Caso Próvolo: Obstrucciones en la Justicia a un año del inicio del segundo juicio

Próvolo Justicia

Este 3 de mayo de 2022 se cumple un año del inicio del segundo mega juicio por los abusos sexuales ocurridos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza. En el mes de abril de 2017, luego de que muchxs estudiantes declararan en cámara Gesell, se ordenó la captura de la monja japonesa Kumiko Kosaka, por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores.

Posteriormente, se imputó a Graciela Pascual (licenciada en Trabajo Social y representante legal del Instituto) por su intervención en la impunidad de los hechos investigados omitiendo su deber de denunciar. Finalmente, se inició investigación penal contra la monja Asunción Martínez, la psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y las directoras del Instituto Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán; por su participación criminal por omisión. Todas ellas pudieron haber evitado estos delitos, pero no lo hicieron (omitieron), teniendo conocimiento de los hechos y el deber legal de actuar en consecuencia.

Con excepción de Kumiko Kosaka, quien está en prisión domiciliaria, todas las demás imputadas llegan al juicio en libertad.

Las audiencias preliminares (en las cuales se discute la prueba que ingresará al debate) de este juicio se extendieron por más de un año debido a la pandemia por Covid-19 y la constante interposición de acciones dilatorias presentadas por la defensa de las religiosas, que fueron siempre rechazadas. En esencia, se trataba de los mismos planteos realizados durante la etapa de investigación y que ya habían sido objeto de análisis y rechazo por distintos magistrados.

Al inicio del juicio, el Tribunal estaba compuesto por los jueces Horacio Cadile (presidente), Gabriela Urciolo y Rafael Escot. Sin embargo, a poco de empezar, los abogados de Kumiko y Martínez presentaron una recusación sobre la base de una fotocopia que contenía una serie de mensajes de WhatsApp enviados en un grupo de magistrados del Poder Judicial de Mendoza en el que participaba el presidente del Tribunal. Allí, se habrían burlado de una de las imputadas. Ante esto, el juez Cadile, con interés en garantizar la plena imparcialidad, se inhibió de continuar en la causa, quedando seleccionada como reemplazante la Dra. María Belén Salido. Con la nueva conformación, la presidencia pasó a la jueza Urciolo.

A 1 año de iniciado el juicio, solo han podido declarar 23 testigos, de más de 266 personas que serán citadas, debido a los constantes entorpecimientos que provocan los abogados de las religiosas y que el tribunal tolera sin tener en cuenta el grave daño que las dilaciones ocasionan a las víctimas. Es decir que, sólo ha declarado un poco menos del 10% de la totalidad de las personas en 12 meses de juicio. De seguir este ritmo, el juicio se demoraría 9 años más.

Además, se ha ordenado a lxs sobrevivientes que presten nuevamente testimonial, pese a que han declarado en numerosas oportunidades durante la instrucción y en el primer juicio, testimonios que se encuentran filmados. Las nuevas declaraciones de las víctimas no estuvieron exentas de situaciones revictimizantes que provocaron que en algunas ocasiones lxs sobrevivientes tuvieran que ser asistidxs por médicos del Tribunal o ser llevadxs a la guardia hospitalaria. Esto sumado a que debieron asistir en numerosas oportunidades, llegando una de ella a tener que presentarse en 23 oportunidades a los estrados del Poder Judicial, donde se le realizan numerosas preguntas que nada tienen que ver con el caso. Se lxs interroga sobre cuestiones personales bajo el pretexto de verificar su credibilidad, lo que provoca un desgaste emocional en las víctimas que terminan muy afectadas luego de tantas audiencias. Incluso, ante la recomendación de psicólogxs de que un testigo no se encuentra en condiciones psíquicas y emocionales de declarar, se ha ordenado -a instancias de la defensa- la realización de un nuevo examen para determinar si lo que afirman dichxs profesionales de la salud es realmente así.

