COMUNICADO DE PRENSA: HABEAS CORPUS COLECTIVO Y CORRECTIVO ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR EL COVID-19

Ante la publicidad de las resoluciones judiciales dictadas con motivo del Habeas Corpus Colectivo presentado por Xumek y el Comité Local para la Prevención de la Tortura respecto de la situación de emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional y provincial, informamos que:

Teniendo en cuenta lo advertido por la Organización Mundial de la Salud sobre la vulnerabilidad de las personas privadas de libertad a la epidemia de coronavirus por las condiciones de confinamiento en las que conviven durante largos períodos de tiempo, siendo  una gran fuente de amplificación de la enfermedad, es que solicitamos a la Justicia mendocina la adopción de medidas de higiene y salubridad respecto de las siguientes personas, con especial atención a los grupos de mayor riesgo, conforme lo decretado por el Ministerio de Salud de la Nación:

Privados de libertad que se encuentran en el Servicio Penitenciario y Comisarías, niñas, niños y adolescentes con medidas de protección, problemática de consumo de sustancias psicoactivas, internaciones domiciliarias en casas de medio camino, jóvenes en conflicto con la ley penal alojados en el Servicio de Responsabilidad Penal Juvenil (ex COSE) o Comisaría del Menor y personas internadas involuntariamente en Hospitales monovalentes e instituciones privadas con convenios con el Estado. 

Esta presentación, realizada el 21 de marzo del corriente año, se fundamentó principalmente en las recomendaciones de Naciones Unidas y la experiencia de los países que han resultado más afectados, que dan cuenta de la importancia de adoptar medidas preventivas urgentes para evitar la propagación de la enfermedad y el deterioro del sistema de salud. 

Entendemos que el contagio y la rápida transmisión del COVID-19 en cualquiera de estos establecimientos, por sus características antes mencionadas, constituyen una seria amenaza a la vida de las personas privadas de su libertad, como también para todo el pueblo mendocino, ya que provocaría el colapso de los hospitales provinciales. 

La Jueza Penal de Menores hizo lugar al pedido y ordenó diversas medidas entre las que destacamos:

Que se dispongan medidas alternativas a la detención a fin de reducir la cantidad de adolescentes privados de libertad, el contacto periódico con familiares a través de videollamadas o comunicaciones telefónicas en aquellos casos que deban permanecer detenidos, 

Que se garantice la efectiva atención médica y psicológica de los adolescentes, como la inspección periódica de centros de privación de libertad a fin de determinar las condiciones de seguridad e higiene de las personas alojadas. 

Asimismo, exigió proveer periódicamente de frazadas, sabanas, ropa de dormir aseadas y elementos de higiene personal a adolescentes alojados.

Por su parte, el Primer Juzgado Penal Colegiado ordenó iniciar los trámites necesarios determinar la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria a las personas que se encuentren en los grupos de riesgo frente al COVID-19. Además, se deberá ubicar en alojamiento transitorio y de aislamiento a las personas de riesgo que no les sea otorgado el régimen de prisión domiciliaria. Se deberá garantizar la entrega periódica de elementos de higiene y limpieza, así como un procedimiento de desinfección de los establecimientos. Por último, se autorizó el uso transitorio del sistema de telefonía celular mientras dure la suspensión de visitas familiares.

Creemos que las medidas adoptadas son fundamentales para dar efectividad a las políticas de prevención tomadas por los gobiernos nacional y provincial. Además, garantizan condiciones de salubridad adecuada a las personas que trabajan en la custodia y cuidado de estas, al mismo tiempo que respeta los derechos básicos de las personas privadas de su libertad, con especial énfasis en adolescentes, adultos/as mayores, personas internadas involuntariamente y otros grupos en riesgo. Velamos por el cumplimiento de las mismas en cada una de las citadas instituciones y el seguimiento de su implementación y control por parte del Procurador de la Personas Privadas de la Libertad, Lic. Luis Romero, de conformidad con lo que establece su mandato legal y lo recomendado por Naciones Unidas.

Leé el HABEAS CORPUS acá

Leé la RESOLUCIÓN DE JUEZA PENAL DE MENORES acá y la RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL acá