de Coaliciones Sur, el Área de Niñez realizó un taller en el Barrio Castro de Guaymallén. Este proyecto se divide en dos instancias: una de investigación y otra de incidencia en territorio a través de talleres.
La realización de los talleres tiene como objetivo dar una voz protagónica a las niñeces y adolescencias para combatir la hegemonía del posicionamiento y los discursos adultocentristas. Dentro de este proyecto, el propósito del Área de Niñez y Adolescencia de Xumek es desarrollar herramientas técnicas psicológicas y pedagógicas para investigar la existencia y el grado de información y conocimiento de contenidos que niñxs y adolescentes tienen acerca de la Educación Sexual.
La investigación es realizada por adultas y tiene por objetivo analizar las normativas que regulan la ESI en Argentina, identificar obstáculos que generan los grupos opositores a la misma (tanto en su diseño como implementación) y consultar en niñxs, adolescentes y jóvenes sobre el conocimiento e información recibida acerca del derecho a una Educación Sexual Integral.
En este sentido, primero se analizaron las normativas que presenta Argentina en esta temática, particularmente la Ley Nacional N° 26.150 de Programa Nacional de ESI. Concluimos que sus principales ejes son:
El derecho a la ESI de todas las personas, desde el nivel inicial hasta el superior, en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de todo el país.
La creación del Programa Nacional de ESI.
La definición de los lineamientos curriculares por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en consulta con el Consejo Federal de Cultura y Educación.
Teniendo en cuenta el marco legal desarrollado, observamos que Argentina cuenta con un amplia normativa tanto en protección como en implementación de la ESI. Posteriormente, indagamos los discursos de grupos fundamentalistas, que se caracterizan por ser sectores conservadores y, en su mayoría, religiosos. Estos grupos, sistemáticamente, obstaculizan y muchas veces evitan la plena promoción de Derechos Humanos. Se oponen a la implementación de la ley N° 26.150 y sostienen que la ESI debe ser prohibida en nombre de la preservación de la inocencia infantil.
Los grupos conservadores también consideran que el Estado no debe inmiscuirse en la Educación Sexual de lxs sujetxs, puesto que -para aquellos sectores- solo lxs adultxs responsables pueden evaluar si sus hijxs deben recibir educación en la sexualidad. No obstante, la evidencia demuestra que la mayoría de lxs jóvenes no hablan de sexo con sus padres, madres o adultxs responsables, y que sus referentes adultxs eluden el tema frente a ellxs porque no saben cómo abordarlo.
Estos discursos no son aislados, sino que son organizados por grupos poderosos de derecha que, en forma pública y masiva, buscan adeptxs con el fin de impedir la efectiva implementación del conjunto de normativas que posee el país y, por lo tanto, obstruir el pleno acceso a Derechos Humanos fundamentales.
Para poder dar un marco práctico a la investigación, hemos consultado a agentes claves (docentes de nivel inicial y secundaria, tanto pública como privada y a agentes de salud) con el objetivo de poder visibilizar los obstáculos que ellxs observan para la implementación de la ESI desde su experiencia.
El proyecto terminará con la realización de un informe que contenga recomendaciones para que el Estado Argentino garantice la ESI acorde a la legislación vigente.
El miércoles 5 de octubre de 2022 presentamos la Red Federal de Defensa de las Organizaciones Populares (Red Federal D.O.P.). Desde Mendoza, integrantes de Xumek y referentes de la UTEP, participamos a distancia y de manera virtual desde nuestra sede y de esta jornada que se desarrolló en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Resaltamos el carácter Federal de esta Red, que alcanza a diversas organizaciones, movimientos sociales, gremios y defensorxs de Derechos Humanos de Argentina. A su vez, la conformación de esta red pone en evidencia la importancia de organizarnos frente a las modalidades represivas que penalizan la organización popular mediante mecanismos judiciales, policiales y el aparato mediático para perseguir, aislar, intimidar y criminalizar a quienes se organizan día a día levantando la voz contra el ajuste, el hambre y la pobreza.
