Hoy a las 10.30hs, en la explanada de Tribunales Federales, nos encontramos todos con gran alegría y emoción a festejar este reencuentro tan esperado de María y Angélica con su nieta.
Suelen decir que todos pasamos por buenos y malos días. Pero existen días que superan las emociones, las alegrías, las penas; que logran que el corazón sonría y llore al mismo instante. Son esos días que estabas esperando pero que en ese momento te dejan atónito. Días en los que los sentimientos se cruzan y chocan de la emoción y la adrenalina, pero que te siguen demostrando que con perseverancia, tenacidad, fuerza de convicción, compromiso, respeto y amor, todo es posible.
Hoy una vez más, sostenemos firmemente que el camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia es el correcto y el legítimo, es el que puede contra viento y marea, el que puede contra las mentiras, los secretos; es el que puede contra el nefasto y macabro terrorismo de estado implantado por los golpes cívico-militares, el que puede contra las armas y las torturas; es el que puede contra el aparato judicial orquestado y que hasta el día de hoy sigue negando su participación en los golpes de estado. Es el que perdura por siempre y nunca podrán callar !!!
Sólo Vos – (Liliana Felipe y Jesusa Rodríguez)
Ta listo el mate pa charlar, ya llegaron los bizcochos En el patio se prendieron un fogón Este asado será tu bienvenida Hasta el perro te espera en el portón Están haciendo unos ravioles por si sos vegetariano Las abuelas ya trajeron el totin Nunca es tarde para llegar temprano Todo listo, solo estas faltando vos Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos Solo vos, solo vos y el sonido de tu voz La parentela te junto las historias y las fotos Tantas cosas que dejaron tus papas Los recuerdos también te están buscando Perdona si se nos pianta un lagrimón Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos Solo vos, solo vos y el sonido de tu voz Te pareces a tu mama, te reís como tu abuelo Esas chuecas son las mismas del papá Que manera de hablar pelotudeces, llegaras y seras como sos vos Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos Solo vos, solo vos y el sonido de tu voz.
El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General (ONU) decidió que durante el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo se celebre cada año el “Día Internacional de las Poblaciones Indígenas” el 9 de agosto mediante la resolución 49/214. En esta fecha se conmemora el día en que el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías celebró su primera reunión en el año 1992.
La Asamblea General en su resolución A/RES/45/164 proclamó el 1993 “Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo”, y el “primer Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo”, que comenzó el 10 de diciembre de 1994 y fue proclamado por la Asamblea en su resolución A/RES/48/163 , con miras a fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan las comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. El “Segundo Decenio Internacional” de las poblaciones Indígenas del Mundo comenzó en 2005.
Por ello es que hoy queremos compartir el marco introductorio que tuvo el capítulo Pueblos Indígenas en nuestro Informe del año pasado, donde invitamos a reflexionar y analizar el actual panorama de nuestros pueblos indígenas, y por sobretodo a comprender lo mucho que aún nos falta por construir.
Pese a los grandes avances existentes tanto en el plano internacional como en el interno, existe una profunda brecha entre el reconocimiento de los derechos y el pleno ejercicio de los mismos; como lo dice nuestro país ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: “Si bien existen leyes y convenios internacionales que otorgan un marco amplio de reconocimiento de derechos y garantías hacia los pueblos indígenas, muy poco es lo que se aplica sobre esas normas a favor de ellos a nivel nacional y provincial” (UNPFII, 2006 – Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF): “Los derechos de los pueblos indígenas explicados para todas y para todos”. Impreso en Argentina, 1a edición, agosto de 2008. Pág. 18.)
– Pueblos Indígenas. Introducción.
” Por años, incluso por siglos, nuestros Pueblos Indígenas han sido silenciados, excluidos y ocultados sistemáticamente mediante la utilización de diferentes mecanismos tales como la educación, la religión, la explotación laboral, las decisiones políticas, entre otras; así como también a través de herramientas más cruentas como lo fueron las grandes masacres generadas desde la llegada del español a nuestras tierras en el siglo XV y en los siglos venideros a este momento histórico, así como también en tiempos de independencia de la Argentina, con las Campañas del Desierto o el denominado tiempo de Civilización o Barbarie; marcando así en la historia los más claros ejemplos de genocidio y etnocidio.
Actualmente, y gracias a la lucha constante y permanente de nuestros hermanos y hermanas indígenas, la voz del indio se ha vuelto a escuchar y respetar, aunque lamentablemente, no en todos lados ha sido bien recibida.
Pero hoy ya no se puede ocultar esta realidad y, mucho menos, seguir sosteniendo falsedades. Los Pueblos Indígenas han resurgido vivamente con la fiel convicción de trabajar y defender los derechos que les son propios, como legítimos pobladores de estas tierras, como la pieza fundamental para la conformación de nuestra verdadera identidad, que fue arrebatada ferozmente, aunque no pudieron desterrar. La voz de nuestros ancestros ha revivido en este reverdecer de los Pueblos Indígenas.
Para dar un mejor marco de análisis a este capítulo, resulta necesario comprender lo siguiente: dentro de la cosmovisión indígena, existen valores y principios diferentes a los propuestos por este actual sistema rigente.
