Violencia Institucional

Se trata del primer Juicio por Jurados por un caso de Gatillo Fácil en Mendoza. 

Hoy la Jueza de Garantías, Dolores Ramón, confirmó la elevación a juicio por el homicidio de “Ricardito” Bazán. Rechazó el pedido de cambio de calificación solicitado por la defensa del policía José Alexis Mendez Castro y mantuvo su calificación original, homicidio agravado por el abuso de su función o cargo, cuando autor fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad (art. 80 inc. 9 C.P.) delito que arriesga una pena de prisión perpetua.

La defensa solicitó a la Jueza de Garantías el cambio de calificación, pidiendo que se le imputara un delito imprudente debido a que la bala que dio muerte a Ricardo Bazán había impactado previamente con material inorgánico (cemento). Sin embargo, la Jueza rechazó el pedido de cambio calificación, sosteniendo que el ángulo del disparo fue de 7 u 8 grados, casi en línea horizontal y no al piso. Expresó la Jueza: “si su idea era disuadir a la víctima, dicho disparo debió ser en 45 grados”. La dirección de su brazo (casi recto), la altura de Méndez y Bazán y su experiencia como funcionario policial, fueron considerados por la magistrada como evidencia suficiente de su intención de matar. Esta intención no es compatible con un homicidio culposo (imprudente) “el disparo fue realizado con conciencia de la ilicitud, sabiendo que el proceder era idóneo para causar la muerte” agregó la Dra. Ramón.

Para afirmar la existencia del dolo homicida, debe valorarse en su integralidad la totalidad de las pruebas incorporadas a la causa. En este sentido, se valoró que Méndez Castro efectuó seis disparos en un plazo de tiempo muy corto, sumado a que la cantidad y la repetición tiene relación con una conducta querida, direccionada hacia un fin, especialmente, cuando al inicio del procedimiento la conducta de la víctima no justificó persecución alguna. “Los disparos fueron efectuados en un pasillo del Barrio La Favorita sin luz y de noche, por lo que el imputado sabía que ponía en riesgo, no solo la vida de Bazán, sino de cualquier otra persona. Esto también es compatible con un dolo homicida”.

El obrar ha sido desproporcionado en todo momento. Huir de una detención por averiguación de antecedentes injustificada, sin estar detenido, no configuraba ningún tipo de delito que autorizara la conducta posterior del imputado. Lo sucedido en este caso fue “disparar a matar”.

Haciendo referencia a la conducta posterior de Méndez Castro, si el disparo fue imprudente, ¿por qué no pidió auxilio? ¿Por qué no lo informó a sus superiores, ni llamó al 911? ¿Por qué no pidió más apoyo o una ambulancia para asistir a Bazán?. Nuevamente este proceder no es propio de quien actúa imprudentemente (sin dolo). 

Por ello, la Jueza de Garantías rechazó el planteo de la defensa y confirmó la elevación a juicio como un homicidio doloso agravado por la calidad de miembro de una fuerza de seguridad abusando de su función o cargo. Este será el primer caso de violencia institucional que será juzgado por un jurado popular. 

Para saber más sobre el caso, hace click acá

Desde nuestra asociación deseamos expresar nuestro más enérgico repudio a los últimos casos de violencia institucional de público conocimiento que han acontecido en nuestro país. Crímenes como la desaparición forzada y posterior muerte de Luis Espinoza en Tucumán, o brutales golpizas a la comunidad Qom en Chaco por parte de las fuerzas de seguridad son sólo una muestra del flagelo que representa esta problemática.

En este sentido, es inevitable pensar en lo que ha estado sucediendo en los últimos días en diversas ciudades de Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, asfixiado hasta la muerte por un policía en Minneapolis. Las protestas por este caso han excedido las fronteras y se reproducen en distintos puntos del mundo. Incluso periodistas y figuras públicas en nuestro país se han manifestado con respecto a la muerte de Floyd.

Es interesante observar que los crímenes cometidos contra los colectivos más vulnerabilizados por parte de las fuerzas de seguridad en Argentina no son entendidos como crímenes racistas. Y es importante afirmar que lo son. Las principales víctimas de prácticas excesivas como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales (gatillo fácil) pertenecen a las clases populares, pueblos indígenas, migrantes, personas racializadas, trabajadores/as de la tierra y grupos de LGTBIQ.

