EXPRESAMOS NUESTRO ABSOLUTO RECHAZO AL PROYECTO DE REFORMA DE LA LEY PROVINCIAL N° 8.284

La Ley Provincial nº 8.284 sancionada en el año 2011 creó la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes (CPPT), presidida por un/a Procurador/a de las Personas Privadas de Libertad.

La CPPT tiene como función principal la defensa y protección de los derechos y garantías de toda persona que se encuentre o pueda encontrarse privada de su libertad de cualquier modo, en cualquier tipo de establecimiento, bajo jurisdicción y control del Estado Provincial. No solo se limita a penales o comisarias, sino que su función se extiende también a hospitales de salud mental, asilos, geriátricos, establecimientos de internación de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y cualquier otro lugar donde haya personas alojadas que no puedan salir por su propia voluntad.

Su labor de prevención se lleva a cabo a través de inspecciones periódicas y sin previo aviso a los establecimientos; el control permanente del trato que reciben las personas allí alojadas; la realización de entrevistas confidenciales; la elaboración de informes y recomendaciones a las autoridades competentes respecto a las situaciones verificadas; entre otras.

La ley surgió como respuesta inmediata ante la amplia repercusión que tuvieron las torturas filmadas en el Complejo San Felipe, por las que condenaron a 6 ex agentes penitenciarios a la pena de 10 años de prisión[1].

La puesta en funcionamiento de la CPPT formó parte del acuerdo de solución amistosa que el Estado Nacional celebró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Internos de las Penitenciarías de Mendoza vs. Argentina”[2].

Este acuerdo fue aprobado por el decreto nº 2.740 del Gobernador Cobos, luego ratificado por la Ley Provincial nº 7.930, ambos instrumentos elaborados por un gobierno del mismo color político del que hoy pretende la modificación y el vaciamiento de la CPPT.

La CPPT representa una obligación internacional asumida por la Argentina al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes de Naciones Unidas[3]. Dicho instrumento internacional obliga a los Estados Parte la creación de mecanismos independientes de prevención en todas sus jurisdicciones.

Es así como, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en los últimos dos Informes periódicos de la Argentina, destacó que el diseño institucional de algunos mecanismos provinciales no cumplía con los criterios de independencia que exige el citado Protocolo Facultativo.[4]

La CPPT, junto al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, la Procuración Penitenciaria de la Nación y otros cinco mecanismos locales que ya están operativos, forman parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.

Los principales puntos discutidos del proyecto de reforma son:

1) Eliminación de Concurso Público para el cargo de Procurador de las Personas Privadas de Libertad: las nuevas instituciones que se pretende incorporar a la CPPT, en su mayoría, son designadas por el Poder Ejecutivo Provincial, sin ningún tipo de concurso. Así ocurre con la Dirección de Derechos Humanos y con la Defensa Pública. Esta medida constituye un palmario retroceso en materia de idoneidad e independencia institucional.

La ley vigente contempla un concurso púbico de oposición y antecedentes a cargo de expertos en derechos humanos para elegir al Procurador de las Personas Privadas de Libertad. Los detalles de este proceso de selección fueron reglamentados mediante Decreto nº 2.207/11, donde se establece que el tribunal seleccionador estará integrado por titulares de cátedras de Derechos Humanos de Facultades de Derecho de Universidades mendocinas.

El proyecto pretende eliminar el concurso, lo que configura un flagrante retroceso a la necesaria transparencia que debe guardar cualquier proceso de selección de un funcionario público de esta naturaleza, además de incumplir gravemente los requisitos de independencia e idoneidad que exige el Protocolo Facultativo.

2) Reducción de la participación de las organizaciones de la sociedad civil: la reforma tampoco respeta los principios de imparcialidad y autonomía que deben tener los mecanismos de prevención, conforme el Protocolo Facultativa. La reducción de la participación de las organizaciones de la sociedad civil debilita el control de la ciudadanía sobre funcionarios públicos vinculados con el sistema de justicia, seguridad y salud.