Pretendemos visibilizar la persecución y criminalización de organizaciones, dirigentes y militantes; ejercer la defensa conjunta ante cada caso y, al mismo tiempo, reivindicar la unidad de quienes son criminalizadxs por luchar en pos de la plena vigencia de los derechos humanos contra la desigualdad y en demanda de políticas públicas a favor de quienes más las sufren.
Presentación completa de la Red Federal D.O.P.
Nos pone en alerta la intensificación de la persecución mediática y judicial en los últimos meses, que tiene como fin instalar miedo, disciplinamiento y división. Hemos identificado que las herramientas utilizadas son las mismas de siempre: tareas de inteligencia, seguimiento a dirigentes e intervenciones telefónicas dictadas sin la debida fundamentación con el objetivo de perseguir y estigmatizar a las organizaciones sociales.
Apostando a un discurso de derecha, sectores políticos-judiciales ponen como blanco a lxs sujetxs organizadxs y a las organizaciones populares, como se observa en los violentos allanamientos realizados en las casas de dirigentes sociales, comedores y merenderos comunitarios. El carácter de “circo mediático” de estos despliegues violentos es tan evidente que los resultados de los allanamientos se muestran primero en la televisión, y luego se incorporan a las causas judiciales.
En los últimos años, hemos visto en la región (Paraguay, Ecuador, Brasil y Bolivia, entre otros países) cómo los sectores más conservadores (con sus aliados incondicionales: sector económico y financiero, medios masivos y hegemónicos de comunicación, oligarquía local, etc.) han logrado exitosamente interrumpir y suprimir procesos de cambios políticos, sociales y económicos que llevaban adelante gobiernos de extracción popular, a través de estos medios.
El pueblo argentino dijo NUNCA MÁS a la violencia política y eligió el camino de la paz, el diálogo y la justicia para resolver los conflictos y diferencias políticas. Así nos enseñaron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, y así lo sostenemos hoy inflexiblemente. No hay lugar alguno para los discursos de odio, reproducidos y amplificados desde los medios masivos de comunicación y por personajes públicos, muchos de ellos con responsabilidades institucionales. Dichos discursos inoculados sistemáticamente no son más que un caldo de cultivo e incitadores de actos de violencia que sistemáticamente ponen en riesgo la convivencia democrática.
En este contexto, repudiamos y denunciamos la utilización del Poder Judicial (especialmente del sistema penal), no sólo con fines de control y disciplinamiento de los sectores populares organizados, sino también la persecución judicial, el lawfare, y el intento de proscripción de lideresas políticas, como es el caso de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
En este sentido, la Red Federal procura ser un ámbito amplio y democrático para la generación y difusión de ideas, el acompañamiento en los procesos judiciales y la visibilización de todo acto que constituya una violación a los derechos constitucionales elementales sobre los que se asienta nuestro sistema democrático.
Considerando el rol de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas de seguridad democráticas, la Red Federal reafirma los principios básicos de todo sistema democrático: Organizarse y peticionar ante el Estado son derechos de toda la ciudadanía y pilares básicos de la convivencia democrática. NO son atentados contra la seguridad nacional. Infiltrar personal policial en las manifestaciones o realizar tareas de inteligencia por razones políticas a quienes participan de las mismas e integran organizaciones sociales, es absolutamente ilegal y vulnera derechos humanos elementales.
Por todo ello, desde la Red Federal de Defensa de las Organizaciones Populares nos proponemos
Relevar, sistematizar y hacer un seguimiento de los casos de represión y criminalización de las organizaciones sociales, dirigentes, representantes gremiales y defensores de derechos humanos en todo el país.
Denunciar todo acto de persecución, criminalización o intento de limitar y vulnerar el efectivo ejercicio de los derechos de las organizaciones sociales, sindicales, políticas y de la sociedad civil.
Recibir denuncias por violación a la ley nacional de inteligencia en casos de espionaje ilegal.
Asistir y acompañar a las personas y organizaciones sociales perseguidas y criminalizadas.