También, en este nuevo juicio, hemos podido observar cómo la Iglesia Católica busca perseguir y acallar a las víctimas mediante diferentes mecanismos: revisando las publicaciones de las actividades que realizan en las redes sociales o persiguiendo a los intérpretes de confianza, a los medios de prensa que informan el estado de la causa y a los abogados que defendemos sus intereses. Así, la defensa de las religiosas ofreció como prueba para este debate una investigación privada realizada en todas las redes sociales de las víctimas. Se pretendía usar un informe sobre las publicaciones, principalmente de Facebook, realizadas con mucha posterioridad a los hechos que se investigan en este juicio. A través de este procedimiento, lxs representantes de la Iglesia llevan adelante una sutil forma de callar a lxs sobrevivientes y de limitar su derecho a la libre expresión. Cabe destacar que, teniendo en cuenta la discapacidad de les sobrevivientes, sus redes sociales constituyen una de las formas más igualitarias de comunicación donde pueden expresarse libremente.

El derecho a la libertad de expresión constituye un principio único que cumple una función fundamental en el desarrollo de la capacidad que tienen los niños, niñas y adolescentes de pensar por sí mismos los asuntos que los afectan, y de ver el mundo desde su propia perspectiva.

De igual forma, desde el inicio de la investigación, los abogados de las monjas comenzaron a atacar a lxs intérpretes que actuaron durante las cámaras gesell y en el primer debate. Según la Iglesia Católica, los intérpretes oficiales tergiversan las declaraciones de las víctimas en perjuicio de las monjas, por lo que fueron denunciados penalmente y apartados del segundo juicio. Lxs intérpretes denunciadxs son personas cercanas a las víctimas, situación que las afecta gravemente, vulnerando un derecho humano fundamental, es decir: que la Comunidad Sorda cuente con intérpretes de confianza, toda vez que son ellxs su canal de comunicación con las personas oyentes.

Además, por su función, ellxs conocen aspectos muy íntimos de la vida privada de lxs sobrevivientes que estxs últimxs no están dispuestxs a revelar a cualquiera. En consecuencia, perseguir a los intérpretes que vienen participando desde el inicio de la causa mediante una denuncia penal y sacarlxs de su intervención en este segundo juicio, constituye una forma de revictimización especial, ya que obliga a las víctimas a tener que entablar un nuevo vínculo de confianza con intérpretes desconocidos o callar otra vez los abusos sexuales sufridos en el Instituto.

Es tan importante la función que cumplen los intérpretes en las personas sordas e hipoacúsicos, que en el caso de que no se pudiese entablar un vínculo seguro entre ambos,
el resultado sería nuevamente el silencio de las víctimas y la impunidad de los abusadores.

Por último, la Iglesia también despliega todo su poder silenciando a lxs periodistas que se animan a informar lo sucedido dentro del Instituto Próvolo. Para ello se valen de sus abogados, quienes solicitaron al Tribunal del segundo juicio que se prohibiera a las partes dar información de lo que sucedía dentro de la sala de debate. En principio, como en cualquier acto de gobierno de una República, todos los debates son públicos. Sin embargo, cuando se trata de causas que involucran niñeces y adolescencias, puede ordenarse que los procedimientos sean a “puerta cerrada”. Esto no significa de ninguna manera que el debate sea secreto o que las partes no puedan dar información sobre lo que sucede dentro de la sala de audiencias, sino que, para resguardar la intimidad de las víctimas, no se permite el ingreso de personas ajenas al juicio y se sugiere que la información que se transmita no afecte la honra de las mismas. Decimos “se sugiere” porque jamás una norma podría censurar previamente a alguna de las partes, sólo se puede pensar en responsabilidades ulteriores por la afectación a algún derecho de las víctimas. Esto último también es importante destacar, porque lo que se resguarda siempre es la intimidad de las víctimas, nunca la de lxs imputadxs, las partes o el Tribunal.

Sin embargo, el Tribunal llamativamente hace lugar al pedido de la defensa de las monjas e inmediatamente comienzan a denunciar a periodistas que informan sobre el avance de la causa. Así, existe en la actualidad una causa penal contra el periodista Ignacio De La Rosa del Diario Los Andes, uno de los medios de comunicación más antiguos de Mendoza, simplemente por ejercer debidamente su labor republicana de informar a la población el estado de un proceso judicial de suma trascendencia. Los denunciantes saben que las misma resultan infundadas y contrarias a la Constitución, no obstante, se la utiliza como un medio más de silenciamiento y amedrentamiento contra quienes se animen a enfrentar el poder de la Iglesia, provocando que otrxs periodistas eviten dar a conocer los avances del juicio, y que, incluso, hasta la Secretaría de Información Pública del Poder Judicial de Mendoza presente un escrito mediante la cual comunica que dejará de brindar información sobre el nuevo debate.

