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QUÉ HACEMOS

Desde Xumek trabajamos de manera interdisciplinaria e integral en la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Para ello, cada profesional y estudiante que participa de nuestra asociación hace uso de sus herramientas profesionales en nuestra labor. Trabajamos mediante la generación y participación en diferentes proyectos, desde el litigio estratégico de casos y, por supuesto, en la elaboración de Informes Anuales sobre la situación de los Derechos Humanos en Mendoza.

 

Organización Mundial contra la Tortura

En el mes de enero del año 2020 se aprobó el ingreso de Xumek la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT). Creada en 1985, con más de 300 organizaciones distribuidas en todo el mundo, constituye la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante.

Grupo de litigantes contra la Tortura en América Latina

Desde abril del año 2019, Lucas Lecour integra el Grupo de Litigantes contra la Tortura en América Latina en representación de Xumek. El Grupo de Litigantes está conformado por organizaciones de la sociedad civil de Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Venezuela, Perú, Paraguay, Chile, Argentina y México, y tiene como objetivo generar incidencia en la implementación de políticas públicas de cada país para luchar contra esta problemática.

Red Nacional contra la Tortura

Xumek integra la Red Nacional de Organizaciones y defensores/as de derechos humanos contra la Tortura, mediante la cual se pretende no sólo generar incidencia en las políticas públicas dirigidas a la prevención de la tortura y malos tratos, sino además la asistencia y colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos dedicadas a la problemática.

Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia

Xumek forma parte del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, coalición de organizaciones de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y Mendoza, que trabaja de manera horizontal y transparente para incidir en las prácticas sociales y las políticas en materia de infancia y adolescencia y lograr que niños, niñas y adolescentes ejerzan protagónicamente su ciudadanía y gocen con plenitud de sus derechos humanos.

Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT)

Postulado por Xumek, Diego Lavado, ex presidente y miembro originario de la Asociación, integra el CNPT como Comisionado en representación de las organizaciones no gubernamentales que desarrollan actividades de defensa de los derechos de las personas privadas de libertad y para la prevención de la tortura.

Es un organismo de monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro, constituido el 28 de diciembre de 2017 que tiene como finalidad actuar como órgano rector articulando y coordinando el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Ley Nº 26.827), creado a partir de la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas (OPCAT, por su sigla en inglés). También tiene como objeto diseñar y recomendar acciones y políticas para la prevención de la tortura, y promover la aplicación de directivas, recomendaciones y criterios a las autoridades competentes a nivel nacional, provincial y municipal.

Comité Local para la Prevención de la Tortura (CPPT)

Desde el mes de abril de 2014 Xumek integra el Comité Local para la Prevención de la Tortura, organismo conformado por representantes de organizaciones de derechos humanos de la provincia que realizan su trabajo ad honorem. El CPPT forma parte de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, una institución estatal, autárquica e independiente, creada en el año 2011 mediante la ley provincial Nº 8.284 como órgano local de aplicación del OPCAT. 

Clínica Interdisciplinaria en Derechos Humanos y Migraciones 

Xumek desarrolla, en forma conjunta con la Fundación Ecuménica de Cuyo y la Universidad Nacional de Cuyo, un espacio de formación integral de futuros profesionales en Trabajo Social y Derecho en la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. Experiencia enfocada en construir de modo integral prácticas inclusivas junto a la población migrante de la provincia de Mendoza. 

Clínica socio-jurídica

Xumek cuenta con una clínica socio-jurídica formada por un grupo interdisciplinario de estudiantes y profesionales del ámbito de las ciencias sociales que trabaja para promover el acceso a la justicia y brindar asesoramiento a víctimas de violaciones a derechos humanos. Su propósito principal es brindar asesoramiento primario gratuito y confidencial a las personas que lo soliciten, y, de acuerdo a las circunstancias de cada caso, patrocinarlas en acciones judiciales estratégicas o bien realizar derivaciones a los organismos públicos correspondientes.

Proyecto de Investigación titulado “Lucha contra la Tortura y malos tratos en la Argentina: Promoviendo políticas de prevención, rendición de cuentas y rehabilitación de víctimas”.

Xumek está asociado al Centro de Estudios legales y Sociales (CELS) en el Proyecto de Investigación con contrato con la Unión Europea EIDHR/2017/388-476 desde Noviembre de 2017, cuya finalización se ha extendido hasta octubre de 2020.

Cursos virtuales sobre el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

Junto a la Asociación Pensamiento Penal (APP) y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, a la fecha Xumek ha realizado tres cursos virtuales de actualización en diversas temáticas relacionadas al Sistema Interamericano: litigio estratégico, jurisprudencia, etc. 