Detrás de estas repudiables prácticas existe una lógica racista, xenófoba y clasista, que se impregna en distintas instancias de todos los países latinoamericanos. Tiene que ver con nuestra historia, una historia de violencias, de opresión, una historia atravesada por el genocidio y esclavización de nuestros pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Una historia marcada por la sistemática violación y negación de sus derechos.

La sistematicidad de estas violencias es normalmente invisibilizada y pasada por alto, muchas veces a conveniencia de los políticos de turno. En los últimos días, lamentablemente, el oportunismo político irrumpió en distintos espacios, y el compromiso por reconocer y reparar brilló por su ausencia. Este es el caso, por ejemplo, del ex-gobernador y actual diputado nacional Alfredo Cornejo, que recientemente publicó un breve artículo en el diario La Nación titulado “La brutalidad policial también mata en nuestro país”. Vemos con buenos ojos que se reconozcan estos aberrantes hechos. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que el diputado, en su período como gobernante, jamás reconoció los hechos de violencia policial en la provincia de Mendoza. Gran ejemplo de ello es el caso de “Ricardito” Bazán Zárate, asesinado por el auxiliar José Alexis Méndez Castro, quien se desempeñaba en la Comisaría 59 del barrio La Favorita, el 1° de mayo de 2019, cuando el diputado aún era gobernador. En la misma línea, un reciente comunicado del PRO sigue la misma línea, se titula: “Decimos no a la violencia institucional”, pero sorprendentemente olvida los casos de violencia por parte de las FF.SS cometidas durante el anterior gobierno, ni el impulso de la “doctrina Chocobar” por parte del Ministerio de Seguridad en ese entonces.

No basta con reconocer estos hechos. Se trata de reparar.

Es fundamental comprender que la violencia institucional son herencia de los procesos y momentos más oscuros de nuestra historia, y a su vez, de la historia de Latinoamericana, desde la colonización de nuestro continente hasta el plan Cóndor, con su peor expresión en nuestra última Dictadura Cívico-Militar.

Reconocer estas vejaciones es importante, pero más lo es repararlas. Es fundamental que los Estados provinciales y el Estado nacional reconozcan a la violencia institucional como un problema fundamental (y fundacional) y se dispongan todas las políticas públicas y herramientas para su erradicación y reparación de las víctimas. Asimismo, jueces y fiscales deben investigar seriamente y sancionar de forma adecuada a quienes cometan estos delitos repudiables, porque la impunidad actual dispone la repetición de estos hechos.

Desde Xumek continuamos trabajando en la promoción y protección de los derechos humanos convencidos de que esta enorme deuda de la democracia será finalmente saldada y el respeto por la dignidad humana será el horizonte hacia el cual caminemos.

Foto: La Retaguardia

Desde el año 2013, el 8 de mayo es el Día Nacional de la lucha contra la Violencia Institucional, en conmemoración de la “Masacre de Budge” ocurrida en 1987, donde 3 jóvenes fueron asesinados por policías bonaerenses.El objeto de la Ley Nacional 26.811 es recordar todas las violaciones a los derechos humanos ocasionados por las fuerzas de seguridad, y promover la adopción de políticas públicas en materia de seguridad que sean respetuosas de estos derechos.

A pesar de que han pasado 7 años desde la sanción de la ley, en Mendoza la violencia institucional en sus distintas formas sigue vigente.

Desde su fundación, Xumek ha representando a víctimas de variados delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. Estos casos son lamentablemente numerosos: torturas documentadas en vídeos por parte de penitenciarios que la justicia demoró 9 años en condenar (dichos hechos grabados en dos de los muchos vídeos aportados como pruebas).

Armado de causas para encubrir malos tratos y lesiones producto del uso abusivo de la fuerza, que fueron inicialmente investigados de oficio por el ministerio público fiscal pero que la justicia no sancionó.

Detenciones arbitrarias avaladas por la justicia. Una de las víctimas fue detenida por su actitud sospechosa. Tenía una discapacidad y estaba a metros de su casa. La familia se enteró de su muerte por los medios. El otro, por pasar en rojo un semáforo en moto. Iba de su trabajo al hospital donde estaba internada su hija. Ambos murieron en el calabozo de las comisarias horas después de su detención infundada.Sus muertes violentas dentro de las comisarias quedaron impunes luego de investigaciones penales que no aplicaron estándares internacionales previstos especialmente para esas situaciones.