Otra de las estrategias de amedrentamiento desplegadas por la Iglesia Católica contra lxs sobrevivientes es atacarlxs denunciando a sus abogados, quienes representamos a las víctimas en todas las instancias donde se han presentado sus reclamos. En efecto, se presentó una denuncia contra uno de los abogados de Xumek por dar información a la prensa sobre las situaciones de revictimización en la que se encuentran las sobrevivientes que prestaron declaración en este segundo debate.

A los fines de evitar que el daño sufrido por el delito se vea incrementado como consecuencia del constante contacto con la justicia, el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Instituto Próvolo solicitó a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la adopción de medidas útiles para evitar retrasos en la tramitación de la causa. El objetivo es que a través de estas medidas se garantice la pronta resolución judicial y la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, tales como la realización de las audiencias en una misma jornada con la correcta observación de interrogatorios que respeten la perspectiva de género y diversidad, que sean respetuosos de la perspectiva de discapacidad, que cumplan con los derechos humanos de los sobrevivientes y no sean revictimizantes. A su vez, se solicitó un trato adecuado garantizando un entorno accesible, seguro y tranquilo, donde se brinde contención psicológica con acceso a interpretación de Lenguaje de Señas Argentina (LSA), asistencia alimentaria y soporte económico para concurrir a las reiteradas instancias jurídicas que prevé el desarrollo de este segundo juicio.

Luego del pedido, miembros del Colectivo fueron atendidos por el Ministro José Valerio, junto a la Directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia, Milagros Noli, el Secretaria de Información Pública del Poder Judicial de Mendoza, Martín Ahumada y el Responsable General del Fuero Penal, Gabriel Longhin, quienes se comprometieron cada uno en sus respectivos ámbitos de competencia a adoptar medidas tendientes a dar respuesta a los reclamos del Colectivo.

Vale recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que las niños, niñas y adolescentes víctimas, en particular de violencia sexual, pueden experimentar graves consecuencias físicas, psicológicas y emocionales causadas por el hecho violatorio de sus derechos, así como una nueva victimización a manos de los órganos del Estado a través de su participación en un proceso penal, cuya función es justamente la protección de sus derechos.

Pese a todos estos esfuerzos, no se ha logrado revertir las constantes dilaciones y el proceso de revictimización que actualmente sufren les sobrevivientes. A modo de ejemplo, la última de las víctimas en declarar durante el mes de abril, lo hizo por más de 10 jornadas, debiendo parar en alguna de ellas por el grave estado emocional le provocaban tantas preguntas. El juicio se extenderá por ahora hasta el 30 de diciembre y dependerá del estado de la causa si se extiende más allá de esa fecha.

El estado de las reparaciones

La sentencia del primer juicio del Provolo puso a lxs sobrevivientes como verdaderos actores en el proceso de justicia al establecer medidas de satisfacción y no repetición. Esto implica entender que resulta necesario que obtengan una reparación integral, más allá de que nada pueda reparar el daño ocasionado por los abusadores y sus cómplices. En este sentido, el Tribunal consideró que la Dirección General de Escuelas debía brindar opciones educativas o de capacitación formal a las víctimas según sus capacidades, necesidades y proyecto de vida, incluyendo -en su caso- educación terciaria o universitaria, a través de instituciones públicas o privadas, otorgando en caso necesario becas de estudio (que incluya transporte y materiales de estudio a fin de que puedan cursar y concluir los mismos), así como también que realicen talleres y/o cursos de capacitación periódicos para que la población interesada pueda acceder al estudio y comprensión de la Lengua de Señas Argentina (art. 16 inc. a y b, ley 7.393).

Con relación al Ministerio de Salud, se ordenó brindar tratamiento psicológico y/o psiquiátrico y en el caso de ser requerida la medicación necesaria, garantizando los tratamientos en forma gratuita y con la ayuda de intérpretes en lengua de señas a todas las víctimas de autos por el tiempo que sea necesario a fin de lograr la efectiva recuperación, asegurando que se le otorguen las facilidades necesarias para que puedan asistir al mismo.
Respecto de la Subsecretaría de Desarrollo Social, se solicitó que se efectivice aquellas acciones necesarias a fin de que las víctimas puedan acceder a becas, subsidios o programas de ayuda provincial y/o nacional para estudiantes, pasantías laborales rentadas o de trabajos para jóvenes; que colabore así en la reinserción de las víctimas y les signifique una ayuda para el desarrollo de sus proyectos de vida.

