Fiscalías especializadas en violencia institucional: diseño, implementación y estrategias jurídicas

Uno de los aspectos relevantes del avance en la lucha por los derechos humanos en las últimas décadas es la creación de distintas áreas que, desde el propio Estado, se proponen visibilizar, investigar, sancionar y/o prevenir vulneraciones de derechos.

En el campo específico de la violencia institucional, estos avances se reflejan en la creación de oficinas específicas dentro de distintas áreas de los poderes ejecutivos, y también por algunas iniciativas que buscan intervenir sobre los problemas estructurales que presenta el poder judicial a la hora de dar respuesta ante hechos graves de violencia protagonizados por integrantes de las fuerzas de seguridad o de los servicios penitenciarios.

No se trata de un avance lineal sino de procesos complejos, con momentos de retroceso y de resistencia. Desde la creación de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación en 2013, la creación de fiscalías especializadas aparece como una de las posibles respuestas del Estado para atender hechos de este tipo, y al mismo tiempo como un espacio en el que podrían ponerse en práctica múltiples conocimientos acumulados en la investigación y el litigio desde el activismo de la sociedad civil y desde el esfuerzo en general solitario de funcionarias y funcionarios judiciales comprometidos.

Este documento se propone aportar a un balance de algunas de estas experiencias, transcurridos ya algunos años desde su creación. Presentamos aquí la sistematización de los hallazgos y conclusiones de dos investigaciones realizadas durante 2018 y 2019.

En la primera parte, realizamos una evaluación de la creación e implementación de fiscalías especializadas en violencia institucional en las provincias de Buenos Aires y Mendoza1 : señalamos los principales problemas del diseño, implementación y funcionamiento de estas fiscalías y presentamos recomendaciones para mejorar su eficacia en la investigación de delitos que implican violaciones de derechos humanos, en algunos casos muy graves.

En la segunda parte, abordamos un análisis de estrategias jurídicas novedosas para la investigación de casos de tortura y malos tratos cuyas víctimas son personas privadas de su libertad, desarrolladas en el ámbito federal tanto por oficinas especializadas en el litigio de casos de violencia institucional como por otros funcionarios y funcionarias judiciales cuyas prácticas y decisiones muestran las huellas de la incidencia de estas oficinas2. En ambos casos, los relevamientos y el análisis de la información se realizaron a través de metodologías cualitativas que incluyeron el análisis normativo, de expedientes judiciales, y entrevistas en profundidad con funcionarios, funcionarias, usuarias y usuarios de las fiscalías, es decir las víctimas de la violencia institucional y familiares y organizaciones que las y los acompañan.

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