La misma se nutre de una concepción filosófica comunitaria o colectiva, basada en el bienestar social igualitario; una concepción científica indígena que define al hombre como parte integrante del cosmos y como factor de equilibrio entre la naturaleza y el universo ya que de ello depende el desarrollo de su vida creadora en la tierra; una convivencia armónica con la madre naturaleza, ya que se considera parte y no por encima de ella, que respeta no sólo a la tierra como madre generadora de vida sino que además respeta a sus demás hijos, las plantas y los animales.
Para nuestros Pueblos Indígenas identidad, cultura, diálogo, respeto, comprensión, solidaridad, hermandad, son conceptos fundamentales para la conformación de una sociedad más justa, en un marco de convivencia armónica entre los diferentes. “
Un 29 de julio pero del año 1966, la policía federal por orden del dictador Juan Carlos Onganía, intervino a golpes las universidades públicas. Estudiantes y profesores fueron encarcelados y agredidos brutalmente; cientos de científicos e investigadores se exiliaron, lo que constituyó una “fuga de cerebros”.
Se cumplen 49 años de la “Noche de los Bastones Largos”: el 29 de julio de 1966, las universidades nacionales fueron intervenidas y ocupadas militarmente. Un mes antes, el día 28 de junio de 1966, el teniente general Juan Carlos Onganía había derrocado el gobierno democrático del entonces presidente Arturo Illia y daba inicio a la dictadura autodenominada Revolución Argentina. La misión del día 29 de julio tenía dos objetivos centrales: golpear y detener estudiantes en las universidades públicas, e imponer las primeras marcas de la intervención militar.
La represión, en efecto, fue una respuesta a la creciente politización de la vida universitaria en los ’60. Luego del derrocamiento del gobierno de Arturo Illia, se firmó el decreto ley 16.912 que suprimía el gobierno tripartito en la universidad, disolvía los 17 consejos superiores y obligaba a los rectores y decanos a transformarse en interventores sometidos a la autoridad del Ministerio de Educación. Los rectores de las universidades nacionales de Cuyo, del Nordeste y del Sur aceptaron transformarse en interventores, pero los de Tucumán, Litoral, La Plata, Buenos Aires y Córdoba lo rechazaron.
La resistencia de estudiantes y docentes fue la toma de las facultades. Además, la UBA, a través de su Consejo Superior, y la Federación Universitaria Argentina, se pronunciaron contra el derrocamiento del gobierno constitucional. Se firmó una declaración donde se puso de manifiesto su “irrevocable decisión de no reconocer otras autoridades de Facultad y de la Universidad de Buenos Aires que las que legítimamente emanan del cumplimiento del Estatuto Universitario, así como de las leyes y de la Constitución Nacional”, y donde se comprometían a “retirar toda colaboración a las personas que ilegítimamente se arroguen tal autoridad en la Universidad, haciendo abandono definitivo de nuestras tareas docentes y de investigación en la Facultad”. El golpe “disciplinador” era inminente. La Noche de los Bastones Largos fue el desalojo por parte de la Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina de cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires, que habían sido tomadas por estudiantes, profesores y graduados, en oposición a la decisión del gobierno militar de intervenir las universidades y anular el régimen de gobierno.
El nombre del hecho proviene de los bastones largos usados por efectivos policiales para golpear con dureza a las autoridades universitarias, los estudiantes, los profesores y los graduados, cuando los hicieron pasar por una doble fila al salir de los edificios, luego de ser detenidos. La represión fue particularmente violenta en las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, las facultades más renovadoras. El método aplicado fue la irrupción de la Infantería, primero lanzando gases lacrimógenos y luego descargando bastonazos a hombres, mujeres, estudiantes, docentes, graduados y decanos.
“La Noche de los Bastones Largos” marcó el inicio de una etapa de persecuciones, renuncias y cesantías. Cientos de científicos e investigadores se exiliaron, lo que constituyó una significativa “fuga de cerebros”. En los meses siguientes muchos profesores fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país.
El episodio forma parte de los silencios del poder judicial en la historia argentina, opinó el juez Mario Portela. “Fue un hecho publicitado en todos los medios, por la cantidad de heridos y de detenidos, hasta tuvo repercusión mundial y sin embargo la justicia no hizo nada. El onganiato nunca inició una investigación”; “la gran pregunta es saber dónde estaban los fiscales y los jueces de instrucción del Poder Judicial en ese momento”. Y concluye: “el hecho tiene una resonancia histórica porque fue parte de un plan orquestado para desmantelar lo público desde el golpe del ’55. La persecución a los intelectuales fue perversa. También hay que destacar que los militares no tocaron la facultad de Derecho, y no fue por casualidad. Yo estudiaba en esa época en la UBA y siguió funcionando como si nada hubiera ocurrido”.
A 49 años de la Noche de los Bastones Largos, volvemos a manifestar firmemente NUNCA MÁS !! Memoria, Verdad y Justicia para cada uno de los estudiantes, profesores, autoridades universitarias, científicos, investigadores, familias que tuvieron que atravesar este brutal episodio.