El núcleo de estas medidas de reparación integral trascienden ampliamente lo material apuntando al reconocimiento de la dignidad de las víctimas, a preservar y reparar el prestigio o su buen nombre y honor, como así también reivindicar a la persona ante la propia comunidad.

Por ello, iniciamos junto al Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Instituto Próvolo una serie de pedidos y reuniones con autoridades de la provincia de Mendoza y San Luis, con resultados muy diferentes. En Mendoza, con excepción del Instituto Provincial de Vivienda, que nos recibió casi de forma inmediata y se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para garantizar el derecho a la vivienda digna, lo que no ha sucedido hasta la actualidad; del resto de los ministerios no obtuvimos ninguna clase de respuesta. Ante ello requerimos la intervención, a través del Ministro José Valerio, de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, para que actúe como intermediador y acerque a las partes para alcanzar un acuerdo de cumplimiento.

En cambio, en la provincia de San Luis, inmediatamente notificada la sentencia, designaron a una persona del poder ejecutivo para que intermediaria con les sobrevivientes que viven en aquella provincia y los distintos Ministerios para dar cumplimiento a las medidas ordenadas. A casi dos años y medio de la condena, todavía seguimos insistiendo a las autoridades mendocinas en el cumplimiento de las medidas de reparación integral, las que resultan esenciales para la reelaboración del proyecto de vida de las víctimas, constituyendo una obligación no solo por lo establecido en la sentencia, sino por los compromisos internacionales asumidos por la Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Observatorio: En el primer trimestre, se registraron 72 femicidios y 5 transfemicidios en Argentina

Desde el Observatorio de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios de Xumek visibilizamos los datos arrojados entre Enero a Marzo del 2022. Durante estos primeros meses del año, se registraron al menos 72 femicidios y 5 transfemicidios, según se pudo constatar mediante la revisión de medios digitales locales, regionales y nacionales.

A partir de estos datos, se verificó que hubo alrededor de 66 hijxs menores de 21 años que fueron víctimas colaterales de los femicidios, es decir perdieron a su madre. En cuanto al tipo de vínculo entre las víctimas y los femicidas, se constató que un 34% fue cometido por las parejas, un 23% por ex parejas, y un 13% por un familiar de la víctima.

En lo que respecta a los transfemicidios, del total tres eran de nacionalidad argentina, una era de nacionalidad peruana y la otra uruguaya. Los actos violentos ocurrieron en Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y CABA.

Desde el Área de Género y Diversidad Sexual, a través del Observatorio, queremos visibilizar y denunciar la inexistencia de políticas públicas eficaces para prevenir estos crímenes y garantizar a las mujeres y colectivos travesti-trans sus derechos humanos más básicos, así como también los procesos judiciales con escasa o nula perspectiva de género en la investigación y juzgamiento de los mismos. Reclamamos la implementación de la Ley Micaela en los medios de comunicación para un correcto tratamiento de la información para que no reproduzca estereotipos moralizantes ni culpabilizantes sobre los cuerpos feminizados. Asimismo, buscamos evidenciar esta problemática y desnaturalizar la violencia machista inmersa en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Metodología

Desde Octubre de 2021 a Septiembre de 2022, el Observatorio busca generar una base de datos sobre Femicidios, Travesticidios, y Transfeminicidios en Mendoza y en Argentina; en pos de lograr una sistematización y análisis de la información recaudada.

Buscamos realizar informes y publicaciones con los datos obtenidos, a fin de que puedan ser consultados y utilizados por las personas que componen la nuestra asociación y la sociedad en general.

El equipo que integra el Observatorio trabaja sobre una metodología cuantitativa y cualitativa, se realiza una recolección de datos sobre diarios digitales nacionales, provinciales y regionales; como también realizamos un sondeo sobre la recolección que realizan otros observatorios nacionales.

