Violencia Institucional

Compartimos a continuación el Comunicado del Comité

Desde el Comité de Prevención de la Tortura de Mendoza expresamos la preocupación que nos atraviesa respecto a la población que se encuentra alojada en las cárceles de nuestra provincia y se ve afectada por el COVID-19, pero desde mucho antes por la desidia estatal.

Al comenzar la pandemia, supimos advertir junto a organizaciones sociales y organismos de derechos humanos que las cárceles, por el hacinamiento y las condiciones edilicias en las que se encuentran, serían foco de contagios masivos a las que el propio sistema carcelario no podría dar ningún tipo de respuesta. Esto está sucediendo, pero a ello se suma el actual desborde del sistema de salud público general.

Este Comité recibe a diario innumerables mensajes de personas privadas de libertad y sus familiares cargados de angustia e incertidumbre ante el contagio confirmado o la presencia de síntomas graves en quienes están alojados allí sin atención médica. Recibimos imágenes y videos que relatan dolores corporales, muestran viandas de comida orinadas y destrozadas, la entrega insuficiente de elementos de limpieza y de higiene femenina, falta de agua caliente, inexistencia de protocolos sanitarios ante traslados de personas contagiadas y el destrato, entre otras ilegalidades.

Pareciera que el Estado provincial se hace eco de los discursos de odio sobre las poblaciones más vulneradas, dándoles la espalda y desoyendo lo que indica la normativa internacional en relación a las personas privadas de libertad y las recomendaciones específicas emitidas por diferentes organismos para abordar la pandemia del COVID-19 en las cárceles. La situación de la gestión estatal de nuestra provincia es grave.

Queremos que se sepa lo que sucede tras los muros, ya que además de sostenerse un trato inhumano como práctica cotidiana en las cárceles, se decide ser indiferente ante el sufrimiento y el deterioro de la salud de niños, niñas, jóvenes, mujeres, varones y personas trans privadas de libertad. Que en apariencias no hay intenciones de un plan integral, específico y serio de atención médica ante la emergencia y tampoco de prevención.

La respuesta de las autoridades ante las innumerables notas e informes que hemos presentado para advertir este panorama, que probablemente empeore en la inmediatez, ha sido el silencio, inclusive cuando desde este Comité nos pusimos a disposición a trabajar conjuntamente en lo que sucede.

La desidia, el abandono y la indiferencia son decisiones políticas, el Poder Ejecutivo mediante las autoridades del Ministerio de Salud y las jefaturas carcelarias serán responsables de lo que suceda en el corto plazo ante el colapso sanitario y las muertes bajo custodia del propio Estado. El Poder Judicial también juega la misma suerte sin haber previsto medidas serias que descompriman las cárceles para que se pueda sostener el distanciamiento preventivo y peor aún, sin haberse encargado de controlar el cumplimiento de las medidas que ellos/as mismos/as ordenaron.

El Ministerio Público Fiscal no pudo comprender en ningún momento que la cuestión siempre fue una situación de emergencia sanitaria, por lo que continuó realizando detenciones, sumó a las habituales las de un nuevo tipo delictual aplicable: violación de las restricciones de circulación, de esta forma la Provincia cuenta con más personas privadas de libertad y nuevos juicios abreviados que sumaron condenas a la población que, ante el encierro por detención, prefiere contar con una fecha cierta a tener que esperar un juicio justo.

Por último queremos denunciar la negligencia e inoperatividad de Luis Romero, funcionario rentado en el cargo de “Procurador de Personas Privadas de la Libertad” que, como militante del partido político actualmente en el gobierno, parece estar más al servicio del encubrimiento de las conspicuas omisiones de sus correligionarios antes que para cumplir las altas responsabilidades y funciones que le confiere la Ley 8.284.

Mendoza, una vez más bajo la lupa de los organismos internacionales, no escarmienta. Tenemos el índice más alto de prisionización y se crearon más normas que incrementan el control social y el encarcelamiento lo que, lejos de disminuir los niveles de violencia social, los aumenta. Este gobierno flamea la bandera de las libertades individuales mientras atropella constantemente los derechos democráticos desmantelando los mecanismos de control de espacios de encierro y escondiendo bajo la alfombra la ineptitud para diseñar y gestionar una política sanitaria en las cárceles.