Se retomaron, luego de la feria judicial, las audiencias relativas al segundo juicio por delitos de lesa humanidad de San Rafael. Entrevistado en “Tan Gente”, el abogado Lucas Lecour, querellante por el Movimiento Ecuménico y representante de la familia del desaparecido Francisco Tripiana, destacó la conformidad que fiscalía y querellas tienen respecto al Tribunal presidido por la jueza Ruiz López por su disposición para que la etapa testimonial no sea excesivamente larga, por lo cual considera posible llegar a una sentencia en dos meses. Hizo también un repaso sobre víctimas, hechos y acusados, así como la descripción de la continuidad de prácticas genocidas y complicidades en democracia, y una ponderación histórica de los juicios en Mendoza.
El abogado Lucas Lecour fue muy claro al ponderar el proceso de memoria, verdad y justicia que después de décadas terminó por consolidarse en la provincia. Dijo: “Hay un proceso de memoria activa y de lucha importante de los Organismos de Derechos Humanos con el acompañamiento de la Fiscalía de lesa humanidad y de las querellas que ha permitido la realización de tres juicios en la Ciudad de Mendoza -el actual con la característica histórica que significa el enjuiciar “a quienes hasta no hace mucho seguían como jueces federales”- y este segundo de San Rafael”, que posibilita “que se obtengan importantes condenas o procesos como contra Luis Stuhldreher, que fue funcionario del gobierno de Cobos”. Y agregó que fruto de tan importante tarea, “dentro de poco podremos decir que se investigaron y juzgaron todos los delitos denunciados durante la última dictadura y que acá se cerró este proceso”.
Tal cual comentó en la entrevista de ayer, hoy reinició tras la feria judicial el juicio del sur provincial que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 2, presidido por la doctora Fátima Ruiz López. Sin embargo, la audiencia -como las últimas- se desarrolló por teleconferencia y en Tribunales Federales, dado que aún hay testigos del medio local. El abogado manifestó que los acusadores se sienten “contentos” por la responsabilidad asumida por el Tribunal en cuanto a la dinámica y celeridad con que se ha abordado el tratamiento testimonial, ya que tras 18 audiencias celebradas desde finales de marzo -cuando el juicio “recomenzó” dado que debió ser integrado nuevo juez- se han concretado más de 100 testimoniales entre las 150 estipuladas. Y aunque las jornadas sean “agotadoras”, también son “satisfactorias”, porque “de seguir con este ritmo, hacia finales de septiembre podría haber sentencia”.
El juicio contempla delitos de homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y 14 desapariciones forzadas contra un total de 76 víctimas, 3 de las cuales fueron incorporadas en el debate en curso porque, según Lecour, resulta muy poco probable que se realice otro proceso de este tipo en San Rafael. El número de represores juzgados se mantiene en 26 y abarca a los responsables de lo que fue la estructura montada entre 1976 y 1978 para perseguir a las y los militantes políticos del sur provincial por grupos de tareas conformados por personal del D2 departamental, la Unidad Regional II, Infantería, Destacamento 144 de Inteligencia, y otros.
Lecour también indicó la importancia que tienen para el juicio y para la sociedad sanrafaelina que entre los acusados haya varios “notables” que siguieron delinquiendo y amparándose en la impunidad durante la democracia. Así, mencionó al ex intendente de facto Luis Stuhldreher -máximo responsable del centro clandestino que funcionaba en la Municipalidad-; al ex policía Hugo Ramón Trentini -condenado por el crimen de Sebastián Bordón y el peor ejemplo de la continuidad de prácticas genocidas-; al ex jefe de la UR II, Oscar Raúl Pérez, que “liberó la zona” y encubrió a policías implicados en el asesinato en 2002 del empresario Carlos Méndez; a Norberto Mercado, ex jefe policial que desde 1990 ha sido señalado por la Comisión de la Verdad “como una de las personas que ordenó las desapariciones de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria” -por quienes hubo condenas de la Corte IDH-; y a Juan Roberto Labarta, quien atrás de su mascarada como arquero del Club Pedal, escondía su rol de informante y “ha sido reiteradamente mencionado por los testigos”.
Uno de los hechos más aberrantes surgidos como prueba es la constatación de que en el propio edificio de Tribunales funcionó un centro de torturas por el que pasaron decenas de detenidos, inclusive empleados del mismo Poder Judicial, por quienes ni sus jefes ni sus compañeros preguntaron jamás. Las audiencias continúan el próximo jueves y viernes.
Fuente: Entrevista generada por el programa radial “Tan Gente” (Radio Nacional Mendoza) Fecha: 24 de julio de 2015 – “Se aproximan las condenas en el juicio de lesa humanidad de San Rafael”: http://www.nacionalmendoza.com.ar/?p=42834
En el año 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) declaró el 12 de junio como “Día Internacional contra el Trabajo Infantil” con el propósito de dar a conocer el alcance del problema y promover iniciativas para resolverlo, con la participación de los gobiernos, las empresas, los sindicatos, la sociedad civil, y todos y cada uno de nosotros.
El convenio 182 de la OIT establece que las “peores formas de trabajo infantil” son todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños y niñas para utilizarlos en conflictos armados, para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas o para la realización de otras actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes. Según este mismo convenio, las peores formas de trabajo infantil deberán ser determinadas por la legislación nacional luego de un proceso de consulta.