Nadie se suicida en una comisaría, a Leo Rodríguez lo mató la Policía

Este 8 de abril marchamos contra la violencia institucional y, desde Xumek, recordamos a Leonardo Rodríguez Contreras y exigimos justicia por su muerte en manos de la Policía.

En 2015, Leo Rodríguez, una persona con discapacidad, fue arbitrariamente privado de su libertad por los agentes Andrés Vera y Romina Flores de la Policía de Mendoza e introducido en un calabozo de la Comisaría N° 27 de Villa Hipódromo, Godoy Cruz, donde a las pocas horas apareció sin vida. Las circunstancias de su muerte aún no han sido esclarecidas por lo que desde Xumek realizamos una petición ante el Comité contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de ONU solicitando la responsabilidad del Estado Argentino ante la falta de investigación y sanción del crimen.

La pregunta que nos hacemos constantemente es: ¿Cuántos casos como el de Leo, Adolfo Garrido, Raúl Baigorria y Sebastián Bordón tendremos que sufrir para ver un cambio en el actuar de la Policía en Mendoza? En los últimos años, Kevin Gonzales y Ricardo Bazán fueron asesinados por balas policiales, en Malargüe el pasado 12 de febrero y en el Barrio La Favorita en 2019, respectivamente.


Tampoco olvidamos las detenciones arbitrarias de Emanuel Silva y Carla Moya (en el Parque Canota en 2021), o de les 6 jóvenes aprehendides de forma violenta el 25 de marzo en Godoy Cruz. Estos casos son apenas una muestra de que la #ViolenciaInstitucional constituye una violación a los #DerechosHumanos de todes, pero son les jóvenes quienes más afectades se ven por ella.

Las prácticas de violencia institucional no son hechos aislados, sino que constituyen prácticas sistemáticas, arbitrarias e ilegales por parte de funcionarios policiales y penitenciarios. Estas prácticas -que tienen amparo político, judicial, y mediático-, deben ser evidenciadas con el fin de erradicarlas mediante el cambio de paradigmas y nuevas políticas públicas acorde a los estándares internacionales.

Este 8 de abril marchamos por todes les violentades, les que están acá y les no pueden marchar porque murieron en manos de policías y penitenciaries. Hoy marchamos para que les jóvenes dejemos de sufrir todo tipo de violencia estatal y ser chivo expiatorio de políticas represivas.

Las calles son y serán nuestras.

A LA “TEORÍA DE LOS DOS DEMONIOS” TAMBIÉN LE DECIMOS #NUNCAMÁS | Acerca de los dichos de Marcelino Iglesias

Desde Xumek repudiamos los dichos del intendente de la Municipalidad de Guaymallén, Marcelino Iglesias, en el marco de un acto conmemorativo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la Escuela Américo D’Ángelo, realizado el pasado miércoles 23 de marzo.

El líder de la comuna hizo apología de la llamada “Teoría de los dos demonios”, que tuvo su auge durante los años ’90, al sugerir que la causa de la última Dictadura Cívico-Eclesiástica-Militar de 1976 fue un “descontento social y económico” que había generado “la democracia imperfecta”. Asimismo, Marcelino Iglesias aseguró que el “estado de total indefensión de la gente” fue provocado por las “agrupaciones armadas como Montoneros y ERP” y la Triple A.

El intendente de Guaymallén pide que nos “apeguemos a la verdad de los hechos históricos” pero parece haberse olvidado del Plan Cóndor, aquel nefasto programa ideado por los líderes del neoliberalismo de Estados Unidos. Marcelino Iglesias, ¿acaso usted ignora que través de esta operación el gobierno de Estados Unidos -mediante distintos presidentes- respaldó con planificación, coordinación y formación en métodos de tortura los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los gobiernos militares de las dictaduras de 10 países de América del Sur?

Efectivamente, intendente, el 24 de marzo “no surgió porque unos militares alucinados decidieron tomar el poder”: surgió como parte de un plan sistemático cuyo fin último era la imposición de un modelo económico y cuya estrategia fue la represión contra el pueblo que luchaba en defensa del derecho a la libertad política, ideológica y de expresión. Tras 39 de años de democracia y recordando a lxs 30.400 compañerxs detenidxs desaparecidxs a quienes mientras la defendían les arrebataron la vida, no podemos ser indiferentes ante los discursos que equiparan la lucha armada con un verdadero genocidio que fue llevado a cabo utilizando la totalidad del aparato estatal.