Lesa Humanidad 

Segundo juicio en la provincia de Lesa Humanidad: el abogado de Xumek Diego Lavado fue parte de la querella particular en el segundo juicio por delitos de Lesa Humanidad. En el año 2011 se dictó la sentencia resultando condenados 6 imputados por diversos delitos que abarcaban desde privaciones abusivas de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, imposición de tormentos agravada por la condición de detenido político de la víctima, homicidios calificados por alevosía por el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de procurar impunidad.

Segundo juicio de Lesa Humanidad San Rafael: los abogados de Xumek Diego Lavado, Sergio Salinas y Lucas Lecour, con la colaboración del Dr. Gonzalo Evangelista, actuaron como parte querellante en la causa. De los 27 imputados doce represores fueron condenados a prisión perpetua. Además, otros 12 imputados recibieron penas de tres a ocho años, y cuatro fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Mendoza, por delitos de lesa humanidad cometidos contra 72 personas, de las cuales 14 siguen desaparecidas.

Caso Benjamín Menéndez: En 2017 los abogados de Xumek representaron a la familia Tripiana y el MEDH (movimiento ecuménico por los derechos humanos) en el séptimo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar. La Justicia condenó al genocida a prisión perpetua por desaparición forzada de personas, privaciones abusivas de la libertad, tormentos agravados seguido de muerte de 12 personas en San Rafael. 

Abuso eclesiástico a niños, niñas y jóvenes sordos

Caso Próvolo: Representamos penalmente a la mayoría de las víctimas de delitos sexuales del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, institución educativa para niños y niñas con discapacidad auditiva dependiente de la Iglesia Católica. Actualmente se encuentran imputados y privados de libertad por diversos delitos graves: dos sacerdotes, una monja y tres empleados de la institución. Actualmente se desarrolla el juicio oral de la causa.

Hechos: En noviembre del año 2016 salieron a la luz una interminable secuencia de hechos de violencia física, moral y sexual perpetrada durante años por sacerdotes, monjas y personal administrativo contra niños/as hipoacúsicos/as en el seno del “Instituto Antonio Próvolo”, institución educativa religiosa para niños/as sordos/as de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza. 

Gracias a la denuncia penal e investigación realizada se lograron comprobar los graves hechos acontecidos durante los años que funcionó el instituto. Además se pudieron establecer ciertos patrones comunes en la elección de quienes fueron las víctimas de tan terribles actos. En general, se trató de niños y niñas que dormían en el establecimiento toda la semana, cuyas familias residían en lugares alejados, pertenecientes a sectores de escasos recursos y que tenían serias dificultades para comunicarse con sus padres, debido al desconocimiento de la Lengua de Señas. También, se secuestraron diferentes elementos que permiten ilustrar lo ocurrido en la institución: pornografía en revistas y videos, pastillas anticonceptivas, preservativos, cartas pertenecientes a personal eclesiástico con contenido sexual, ropa interior de niña con rastros de semen, entre otros 

Los delitos sufridos por las víctimas van desde maltratos y lesiones cometidas por golpes, hasta los más atroces abusos sexuales y torturas a niños y niñas desde 5 años de edad en adelante. Hechos que han sido constatados mediante pericias médicas, psicológicas y testimonios. Estos acontecimientos tardaron años en trascender en parte por las constantes amenazas que recibían tanto las víctimas como sus familiares.

El Vaticano designó a los sacerdotes Dante Simón y Alberto Bochatey para su representación. Ante el pedido de información de la Fiscalía, Simón aludió el no estar autorizado por la Santa Sede, incumpliendo así la orden del Fiscal de entregar los papeles en su poder relacionados a la causa. Posteriormente el sacerdote llamó a una conferencia de prensa, en la cual justificó su accionar basándose en el concordato celebrado entre la Santa Sede y el Estado Argentino en el año 1966. 

Presentaciones en el Sistema Interamericano 

Penitenciarías de la provincia de Mendoza (Caso Nº 1231/04): En el caso se alega la responsabilidad de la República de Argentina por la violación de los derechos de los internos a la integridad física, a la salud y a la vida. En el mismo se logró el dictado de medidas cautelares y provisionales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) y de la Corte IDH respectivamente para asegurar las debidas condiciones de seguridad necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de los reclusos; El caso finalizó con un acuerdo de solución amistosa con Argentina. 

Garrido – Baigorria: Los abogados de Xumek fueron representantes de las familias víctimas por la desaparición forzada y peticionantes ante el sistema interamericano en lo que concluyó con primera condena del mismo hacia el estado argentino.

