Clínica Socio-Jurídica

La clínica socio-jurídica de Xumek está compuesta por profesionales y estudiantes del derecho, psicología y sociología.

Su trabajo se asienta sobre sobre dos ejes de trabajo: el asesoramiento jurídico gratuito y el litigio estratégico en casos de graves vulneraciones a derechos humanos.

Tiene por objeto el apoyo y acompañamiento de situaciones de vulnerabilidad en las que es requerido el asesoramiento jurídico, ofreciendo un acompañamiento integral que tiene en miras abordar las distintas necesidades que tienen las personas consultantes.

El litigio estratégico busca generar un impacto positivo en materia de derechos humanos a través del patrocinio de causas que visibilizan situaciones estructurales de vulneración de los derechos humanos.

El trabajo con estudiantes de distintas ramas de las ciencias sociales busca aportar a la formación de futuros profesionales en materia de derechos humanos, brindando a su vez herramientas generales y específicas para el ejercicio profesional.

Si necesitás comunicarte, escribinos a contacto@xumek.org.ar

DIA INTERNACIONAL DE LAS INFANCIAS

Todos los 1° de junio se conmemora el “Día internacional de la infancia”. Esta fecha fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1956 con el fin de promover actividades que involucren de manera directa a les niñes como sujetxs de derechos.

El objetivo del Día internacional de las Infancias es recordar a la ciudadanía que les niñes son un colectivo vulnerable y por lo tanto, sufren las crisis y los problemas del mundo.

Este día recuerda que todes les niñes tienen derecho a la salud, a la educación, a una alimentación digna, a un hábitat digno, a la no discriminación, a la información, a jugar, y también, y muy importante, a que su interés y opinión sea tenido en cuenta en las situaciones que les involucran y dentro de su vida en sociedad.

Frente a la actual crisis sanitaria que atravesamos, es una buena ocasión para ser interpelades como sociedad respecto a la constante vulneración de derechos que han sufrido les niñes a lo largo de la pandemia. Ella ha dejado al descubierto las principales aristas en la que constantemente miles de niñes en Argentina ven franqueados sus derechos: acceso a la salud, condiciones dignas de vivienda, acceso a una educación de calidad, protección eficaz contra los maltratos infantiles, entre otras.

Según un informe de Unicef realizado en agosto de 2020, en el marco de la pandemia que atravesamos: “las nuevas proyecciones alertan que, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la cantidad de chicas y chicos pobres pasará de 7 a 8,3 millones, lo que en términos porcentuales implica que casi el 63% de los NNyA estará en esa condición a fin de año, muy por encima de la estimación del 58.6% realizada en mayo”. Podemos ver la gran afectación que ha tenido en específico este grupo poblacional, que es el más vulnerable y el que más protección debería tener en situaciones como las que nos toca vivir actualmente.

Desde el Área de Niñez y Adolescencia de Xumek invitamos a todes a repensar la situación que atraviesan les niñes actualmente, repensar desde nuestro lugar en la sociedad las actitudes a mejorar respecto a las crianzas, respecto a la participación que les damos a les niñes es la sociedad y también respecto a las falencias que adeuda el Estado con respecto a elles y sus derechos, entiendo siempre al Estado como principal garante de los mismos.

Red Popular de Acceso a Derechos (RePAD)

La Red Popular de Acceso a Derechos (RePAD) es un dispositivo de intervención territorial conformado por  profesionales y estudiantes de diversas ramas de las ciencias sociales que surge del trabajo conjunto entre el Movimiento Popular Nuestramérica y Xumek (Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos).  

Su principal objetivo es el abordaje de situaciones de vulnerabilidad socio-jurídica presentes en los barrios populares de Mendoza. A través de la escucha activa se pretende intervenir en la resolución o derivación eficiente de diversas situaciones de vulneración estructural de derechos y acceso efectivo a la justicia; desde el asesoramiento legal básico hasta el acompañamiento de situaciones de gravedad. Así, se abordan temáticas tales como: identidad, educación, familia, conflicto penal, trabajo, vivienda, alimentación y seguridad social.  

De este modo, se pretende constituir una efectiva herramienta de acceso a derechos, principalmente dirigida a los sectores sociales históricamente postergados en cuanto al goce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales. 

Este espacio pretende la generación de una red de asesoramiento y acompañamiento en materia de acceso efectivo a derechos a través de la vinculación y articulación con les referentes territoriales de cada uno de los barrios en los cuales se despliega la red y en los que el movimiento social desarrolla su tarea de organización comunitaria.  