Impulsar y promover el tratamiento y la aprobación del Proyecto de Ley 2546-D-2021 y el Estado Nacional ratifique la Declaración A/RES/53/144 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
NO QUEREMOS MÁS PERSONAS PERSEGUIDAS. NO QUEREMOS MÁS PRESXS POR RAZONES POLÍTICAS.
UTEP – Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular ANDHES – Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales APDH – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos CADH – Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales Liberpueblo – Asociación por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo Xumek – Asociación para la protección y promoción de los derechos humanos
Desde Xumek repudiamos enérgicamente lo sucedido con el Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. El operativo innecesario desplegado por el Poder Judicial, los Ministerios de Seguridad Nacional y de Río Negro, la brutal represión y la persecución contra los hermanos y hermanas, no encuentran ningún justificativo válido y atenta contra los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Resulta inadmisible el trato que han recibido niñxs, jóvenes, mujeres, adultxs en el marco del “proceso de desalojo” ordenado por la jueza Silvina Dominguez y ejecutado por el Comando Unificado de Seguridad creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el cual se encuentra conformado por Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El operativo implicó la detención de 7 mujeres mapuches, quienes estuvieron completamente incomunicadas por encontrarse la causa bajo secreto de sumario. Una de ellas se encontraba cursando la semana número 40 de embarazo y otras dos fueron detenidas junto a sus hijxs de 1 y 4 meses de edad. Además, se retuvieron a niñxs y adolescentes de la comunidad que fueron separadxs de sus familias por más de 24 horas.
La hermana embarazada fue obligada a parir sola en el hospital, no dejaron que ingresara al momento del parto su acompañante, faltando el respeto y violentando la cosmovisión y pautas culturales del pueblo mapuche.
Una vez más el Estado demuestra su claro posicionamiento político, policial, judicial y mediático en favor de la criminalización, estigmatización y hostigamiento sobre el pueblo mapuche y, por consiguiente, sobre los pueblos indígenas.
Se ha incumplido con cada compromiso constitucional y convencional asumidos por el Estado argentino sobre derechos humanos, en general, y sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular.
Exigimos una explicación sobre las medidas judiciales tomadas por la jueza, en particular, los traslados de las 4 mujeres mapuches de Bariloche hacia Buenos Aires, para que sigan su detención en el penal de Ezeiza.
Asimismo, exigimos la liberación de las mujeres detenidas y el inmediato retorno a su territorio ancestral. Que se respeten los derechos humanos y que tengan derecho a ser representadas en su defensa, como lo indica la Constitución Nacional y los pactos internacionales.
Desde Xumek – Asociación Civil para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a un nuevo intento del Poder Ejecutivo de Mendoza de controlar al Poder Judicial de la provincia mediante reformas que pretenden ser disfrazadas de “modernización”, “eficacia” y “agilización” de la Justicia.
Esta vez, el Gobernador Rodolfo Suarez presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza para eliminar las “salas” por las que se divide la Corte Suprema de Justicia. También la legislación propuesta apunta a que cuando las querellas sean por inconstitucionalidad falle el máximo tribunal en pleno, que tiene mayoría filoradical.
Desde 2016, el Gobierno Provincial de Cambia Mendoza ha ido en contra de la división y separación de los 3 Poderes del Estado. El gobernador Rodolfo Suarez sigue los pasos de su antecesor, Alfredo Cornejo, para controlar desde el Poder Ejecutivo la Corte Suprema de Justicia de Mendoza siendo este objetivo completamente contrario a los valores republicanos que prevalecen en nuestra Constitución Nacional.
Denuncia ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Nuestra organización viene alertando acerca de la existencia de un plan sistemático para someter la independencia del Poder Judicial, implementado en Mendoza a partir de la asunción de Alfredo Cornejo al poder político provincial en diciembre de 2015 y que subsiste bajo el mandato de Rodolfo Suarez. Esto fue denunciado junto a AJUS La Plata, Berisso y Ensenada ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 2021. En la misma se exponen de manera detallada los casos de violación a la independencia judicial, así como los estándares jurídicos aplicables establecidos tanto por los órganos especializados de la ONU como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, contando con un amplio respaldo probatorio.
