La Comisión está integrada tanto por militantes y abogadxs de organismos de
Derechos Humanos como por organizaciones sociales, políticas y sindicales,
asiste al pedido o llamado de quienes sufren violación a los derechos humanos y
garantías constitucionales. En esta oportunidad relevó las vulneraciones a los
Derechos Humanos en la provincia de JUJUY en no menos de 58 casos.
El informe busca identificar los casos y especificar el marco normativo tanto
nacional como internacional que se está violando. Y a partir de la publicación
impulsar la divulgación activa del estado de situación, con la convicción de
amplificar la voz y el pedido de justicia del pueblo Jujeño. También se encauzaran
institucionalmente las denuncias por las vías ordinarias, nacionales e
internacionales que consideren pertinentes.
La provincia de Jujuy ha atravesado modificaciones en su sistema de justicia tales
como: La Reforma orgánica del Poder Judicial en el año 2015 en la que 2
diputados votantes por la afirmativa accedieron inmediatamente a integrar el
Superior Tribunal; la Ley 5895 creando el Ministerio público de la Acusación
(MPA) con facultades para la persecución penal pero por fuera de la estructura
judicial y específicamente esta comisión se ha visto compelida a hacerse
presente en la provincia luego de que el 6 de julio se realicen 16 allanamientos
simultáneos que abarcaban a la totalidad de las organizaciones sociales con
presencia en la provincia.