Por otra parte, propicia la construcción de autonomía de la organización comunitaria y la colectivización del conocimiento y ejercicio de los derechos de cada ciudadane, especialmente los más vulnerables. 

Finalmente, se desarrollan otras instancias de intervención y experiencia, a través de capacitaciones, talleres y actividades que la agenda territorial demande.


Coordinador: Nicolás Rallo. 

Integrantes: Florencia Diaz Peccinetti, Valentina Lara Lalik, Martina Orsini Barraza, Mauro Gonzalez Encina, Agustina Macarena Sanchez, Carla Romani, Jonathan Berrondo.

Clínica Socio-Jurídica en Derechos Humanos y Migraciones

La Clínica Socio-Jurídica en Derechos Humanos y Migraciones, está conformada por la Asociación Ecumenica de Cuyo y Asociación Xumek. Se encuentra integrada por estudiantes, docentes y graduados/as de las carreras de sociología, trabajo social y abogacía. Esta experiencia se concreta en el año 2016 en el marco del Proyectos de extensión de la Universidad Nacional de Cuyo.


Este proyecto posee los siguientes objetivos centrales: brindar un espacio de escucha y asesoramiento gratuito a personas migrantes (tanto en lo referido a la realización de trámites migratorios como en el caso de vulneraciones de derechos en diversos ámbitos de la vida cotidiana), formar estudiantes, profesionales y funcionarias/os públicos en la temática; sensibilizar a la sociedad mendocina; fortalecer la articulación entre actores sociales e incidir en la política pública migratoria.

Cuenta con dos espacios de trabajo:

  • Espacio de DIFUSIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS: tiene como objeto generar procesos de visibilización y difusión de la temática con la participación de la población migrante. Mediante la realización de talleres, dinámicas teatrales, encuentros, conversatorios y mapeos de experiencias; se buscan corromper aquellas representaciones negativas que se construyen alrededor de la figura del y la migrante y se reproducen en instituciones públicas, educativas y de salud.
  • Espacio de ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO:  la atención es semanal y gratuita. Está  destinado a personas extranjeras. Tiene como objeto orientar y acompañar en gestiones migratorias y en situaciones de vulneración de algunos de sus derechos por su condición migratoria y requieren atención integral. Trabajamos de forma virtual y presencial en ferias populares, centros de salud y en las sedes de nuestras instituciones. Para lograr intervenciones eficaces e integrales, se ha construido y fortalecido lazos con organizaciones sociales e instituciones públicas con el propósito de articular acciones y asistencia, ante la crisis económica y alimentaria.

Las acciones que desarrolla la clínica representan experiencia y formación integral desde una perspectiva de derechos humanos. Su fin es revalorizar las necesidades y expresiones de la vida cotidiana de las corrientes migratorias que residen en Mendoza para así comenzar a concebirlos como sujetas/os de derechos.

CONTACTO

Teléfono (WhatsApp): 2615360020

Email: clinicamigrantemza@gmail.com

¿Qué está pasando en Colombia?

Colombia despertó

Imagen: Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe

Ante la grave situación de la violación a los derechos humanos que están ocurriendo en Colombia, traemos la voz de Valentina Mena Castro, historiadora y columnista de la revista colombiana Cuerpo y Territorio.

En esta entrevista, la oportunidad de conocer en primera persona qué está pasando el país hermano:

“La ciudadanía colombiana tomó las calles el 28 de abril de 2021 en paro en contra de la reforma tributaria. Esta reforma fue propuesta por el Centro Democrático, el partido de derecha del actual presidente Iván Duque.

Desde ese día, trabajadores, sindicalistas, activistas, estudiantes, pensionados, desempleados, artistas, grupos indígenas, influencers, dueños de negocios, camioneros y en su mayoría habitantes de todas las clases sociales, especialmente media, han marchado juntos en contra de la reforma tributaria.

Dentro del contexto colombiano es necesario tener en cuenta que la pandemia ha llevado a altos niveles de desempleo, pobreza e inflación. Para marzo, la desocupación alcanzaba el 14,2% a nivel nacional y la pobreza un 42,5% en 2020.

La reforma tributaria fue recibida en ese momento como otra cachetada para la población de Colombia, siendo que el país es el más desigual de América Latina, sumido en la pobreza. El acceso a servicios básicos como salud y educación no está garantizado por el Estado. En este contexto, la reforma viene a incrementar los impuestos tanto en la población en general como lxs dueñxs de negocios, eliminando muchas excepciones, expandiendo todos los sujetos de IVA (Impuesto al Valor Agregado) en donde se incluye productos de la canasta familiar, gasolina, servicios públicos, entre otros.