Mendoza, 14 de Septiembre de 2020

La Legislatura mendocina, a través de la alianza Juntos por el Cambio, que pretende mostrarse prudente al debatir temas fundamentales en el Congreso de la Nación, no actúa del mismo modo en la provincia de Mendoza.

El pasado 18 de agosto, la Cámara de Senadores/as de la provincia dio media sanción al proyecto de ley sobre el cual numerosos organismos de derechos humanos nos manifestamos en contra: la reforma de la ley 8.284, norma que en el año 2011 dio origen a la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura. Este órgano estuvo integrado por referentes de la sociedad civil, y su objetivo fue la defensa y protección de los derechos y garantías de toda persona que se encontrara privada de su libertad de cualquier modo (en penales, comisarías, hospitales de salud mental, geriátricos, establecimientos de internación de niños, niñas y adolescentes, entre otros).

Ante las críticas de numerosas figuras vinculadas a la defensa de los derechos, la Cámara de Diputados/as, con una llamativa rapidez y sin pasar por las comisiones, trató el proyecto, el cual fue aprobado casi sin discusión, consagrando un enorme retroceso en derechos humanos y participación ciudadana. 

Sin debate y a través de su mayoría automática, se vació arbitrariamente un organismo de control de la violencia institucional, que tiene origen en aberrantes delitos que costaron condenas internacionales y fuertes indemnizaciones por las graves violaciones de derechos humanos. Especialistas en la temática, organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales y organismos internacionales se pronunciaron de manera fundada en contra de la propuesta de modificación, y le advirtieron al gobernador Rodolfo Suárez que de sancionar este proyecto se vulneraría un acuerdo firmado por Mendoza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, estos pronunciamientos fueron desoídos por la coalición gobernante local. Solo se incorporaron pequeños cambios insignificantes que no responden a las demandas de los espacios que solicitamos ser escuchados.

Se proclama la transparencia como valor fundamental, pero se elimina el concurso en el acceso a un organismo de control y se lo reemplaza por la elección “a dedo” por parte de  quien tiene que ser controlado; se jactan de ser democráticos y abiertos al intercambio de posturas, pero reducen al mínimo la participación de la sociedad civil en el organismo, sustituyendola por miembros de instituciones públicas, alineados al mismo poder político que, paradójicamente, debe ser supervisado. 

Desde Xumek, junto a otras organizaciones, advertimos sobre la enorme irresponsabilidad institucional en la que incurriría el gobierno provincial de aprobarse esta reforma. Buscamos involucrarnos en el debate y aportar nuestra perspectiva en el asunto, con fundamentos basados en arduos años de trabajo en contextos de encierro y violencia institucional. Nunca fuimos atendidos y jamás pudimos participar de ningún debate. El diálogo, el intercambio de ideas y la transparencia estuvieron ausentes a la hora de tratar esta reforma. Probablemente en el futuro los y las mendocinas debamos lamentar importantes erogaciones públicas con motivo de las condenas que vendrán.

Las organizaciones de la sociedad civil somos actores esenciales para el fortalecimiento de nuestra democracia, para la transparencia de las instituciones y para el favorecimiento del diálogo. En diciembre de 2019 dimos muestra de nuestra participación en la vida institucional de la provincia al frenar la reforma de la Ley 7722. Seguimos esperando que el Gobierno Provincial lo advierta antes de que sea nuevamente tarde.

El pasado 18 de agosto, la Cámara de Senadores/as de Mendoza aprobó el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo provincial a finales del 2019 , el cual introducía la reforma de la Ley N° 8.284. Como ya se había advertido, este proyecto era regresivo en  materia de derechos humanos ya que las modificaciones introducidas atentaban contra la idoneidad e independencia de los/as integrantes de este organismo de control y reducía al mínimo la participación de la organizaciones de la sociedad civil que integramos el Comité.

A raíz de las críticas a este proyecto, en la sesión se introdujeron algunas modificaciones al proyecto original.