Nuestro país ha sido ejemplo en los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad y también lo ha sido nuestra provincia al juzgar y condenar a miembros del Poder Judicial en el marco de la última Dictadura Cívico-Eclesiástica-Militar.

Como organización comprometida con la protección y promoción de los derechos humanos, exigimos respeto por lxs compañerxs detenidxs desaparecidxs, por lxs sobrevivientes y responsabilidad con el legado de #MemoriaVerdadYJusticia que nos dejaron Madres y Abuelas de Plazas de Mayo y que reivindicamos en las calles cada 24 de marzo. Al igual que al terrorismo de Estado, al genocidio y a la represión, a la “Teoría de los dos demonios” también le decimos #NuncaMás.

Campaña Electoral 2021: Fortalecer la Democracia y no el odio

Con el inicio de la campaña para las Elecciones Generales Legislativas 2021, a realizarse el próximo 14 de noviembre, y a pocas semanas de transcurridas las PASO (Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias), deseamos hacer un llamado a todos los frentes, coaliciones, partidos, agrupaciones políticas y sus candidatos y candidatas. 

Los y las convocamos en este periodo a expresar sus ideas y programas de manera propositiva, en pos de fortalecer la convivencia democrática y emprender un camino que nos permita, en función de acuerdos básicos, salir de la dificultosa situación en la que se encuentra nuestra provincia y el país.

Desde Xumek observamos con preocupación la creciente violencia del discurso político basado en lo que actualmente es conocido como discursos del odio

Si bien no existe un consenso absoluto respecto a la definición de este fenómeno, nos valdremos de una definición utilizada por la Relatoría Especial para La Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de 2004: 

Las expresiones de odio o el discurso destinado a intimidar, oprimir o incitar al odio o la violencia contra una persona o grupo en base a su raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, discapacidad u otra característica grupal, no conoce fronteras de tiempo ni espacio. De la Alemania nazi y el Ku Klux Klan en Estados Unidos, a Bosnia en los noventa y el genocidio de Ruanda en 1994, se han empleado expresiones de odio para acosar, perseguir o justificar privaciones de los derechos humanos y, en su máximo extremo, para racionalizar el asesinato. 

Estos discursos del odio, los cuales han crecido exponencialmente gracias al acceso y masificación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), suponen un gran desafío para la teoría y la praxis de la protección de los Derechos Humanos, ya que se enfrentan a otro derecho consagrado como es el de la libertad de expresión. Pero ese debate lo dejaremos para más adelante. 

El problema fundamental que observamos es cómo estos discursos han permeado en la clase política y los medios masivos de comunicación sin que exista reparo o reflexión sobre su peligrosidad. Vemos cómo en diferentes países existen movimientos que retoman muchos de los ingredientes del fascismo clásico: rechazo del mestizaje, xenofobia, mentalidad paranoica frente al mundo exterior, política de fuerza como método de “negociación”, denuncia del otro y de la diversidad, hostilidad frente a la igualdad de género, etc. 

Ejemplos como los de Estados Unidos o Brasil, o el neofascismo europeo, nos sirven para apreciar el crecimiento de estos movimientos, donde sus líderes expresan públicamente dichas ideas y han generado marchas de ultraderecha con discursos de odio en gran cantidad de ciudades, donde la violencia muchas veces trasciende las palabras. 

No nos deja de llamar la atención, y como marcamos desde hace años en nuestros Informes Anuales, que ciertos consensos básicos que tuvieron como consecuencia la caída del último Golpe de Estado Cívico Militar y el retorno la democracia en 1983, comienzan a ser relativizados por determinados actores políticos y mediáticos.

Si bien la polarización siempre ha estado presente en nuestro país, los límites se han cruzado en el último tiempos y los constatamos en la campaña PASO 2021: relativizar la gravedad de las violaciones de derechos humanos perpetrados durante el período 1976-1983 en nuestros país; clamar por la erradicación del otro; violentar a las personas en situación de pobreza, personas migrantes, pueblos indígenas, las personas privadas de su libertad, las víctimas de violencia institucional, niños, niñas y adolescentes, al colectivo LGBTIQ+, entre otros. Esto nos lleva a repensar y hacer un llamado de atención a todas las fuerzas políticas y anhelamos sea escuchado. 