La denuncia presenta diversos hechos que ponen de manifiesto el quiebre de la independencia en la Suprema Corte mendocina, Casos de Intervención y Subordinación en el Ministerio Público de la Provincia de Mendoza, la persecución a Magistrados por sus resoluciones, la estigmatización y ataques contra abogados, la discrecionalidad en la designación de magistrados y el sometimiento político de los órganos de control.
Desde Xumek consideramos que la división de la Corte Suprema de Justicia en salas temáticas apunta a que las denuncias lleguen a jueces que tengan experticia en los hechos que son denunciados y que la administración y reforma de la Justicia debe necesariamente responder al Poder Judicial mismo y no al Poder Ejecutivo. Por todo lo expuesto, apelamos a que el Poder Legislativo ponga freno a este tipo de intromisiones y rechace de lleno tal proyecto que atenta a los principios republicanos consagrados en nuestra constitución.
Conmemorando el Día de lxs Inmigrantes en Argentina, desde Xumek presentamos una nueva revista. Titulada «Mujeres Migrantes», desde nuestra organización realizamos este trabajo para visibilizar e indagar acerca de la problemática de la movilidad humana desde la perspectiva de género e interseccional.
El recorrido de la revista propuesto comienza con un Prólogo realizado por el Área de Género y Diversidad y continúa con una Introducción acerca de por qué es necesario usar correctamente los términos sobre la Migración. La primera entrevista es a Rosalía Cárter Cofré, quien migró a Mendoza en 1991 junto a su esposo e hijxs buscando un día a día en el que la persecución política de la dictadura chilena ya no fuera parte. También hay una columna de Opinión de la coordinadora del Área de Movilidad Humana, Jessica Villegas. El material que cierra la revista la segunda entrevista, realizada a la docente e investigadora del Conicet Silvia Moreno.
Desde Xumek reafirmamos que migrar es un derecho humano y que debe ser garantizado como tal. La revista puede descargarse desde aquí:
Desde Xumek y Red Popular de Acceso a Derechos (RePAD), manifestamos nuestra profunda preocupación acerca del proyecto de reforma del Código Procesal Penal (CPP) de la Provincia de Mendoza, la cual busca instituir la figura del “agente encubierto digital” o la posibilidad de intervenir dispositivos de manera remota. Nuestra posición fue expuesta en el “Foro por la progresividad de los Derechos Humanos y las Garantías Constitucionales: Debate sobre la figura del Agente Encubierto Digital” en la Legislatura de Mendoza el día 30 de agosto de 2022.
Existe una evidente necesidad de adaptación y respuesta a nuevas formas de criminalidad (organizadas o no) que se valen de los medios digitales, el anonimato que ello confiere, la innecesaridad de estar presente en “el lugar del crimen tradicional” y, en suma, las barreras que ello impone a la autoridad. La disociación entre el lugar en que se despliegan los actos de ejecución de delito y el lugar donde se produce el resultado dañoso (la intimidad de la víctima) es imposible de abordar con una legislación que data de otro siglo.
Sin embargo, desde Xumek y RePAD consideramos que esta necesidad no puede ni debe implicar que las nuevas herramientas se presenten no sólo como herramientas de investigación y prevención (dejando de lado de momento la discusión de si una normativa procesal puede encerrar facultades de prevención) sino como elementos que en manos de actores -o con fines- desviados conduzcan a una desproporcionada invasión de la intimidad y/o utilización con fines políticos o persecutorios.
Entendemos que necesariamente, conforme a los compromisos asumidos por la República Argentina en materia de Derechos Humanos, en relación a los principios que deben guiar su implementación, debe observarse:
La transparencia, de modo que el Agente Encubierto Digital no devenga en investigador-persecutor;
la imparcialidad, por lo que las herramientas no deberían estar en manos de la Policía provincial en función de prevención sino exclusivamente en manos del Ministerio Público y que se restrinja su utilización a investigaciones penales;
y la proporcionalidad, en la extensión y duración del uso de las herramientas digitales.
De este modo, es que solicitamos se discuta la modificación del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza teniendo en cuenta la perspectiva de Derechos Humanos y que se escuche atentamente a las organizaciones de la sociedad civil, haciéndolas parte del debate.