Ilustración: Anya Jaime Lizarazo, migrante colombiana en Argentina y colaboradora voluntaria de Xumek.

La ONG local Temblores contabiliza hasta el momento 87 personas desaparecidas, 1.728 casos de violencia policial, 37 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la policía, 934 detenciones arbitrarias, 234 víctimas de violencia física por parte de la policía, 341 intervenciones violentas, 26 víctimas de agresiones a los ojos, 98 casos de disparos con armas de fuego, 11 víctimas de violencia sexual  en todo el país desde que empezaron las protestas (diez días al momento de esta publicación).

En este contexto, como colombiana e historiadora, me encuentro en total rechazo con las acciones desmedidas de la policía y el ESMAD, ya que esto ha suprimido el legítimo derecho a la protesta de lxs ciudadanxs. El gobierno debe garantizar estas manifestaciones pacíficas de protesta y no reprimir a su población ante un claro descontento que no solamente viene de esta reforma tributaria, sino que desde 2018 con los movimientos estudiantiles se viene reclamando. Así, la violencia que se vive en las calles es necesario que sea revisada por organismos de derechos humanos a nivel internacional que sancionen estas acciones y al gobierno mismo.

En la constitución de Colombia, el Artículo 37 afirma que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.

Asimismo, la normativa sostiene que utilizará la fuerza policial en situaciones estrictamente necesarias y cuando no existan medidas alternativas menos restrictivas de los derechos fundamentales en juego. Pero como tal, esto no se está cumpliendo, porque desde la ciudadanía proponemos otras vías pero el gobierno mira para otro lado. 

Hablo con base en las demandas y al contexto de mí país, en donde una reforma tributaria en vez de salvar a su economía la empobrecería aún más, por ello creo asiduamente en el poder colectivo social de las marchas y su capacidad de transformación de las realidades de nuestro país, más cuando todos los sectores sociales se han unido en contra de un mismo objetivo, un futuro más amable con garantías básicas para todo el pueblo colombiano.”

Así, esta nota la escribo en memoria de todos aquellos que han muerto durante estos días de protestas, quienes han salido a la calles a buscar el cambio, de quienes auxilian a estas personas con ayuda jurídica, psicológica, médica y alimenticia y, de quienes no pueden salir a las calles a expresarse pero comparten en redes información al mundo.

En memoria de: Michel David Reyes Pérez, Marcelo Agredo Inchima, Juan Diego Perdomo Monroy, Cristian Moncayo, Stiven Sevillano Perea, Charlie Parra Banguera, Miguel Ángel Pinto Mona, Daniel Felipe Azcárate Falla, Edwin Villa Escobar, Dadimir Daza Correa, Einer Alexander Lasso Ocampo, José Augusto Ortiz Cortes, Kevin Yair González Ramos, Jesús Flórez, Brayan Niño, Santiago Andrés Murillo, Nicolás Guerrero, Jefferson Alexis Marín Morales, Andrés Felipe Castaño, Lucas Villa Vásquez, Dylan Cruz y muchos más que han dado su vida por todo un país, no solo en este paro sino en toda la historia de la lucha colombiana.

¡No son una cifra más!

Encontrá a Valentina Mena Castro y la revista Cuerpo y Territorio en Instagram.

Ilustración: Anya Jaime Lizarazo

Área Género y Diversidad, Xumek

Caso Jasmine Daphinis

Jasmine Daphinis es una mujer haitiana que llegó a Argentina con 26 años. En Haití, fue contactada por un juez de Paz mendocino con la excusa de que necesitaba a alguien que lo guíe por la zona. Jasmine tenía una buena vida en Puerto Príncipe: había estudiado en la universidad y veía siempre a su familia, pero decidió dejar todo cuando se enamoró del acusado, “era un hombre muy convincente, supo cómo engañarme”.

Las promesas de amor y felicidad se desvanecieron en cuanto Jasmine aterrizó en Buenos Aires. El exjuez mendocino Hugo Leonardo Torino, actualmente jubilado, le retuvo su pasaporte y la mantuvo prisionera durante meses en su casa. Además de obligarla a realizar tareas domésticas, el acusado abusó todo ese tiempo de ella. Fruto de ese delito, nació su hija.