Creímos que con el consenso nacional del Nunca Más, las expresiones de violencia extrema, la apología al genocidio, y el odio hacia el otro no volvería a formar parte de los discursos políticos en la contienda democrática. 

Por eso, reafirmamos que para garantizar los derechos elementales de todas las personas debemos preservar y nutrir nuestra democracia en base al debate político racional y dentro de los límites de la misma, para que así todos/as/es puedan acceder a vidas dignas libres de violencias.

Por último y una vez más, llamamos a todos los partidos, coaliciones, candidatos y candidatas y militantes a que se comprometan abiertamente con la promoción y protección de los derechos humanos, las instituciones y la democracia. Consideremos esto un acuerdo básico y el basamento que debemos tener para arribar a la sociedad que deseamos.

Asimismo, convocamos también a las organizaciones de derechos humanos, organismos de derechos humanos, asociaciones civiles, agrupaciones políticas no partidarias, medios de comunicación y personalidades públicas a apoyar nuestro pedido. 

La democracia se fortalece con más democracia y con representantes que gobiernen para los 45 millones de argentinos y argentinas. 

Xumek
Asociación para la promoción 
y protección de los Derechos Humanos

Adhieren: 

  • Agrupación Mirada Positiva
  • Anka Kúntur Ñawin, Chasquik y Autoridad Mayor de Comunidad Pueblos Originarios de Awyayala y Kamachej de Comunidad Tonokote Kushi Kawsaypa, en el Consejo Llutki. 
  • APDH Mendoza
  • CEGI (Concejo educativo de gestión indigena)
  • Colectivo Juicios – Mendoza
  • Comisión Organizadora de la Marca del Orgullo LGBTTIQNBA+ de Mendoza
  • CONADU
  • Cooperativa La Ventana | EL OTRO Diario
  • Dr. Roberto Follari
  • El Archivo Provincial de la Memoria, ex_D2
  • Familiares de desaparecidas y desaparecidos por razones políticas
  • Federación Argentina LGBT
  • Foro Pensar Horizontes
  • Foro por la democracia y la libertad de presxs políticxs Mza 
  • Fundación Nuestra Mendoza
  • Grupo GAIA
  • Instituto de Capacitación Popular (ICP)
  • Juana Azurduy.  Movimiento Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo.
  • Justicia Legítima
  • La Duarte 
  • La Liga Argentina por los derechos humanos- Filial Mendoza 
  • La Red por los Derechos Humanos – Mendoza
  • Liberpueblo – Mendoza
  • Lorenzo Ferretjans
  • Manso Orgullo
  • Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Regional Mendoza
  • Raquel Sacchi
  • Red de Adultos Positivos mayores de 30 (RAP+30)
  • Red Pad. Red de periodistas por una comunicación no sexista de Argentina – Sede Mendoza
  • Red Popular de Acceso a Derechos (RePAD) 
  • Resistencia y Memoria. Trabajadoras de la educación Jubiladas SUTE
  • SIDUNCU
  • SADOP – Seccional Mendoza

No se puede naturalizar la muerte: Carta abierta a Rodolfo Suárez por el resguardo de la Salud y la Vida

carta abierta al gobernador suarez

Mendoza, 28 de mayo de 2021

Más de 50 organizaciones mendocinas acompañamos una carta abierta al Gobernador, solicitando que tome las medidas adecuadas para resguardar la Salud y la Vida de las mendocinas y mendocinos. La compartimos a continuación.

“Sr. Gobernador: Debido a la situación epidemiológica que atraviesa la provincia de Mendoza por la pandemia de COVID-19, nos dirigimos a Usted con el objeto de transmitirle nuestra preocupación y solicitarle no mire para otro lado y tome las medidas adecuadas para resguardar la Salud y la Vida de las mendocinas y mendocinos.

Nuestra solicitud se fundamenta en la necesidad de ganarle con la vacunación al virus.

La última semana que va del 21 al 27 de mayo hemos tenido, según datos obtenidos de los comunicados del Ministerio de Salud provincial, 6549 casos positivos y han muerto 202 personas, pudiendo afirmar que estamos en el peor momento de la pandemia. Lo cual se agrava por el alto índice de ocupación de las camas UTI que ha llegado al 95% y la triste realidad de que en lo que va de mayo ya han fallecido 660 mendocinas y mendocinos, un promedio de 24 muertes diarias.