Desde Xumek – Asociación para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, repudiamos la persecución y la criminalización de la protesta llevada a cabo por el Gobierno de la Provincia de Mendoza durante las jornadas de paro y movilización convocadas por diversos gremios mendocinos en el marco del reclamo de mejores condiciones laborales y salariales.
Entendemos que estos métodos, cada vez más frecuentes desde el Poder Ejecutivo con colaboración del Poder Judicial de Mendoza, apuntan a disciplinar la protesta social y el legítimo ejercicio de derechos constitucionales.
En las últimas semanas diversos gremios, entre ellos, ATE, SUTE, SADOP, convocaron a jornadas de paro y movilización, en reclamo por mejoras salariales y condiciones de trabajo. Esta protesta resulta por demás legítima tratándose del derecho a una remuneración justa -en un provincia donde los salarios de los docentes son de los más bajos del país- en un contexto de crisis económica e inflación, con íntima vinculación al derecho de los ciudadanos de recibir una educación de calidad.
Desde el 3 de julio del 2022 se ha constatado la persecución judicial a cinco (5) dirigentes sindicales– Roberto Macho, Adriana Iranzo, María Rosa Gaete y Graciela Navarro-, quienes han sido imputados por supuestas infracciones al artículo 194 del Código Penal de la Nación, por entorpecimiento de transporte; llegando incluso en el caso de Roberto Macho a ordenar su detención en sede de penitenciaría provincial.
A su vez, la Policía provincial junto con abogadxs y escribanxs han asistido a las escuelas de la provincia de Mendoza, fuera de sus facultades establecidas por ley, para constatar libros de firmas de asistencia de docentes, durante los días convocados a paro y movilización, evidenciando así una actitud claramente persecutoria y coercitiva para quienes ejercen la docencia y adhieren al paro.
Este tipo de acciones -además de rememorar las épocas más oscuras de nuestra historia reciente– intentan dejar un claro mensaje de disciplinamiento y criminalización de la protesta social por parte del Poder Ejecutivo y Judicial de Mendoza.
Rechazamos toda acción estatal que pretenda abordar el conflicto social desde herramientas represivas y/o punitivas.
El derecho a la protesta social, el derecho a huelga, el derecho a agremiarse libremente, el derecho de reunión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a peticionar ante las autoridades, no solo resultan derecho humanos fundamentales receptados constitucional y convencionalmente, sino que además configuran condiciones básicas para la convivencia democrática propia de un Estado social y democrátido de derecho.
El Poder Judicial y especialmente el sistema penal como sistemas de reacción ante conductas delictivas, no pueden constituirse en herramientas de disciplinamiento y persecución de un reclamo legítimo que cuenta con el apoyo de toda la sociedad.
En contrapartida reivindicamos el camino del diálogo, el consenso y la resolución no violenta de los conflictos, como las acciones que debe promover y propiciar el Estado.
Finalmente desde Xumek expresamos nuestro absoluto apoyo al reclamo del sector docente, poniéndonos a su disposición en lo sucesivo e interpelando al Gobernador Rodolfo Suárez y al Director General de Escuelas, José Thomas, a retomar el camino del diálogo sincero y libre de toda presión coercitiva.
Durante el mes de mayo de este año, se hizo público el estado crítico de la Laguna del Viborón en el Departamento de Maipú. De esta manera, las imágenes de la mortandad masiva de peces de febrero del 2021 se completan con las de mayo del 2022, que muestran una laguna agonizante y extremadamente seca. Las lagunas del Viborón, La Paloma (ambas en Maipú) y Soria (en el Departamento de Lavalle), forman parte del sistema Leyes-Tulumaya y se encuentran encadenadas. Por tanto, si una laguna se ve afectada, afecta al resto también.