Las organizaciones, con anterioridad al CPPT llevan adelante acciones de prevención de la tortura en lugares de privación de libertad, a través de litigios estratégicos, habeas corpus, informes, inspecciones y monitoreos. Por lo tanto, reducir su participación, es desconocer el invaluable aporte en el reconocimiento de derechos de  las personas que allí se encuentran (art. 27 del proyecto).

La reducción señalada hace ilusorio que su integración respete la diversidad de género, especialidad en la materia y representación geográfica de los distintos departamentos provinciales, sobre la base de la igualdad, no discriminación y el carácter multidisciplinario del órgano, tal como proclama la norma. Asimismo, este punto propuesto en el proyecto de reforma no tiene vinculación con el presupuesto que eventualmente se asigne, ya que es de conocimiento que los actuales miembros del CPPT de Mendoza han realizado todas sus actividades ad honorem, solventando ellos mismos sus propios gastos y viáticos.  

3) Desconocimiento del acuerdo de solución amistosa: la ley vigente nació como una demanda frente a hechos gravísimos de violencia, siendo su antecedente una petición presentada por personas privadas de libertad de complejos penitenciarios de Mendoza, generando responsabilidad internacional de la República de Argentina por violación de los derechos a la integridad física, a la salud y a la vida consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.[5]  Luego de aprobarse el informe 84/2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado Nacional, con la participación de autoridades mendocinas y los peticionarios, celebraron un acuerdo de solución amistosa[6], con el objeto de evitar la vía contenciosa ante la Corte Interamericana.

Por lo tanto, la reforma de la ley actual implicaría un serio desconocimiento de la obligación internacional asumida en ese contexto, pudiendo configurar una nueva condena internacional contra la Argentina por la irresponsabilidad de funcionarios provinciales.

4) Desviación del fin y esencia de la ley: la tendencia general que inspiró al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, los Mecanismos provinciales existentes y los que se encuentran en proceso de conformación, están orientada a resguardar y fortalecer los principios de independencia, imparcialidad y autonomía de tales órganos, que junto al requisito de la idoneidad de sus integrantes, ayuda a que los  mismos ajusten su funcionamiento a los estándares internacionales, propios de un órgano que encuentra su origen en un tratado de Naciones Unidas. Por el contrario, el proyecto bajo análisis pone en crisis esos principios, además de la función de complementariedad y subsidiariedad que rige en materia de prevención de la tortura.[7]

Como conclusión, desde XUMEK decimos NO a la reforma de la Ley 8.284, porque las organizaciones de la sociedad civil somos actores imprescindibles a la hora de garantizar el control al Estado, la implementación de estrategias de prevención de la tortura, prevenir la impunidad en los hechos de violencia institucional y sobretodo velar por el respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos. NO A LA REFORMA DE LA LEY 8.284 EN MENDOZA


[1] https://www.youtube.com/watch?v=56bvIw2nal0

[2] Acuerdo de solución amistosa aprobado mediante Decreto n° 2.740 el día 12/10/2007 y ratificado por la Honorable Legislatura de Mendoza, por ley 7.930 del año 2008. Este acuerdo remite  acuerdo al caso n° 12.532, “Internos de la Penitenciaría de Mendoza”, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

[3]  El Protocolo Facultativo fue aprobado por ley nacional n° 25.932 el 08/10/2004 y publicada en el B.O. el 01/10/2004.-

[4] En la cesión en sus sesiones 1517ª y 1520ª celebradas los días 26 y 27 de abril de 2017. CAT/C/ARG/5-6 y véase CAT/C/SR.1517 y 1520. Las observaciones finales fueron aprobadas en su 1537ª sesión, celebrada el 10 de mayo de 2017. Disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ARG/INT_CAT_COC_ARG_27464_S.pdf

[5] Argentina es parte de la Convención Americana desde el 5 de septiembre de 1984, fecha en que depositó el correspondiente instrumento de ratificación.

[6] Firmado por las partes el 28 de agosto y ratificado ante la CIDH el 12 de octubre de 2007.

[7] Cfr. el Art. 5 de la Ley Nacional N° 26.827.-

Descargá el PDF del comunicado aquí