• En relación a la forma de elección de Procurador/a de personas privadas de libertad, el texto aprobado remite a la Constitución Provincial en lo relativo a designaciones de otros órganos de control, esto es, la designación por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.
• Con respecto a los/as representantes de organizaciones de la sociedad civil en el Comité, en el texto aprobado se incrementa de 1 a 2 personas, 1 de organización con sede en el Gran Mendoza y otra del resto del territorio provincial. 
• Por otro lado, se incorpora la creación de un Consejo Asesor que estará integrado por las organizaciones preexistentes a esta ley así como las que se incorporen en el futuro. Este consejo tendría a su cargo proponer  las organizaciones para integrar el Comité, y además, podrá elevar requerimientos, consultas y observaciones a la Comisión a través de sus representantes en la misma, debiendo dársele tratamiento de conformidad con el reglamento del organismo. 

Entendemos que estas modificaciones intentan dar respuesta a las fuertes críticas efectuadas al proyecto por distintos organismos, entre ellos el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Sin embargo, las mismas no cambian en lo sustancial el carácter regresivo del proyecto, y el hecho de que su tratamiento tuvo lugar a espaldas de los organismos de derechos humanos de Mendoza. Continuamos sosteniendo los mismos cuestionamientos 

Desde Xumek, como organización que trabaja hace años en contexto en encierro, consideramos que la creación de este Consejo Asesor no salva la real intención de este proyecto: anular la participación de las organizaciones que mantenemos una postura crítica en estos temas. No basta con formar parte de un Consejo Consultivo que carece de facultad material para intervenir en forma directa en favor de los derechos de las personas privadas de libertad, ni para incidir en políticas públicas. Los organismos de derechos humanos queremos contar con las herramientas para contribuir al control de las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad en nuestra provincia.  

La Ley Provincial nº 8.284 sancionada en el año 2011 creó la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes (CPPT), presidida por un/a Procurador/a de las Personas Privadas de Libertad.

La CPPT tiene como función principal la defensa y protección de los derechos y garantías de toda persona que se encuentre o pueda encontrarse privada de su libertad de cualquier modo, en cualquier tipo de establecimiento, bajo jurisdicción y control del Estado Provincial. No solo se limita a penales o comisarias, sino que su función se extiende también a hospitales de salud mental, asilos, geriátricos, establecimientos de internación de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y cualquier otro lugar donde haya personas alojadas que no puedan salir por su propia voluntad.

Su labor de prevención se lleva a cabo a través de inspecciones periódicas y sin previo aviso a los establecimientos; el control permanente del trato que reciben las personas allí alojadas; la realización de entrevistas confidenciales; la elaboración de informes y recomendaciones a las autoridades competentes respecto a las situaciones verificadas; entre otras.

La ley surgió como respuesta inmediata ante la amplia repercusión que tuvieron las torturas filmadas en el Complejo San Felipe, por las que condenaron a 6 ex agentes penitenciarios a la pena de 10 años de prisión[1].

La puesta en funcionamiento de la CPPT formó parte del acuerdo de solución amistosa que el Estado Nacional celebró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Internos de las Penitenciarías de Mendoza vs. Argentina”^[2].

Este acuerdo fue aprobado por el decreto nº 2.740 del Gobernador Cobos, luego ratificado por la Ley Provincial nº 7.930, ambos instrumentos elaborados por un gobierno del mismo color político del que hoy pretende la modificación y el vaciamiento de la CPPT.

La CPPT representa una obligación internacional asumida por la Argentina al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes de Naciones Unidas^[3]. Dicho instrumento internacional obliga a los Estados Parte la creación de mecanismos independientes de prevención en todas sus jurisdicciones.

Es así como, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en los últimos dos Informes periódicos de la Argentina, destacó que el diseño institucional de algunos mecanismos provinciales no cumplía con los criterios de independencia que exige el citado Protocolo Facultativo.^[4]

La CPPT, junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, la Procuración Penitenciaria de la Nación y otros cinco mecanismos locales que ya están operativos, forman parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.

