EL DESMANTELAMIENTO ES LEY: SE APROBÓ LA REFORMA DE LA 8284

La Legislatura mendocina, a través de la alianza Juntos por el Cambio, que pretende mostrarse prudente al debatir temas fundamentales en el Congreso de la Nación, no actúa del mismo modo en la provincia de Mendoza.

El pasado 18 de agosto, la Cámara de Senadores/as de la provincia dio media sanción al proyecto de ley sobre el cual numerosos organismos de derechos humanos nos manifestamos en contra: la reforma de la ley 8.284, norma que en el año 2011 dio origen a la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura. Este órgano estuvo integrado por referentes de la sociedad civil, y su objetivo fue la defensa y protección de los derechos y garantías de toda persona que se encontrara privada de su libertad de cualquier modo (en penales, comisarías, hospitales de salud mental, geriátricos, establecimientos de internación de niños, niñas y adolescentes, entre otros).

Ante las críticas de numerosas figuras vinculadas a la defensa de los derechos, la Cámara de Diputados/as, con una llamativa rapidez y sin pasar por las comisiones, trató el proyecto, el cual fue aprobado casi sin discusión, consagrando un enorme retroceso en derechos humanos y participación ciudadana. 

Sin debate y a través de su mayoría automática, se vació arbitrariamente un organismo de control de la violencia institucional, que tiene origen en aberrantes delitos que costaron condenas internacionales y fuertes indemnizaciones por las graves violaciones de derechos humanos. Especialistas en la temática, organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales y organismos internacionales se pronunciaron de manera fundada en contra de la propuesta de modificación, y le advirtieron al gobernador Rodolfo Suárez que de sancionar este proyecto se vulneraría un acuerdo firmado por Mendoza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, estos pronunciamientos fueron desoídos por la coalición gobernante local. Solo se incorporaron pequeños cambios insignificantes que no responden a las demandas de los espacios que solicitamos ser escuchados.

Se proclama la transparencia como valor fundamental, pero se elimina el concurso en el acceso a un organismo de control y se lo reemplaza por la elección “a dedo” por parte de  quien tiene que ser controlado; se jactan de ser democráticos y abiertos al intercambio de posturas, pero reducen al mínimo la participación de la sociedad civil en el organismo, sustituyendola por miembros de instituciones públicas, alineados al mismo poder político que, paradójicamente, debe ser supervisado. 

Desde Xumek, junto a otras organizaciones, advertimos sobre la enorme irresponsabilidad institucional en la que incurriría el gobierno provincial de aprobarse esta reforma. Buscamos involucrarnos en el debate y aportar nuestra perspectiva en el asunto, con fundamentos basados en arduos años de trabajo en contextos de encierro y violencia institucional. Nunca fuimos atendidos y jamás pudimos participar de ningún debate. El diálogo, el intercambio de ideas y la transparencia estuvieron ausentes a la hora de tratar esta reforma. Probablemente en el futuro los y las mendocinas debamos lamentar importantes erogaciones públicas con motivo de las condenas que vendrán.

Las organizaciones de la sociedad civil somos actores esenciales para el fortalecimiento de nuestra democracia, para la transparencia de las instituciones y para el favorecimiento del diálogo. En diciembre de 2019 dimos muestra de nuestra participación en la vida institucional de la provincia al frenar la reforma de la Ley 7722. Seguimos esperando que el Gobierno Provincial lo advierta antes de que sea nuevamente tarde.