Las penurias de Jasmine (que dio a conocer en una entrevista para el diario online “El Otro”) son difíciles de imaginar. En su denuncia, ella declaró que durante el tiempo en que se encontró en el domicilio de Torino estuvo impedida de comunicarse con otras personas y sufrió abusos tanto físicos como psicológicos. La vulnerabilidad era total ya que, no solo no manejaba el español, sino que dependía económicamente del magistrado; situación que él utilizaba a su favor.

Jasmine, permaneció en esta situación de sometimiento exclusivamente por temor de perder a su hija, ser deportada o detenida y por la carencia absoluta de medios económicos, asistencia, acompañamiento y desconocimientos de los derechos que la amparan.

Luego de meses de encierro, Jasmine logró escapar: estaba desnutrida, y en un estado de salud muy delicado mientras cuidaba a su bebé recién nacida. Ella cuenta que, al salir de esa casa, se encontró con un tipo de violencia muy similar al que conoció encerrada: numerosas casas de acogida, interminables horas declarando ante la Justicia, amenazas, chantajes, racismo y prejuicios. Todas situaciones  que tuvo que lidiar sin dinero y aprendiendo español. Su caso llegó a Xumek luego de que Jasmine acudiera a la Clínica Socio Jurídica en Derechos Humanos y Migraciones; refiriendo ser víctima del delito de trata de personas y manifestando la necesidad de asesoramiento en el marco del proceso penal radicado en la Justicia Federal de Mendoza. Ante la complejidad del caso se realizó un abordaje integral, asumiendo el patrocinio jurídico tanto en materia penal como de familia. En paralelo se encuentra abierto un proceso por alimentos, (el acusado no cumple con la cuota fijada por la Justicia), y prohibiciones de acercamiento del imputado. Debido a la complejidad del caso, y los mecanismos de dilación utilizados por la defensa, se generaron una gran cantidad de causas en la Justicia de Familia.

Además de los crímenes cometidos contra Jasmine, el acusado tiene una causa abierta por tenencia de material pornográfico de menores, luego de que encontraran casi 1400 fotografías de material de abuso sexual infantil en su casa; a raíz de este hecho, el acusado tiene suspendido el régimen de comunicación con su hija. El allanamiento en el domicilio de Torino, sucedió luego de que Jasmine relatara que había sido testigo de cómo el acusado se encerraba en su habitación con una niña de 13 años, hija de una familia amiga de Torino. Mientras esto ocurría, Jasmine era obligada  a realizar tareas domésticas.

Actualmente, luego de un largo y dilatado camino, se dictó la prisión preventiva del acusado bajo modalidad domiciliaria. Los cargos que enfrenta son: abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad agravada, y coacciones simples en tres hechos diferentes.

Tatiane Da Silva y la triple discriminación: ser mujer, pobre y afrodescendiente

Porto Alegre es una cuidad brasilera cercana a la frontera de Uruguay y Argentina. Allí vivía Tatiana Da Silva con sus 4 hijos y el padre de los 3 menores, Amilton Martins. Tatiane trabajaba todos los días, en su casa se vivía al día y la plata siempre era escasa. El 29 de septiembre de 2013, Amilton se quedó solo con su hijo de un año y dos meses mientras su pareja trabajaba.  El bebé Diogo, fue maltratado, abusado sexualmente y asesinado por su padre.

Por el crimen, Amilton fue acusado y condenado por los delitos de malos tratos, y homicidio calificado. Lo sorprendente es que Tatiane, a pesar de ser víctima de él, fue acusada por los mismos delitos en la modalidad de comisión por omisión. Desde noviembre de 2013 permanece privada de su libertad y condenada en una Penitenciaria local.

Amilton tenía diez años más que Tatiane, era posesivo y controlador y comenzó a involucrarse en el tráfico de drogas. Según Tatiane, la relación empeoró luego de que él pasara dos semanas en la cárcel: amenazas a muerte a Tatiane y malos tratos por doquier. Ella denunció a su pareja por torturas psicológicas y solicitó protección para ella y sus hijos, la cual solo recibió luego de que un vecino denunciara que los 3 hijos menores de la pareja eran agredidos. El Consejo Tutelar determinó que Tatiane y sus hijos sean acogidos en una Casa de Apoyo, luego de que ella manifestará que Amilton la mantenía en cautiverio y, bajo los efectos de la droga, amenazaba con matar a los hijos. Tatiane también estaba amenazada por armas de fuego y, a veces, un cuchillo.