La situación es más preocupante aún si consideramos que en los meses transcurridos del año en curso han fallecido 1253 personas de nuestra provincia. Es decir que en casi cinco meses han muerto más personas que durante el 2020 (1250 fallecidos).

Vista la tendencia a nivel Nacional y Provincial de esta semana, no es previsible deducir que esta curva mejore, ya que el ciclo de infección-contagio del virus es de entre 14 y 21 días, siendo 9 días un período corto para obtener resultados que realmente impacten en el descenso de contagios, ocupación de camas y mortalidad.

El enorme esfuerzo que se está realizando con la campaña de vacunación a nivel provincial incluyendo a partir de ayer a las personas entre 30 y 59 años con comorbilidades, no debería ser puesto en riesgo por un relajamiento de las medidas de restricción a la circulación de las personas, ya que son las dos herramientas ampliamente demostradas en varios países para combatir esta pandemia.

Consideramos que mantener medidas de restricción a la circulación al igual que la virtualidad en la educación, mientras se aumenta el porcentaje de población vacunada, es la única manera de modificar el aumento de casos a la vez que se da lugar a que el sistema sanitario pueda salir del colapso actual, hecho que impactará positivamente en disminuir las muertes de mendocinas y mendocinos.

Por todo esto, le pedimos que resguarde la Salud y la Vida de las mendocinas y mendocinos tomando medidas acordes a la crítica situación sanitaria de nuestra provincia, que adopte estos Aislamientos Selectivos Planificados e Intermitentes como estrategia útil para contener la pandemia mientras sigue avanzando a buen ritmo la vacunación, que implemente una estrategia de búsqueda activa de casos con testeos en territorio, y por último que ponga en funcionamiento de forma urgente medidas desde el Estado Provincial para asistir a las actividades y sectores económicos y sociales más perjudicados.

Le saludamos atentamente.

Fundación Salud Inclusiva — ACLISA Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza — ATSA Asociación de Trabajadores de la Sanidad – Mendoza — Círculo de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Mendoza — APREM Asociación Profesional de Enfermería Mendoza — SiSaMen Sindicato de Sanidad Mendoza — Curas en la Opción por los Pobres – Mendoza OSFE Obra Social Ferroviaria – Mendoza — Mutual 12 de Agosto — UVIM Unión de Visitadores Médicos – Mendoza — ALAMES Asociación Latinoamericana de Medicina Social – Mendoza — Dirección de Carrera de Ciclo de Profesorado FCPyS – UNCuyo — Dirección de Carrera de Comunicación Social FCPyS – UNCuyo — Colectivo Ciencia y Universidad — SIDUNCU Sindicato de Docentes de la UNCuyo — SADOP Mendoza — SUTE San Rafael — Dirección de Carreras de Cerámica FAD – UNCuyo — Dirección de Carreras de Artes Visuales FAD – UNCuyo — Dirección de Carrera de Música FAD – UNCuyo — Dirección de Carreras de Artes del Espectáculo FAD – UNCuyo — Asociación Argentina de Actores – Mendoza — CEFIC TIERRA Centro de Educación, Formación e Investigación Campesina — APDH Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Mendoza — Asociación Xumek — Asociación Ecuménica de Cuyo — Asociación Civil Populus — SATSAID Mendoza — Asociación Bancaria Mendoza — Sindicato de Artes Gráficas de Mendoza — ATILRA Mendoza — SUTIAGA Mendoza — Unión Ferroviaria Mendoza — UPJCM — CTA de lxs Trabajadores – Mendoza — ATE Mendoza — CTA Autónoma – Mendoza — UTI PAMI – Mendoza –STHIMPRA Mendoza — Telefónicos Mendoza — UOLRA Mendoza — AEFIP Mendoza — SPIG Mendoza AOMA Mendoza — SUTEP Mendoza — SOCA Mendoza — APINTA Mendoza — SITEA — SPUNC — FATUN — SACRA Mendoza — SITRAJU Mendoza — UPCN Mendoza — Sindicato de Musicos Mendoza — SECASFPI Mendoza — FOEVA Mendoza