Así es que el nivel de agua de la siguiente laguna, La Paloma, también ha mermado considerablemente para esta época del año y a esta situación se suma la amenaza del proyecto de saneamiento denominado “Colector cloacal y estación elevadora Paramillos II”, cuya traza atravesaría la Laguna de La Paloma con un terraplén. Por supuesto entendemos que dicha obra es necesaria para las localidades del Departamento de Guaymallén que no cuentan con colectores, sino que utilizan pozos absorbentes. Muchos vecinos y vecinas de El Sauce, Colonia Segovia y Puente de Hierro tienen el agua servida en la puerta de sus casas, y la obra en cuestión les daría respuestas a sus necesidades.
Sin embargo, la obra que promete un beneficio para estas poblaciones y territorios, por otro lado, representa una gran amenaza para el sistema de humedales Leyes-Tulumaya, uno de los ecosistemas más vulnerables y frágiles en el Gran Mendoza. No sólo porque proponen atravesar el caño cloacal por la parte más angosta de la Laguna de La Paloma, sino por toda la afectación alrededor de la zona que sigue teniendo vocación de humedal.
La obra de saneamiento evaluó ocho alternativas de trazado del colector. En ninguna de las primeras 7 alternativas se atraviesa la laguna de La Paloma, sino que la traza va por ruta, utilizando estaciones elevadoras y de bombeo. Sin embargo, alegan que en esas alternativas hay problemas de conducción a gravedad por pendientes mínimas, riesgos de vandalismo y de desborde.
Gentileza GiramundoTV.
De esta manera, la alternativa seleccionada es la que propone atravesar La Paloma, pasando por alto las declaratorias de interés de conservación que tiene el sistema Leyes Tulumaya. Al respecto, cabe remarcar que el proyecto tiene una falla de origen al no mencionar nunca que la zona por la que atraviesa dicha obra es un sistema de humedales; relicto de las antiguas ciénagas de Bermejo. El proyecto no contempla el marco legal de resoluciones y declaraciones de interés del lugar.
En este sentido, el Dictamen Técnico de la Universidad de Congreso, apunta que “se deben ratificar o rectificar las alternativas evaluadas y la opción definitiva, considerando que el sistema de humedales de Arroyo Leyes y Arroyo Tulumaya fue declarada sitio de interés de conservación mediante RIT-2020-1004-E-GDEMZA-DRNR#SAYOT en año 2020″.
Asimismo, la Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA), tiene otras grandes falencias que es preciso mencionar: escaso relevamiento de flora y fauna, retiro de suelo orgánico y capa vegetal, utilización de agua del Arroyo Leyes para la fase de construcción, nula mención a las aguas subterráneas, ni medidas de mitigación en caso de derrame, entre otras.
El próximo martes 19 de julio a las 10 de la mañana, se realizará la Audiencia Pública de esta obra, y es el momento de ejercer nuestro derecho a la participación en asuntos que afecten a nuestro medio ambiente. Exigimos que la autoridad convocante realice una consulta con expertos técnicos para que evalúen otra traza del colector cloacal para evitar daños irreparables en un ecosistema que ya es demasiado vulnerable por la misma gestión del agua de la Provincia de Mendoza, la cual ha ido represando el agua cuenca arriba, y provocando la paulatina desertificación de las lagunas cuenca abajo.
Pedimos que el sistema de saneamiento para un territorio y población no implique la destrucción de nuestro medio ambiente. Los humedales son nuestros principales aliados para mitigar los efectos de la crisis climática que estamos provocando, y su falta de protección afecta nuestro derecho a vivir en un ambiente sano.
La provincia de Mendoza posee una enorme deuda ambiental en cuanto a la Creación de Áreas Naturales Protegidas. Para el 2020, menos del 17% de nuestro territorio se encontraba protegido y esta cifra se encuentra muy por debajo de los estándares internacionales.
El proyecto de ley de Creación de Área Natural Protegida Provincial del sistema Leyes Tulumaya, sigue esperando a ser tratado en la Legislatura provincial. En ese sentido, cabe preguntarnos: ¿se trata de una simple coincidencia o la paralización del proyecto de protección responde a intereses particulares?
A modo de cierre, consideramos necesario destacar que la deuda ambiental de la provincia de Mendoza es algo que debe preocuparnos pero sobre todo “ocuparnos” en cuanto a acciones de mitigación se refiere. Una deuda ambiental en ascenso conlleva una gran amenaza para el sistema de humedales y, consecuentemente, en la vulneración de los derechos humanos de todas las poblaciones aledañas.