La investigación por el asesinato de Diogo estuvo marcada por prejuicios en contra de Tatiane. Al momento de pedir la prisión preventiva, el Ministerio público reconoció que Tatiane fue víctima varias veces de Amilton, pero motivó su pedido en que “no titubeaba en arriesgar la vida de sus hijos por aquello que extrañaba y de forma egoísta consideraba su placer personal”. El 18 de noviembre de 2016 Tatiane da Silva Santos fue condenada a 22 años, 2 meses y 20

días años de prisión por el homicidio de su hijo. Esta decisión desconoció completamente que quien se encontraba con Diogo era su padre y tenía deber de garante al igual que Tatiane con respecto al cuidado de sus hijos. En cambio, entendió que Tatiane era responsable por ser su madre. La sentencia inicial de Tatiane fue apelada, pero el Órgano Judicial lejos de enmendar su decisión, ratificó lo resuelto en primera instancia y aumentaron la pena a 24 años, 9 meses y 10 días. Desde que esta encerrada, apenas tiene contacto con sus hijos.

Xumek fue contactada por las abogadas de Brasil y presentó una petición ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) entendiendo que el fallo es una violación a los derechos de la mujer (Convención de Belem Do Pará) y a los derechos de los niñes que fueron apartados injustamente de su madre. El tribunal obvió los indicadores claros de vulnerabilidad en que Tatiane se encontraba, con un profundo desconocimiento de las implicancias psicológicas de violencia de género. De hecho, uno de los argumentos del tribunal para negar la situación de Tatiane es que “ella era el sustento económico del hogar y, por lo tanto, no encajaba en el prototipo de mujer violentada”.

 Consideramos que el tribunal no solo ubica erróneamente a la mujer como la principal garante del cuidado de los hijos sino que además, hubo un sesgo clasista porque Tatiana era una mujer joven, afrodescendiente y con educación incompleta.

Caso “Ricardito” Bazán Zárate

Ricardo Bazán hoy tendría poco más de 30 años y una hija pequeña si la policía no lo hubiese acribillado por la espalda, la noche del 1 de mayo de 2019. Ricardito, como sus amigos lo conocían, fue baleado en las inmediaciones de la Playa de Secuestros San Agustín, cerca del barrio La Favorita, donde vivía con su pareja. Era albañil, recolector de residuos y padre de dos hijos pequeños que había tenido con su expareja.

La Justicia dictó prisión preventiva para el policía José Alexis Méndez (27), acusado de dispararle a Ricardito a sangre fría. El crimen fue calificado como homicidio agravado, por el uso de arma de fuego y por ser efectivo policial. Septiembre de 2020, preveía el inicio del juicio por jurados, en el cual Xumek será querellante, pero se pospuso indefinidamente por el aumento de los casos de Covid 19 en la provincia.

Ricardo y su esposa, María Sales, junto a un amigo de ellos, se encontraban saliendo de su casa para comprar ingredientes para la cena, cuando se toparon con tres policías. En una zona, donde el hostigamiento policial es frecuente, los efectivos obligaron a los jóvenes a bajarse de auto y revisaron a ambos. María, quien presenció toda la escena, aseguró que Ricardo escapó luego de ser revisado: “uno de los policías constató que Ricardo no tenía ningún arma, y él (por Ricardito) salió corriendo”, explicó la joven en una entrevista televisiva. Lo que pasó con Ricardito es rutina en los barrios periféricos de la provincia. Los amigos y familiares de la víctima confesaron que Méndez, amenazó a Bazán en numerosas ocasiones antes de asesinarlo, “ya te va a tocar a vos, te estas salvando mucho”, le decía el policía como un siniestro preludio a lo que aconteció después.

Lo que pasó con Ricardito es rutina en los barrios periféricos de la provincia. Los amigos y familiares de la víctima confesaron que Méndez amenazó a Bazán en numerosas ocasiones antes de asesinarlo, “ya te va a tocar a vos, te estas salvando mucho”, le decía el policía como un siniestro preludio a lo que aconteció después.

Méndez dejo a Ricardito muerto en el piso. Fueron los propios vecinos del lugar los que lo asistieron y llevaron a un centro médico de la zona, aunque ya era demasiado tarde: cuando Bazán ingresó al centro de Salud 300 de La Favorita, ya no mostraba señales de vida. Los peritos demostraron que Ricardito fue asesinado mientras corría con, por lo menos, 6 disparos. La abundancia de pruebas logró que la causa llegue rápidamente a juicio: no solo los efectivos que también se encontraban en el operativo confirmaron que Méndez estaba mintiendo y que, efectivamente Bazán no estaba armado, sino que también, entregaron sus armas reglamentarias para determinar que los disparos provenían de José Méndez. 