Actualmente todavía hay unos 215 millones de niños que trabajan en el mundo, muchos de ellos a tiempo completo y no se atienden sus necesidades de escolaridad ni esparcimiento, e incluso carecen de alimentación y cuidados adecuados en muchos casos. Más de cien millones de niños están expuestos a formas de labor aberrantes, como el tráfico de drogas, la prostitución, su participación involuntaria en conflictos armados e incluso los hay en régimen de esclavitud.
Para este año en particular la OIT y ONU han planteado el lema: “!No al trabajo infantil – Sí a una educación de calidad!”, buscando focalizar lo vital de una educación de calidad, gratuita y obligatoria para todos los menores hasta llegar a una edad mínima de alcanzar un empleo, así como llevar adelante acciones para rescatar a niños actualmente en situación de trabajo infantil.
Como bien lo establece la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1959 de manera unánime por todos los 78 Estados miembros que componían entonces la Organización de Naciones Unidas, toda niña y todo niño debe ser reconocido como un “ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad” con derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión, idioma, nacionalidad, sexo, opinión política; derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social; derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento; derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada; derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física; derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad; derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita; derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia; derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación; y derecho a ser criado con un espíritu de comprensión sexual, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal.
En el día de ayer, miércoles 3 de junio, a partir de las 17hs, las mendocinas y mendocinos fueron parte de la masiva convocatoria, a nivel nacional, generada bajo el lema Ni Una Menos.
A partir de las 17hs, las calles del centro mendocino se fueron colmando de personas que se reunían en Peatonal y San Martín a manifestar Ni Una Menos. En un comienzo, el conjunto de personas era reducido, pero poco a poco ese número se fue acrecentando y la marcha encolumnó alrededor de 13 cuadras llenas de mujeres, hombres y niños, de todas las edades, pertenecientes a diferentes organizaciones, partidos políticos, ideologías; poniendo de manifiesto sus proclamas y denuncias de diferentes maneras: algunos con carteles, otros con cánticos y palmas, con sus cuerpos, con manifestaciones artísticas; pero todas y todos bajo una misma bandera: NI UNA MENOS.
Fue conmovedor y motivo de orgullo, poder haber compartido ayer con miles de mendocinas y mendocinos un momento de suma importancia para la historia de Mendoza, cuando todos nos convocamos a pedir y denunciar: “Basta de violencia a las mujeres.. Basta de muertes.. Basta de abusos y acosos.. Basta de tantos casos de agresión aberrantes y nefastos contra nuestras mujeres..”
Creemos firmemente como Asociación defensora y trabajadora por los Derechos Humanos, comprometida con la realidad social a la que nos enfrentamos día a día, que los más grandes cambios y las conquistas de importantes logros en nuestra sociedad y en nuestro aparato estatal -ejecutivo, legislativo, judicial- se consiguen a partir del compromiso social, de la fuerza de convicción como sociedad. Somos nosotros mismos los promotores y generadores de cambios sustanciales.
Desde los primeros tiempos estamos ante una realidad cruenta: la desidia del Estado frente a la víctima mujer, sea en cualquiera de sus clásicas funciones: ejecutivas, legislativas o judiciales. Hoy, a partir de la fuerza de lucha de aquellas personas que pusieron en la agenda política tal problemática, se han logrado avances sociales en la protección de la víctima mujer.
Primeramente, en el marco de nuestra legislación convencional ratificada por la República Argentina, tiene primordial importancia la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer – conocida como “Convención de Belem do Pará” y ratificada por la ley nacional N° 24.632- que establece que los Estados parte tienen la obligación de adoptar todas la políticas necesarias a fin de que se prevenga, sancione y erradique la violencia contra la mujer. El artículo 1 de la Convención establece: “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. El artículo 2 “se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende entre otros, violación, maltrato y abuso sexual, b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el lugar del trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”. De dicha Convención se deriva que el Estado tiene la obligación de proteger a las víctimas, sancionar a los agresores e instrumentar campañas educativas y mediáticas para erradicar la cultura de la violencia.
En vista de ello, y como continuación de la ampliación de la protección de los derechos de las mujeres a partir de la ley 26.485, en diciembre de 2012, la República Argentina promulgó la ley nacional 26.791, reformadora del Código Penal, por la que se incorporó la figura del femicidio.
En el año 2012, Alicia Prada, directora de la Dirección Provincial de las Mujeres, Género y Diversidad, nos comentaba: “Sólo registramos a quienes se animan a contar su historia, pero sabemos que hay muchos más casos que no llegan a visibilizarse”; y agregó “la mayoría de las mujeres, ante una agresión física o amenaza, hace sólo una vez la denuncia en la comisaría más cercana y luego no vuelve a la policía para ratificar su denuncia, con lo cual, el expediente prescribe”.
Ya en el año 2012, ante los números alarmantes de casos de violencia de género, diferentes asociaciones protectoras de los derechos de la mujer manifestaron frente de la legislatura provincial para pedir que se declare la emergencia nacional por violencia de género ya que se había registrado hasta la fecha un total de 119 femicidios en el país.
Cabe agregar que, desde septiembre de 2013 hasta el día de la fecha, funciona un número telefónico gratuito (el 144) para atender las denuncias de víctimas de violencia doméstica y violencia de género.