Acompañamos a la familia Romano ante las declaraciones realizadas desde el Asesoramiento Legal del Gobierno de Mendoza
Florencia Romano fue asesinada en diciembre de 2020 en el departamento de Maipú (Mendoza) siendo una adolescente de tan solo 14 años. Este caso puso en evidencia el deficiente actuar de la policía y la falta de protocolos que cuenten con perspectiva de género, ya que hubo una llamada al 911 en pedido de auxilio por parte de un vecino que fue desestimada.
Se inició un juicio penal que condenó al femicida, Pablo Ramón Arancibia y a la operadora policial que no dio curso a la llamada. Este llamado habría podido evitar la muerte de Florencia y esta afirmación fue demostrada por las pruebas presentadas, principalmente la cercanía de una comisaría que está a 4 minutos a pie de distancia del lugar del hecho.
Luego, la Familia Romano inició una demanda civil contra el gobierno provincial por el daño moral que sufrieron tras el femicidio de su hija. El pasado martes 12 de julio y a una semana de habernos enterado del femicidio de Agostina Trigo, trascendió un escrito presentado ante la Justicia por parte del asesor legal del Gobierno de Mendoza, Ricardo Canet. Allí, el funcionario responsabilizó a los padres de Florencia, en especial a su madre, por el femicidio de su hija.
Cabe recordar que pocas horas luego del hecho, el entonces Director de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, dijo que “hechos como estos son evitables, precisamente a través de la educación, a través del cuidado, del seguimiento que debemos tener los padres sobre nuestros hijos y que este tipo de hechos no se deben repetir, no se deben producir, precisamente porque debemos tener ante todo dentro del seno familiar un diálogo de apertura, porque todo se inicia a través de un engaño sobre la menor”.
A esta misma línea discursiva apeló Canet, afirmando que la madre y el padre de Florencia «han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente». A esto agregó, en otras palabras, que la familia de la víctima tiene “el 50% de la responsabilidad” del hecho, mientras que el 50% restante correspondería al femicida.
Tanto los dichos de Munives en su momento como los trascendidos de Canet, revelan una profunda ideología de la gestión actual del Gobierno Provincial en la que optan por culpar a las mujeres por las violencias de género que sufrimos a diario y cuya expresión más grave es el femicidio. También parecen olvidar la responsabilidad estatal y las obligaciones asumidas nacional e internacionalmente que detallamos a continuación y bajo las cuales el funcionariado público tienen el deber de actuar y ajustar sus conductas.
En su artículo 7, se refiere a las obligaciones inmediatas del Estado en casos de violencia contra las mujeres, que incluyen procedimientos, mecanismos judiciales y legislación encaminada a prevenir la impunidad, incluyendo medidas para proteger a las mujeres de actos de violencia inminentes.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), organismo fundamental en la defensa y protección de los Derechos Humanos de la región -y a la cual Argentina le ha otorgado competencia jurisdiccional- ha establecido que, en un contexto de violencia, subordinación y discriminación histórica contra las mujeres, los compromisos internacionales “imponen al Estado una responsabilidad reforzada”.
En el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (Sentencia del 19 de julio de 1988, párrafo 172), la Corte IDH estableció que: “Un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención”.
El Estado Argentino, al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se compromete en el artículo 18.2 a prestar la asistencia apropiadaa los padres y a los representantes legalespara el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños”. En este sentido es el Estado quien asume también obligaciones de asistir a las familias en las crianzas.
Entonces, en este caso, el Estado Provincial actuó desentendiendose de su rol de garante de derechos y descargando la culpa sobre las familias, utilizando la revictimización como mecanismo de defensa de sus intereses pecuniarios.
A su vez, se define como violencia indirecta “toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.”