Los principales puntos discutidos del proyecto de reforma son:

1) Eliminación de Concurso Público para el cargo de Procurador de las Personas Privadas de Libertad: las nuevas instituciones que se pretende incorporar a la CPPT, en su mayoría, son designadas por el Poder Ejecutivo Provincial, sin ningún tipo de concurso. Así ocurre con la Dirección de Derechos Humanos y con la Defensa Pública. Esta medida constituye un palmario retroceso en materia de idoneidad e independencia institucional.

La ley vigente contempla un concurso púbico de oposición y antecedentes a cargo de expertos en derechos humanos para elegir al Procurador de las Personas Privadas de Libertad. Los detalles de este proceso de selección fueron reglamentados mediante Decreto nº 2.207/11, donde se establece que el tribunal seleccionador estará integrado por titulares de cátedras de Derechos Humanos de Facultades de Derecho de Universidades mendocinas.

El proyecto pretende eliminar el concurso, lo que configura un flagrante retroceso a la necesaria transparencia que debe guardar cualquier proceso de selección de un funcionario público de esta naturaleza, además de incumplir gravemente los requisitos de independencia e idoneidad que exige el Protocolo Facultativo.

2) Reducción de la participación de las organizaciones de la sociedad civil: la reforma tampoco respeta los principios de imparcialidad y autonomía que deben tener los mecanismos de prevención, conforme el Protocolo Facultativa. La reducción de la participación de las organizaciones de la sociedad civil debilita el control de la ciudadanía sobre funcionarios públicos vinculados con el sistema de justicia, seguridad y salud.

Las organizaciones, con anterioridad al CPPT llevan adelante acciones de prevención de la tortura en lugares de privación de libertad, a través de litigios estratégicos, habeas corpus, informes, inspecciones y monitoreos. Por lo tanto, reducir su participación, es desconocer el invaluable aporte en el reconocimiento de derechos de  las personas que allí se encuentran (art. 27 del proyecto).

La reducción señalada hace ilusorio que su integración respete la diversidad de género, especialidad en la materia y representación geográfica de los distintos departamentos provinciales, sobre la base de la igualdad, no discriminación y el carácter multidisciplinario del órgano, tal como proclama la norma. Asimismo, este punto propuesto en el proyecto de reforma no tiene vinculación con el presupuesto que eventualmente se asigne, ya que es de conocimiento que los actuales miembros del CPPT de Mendoza han realizado todas sus actividades ad honorem, solventando ellos mismos sus propios gastos y viáticos.  

3) Desconocimiento del acuerdo de solución amistosa: la ley vigente nació como una demanda frente a hechos gravísimos de violencia, siendo su antecedente una petición presentada por personas privadas de libertad de complejos penitenciarios de Mendoza, generando responsabilidad internacional de la República de Argentina por violación de los derechos a la integridad física, a la salud y a la vida consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[5]  Luego de aprobarse el informe 84/2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado Nacional, con la participación de autoridades mendocinas y los peticionarios, celebraron un acuerdo de solución amistosa[6], con el objeto de evitar la vía contenciosa ante la Corte Interamericana.

Por lo tanto, la reforma de la ley actual implicaría un serio desconocimiento de la obligación internacional asumida en ese contexto, pudiendo configurar una nueva condena internacional contra la Argentina por la irresponsabilidad de funcionarios provinciales.

4) Desviación del fin y esencia de la ley: la tendencia general que inspiró al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, los Mecanismos provinciales existentes y los que se encuentran en proceso de conformación, están orientada a resguardar y fortalecer los principios de independencia, imparcialidad y autonomía de tales órganos, que junto al requisito de la idoneidad de sus integrantes, ayuda a que los  mismos ajusten su funcionamiento a los estándares internacionales, propios de un órgano que encuentra su origen en un tratado de Naciones Unidas. Por el contrario, el proyecto bajo análisis pone en crisis esos principios, además de la función de complementariedad y subsidiariedad que rige en materia de prevención de la tortura.^[7]

Como conclusión, desde XUMEK decimos NO a la reforma de la Ley 8.284, porque las organizaciones de la sociedad civil somos actores imprescindibles a la hora de garantizar el control al Estado, la implementación de estrategias de prevención de la tortura, prevenir la impunidad en los hechos de violencia institucional y sobretodo velar por el respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos. NO A LA REFORMA DE LA LEY 8.284 EN MENDOZA