Si bien es cierto que ha sido corto el camino recorrido desde la sanción de la ley 26.791 que incorporó la figura del femicidio a nuestra ley penal, pareciera, por las estadísticas que relevan algunas ONG, que para abordar tan complicado tema como es la violencia de género no es suficiente con una modificación que abarque sólo el plano legislativo. Tampoco sirve la implementación de diversos mecanismos de concientización, prevención y lucha desde los órganos administrativos, si no existe entre todos ellos, la Justicia y las leyes, la articulación de una política integral de protección hacia este sector vulnerable de la sociedad. De nada sirve la redacción de una legislación penal que pretende proteger a las víctimas mujeres si no contamos con agentes públicos preocupados y formados en la cuestión de género.
Es necesario refuncionalizar las fiscalías de delitos complejos, en fiscalías especializadas para la investigación de crímenes que muchas veces quedan impunes, debido la ausencia de conocimientos específicos o personal especializado para abordarlos adecuadamente, tales como, delitos “de guantes blancos”, violencia de género y violencia institucional.
Sin relevamientos oficiales, todos los mecanismos implementados -y que se vayan a implementar- sobre esta problemática, caminarán hacia el abismo.
No sólo se requiere una reestructuración del Estado, sino también, y fundamentalmente, un cambio de mentalidad de la sociedad en su conjunto. Es sumamente necesario para comenzar con este camino de concientización sobre este fenómeno que se ciñe día a día sobre las mujeres.
El pasado jueves 14 de Mayo de 2015, mediante la Resolución 17/15, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una serie de medidas cautelares en las que exhorta a la Argentina a adoptar medidas urgentes para proteger y garantizar los derechos de quienes se encuentran privados de su libertad en los complejos penitenciarios Almafuerte y San Felipe.
El 1 de Enero de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una solicitud de medidas cautelares presentadas por el Dr. Carlos Varela Álvarez, solicitando que la Comisión requiera a la República Argentina proteja la vida e integridad de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios de la Provincia de Mendoza, en especial los complejos Alamafuerte, San Felipe y Boulogne Sur Mer. De acuerdo a la solicitud, los propuestos beneficiarios se encontrarían en una situación de riesgo, en vista de los alegados hechos de violencia recurrentes dentro de dichos complejos, la falta de atención médica adecuada, presunto hacinamiento y la falta de condiciones de salubridad adecuadas, entre otras alegaciones.
Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que las personas privadas de libertad en los complejos penitenciarios Almafuerte y San Felipe, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita a la Argentina que:
1) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de todas las personas presentes en los complejos penitenciarios Almafuerte y San Felipe.
2) Fortalecer el equipo de guardias y ofrecer capacitaciones constantes a las personas que trabajen en los complejos penitenciarios de Almafuerte y San Felipe
3) Provea condiciones de higiene en los centros penitenciarios y proporcione los tratamientos médicos adecuados para las personas privadas de libertad, de acuerdo a las patologías que éstos presenten.
4) Implemente un plan de emergencia y hacer disponibles extinguidores de incendio y otras herramientas necesarias
5) Tome acciones para reducir el hacinamiento al interior de los complejos penitenciarios Almafuerte y San Felipe
6) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Resulta importante resaltar, que tanto el gobierno provincial como nacional deben trabajar en forma comprometida al respecto y deben llevar a cabo políticas públicas serias. Debe cumplirse con lo establecido por la Comisión ya que de otra manera, el caso llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se dará inicio nuevamente a otro juicio internacional.
El día jueves 23, única jornada de audiencias de esta semana, tuvo como protagonistas a diez testigos que contaron sus experiencias, algunos como víctimas directas, otros como familiares, y otros como vecinos, amigos o simples espectadores ocasionales de algún hecho aberrante que marcó para siempre la vida de otra persona.
Víctimas
Si bien en esta oportunidad pudieron expresar sus vivencias sólo dos ex detenidos políticos, aun así, más allá de los matices que rodearon a cada una de las experiencias, se hace imposible no notar patrones similares en ellas.
Los relatos acerca de las condiciones de encierro, golpes, trato inhumano llevados adelante por los que, tal como describió uno de ellos, “se creían los dueños de las vidas de las personas”, se repiten una y otra vez, coincidiendo en la saña con que actuaban las fuerzas de seguridad. Sin dudas que la metodología para torturar estaba bien aprendida.
Vecinos, amigos, testigos
Entre víctimas y familias pasaron testigos presenciales de violentos operativos que tuvieron como resultado detenciones sin explicación alguna de jóvenes, hoy devenidas en desapariciones forzadas de los mismos.
Según contaron los que tuvieron ese triste privilegio de ver por última vez en libertad a Omar Ozam, Aldo Soto, Ricardo Ríos y a Marta Guerrero, personal de civil en un caso y uniformado en los otros tres, sin reparo alguno ingresaron al lugar de trabajo y domicilios particulares respectivamente y sin preguntar demasiado en cuestión de minutos los redujeron, golpearon y secuestraron, dejando inertes a quienes estaban en ese momento ahí con ellos. En esto tampoco parece haber habido improvisación.