Así, la Justicia, dictó prisión preventiva para el acusado, desoyendo el pedido de la defensa solicitando prisión domiciliaria. En octubre del 2019, (5 meses después del asesinato de Ricardito), el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; se jactó de “no tener ningún acusado de gatillo fácil en nuestra provincia”. Un dato erróneo, y que pone de manifiesto que los abusos policiales en las zonas más vulnerables de la provincia no merecen atención para el Gobierno provincial.

Arma tumbera y encubrimiento

Personal de la Policía Científica pudo confirmar el hallazgo de un arma tumbera (de fabricación casera), en el lugar del crimen. Desde un primer momento los investigadores tuvieron en claro que el arma en cuestión había sido “plantada”, varias horas después del asesinato, por los policías para justificar el asesinato de Bazán. Todos los testigos corroboraron que Ricardito no estaba armado al momento de la pesquisa. Por su parte, los sabuesos confirmaron que la escena del crimen había sido alterada. Los efectivos que participaron del hecho con Méndez: Gabriel Martínez y Gabriel Barroso; guardaron silencio sobre el asesinato hasta que, horas más tarde, el fiscal les secuestró las armas reglamentarias: para ese momento, Ricardito ya llevaba muerto varias horas. El autor del delito arriesga una pena de prisión perpetua, “si su idea era disuadir a la víctima, los disparos deberían haber sido a 45 grados con respecto del piso”, argumentó la Jueza de Garantías, rechazando el pedido de la defensa de cambiar la calificación del delito. El ángulo de los disparos fue 7 u 8 grados, casi en línea horizontal, directo a la espalda de la víctima. “El disparo fue realizado con conciencia de la ilicitud, sabiendo que el proceder era idóneo para causar la muerte”, resalta la resolución de la magistrada, donde también hizo alusión a la saña de Méndez al disparar en los oscuros pasillo del barrio poniendo en riesgo, no solo la vida de Ricardito, sino también de los vecinos que allí viven. Por último, hay que considerar la actitud de los efectivos policiales luego del asesinato, ¿por qué no pidieron auxilio? ¿Por qué no informaron a sus superiores, o llamaron al 911 pidiendo una ambulancia? Dejar a Ricardo morir, en frente de su novia embarazada y sus amigos, habla del inexorable desprecio por la vida humana de quienes se la arrebataron.  

Secretaría Administrativo-Contable

La secretaría tiene como función la representación legal de la asociación, actuando de nexo entre la coordinación general –dirección ejecutiva- y la Comisión Directiva. También lleva adelante la contabilidad de la organización en coordinación con el profesional contable, supervisa la correcta administración de los recursos financieros, humanos y materiales. Lleva los libros de actas de reuniones de la comisión Directiva y de las asambleas, así como el registro de asociados/as y todos aquellos libros que hacen al sustento legal de la asociación. Organiza el archivo general de la asociación. Colabora en el proceso y registro de información mediante la actualización de bases de datos o archivos informáticos.


Contacto: administracion@xumek.org.ar

Secretaría de Desarrollo Institucional y Financiamiento

Esta secretaría tiene como objeto fortalecer y respaldar el desempeño de las secretarías y áreas de la asociación, profundizar los vínculos con los asociados, otras organizaciones de la sociedad civil, agencias gubernamentales y organismos internacionales relacionados a la defensa de los derechos humanos.  El desarrollo institucional está ligado a la sustentabilidad de la organización. Por lo tanto, uno de los objetivos centrales es la creación de vías de financiamiento mediante 4 ejes: fidelización e incorporación de asociados y donantes; generación de proyectos y asistencia a las áreas en la ejecución de los mismos; parceria con otras organizaciones; y organización de diversas actividades para la promoción y protección de los Derechos Humanos: eventos, cursos, etc.

Subsecretaría Capacitación 

La subsecretaría tiene como función la formación de activistas en Derechos Humanos en las distintas áreas temáticas sobre las que trabaja la asociación. Asimismo, se encarga de la organización de congresos, talleres, conferencias y capacitaciones abiertas con el objeto de promover el conocimiento y respeto por los DDHH.

Contacto: relacionesinstitucionales@xumek.org.ar