Homicidio por el uso abusivo de armas letales sancionado luego de dos juicios como un exceso en el cumplimiento de funciones, con una pena excarcelable.

Casos de gatillo fácil: salvo el homicidio de Franco Díaz -resuelto en una investigación y sanción acordes a la gravedad del hecho-, el resto o continúan en investigación o los victimarios fueron rápidamente absueltos, pese a la gran cantidad de pruebas, por lo que sus causas estan denunciadas ante la CIDH.

La falta de adecuada respuesta política y judicial a las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad, ponen en evidencia la importancia de seguir recordando a sus víctimas y los hechos que sufrieron. Sin el impulso de Xumek y el apoyo de gran parte de la sociedad, todos estos casos hubiesen quedado impunes en la justicia e invisibles a la opinión pública.

El Estado provincial debe dar un paso más: ya existe una fiscalía para casos de violencia institucional, que fue producto de un acuerdo de solución amistosa ante la CIDH por un caso de gatillo fácil. Es necesario especializarla, capacitar a su personal y tomar la decisión política de terminar con la impunidad, para que, de una vez por todas, se prevengan delitos, se respete a las víctimas y se jerarquice a las personas que integran las fuerzas de seguridad y trabajan todos los días para cumplir su función.

Por eso, este 8 de mayo reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la violencia institucional en todas sus formas.

Este viernes se cumple un año del asesinato de Ricardo Bazán Zarate. “Ricardito”, como le decían sus seres queridos, vivía con su familia en el barrio La Favorita, ubicado en la  Ciudad de Mendoza. Ese día por la medianoche fue acribillado por el auxiliar José Alexis Méndez Castro,  quien se desempeñaba en la Comisaría 59 de dicha zona.

Ricardo Bazán Zarate tenía 29 años, trabajaba como albañil y como recolector de basura de la capital de Mendoza. No presentaba antecedentes penales. Vivía con su entonces pareja y esperaban un bebe que finalmente nació tres meses después de su muerte. También tenía dos hijos con su ex pareja.

El hecho causó conmoción en el barrio del oeste mendocino, suscitando distintos reclamos por la muerte del joven: familiares y vecinos se agolparon en el Centro de Salud Nº 300, que se encuentra junto a la Comisaría, y un cuerpo de Infantería debió intervenir para mediar la situación.

Ocurrió el 1° de mayo de 2019, cuando Bazán se disponía a salir de su vivienda para acompañar a un amigo a realizar unas compras. A 50 metros de la vivienda de “Ricardito”, los uniformados de la Comisaría 59ª les frenaron la marcha para identificarlos alrededor de las 22, en el interior del barrio Nueva Esperanza. Pese a que se trataba de vecinos del lugar, los efectivos continuaron con el procedimiento.

Bazán abandona el lugar y comienza una persecución por parte de Méndez. Efectuó 6 disparos y uno de los proyectiles alcanzó a la víctima. Acto seguido, regresó, y junto con los otros dos policías deciden retirarse en forma inmediata del lugar, llevándose al amigo de Bazán y secuestrando su camioneta, argumentando “que el sospechoso se había escapado por el interior del barrios”.

Posteriormente, “Ricardito” fue auxiliado por vecinos que, luego de escuchar los disparos y los gritos de su novia (que en esos momentos estaba embarazada de cinco meses), acudieron a su ayuda. Fue trasladado al centro de salud del barrio La Favorita en la camioneta de un vecino,  donde finalmente falleció.

Gracias a la solidaridad de miembros de la comunidad que declararon inmediatamente ante el Fiscal de la causa, y una gran suma de irregularidades de los efectivos que fueron reconocidos en el mismo centro de salud (entre ellas el hecho de que no se dio la novedad del operativo ni menos de que hubiera disparado su arma reglamentaria), fue imputado y detenido el auxiliar José Alexis Méndez Castro.  

Si bien en la escena del crimen se halló un arma de fabricación casera (“tumbera”), se cree que la misma fue plantada en el lugar para desviar la investigación. No obstante, cuando los propios compañeros de Méndez fueron trasladados para declarar en una sede judicial, confirmaron que el auxiliar fue el autor del balazo que le quitó la vida a Bazán.