En relación con los organismos estatales de seguridad, la mencionada ley establece:
La obligación de elaborar en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, los procedimientos básicos para el diseño de protocolos específicos para las fuerzas policial y de seguridad a fin de brindar las respuestas adecuadas para evitar la revictimización, facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial;
Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policial y de seguridad en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los Derechos Humanos;
Incluir en los programas de formación de las fuerzas policiales y de seguridad asignaturas y/o contenidos curriculares específicos sobre los Derechos Humanos de las mujeres y en especial sobre violencia con perspectiva de género.
El Estado Provincial no ha cumplido con las mencionadas obligaciones. Esto se demuestra en el hecho de que los funcionarios policiales encargados del 911 al cual se solicitó auxilio no estaban capacitados en perspectiva de género como tampoco contaban protocolo de actuación específico para atender a dichos casos.
Por su parte, los abogados de la Familia Romano afirman que el Juez, en la sentencia penal sobre el femicidio de Florencia, realizó una serie de recomendaciones dirigidas al Poder Ejecutivo con el objeto de cambiar el funcionamiento del 911 para el abordaje de casos de violencia de género. En este sentido, la Familia ha impulsado el proyecto de la “Ley Florencia”, que tiene por objeto obligar al Estado a actuar de una manera específica mediante el 911 ante hechos de posibles feminicidios para que su intervención sea de manera preventiva. Hasta el momento, dos años después, la misma no ha sido tratada.
En cuanto a los Derechos reconocidos, cabe destacar el derecho a recibir un trato humanizado, evitando la revictimización, a la que se hace referencia en reiteradas oportunidades en el cuerpo de la Ley 26.485.
El hecho de culpabilizar a la mamá y al papá de Florencia, algo que hizo tanto el Asesor Legal del Gobierno como el ex director de la Policía, ponen en evidencia la desprotección no solamente hacia la memoria de Florencia, sino también la revictimización de la familia. En este sentido, es oportuno recalcar que la Ley Nacional 27.327 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitosconsidera víctimas a lxs padres, entre otros familiares, cuando resultare la muerte de la persona ofendida. La normativa establece que la actuación de las autoridades responderá a determinados principios y entre ellos la no revictimización: “la víctima no será tratada como responsable del hecho sufrido” (art. 4 inciso 3).
En otro orden de ideas, dentro de los lineamientos básicos para las políticas estatales establecidos por la Ley 26.485 mencionada anteriormente, establece la obligación de realizar campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (art. 10 inc. 1). Esto demuestra el rol activo que debe tener el estado en la educación en materia de género. No se trata de una cuestión exclusivamente de la responsabilidad de la madre o el padre de una mujer, sino que necesariamente tiene que intervenir el Estado en la deconstrucción de patrones socioculturales que ponen a las mujeres y a las disidencias en un plano de inferioridad respecto del varón.
Finalmente, no podemos dejar de hacer referencia a la Ley 27.499 “Micaela”. Esta norma establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación (Art. 1 ).
La contestación de la demanda de Ricardo Canet (así como los dichos que hiciera Roberto Munives en diciembre de 2020), demuestra una deficiente o nula formación en la temática referida, ya que en caso de contar con un adecuado conocimiento en perspectiva de género el tratamiento de la causa hubiera sido diferente.
Es por todo esto que desde Xumek acompañamos el reclamo de la Familia Romano y sus abogados en cuanto a que el Gobierno de Mendoza, particularmente el gobernador Rodolfo Suarez, debe dar explicaciones sobre el escrito presentado por Ricardo Canet ante la Justicia y, si fuera necesario, exigirle la renuncia al Asesor Legal si así lo considerase. Asimismo, el Senado de la Provincia debería expedirse sobre el asunto, ya que el pliego de designación de Canet para este cargo fue aprobado por ese cuerpo legislativo. Finalmente, adherimos a la sanción de la Ley Florencia para que el 911 tenga un protocolo de funcionamiento específico para casos de violencias por motivos de género y exhortamos al Gobierno Provincial a que cumpla con las obligaciones asumidas nacional e internacionalmente. Apelamos, en acompañamiento a la Familia Romano, a que la pronta sentencia de la Justicia Civil sea ejemplificadora y acorde a una perspectiva en Derechos Humanos de las mujeres.
