No a la modificación de la Defensoría de las Personas con Discapacidad

La Defensoría de las Personas con Discapacidad es un organismo que inició sus actividades en el año 2013 sólo en la provincia de Mendoza por la lucha de familiares de personas con discapacidad. Surgió como reclamo de una entidad estatal que defienda sus derechos personales y prestacionales en el marco de las Convenciones Internacionales, las leyes nacionales y provinciales inherentes al colectivo. 

La Ley 8.345 del año 2011 creó la Defensoría de las Personas con Discapacidad de la Provincia de Mendoza como “un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional” que “ejerce las funciones establecidas por la ley sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.”

En este momento se quiere modificar la forma en la que se designa a la persona titular de la Defensoría. Actualmente se elige de manera representativa. Es decir, se vota tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores y deben ser afirmativos dos tercios de los votos de lxs miembros presentes en esa Asamblea Legislativa.

Hasta ahora, la persona que se candidatea para ser Defensora de las Personas con Discapacidad debe superar un proceso de tabulación de carpetas de antecedentes y otras instancias de selección que prueban su idoneidad para el cargo.

El proyecto de reforma propone que la Defensoría esté a cargo de una persona con discapacidad designada por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, sin mayorías especiales.

La modificación ha sido presentada en la Legislatura por el senador Marcelo Patricio Rubio (UCR) y firmada también por los senadores Pablo Priore (PRO), Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), Marcelo Diumenjo (UCR), Héctor Bonarrico (MAS FE) y Fernando Allín (Socialista). 

Con esta modificación, el Poder Ejecutivo provincial podría designar a sus aliados en cargos públicos sin tener que pasar por el proceso de valoración de antecedentes que antes se mencionaba.

Es importante que la Defensoría de las Personas con Discapacidad sea un organismo independiente, que garantice los derechos de personas con extrema vulnerabilidad. La elección a dedo, sin concurso de antecedentes y votaciones imparciales y transparentes, afectará, además de la independencia, la idoneidad del organismo para dar respuestas adecuadas. 

La Defensoría es el resultado de una lucha ganada por las personas con discapacidad en el reconocimiento de sus derechos. No debe ser modificada sin su consentimiento ni del colectivo que las representa.

“La forma en que se viene eligiendo al Defensor de Discapacidad de alguna manera garantiza transparencia en el proceso de elección (…) la Defensoría de las Personas con Discapacidad es un órgano de control que debe monitorear la política pública del Estado, además de las instituciones privadas”, señaló Alejandra Berlanga, referente de la organización Madres y Padres Autoconvocados, a El Otro Diario

En la misma nota, desde el Observatorio de Discapacidad de Mendoza señalaron que no se convocó ni a personas con discapacidad ni a ninguna de las organizaciones que representan al colectivo en la propuesta de modificación. “Nada acerca de nosotros sin nosotros’”, explicó Mónica Bascuñán del Observatorio resaltando que la Defensoría debe ser un organismo independiente para garantizar realmente el derecho a la salud, a la educación, a la justicia, al transporte y a todo lo que hace a la igualdad de oportunidades.

“En la provincia se aplicaron las mismas políticas que en la nación [durante la gestión de Macri], haciendo un fuerte recorte. La situación de OSEP no garantizando la salud de personas con discapacidad (PcD), el despido de PcD insertadas laboralmente que el gobierno de Cornejo jubiló por incapacidad laboral, la no entrega de medicamentos por parte del programa federal Incluir Salud, que dejó a muchas personas sin audífonos, sin garantizar los tratamientos. Todas estas fueron cuestiones que hicieron retroceder a un colectivo que históricamente tiene muchas barreras para insertarse en la sociedad y tener una vida plena en igualdad de oportunidades”, expresó Bascuñán.

Es fundamental que los gobiernos generen prácticas anticapacitistas para que el colectivo sea parte de una sociedad que vea a la persona y no su condición. Las personas con discapacidad tienen el derecho humano a una vida con autonomía y libre de discriminación en igualdad de oportunidades. 

Las organizaciones de la sociedad civil deben formar parte de los espacios de decisión sobre las luchas que vienen llevando hace años. El gobierno provincial retrocede en los derechos conquistados acallando a estos colectivos.

NO A LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 8345.