Hoy la causa transita la etapa final de la investigación. El imputado continúa con prisión preventiva. Se espera que el caso pronto sea elevado a juicio, siendo un homicidio agravado por ser el victimario miembro de las Fuerza de Seguridad. El juicio se realizará por jurado popular y  el acusado arriesga una pena a prisión perpetua.

Lamentablemente, el caso no tuvo la repercusión mediática correspondiente.  En este sentido, consideramos que el Gobierno de Mendoza no hizo eco de la gravedad de los hechos. La anterior gestión aseguró que se trató de un enfrentamiento, y sostuvo la ausencia de casos de ejecución extrajudicial (gatillo fácil) en la provincia en dicho período. Nuevamente, alentamos a las autoridades actuales a enfrentar estos complejos casos con celeridad, en pos del beneficio de la sociedad mendocina en general y de los sectores más vulnerables en particular.

Xumek representa como querellante particular a la familia de Ricardo Bazan Zárate en el proceso penal que se lleva adelante y acompaña el reclamo de justicia en el primer aniversario de su asesinato.

Ante la publicidad de las resoluciones judiciales dictadas con motivo del Habeas Corpus Colectivo presentado por Xumek y el Comité Local para la Prevención de la Tortura respecto de la situación de emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional y provincial, informamos que:

Teniendo en cuenta lo advertido por la Organización Mundial de la Salud sobre la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad a la epidemia de coronavirus por las condiciones de confinamiento en las que conviven durante largos períodos de tiempo, siendo  una gran fuente de amplificación de la enfermedad, es que solicitamos a la Justicia mendocina la adopción de medidas de higiene y salubridad respecto de las siguientes personas, con especial atención a los grupos de mayor riesgo, conforme lo decretado por el Ministerio de Salud de la Nación:

Privados de libertad que se encuentran en el Servicio Penitenciario y Comisarías, niñas, niños y adolescentes con medidas de protección, problemática de consumo de sustancias psicoactivas, internaciones domiciliarias en casas de medio camino, jóvenes en conflicto con la ley penal alojados en el Servicio de Responsabilidad Penal Juvenil (ex COSE) o Comisaría del Menor y personas internadas involuntariamente en Hospitales monovalentes e instituciones privadas con convenios con el Estado. 

Esta presentación, realizada el 21 de marzo del corriente año, se fundamentó principalmente en las recomendaciones de Naciones Unidas y la experiencia de los países que han resultado más afectados, que dan cuenta de la importancia de adoptar medidas preventivas urgentes para evitar la propagación de la enfermedad y el deterioro del sistema de salud. 

Entendemos que el contagio y la rápida transmisión del COVID-19 en cualquiera de estos establecimientos, por sus características antes mencionadas, constituyen una seria amenaza a la vida de las personas privadas de su libertad, como también para todo el pueblo mendocino, ya que provocaría el colapso de los hospitales provinciales. 

La Jueza Penal de Menores hizo lugar al pedido y ordenó diversas medidas entre las que destacamos:

Que se dispongan medidas alternativas a la detención a fin de reducir la cantidad de adolescentes privados de libertad, el contacto periódico con familiares a través de videollamadas o comunicaciones telefónicas en aquellos casos que deban permanecer detenidos, 

Que se garantice la efectiva atención médica y psicológica de los adolescentes, como la inspección periódica de centros de privación de libertad a fin de determinar las condiciones de seguridad e higiene de las personas alojadas. 

Asimismo, exigió proveer periódicamente de frazadas, sabanas, ropa de dormir aseadas y elementos de higiene personal a adolescentes alojados.

Por su parte, el Primer Juzgado Penal Colegiado ordenó iniciar los trámites necesarios determinar la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a las personas que se encuentren en los grupos de riesgo frente al COVID-19. Además, se deberá ubicar en alojamiento transitorio y de aislamiento a las personas de riesgo que no les sea otorgado el régimen de prisión domiciliaria. Se deberá garantizar la entrega periódica de elementos de higiene y limpieza, así como un procedimiento de desinfección de los establecimientos. Por último, se autorizó el uso transitorio del sistema de telefonía celular mientras dure la suspensión de visitas familiares.