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[1] https://www.youtube.com/watch?v=56bvIw2nal0

^[2] Acuerdo de solución amistosa aprobado mediante Decreto n° 2.740 el día 12/10/2007 y ratificado por la Honorable Legislatura de Mendoza, por ley 7.930 del año 2008. Este acuerdo remite  acuerdo al caso n° 12.532, “Internos de la Penitenciaría de Mendoza”, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

^[3]  El Protocolo Facultativo fue aprobado por ley nacional n° 25.932 el 08/10/2004 y publicada en el B.O. el 01/10/2004.-

^[4] En la cesión en sus sesiones 1517ª y 1520ª celebradas los días 26 y 27 de abril de 2017. CAT/C/ARG/5-6 y véase CAT/C/SR.1517 y 1520. Las observaciones finales fueron aprobadas en su 1537ª sesión, celebrada el 10 de mayo de 2017. Disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ARG/INT_CAT_COC_ARG_27464_S.pdf

[5] Argentina es parte de la Convención Americana desde el 5 de septiembre de 1984, fecha en que depositó el correspondiente instrumento de ratificación.

[6] Firmado por las partes el 28 de agosto y ratificado ante la CIDH el 12 de octubre de 2007.

^[7] Cfr. el Art. 5 de la Ley Nacional N° 26.827.-

Descargá el PDF del comunicado aquí

En el día de ayer, martes 14 de julio, fue finalmente aprobada la propuesta anunciada por el Gobierno Provincial a mediados de junio: la incorporación del artículo 119 bis en el Código Contravencional de Mendoza.

Lejos de facilitar la contención de la actual crisis sanitaria generada por el COVID-19, la incorporación de este artículo al código de faltas es por lo menos deficiente a nivel técnico. Creemos que el camino tomado no es sólo contraproducente en lo que a la pandemia respecta (sabemos que el abordaje coercitivo puede llevar a las personas implicadas a ejercer su derecho de no hacer declaraciones, y por ende, dificultar el hallazgo de nexos epidemiológicos), sino que está plagado de incompatibilidades y aspectos que facilitan la discrecionalidad de su ejecución.

Como organización de la sociedad civil creemos importante llamar la atención con respecto al avance del Poder Ejecutivo Provincial, con más fuerza que razón y técnica legislativa, sobre facultades que no le competen. 

Desde Xumek hemos realizado un análisis pormenorizado de la medida. Descargalo ACÁ. 

Se trata del primer Juicio por Jurados por un caso de Gatillo Fácil en Mendoza. 

Hoy la Jueza de Garantías, Dolores Ramón, confirmó la elevación a juicio por el homicidio de “Ricardito” Bazán. Rechazó el pedido de cambio de calificación solicitado por la defensa del policía José Alexis Mendez Castro y mantuvo su calificación original, homicidio agravado por el abuso de su función o cargo, cuando autor fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad (art. 80 inc. 9 C.P.) delito que arriesga una pena de prisión perpetua.

La defensa solicitó a la Jueza de Garantías el cambio de calificación, pidiendo que se le imputara un delito imprudente debido a que la bala que dio muerte a Ricardo Bazán había impactado previamente con material inorgánico (cemento). Sin embargo, la Jueza rechazó el pedido de cambio calificación, sosteniendo que el ángulo del disparo fue de 7 u 8 grados, casi en línea horizontal y no al piso. Expresó la Jueza: “si su idea era disuadir a la víctima, dicho disparo debió ser en 45 grados”. La dirección de su brazo (casi recto), la altura de Méndez y Bazán y su experiencia como funcionario policial, fueron considerados por la magistrada como evidencia suficiente de su intención de matar. Esta intención no es compatible con un homicidio culposo (imprudente) “el disparo fue realizado con conciencia de la ilicitud, sabiendo que el proceder era idóneo para causar la muerte” agregó la Dra. Ramón.