Familias
Sin ánimo de hacer un juicio de valor al respecto, en este grupo pudieron advertirse actitudes muy disimiles entre sí, que denotan un contraste notable a la hora de reaccionar frente a situaciones límites.
Aquellas disparidades podrían justificarse si se analizan dentro del contexto en que se dieron. Sin dudas escenarios como los vividos ponen a prueba los instintos y por una cuestión de supervivencia una persona tranquilamente puede anteponer su seguridad, aun ante la de un ser querido.
Por eso, si bien no correspondería pre juzgar a la distancia comentarios como el siguiente y sin conocer en detalle sus razones:
– “No pregunte si había una orden de allanamiento por el juez. No daban las circunstancias para cuestionar. Me limité a resignarme al procedimiento. No me detuve a hacer defensas. No actúe como abogado. Sabía pero no era una cosa corriente”.
– “Se lo llevan, imagino alrededor de las 6 de la tarde. Hacen una especie de requisa en su domicilio en presencia de su esposa, entiendo, yo no ingrese”.
– “En tribunales por ahí lo veíamos, pero no teníamos la seguridad de donde podía estar (…) Íbamos con cierto grado de seguimiento. Cuando estuvo acá ningún problema. Yo lo pude ver por mi condición de abogado, lo podía ver en el patio de bomberos, pero no tenia trato directo. (…) La calidad de abogado me permitía acceder a la departamental. Pero no tuve la oportunidad de verlo”.
Si entendemos que es muy válido destacar al que pudo superar esos miedos internos y sin siquiera pensarlo, ponerse en peligro para socorrer a un miembro de su familia.
Tal como en otra oportunidad resaltamos el valor demostrado por las mujeres en general, esta vez le toca a un hombre, que siendo hijo, hermano y cuñado de víctimas hizo todo lo que estuvo a su alcance para ayudarlos, aun cuando ello implicara sufrir en carne propia no pocos hechos de violencia. Todo ello se aprecia claramente en varios fragmentos de su declaración:
– “Con respecto a la detención de mis padres (…) vi muchos policías, me pare y pregunte qué pasaba. Dije que era el hijo y comenzaron a pegarme una golpiza muy grande no sé por qué. Incluso los vecinos decían que no me pegaran (…) Fue una paliza muy grande, sin esperarla recibí un golpe en la cara y me hice un bollo en el piso. Siempre me pregunto si estando solos se hubiesen atrevido, ¡no! Porque eran unos cobardes que pegaban de a muchos. Patadas y puños, creo que con una culata de un fusil, que todavía me duele”.
– “A mi madre la dejaron en domiciliaria bajo mi cargo. Y a mi papa se lo llevaron. (…) Yo tenía mi señora en mi casa, embarazada. Un sargento apuntándome me acompaño a mi casa y la fui a buscar para ir a lo de mi madre”.
– “Ahí empecé a llevarle todos los días las comidas. Y a (…) también porque la familia no se atrevía”.
– “A mi hermana se la llevan al otro día de llegar de Malargue. Me llamo mi mama desesperada. A mi hermana, cuñado y al nenito que tenían. Le habían dicho que buscara a mi sobrino a la 8º. (…) Fui a retirar a mi sobrino. Recibí otros mamporros. Me lo entregaron y lo deje en lo de mis padres. (…) Me lo entregaron ahí, y tuve que ir al correo, que arriba había una dependencia, me golpearon ahí”.
– “A mi hermana y cuñado los trasladaron a la departamental. Ese día o el otro. Entonces tenía que llevar la comida para los 3”.
– “Durante un tiempo teníamos que ir a las 11 de la mañana a la municipalidad (…) nos golpeaban, tortura psicológica, nos decían que iban a matar a mi familia. (…) Cada vez que íbamos nos golpeaban y nos torturaban psicológicamente. (…) Nos tenían una hora y nos largaban. Me decían ‘no sé qué vamos a hacer con su papa, si lo matamos acá o en Buenos Aires’. (…) Siempre lo mismo: ‘a su hermana la vamos a violar, a su papa lo vamos a matar o mandar a matar’. Un día me sacó afuera, me pasó la mano por arriba del hombro y me dijo ‘no sea sonso, díganos donde está (…), esta toda su familia en riesgo’, y yo le dije si supiera capaz le digo. Capaz”.
– “Un día me llama uno de los médicos de la policía, (…) Me dijo que mi padre estaba tirado en el piso y no sabían qué hacer. Pude entrar a verlo a mi padre, revisarlo ahí tirado. Vi a los que estaban detenidos en la celda de mi padre, pero no podía hablar. Y vi alguno de los que están desaparecidos. (…) La segunda vez que me hacen entrar, al mes, mes y medio. (…)”
– “A los 4, 5 meses nos llaman para decir que mi padre estaba internado. Los médicos de la policía (…) No dejaban pasar a la familia. Habían 3 policías que se portaron bien, incluso me dijeron pasado una semana de estar en la cama, muy golpeado. (…) Después de una golpiza, con la cabeza tapada, boca abajo y colgado de los pies. (…) El estado de salud de su padre no era bueno. Estaba deshidratado, muy golpeado, con un aumento muy importante de la frecuencia cardiaca. Arritmia que le quedó toda la vida. Estado general deplorable”.