Creemos que las medidas adoptadas son fundamentales para dar efectividad a las políticas de prevención tomadas por los gobiernos nacional y provincial. Además, garantizan condiciones de salubridad adecuada a las personas que trabajan en la custodia y cuidado de estas, al mismo tiempo que respeta los derechos básicos de las personas privadas de su libertad, con especial énfasis en adolescentes, adultos/as mayores, personas internadas involuntariamente y otros grupos en riesgo. Velamos por el cumplimiento de las mismas en cada una de las citadas instituciones y el seguimiento de su implementación y control por parte del Procurador de la Personas Privadas de la Libertad, Lic. Luis Romero, de conformidad con lo que establece su mandato legal y lo recomendado por Naciones Unidas.

Leé el HABEAS CORPUS acá

Leé la RESOLUCIÓN DE JUEZA PENAL DE MENORES acá y la RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL acá

A las autoridades del Comité Nacional contra
la Tortura, Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación, la Corte Suprema de
la Nación y autoridades ejecutivas y
judiciales provinciales y a quien
corresponda,

Las organizaciones y defensores/as de derechos humanos que formamos la Red
Nacional contra la tortura observamos con preocupación el impacto que puede tener el avance de la pandemia del COVID-19 en la población privada de la libertad alojada en unidades penitenciarias y dependencias de fuerzas policiales y de seguridad en todo el país. Como es evidente, esta población es especialmente vulnerable frente a una enfermedad contagiosa dado el hacinamiento y los problemas para acceder una rápida atención médica en el encierro.

De la misma manera que el Presidente de la Nación a través de un DNU tomó medidas excepcionales para toda la población argentina con el objetivo de prevenir la expansión de la pandemia, creemos que deben tomarse medidas urgentes y excepcionales que estén a la altura de estas graves circunstancias para proteger la vida de la población privada de la libertad. Sobre todo, queremos hacer hincapié
en la necesidad de que haya un organismo, institución o comité de emergencia que centralice, coordine y monitoree la aplicación de las medidas preventivas y de contingencia del Covid-19 para la población alojada en cárceles, comisarías e institutos de menores.

Es por esto que le hacemos llegar una serie de medidas que creemos deben
implementarse de manera urgente para prevenir que el virus ingrese y se extienda
dentro de las cárceles

1. Es necesaria la coordinación entre los distintos poderes del estado, en especial del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo.
2. Es necesario que un organismo lidere y centralice esta coordinación para
   garantizar que las medidas se lleven adelante. El Comité Nacional contra la
   Tortura debe involucrarse en garantizar esa coordinación.
3. Si el distanciamiento social es la clave para afrontar el contagio, esta
   coordinación debe estar dirigida a efectivizar las libertades de las personas en riesgo según las disposiciones del Ministerio de Salud, para descongestionar los sistemas y reducir el hacinamiento.
4. Otorgar prisión domiciliaria a las mujeres con hijos en unidades penitenciarias y
   embarazadas
5. Para lograr un verdadero impacto de disminución de la sobrepoblación, esta
   medida debe acompañarse con una revisión de las prisiones preventivas y de
   las condenas por delitos leves o no violentos.
6. Otorgar libertades o prisión domiciliaria a quienes están con salidas
   transitorias.
7. Conceder libertades asistidas y condicionales a quienes, conforme al tiempo de condena transcurrido, están en condiciones de obtenerlas.
8. Es necesario un esquema de emergencia dentro del Poder Judicial que
   priorice estas decisiones. Los órganos superiores deben brindar instrucciones
   claras de cómo avanzar para el acceso a libertades y centralizar las decisiones
   judiciales para evitar la lentitud del caso a caso.
9. Garantizar que haya espacio adecuado y aislado para las personas privadas
   de la libertad que eventualmente hayan contraído el virus para que no se
   propague el contagio dentro de las unidades
10. Garantizar el acceso a alimentación adecuada ya que la restricción de las
    visitas puede limitar el acceso a la alimentación.
11. Los poderes ejecutivos nacionales y provinciales deben garantizar el acceso a
    elementos sanitarios para la higiene.
12. Garantizar acceso a la salud de las personas privadas de la libertad.
    Organizaciones firmantes de la Red Nacional de Organizaciones contra la tortura