Para afirmar la existencia del dolo homicida, debe valorarse en su integralidad la totalidad de las pruebas incorporadas a la causa. En este sentido, se valoró que Méndez Castro efectuó seis disparos en un plazo de tiempo muy corto, sumado a que la cantidad y la repetición tiene relación con una conducta querida, direccionada hacia un fin, especialmente, cuando al inicio del procedimiento la conducta de la víctima no justificó persecución alguna. “Los disparos fueron efectuados en un pasillo del Barrio La Favorita sin luz y de noche, por lo que el imputado sabía que ponía en riesgo, no solo la vida de Bazán, sino de cualquier otra persona. Esto también es compatible con un dolo homicida”.

El obrar ha sido desproporcionado en todo momento. Huir de una detención por averiguación de antecedentes injustificada, sin estar detenido, no configuraba ningún tipo de delito que autorizara la conducta posterior del imputado. Lo sucedido en este caso fue “disparar a matar”.

Haciendo referencia a la conducta posterior de Méndez Castro, si el disparo fue imprudente, ¿por qué no pidió auxilio? ¿Por qué no lo informó a sus superiores, ni llamó al 911? ¿Por qué no pidió más apoyo o una ambulancia para asistir a Bazán?. Nuevamente este proceder no es propio de quien actúa imprudentemente (sin dolo). 

Por ello, la Jueza de Garantías rechazó el planteo de la defensa y confirmó la elevación a juicio como un homicidio doloso agravado por la calidad de miembro de una fuerza de seguridad abusando de su función o cargo. Este será el primer caso de violencia institucional que será juzgado por un jurado popular. 

Para saber más sobre el caso, hace click acá

Desde nuestra asociación deseamos expresar nuestro más enérgico repudio a los últimos casos de violencia institucional de público conocimiento que han acontecido en nuestro país. Crímenes como la desaparición forzada y posterior muerte de Luis Espinoza en Tucumán, o brutales golpizas a la comunidad Qom en Chaco por parte de las fuerzas de seguridad son sólo una muestra del flagelo que representa esta problemática.

En este sentido, es inevitable pensar en lo que ha estado sucediendo en los últimos días en diversas ciudades de Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, asfixiado hasta la muerte por un policía en Minneapolis. Las protestas por este caso han excedido las fronteras y se reproducen en distintos puntos del mundo. Incluso periodistas y figuras públicas en nuestro país se han manifestado con respecto a la muerte de Floyd.

Es interesante observar que los crímenes cometidos contra los colectivos más vulnerabilizados por parte de las fuerzas de seguridad en Argentina no son entendidos como crímenes racistas. Y es importante afirmar que lo son. Las principales víctimas de prácticas excesivas como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales (gatillo fácil) pertenecen a las clases populares, pueblos indígenas, migrantes, personas racializadas, trabajadores/as de la tierra y grupos de LGTBIQ.

Detrás de estas repudiables prácticas existe una lógica racista, xenófoba y clasista, que se impregna en distintas instancias de todos los países latinoamericanos. Tiene que ver con nuestra historia, una historia de violencias, de opresión, una historia atravesada por el genocidio y esclavización de nuestros pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Una historia marcada por la sistemática violación y negación de sus derechos.

La sistematicidad de estas violencias es normalmente invisibilizada y pasada por alto, muchas veces a conveniencia de los políticos de turno. En los últimos días, lamentablemente, el oportunismo político irrumpió en distintos espacios, y el compromiso por reconocer y reparar brilló por su ausencia. Este es el caso, por ejemplo, del ex-gobernador y actual diputado nacional Alfredo Cornejo, que recientemente publicó un breve artículo en el diario La Nación titulado “La brutalidad policial también mata en nuestro país”. Vemos con buenos ojos que se reconozcan estos aberrantes hechos. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que el diputado, en su período como gobernante, jamás reconoció los hechos de violencia policial en la provincia de Mendoza. Gran ejemplo de ello es el caso de “Ricardito” Bazán Zárate, asesinado por el auxiliar José Alexis Méndez Castro, quien se desempeñaba en la Comisaría 59 del barrio La Favorita, el 1° de mayo de 2019, cuando el diputado aún era gobernador. En la misma línea, un reciente comunicado del PRO sigue la misma línea, se titula: “Decimos no a la violencia institucional”, pero sorprendentemente olvida los casos de violencia por parte de las FF.SS cometidas durante el anterior gobierno, ni el impulso de la “doctrina Chocobar” por parte del Ministerio de Seguridad en ese entonces.