– “En un momento llega un coronel que estaba a cargo de la UOCRA en Buenos Aires. Y me dice que tenía la denuncia de que yo y dos doctores más eran terroristas. Me dice les doy un tiempo perentorio, hasta las 4 de la tarde, eso era las 4 de la mañana para que vaya al side, en cuadro nacional. (…) Voy allá, acompañado de mi señora, estacione a 200 metros (…) Esta gente se creían dueños de la gente. Una impotencia muy grande. Cada vez que podían me pegaban. Ven mi foja, no tenía nada”.
– “Me dicen que me podía retirar y me dan recomendaciones como si fuera un niño: no se meta en política y no le dé certificados a los obreros”.
– “La situación con el coronel fue cuando ya estaba liberada mi hermana. Mi padre no. Seguía en el hospital. Llego un momento en que uno hace locuras. (…) Y un día me fui con el auto en el hospital, les dije que estaba dado de alta y me lo lleve a mi casa. A los 5 minutos llego una cantidad muy grande de policías. Me llevaron de una oreja (…) y me dijeron que era un loco. Asique decidieron dejarlo preso domiciliario. En la impotencia y no saber qué hacer uno hace locuras”.
– “Cuando mi hermana estaba detenida, la familia de mi señora que era muy allegada a la iglesia, me dicen vamos a hablar con el obispo. Fui a pedir por mi hermana, y me dijeron (…) ‘si estaba detenida es por algo’”.
– “A mi hermana la trasladaron a la cárcel de encausados. Fui y hable con el director de la cárcel, (…), y me dijo ‘no me comprometa’. Fui a hablar con el médico de la policía para ver el estado de embarazo, (…) y me contesto que a él no le importaba que fuera familiar de médico y no me dijo como estaba”.
– “A mi hermana la busque a las 4 de la tarde. No sé quien me llamo”.
– “Cuando liberaron a mi cuñado a la noche, en la bodega que hoy es pico de oro. (…) fui a las 10 de la noche, estaba terminando su interrogatorio. Yo entre, me presente y dije vengo a buscarlo y me senté. Estaba,…, muy nervioso, asustado, le dije ‘no te muevas de acá, no des un paso afuera’. Ya sabíamos que en esa época te daban la libertad y te chupaban. (…) Lo agarre a mi cuñado, y a flores del brazo. Los subí al auto, yo en ese momento tenía un auto muy rápido. Como me seguían dos patrulleros acelere al mango. Di una vuelta larga hasta que los perdí. Flores me grito y se tiro en unos matorrales”.
– “Mi hermana era maestra en la escuela (…) Esa fue su militancia. Toda mi familia hemos sido peronistas. Y siempre hemos militado, pero que se entienda bien, militado como corresponde”.
Por último, esta misma persona expreso lo siguiente:
– “Las convicciones y las ideas no se matan. (…) En mi casa nunca hubo un arma, nunca jamás. Los detuvieron por lo mismo que a muchos, porque esas personas que tenían que ganarse el sueldo denunciaban a cualquiera. No tenían respeto por la vida y la dignidad humana. (…) Más allá de la angustia, el terror, tomar tranquilizantes durante 3 años, es lo normal que ocurre en estas cosas. Nunca pedí un resarcimiento, pienso que lo tenían que tener los que eran más humildes que yo, que estuvieron detenidos”.
Dentro de tanta desgracia y sufrimiento, escuchar esto último es muy reconfortante y alentador.
De hecho, calo tan hondo en la sociedad tanta crudeza por parte de quienes en ese momento eran las autoridades civiles y religiosas, que, según comento luego, muchos años después otro miembro de la misma institución religiosa que había rechazado a su familia invadido por una vergüenza tan ajena como propia, entre lágrimas y casi en secreto, lo abrazo y le pidió disculpas por todo lo que había tenido que pasar el y su familia.
Por eso si bien las peores miserias humanas no se olvidan, siguen ahí, avergonzando a los que las cometieron y lastimando a los que las sufrieron, aun así quedan muy disminuidas al lado de actitudes y pensamientos como los de esta persona.
El jueves 7 de mayo, día en que continua el juicio, esperamos seguir escuchando este tipo de relatos donde dentro de tanto daño y dolor se puedan rescatar valores más humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló por primera vez en un caso de Argentina el 27 de agosto de 1998. Fue en el caso Garrido Baigorria vs. Argentina: “un 28 de abril pero del año 1990, eran secuestrados Adolfo Garrido y Raúl Baigorria por la Policía de Mendoza. Nunca más aparecieron.”
Entrada la tarde del sábado 28 de abril de 1990, Adolfo Argentino Garrido Calderón y Raúl Baigorria Balmaceda circulaban en automotor rural Fiat 1.500 color azul por el interior del Parque General San Martín de la ciudad de Mendoza. Era un típico día del otoño mendocino, soleado, de temperaturas agradables, con un parque lleno de personas y familias disfrutando del día. Cuando Garrido y Baigorria llegaron a una rotonda conocida como “Monseñor Orzali”, fueron interceptados por una movilidad de la Dirección motorizada de la Policía de Mendoza con cuatro funcionarios de esa fuerza de seguridad. Luego de hacerlos descender del vehículo y “cacharlos” se los llevan en uno de los vehículos de la policía que arribaron al lugar.