Organizaciones firmantes de la Red Nacional de Organizaciones contra la tortura
-ACIFAD (PBA y cárceles federales)
-AIRE (La Rioja)
-ANDHES (Tucumán-Jujuy)
-Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (Santa Fe)
-CDESCO (Tucumán)
-CELS (PBA y cárceles federales)
-CEPOC (PBA y cárceles federales)
-CIAJ (PBA)
-GMAF (CABA-PBA-Córdoba)
-Multisectorial contra la Violencia Institucional de Rosario (Santa Fe)
-O-irse (Tucumán)
-Red de Defensorías territoriales en Derechos Humanos (PBA)
-Xumek (Mendoza)
-Yo No fui (PBA y cárceles Federales)

Este informe refleja parte del trabajo desarrollado por Xumek y la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura durante el año 2018 en el marco del proyecto “Violencia en situación de encierro: el rol de los MNP en la implementación de programas de prevención efectivos”, financiado por el Fondo Especial OPCAT de Naciones Unidas.

Llevamos adelante un relevamiento mediante una encuesta a 470 personas privadas de libertad en cárceles provinciales con el fin de indagar acerca de las prácticas de tortura y/o malos tratos desde una perspectiva amplia y multidimensional.

Lo novedoso no es la comprobación de que efectivamente hay torturas en nuestra provincia, hecho acreditado en el 2019 mediante la condena a 6 ex agentes penitenciarios por las torturas filmadas en la cárcel San Felipe, sino que también podemos afirmar que las torturas y los malos tratos se ejercen desde múltiples y diversas prácticas.

Mediante este relevamiento se produjeron datos objetivos e información estadística, que pueden ser un aporte valioso a la formulación de futuras políticas públicas que tengan como objeto la prevención y erradicación. Xumek se encuentra a disposición de las autoridades provinciales que deseen trabajar para lograrlo

Para leer el documento hacé click Acá

Desde XUMEK repudiamos con vehemencia la represión policial de la manifestación realizada en referencia a los hechos ocurridos en la República de Chile, y la respuesta de las autoridades provinciales a los hechos ocurridos con posterioridad.

El uso excesivo de la fuerza encontró aval político y de la justicia provincial, que optó por la impunidad de la violencia policial persiguiendo penalmente a las personas detenidas por el delito de intimidación o fuerza contra un funcionario público para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones (art. 237 del Código Penal).

Consideramos el derecho a protesta fundamental en las sociedades democráticas, donde el abuso de poder por parte de las Fuerzas de Seguridad es inadmisible.

Desde Xumek promovemos y defendemos el derecho a la libertad de expresión, de manera plural y democrática, considerando que el mismo es esencial para lograr una sociedad donde los derechos humanos de la ciudadanía no sean violentados.

COMUNICADO COMPLETO: http://bit.ly/2Nh6dqb

Foto: Bien Cuyano

En el día de ayer, 22 de agosto, se desarrollaron los alegatos en el juicio por las torturas filmadas la penitenciaría San Felipe en el año 2010.

Comenzó el Fiscal de Cámara, Sebastián Capizzi, quien solicitó 10 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para los 6 ex agentes penitenciarios imputados: Germán Núñez Aciar, José Arredondo, Luís D´ Ambrosio, Daniel Perón, Edgardo Quero Rey y Jonathan Bizaguirre.

Luego, el representante de la querella por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Fernando Peñaloza, adhirió a lo expuesto por el Fiscal y pidió la misma pena. En tanto que Mercedes Duberti y Lucas Lecour, representantes de la querella de Xumek, solicitaron una pena de 14 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para los 6 acusados.

También le pidieron al tribunal de juicio la adopción de diversas medidas de satisfacción y no repetición –con el fin de evitar que vuelvan a repetir violaciones a los derechos humanos como las de este caso– y la extracción de compulsas penales para los funcionarios judiciales que permitieron dilaciones durante todo el proceso y para los funcionarios penitenciarios que omitieron realizar denuncias.

Por su parte, las defensas de los imputados solicitaron la nulidad de los videos como prueba y la absolución de sus defendidos. En subsidio, reclamaron cambios en la calificación legal de los hechos a delitos menores como vejaciones, para los cuales se prevén condenas que van de 1 a 5 años de prisión.

En la próxima audiencia, cuya fecha no fue fijada aun, el Tribunal Penal Colegiado Nº 1 integrado por las Juezas María Belén Salido, Gabriela Urciuolo y el Juez Agustín Pedro Chacón, deberá resolver el pedido de nulidad de las defensas y dictar sentencia.