No basta con reconocer estos hechos. Se trata de reparar.

Es fundamental comprender que la violencia institucional son herencia de los procesos y momentos más oscuros de nuestra historia, y a su vez, de la historia de Latinoamericana, desde la colonización de nuestro continente hasta el plan Cóndor, con su peor expresión en nuestra última Dictadura Cívico-Militar.

Reconocer estas vejaciones es importante, pero más lo es repararlas. Es fundamental que los Estados provinciales y el Estado nacional reconozcan a la violencia institucional como un problema fundamental (y fundacional) y se dispongan todas las políticas públicas y herramientas para su erradicación y reparación de las víctimas. Asimismo, jueces y fiscales deben investigar seriamente y sancionar de forma adecuada a quienes cometan estos delitos repudiables, porque la impunidad actual dispone la repetición de estos hechos.

Desde Xumek continuamos trabajando en la promoción y protección de los derechos humanos convencidos de que esta enorme deuda de la democracia será finalmente saldada y el respeto por la dignidad humana será el horizonte hacia el cual caminemos.

Foto: La Retaguardia

Desde el año 2013, el 8 de mayo es el Día Nacional de la lucha contra la Violencia Institucional, en conmemoración de la “Masacre de Budge” ocurrida en 1987, donde 3 jóvenes fueron asesinados por policías bonaerenses.El objeto de la Ley Nacional 26.811 es recordar todas las violaciones a los derechos humanos ocasionados por las fuerzas de seguridad, y promover la adopción de políticas públicas en materia de seguridad que sean respetuosas de estos derechos.

A pesar de que han pasado 7 años desde la sanción de la ley, en Mendoza la violencia institucional en sus distintas formas sigue vigente.

Desde su fundación, Xumek ha representando a víctimas de variados delitos cometidos por las fuerzas de seguridad. Estos casos son lamentablemente numerosos: torturas documentadas en vídeos por parte de penitenciarios que la justicia demoró 9 años en condenar (dichos hechos grabados en dos de los muchos vídeos aportados como pruebas).

Armado de causas para encubrir malos tratos y lesiones producto del uso abusivo de la fuerza, que fueron inicialmente investigados de oficio por el ministerio público fiscal pero que la justicia no sancionó.

Detenciones arbitrarias avaladas por la justicia. Una de las víctimas fue detenida por su actitud sospechosa. Tenía una discapacidad y estaba a metros de su casa. La familia se enteró de su muerte por los medios. El otro, por pasar en rojo un semáforo en moto. Iba de su trabajo al hospital donde estaba internada su hija. Ambos murieron en el calabozo de las comisarias horas después de su detención infundada.Sus muertes violentas dentro de las comisarias quedaron impunes luego de investigaciones penales que no aplicaron estándares internacionales previstos especialmente para esas situaciones.

Homicidio por el uso abusivo de armas letales sancionado luego de dos juicios como un exceso en el cumplimiento de funciones, con una pena excarcelable.

Casos de gatillo fácil: salvo el homicidio de Franco Díaz -resuelto en una investigación y sanción acordes a la gravedad del hecho-, el resto o continúan en investigación o los victimarios fueron rápidamente absueltos, pese a la gran cantidad de pruebas, por lo que sus causas estan denunciadas ante la CIDH.

La falta de adecuada respuesta política y judicial a las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad, ponen en evidencia la importancia de seguir recordando a sus víctimas y los hechos que sufrieron. Sin el impulso de Xumek y el apoyo de gran parte de la sociedad, todos estos casos hubiesen quedado impunes en la justicia e invisibles a la opinión pública.

El Estado provincial debe dar un paso más: ya existe una fiscalía para casos de violencia institucional, que fue producto de un acuerdo de solución amistosa ante la CIDH por un caso de gatillo fácil. Es necesario especializarla, capacitar a su personal y tomar la decisión política de terminar con la impunidad, para que, de una vez por todas, se prevengan delitos, se respete a las víctimas y se jerarquice a las personas que integran las fuerzas de seguridad y trabajan todos los días para cumplir su función.

Por eso, este 8 de mayo reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la violencia institucional en todas sus formas.