Una vecina de la familia Garrido alcanzó ver la escena desde arriba de un colectivo que pasaba por allí y pudo observar la escena cuando se estaba produciendo la aprehensión. Minutos más tarde, un grupo de jóvenes que concurrían a jugar un partido de fútbol también presenciaron el operativo policial. Cuando la mujer regresó a su casa, un par de horas más tarde, alertó a los parientes de Garrido sobre lo sucedido. Éstos se dirigieron inmediatamente a la Seccional 5ta, ubicada a escasos cuadras del lugar, donde les negaron la detención alegando que el vehículo azul que se encontraba estacionado en la puerta de esa dependencia fue hallado sin ocupantes.
El lunes 29, los familiares de Garrido hicieron la denuncia de lo ocurrido y en los días sucesivos pusieron a disposición de las autoridades judiciales de la provincia toda la información con que contaban, identificando a los testigos presenciales de la detención, pero nunca obtuvieron ninguna respuesta y las actuaciones judiciales que se formaron a raíz de sus presentaciones fueron mantenidas durante seis años en estricto secreto de sumario. La inacción de los tribunales y la impunidad de los responsables fue absoluta, hasta que tomaron intervención los órganos del Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos.
Intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
No sólo la gravedad de los hechos denunciados, sino también el contexto histórico y político en que sucedieron los mismos, fueron determinantes para que el caso finalmente llegara a conocimiento de la Corte IDH y se establecieran las consecuencias jurídicas y las distintas medidas de reparaciones que se presentaron a lo largo del proceso internacional y que fueron más allá de las que se impusieron mediante las sentencias de la Corte, como clara expresión de voluntad de todas las partes de que episodios como estos no volvieran a repetirse.
El caso Garrido y Baigorria, junto a otros hechos concomitantes de similar gravedad, eran la prueba dramática de que en los 7 años trascurridos desde el retorno a la democracia, poco o nada se había hecho para transformar las fuerzas policiales, nacionales y provinciales, principales ejecutores de la masacres actuando bajo control operacional de las fuerzas armadas. Más aún, sus cuadros serían los principales beneficiarios de las leyes de impunidad que impedirían profundizar las investigaciones que se habían iniciado luego del histórico juicio a las juntas en 1985.
Un gran logro. Destitución del Juez Enrique Knoll Oberti
Asimismo sobre la base de la investigación realizada por la Comisión ad hoc y respaldados en la sentencia sobre el fondo que declaraba la responsabilidad internacional de la República Argentina no sólo por el accionar policial sino por la omisión de investigar de las autoridades judiciales de la Provincia, los peticionario denunciaron a Enrique Knoll Oberti, quien al momento de los hechos era el Juez de Instrucción a cargo de la investigación. La denuncia fue presentada el 19 de marzo de 1999 y luego de un juicio oral y público en que los representantes de las víctimas actuaron como acusadores particulares, el 15 de diciembre de 2000, el Tribunal de Enjuiciamiento para Magistrados destituyó a Knoll del cargo de Fiscal de Cámara que a ese tiempo ocupaba, por su mal desempeño en la investigación de estas desapariciones forzadas.
En la sentencia se expresan claramente los motivos por los cuales entendió que los hechos denunciados se subsumían en la causal de “mal desempeño”, expresando claramente que el juez que dirigió desde el primer día la investigación no investigó el delito imputado, sino que convirtió en imputados a las presuntas víctimas. Señala que el expediente está plagado de una cadena de actos de manifiesta arbitrariedad, que muestran una parcialidad ostensible a favor de los presuntos autores.
La deuda
A pesar de los años transcurridos y de los logros obtenidos con la presentación del caso a la Corte IDH, existe en gran vacío: ¿cuál fue el destino final de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria? ¿en algún momento los familiares podrán darle el adiós a sus restos? ¿se logrará imputar y sancionar a los responsables del caso? Ésta sigue siendo una deuda del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza que nunca avanzó más allá de las conquistas logradas en el terreno de la verdad por la Comisión ad hoc, y por tal razón el caso se mantiene abierto y bajo supervisión de la Corte IDH.
De igual manera, es digno de destacar el reconocimiento de responsabilidad internacional que realizó el Estado argentino frente a casos tan grave como lo fue el Caso Garrido y Baigorria, ya que permitieron encarar tempranamente y a lo largo de todo el proceso múltiples medidas de reparación. La constitución de una Comisión ad-hoc destinada a investigar la verdad de los hechos, la conformación de una Comisión arbitral que cumplió con la tarea de determinar los montos de la indemnización, las reformas legales que se gestaron a lo largo del proceso interamericano que permitieron mejorar la calidad de instituciones de la provincia y forjar una nueva experiencia a nivel nacional sobre cómo proceder ante denuncias de este tipo, así como también las reformas legales posteriores, dirigidas a desplazar a la institución policial de la investigación criminal y ponerla a cargo del Ministerio Público Fiscal, son claros ejemplos de ello.
En definitiva y pese a todos los avances logrados por el caso Garrido y Baigorria, aún se mantienen las heridas abiertas y aún quedan cosas por hacer. Por ello, hoy más que nunca, seguimos reclamando y exigiendo Verdad y Justicia.