El sábado 28 de abril de 1990, Adolfo Argentino Garrido Calderón y Raúl Baigorria Balmaceda circulaban en automotor por el interior del Parque General San Martín de la ciudad de Mendoza. Fueron interceptados por una movilidad de la Dirección motorizada de la Policía de Mendoza con cuatro funcionarios de esa fuerza de seguridad. Luego de hacerlos descender del vehículo y “cacharlos” se los llevan en uno de los vehículos de la policía que arribaron al lugar. Una vecina de la familia Garrido alcanzó lo sucedido desde arriba de un colectivo que pasaba por allí y pudo observar la escena cuando se estaba produciendo la aprehensión. Minutos más tarde, un grupo de jóvenes que concurrían a jugar un partido de fútbol también presenciaron el operativo policial. El lunes 29, los familiares de Garrido hicieron la denuncia de lo ocurrido y en los días sucesivos pusieron a disposición de las autoridades judiciales de la provincia toda la información con que contaban, identificando a los testigos presenciales de la detención, pero nunca obtuvieron ninguna respuesta y las actuaciones judiciales que se formaron a raíz de sus presentaciones fueron mantenidas durante seis años en estricto secreto de sumario (situación que hoy en día, y gracias a la sentencia de la Corte Interamericana y las posteriores reformas no podría ocurrir). La inacción de los tribunales y la impunidad de los responsables fue absoluta, hasta que tomaron intervención los órganos del Sistema Interamericano de protección a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado  argentino y lo declaró responsable por la desaparición de los dos jóvenes. Siendo esta la primer condena de la Corte Interamericana contra el estado argentino, la que originó significativas reformas tanto procesales como legislativas. Hasta la fecha no se logró establecer que pasó con los jóvenes ni dónde se encuentran sus cuerpos. 

Caso Bolognesi (Petición: P-1141-16 ): Presentamos una petición ante la CIDH por la gran cantidad de irregularidades y omisiones en la investigación judicial del homicidio de José Luis Bolognezi, jóven asesinado en la localidad de San Martín, en el año 2002. Los abogados de Xumek indicaron que hubo irregularidades y maniobras corruptas acaecidas durante la investigación y violaciones a los derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. El espíritu de la presentación tiene como objetivo declarar la eventual responsabilidad del Estado provincial y, principalmente, procurar justicia para los familiares.

Género 

Johana Chacón: La niña de 13 años fue vista por última vez el 4 de septiembre de 2012 cuando bajó del transporte escolar. Por este hecho se imputó a la pareja de su hermana Adrián Mariano Luque (de quien se acreditó que había mantenido una relación sentimental con Soledad Olivera, quien previo a su desaparición, habría sido objeto de amenazas por parte del hoy imputado, resultando condenado penalmente por el homicidio de Soledad) La hermana de Johana confesaría luego de tres años, que Luque mató a Johana. Los abogados/as de Xumek, fueron querellantes de la causa en la cual se dictó la pena de 24 años de prisión para para Mariano Luque por femicidio. Luque, cumple actualmente con una pena de 12 años de cárcel por el asesinato de Soledad Olivera, quien desapareció un año antes que Johana, en las cercanías la finca de Tres de Mayo donde vivía Luque. Ambas condenas se unificarán, por lo que el  imputado deberá cumplir la pena de 32 años de prisión. 

Janet Zapata: Desaparecida el 21 de septiembre de 2016. En teoría cerca de un mall de Guaymallén. Inmediatamente se originó una intensa búsqueda por toda la provincia. Apareció muerta cinco días después en un descampado de El Algarrobal, Las Heras, dentro de un pozo. Su pareja, Damián Minati, encabezó una marcha pidiendo justicia. También se privó de su libertad al changarín Claudio Sebastián Quiroga (31) y a Juan Orlando Manzano (42), comerciante, ambos apuntados como partícipes del femicidio. A Manzano le encontraron 15 mil pesos en efectivo, cifra que supuestamente se pagó para un crimen por encargo. El resultado preliminar de la necropsia estableció que Janet estuvo cautiva al menos 48 horas antes de ser asesinada.  Los abogados/as de Xumek, fueron querellantes en representación de Se condenaron a dos de los tres acusados: Minati, quien fuera pareja de la víctima, a prisión perpetua, y Manzano a 10 años de cárcel por ser partícipe secundario. Los abogados/as de Xumek, fueron querellantes en representación de Roquelina Ávila, madre de Janet.

Tatiane da Silva Santos: Es una mujer de Porto Alegre que se encuentra privada de la libertad, condenada por el delito de homicidio agravado en calidad de comisión por omisión perpetrado por su ex pareja contra uno de sus hijos en común. Tatiane es afrodescendiente y pobre, y durante mucho tiempo fue víctima de violencia de género por parte de su entonces pareja, Amilton Martins, con quien tuvo una hija, Gabriele y dos hijos, Gabriel y Diogo, quienes también eran víctimas de violencia por parte de su padre. Tatiane en varias ocasiones denunció a Amilton y solicitó asistencia por parte del Estado, siendo acogida en más de una ocasión en “casas de apoyo” para mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, como es común en estos casos, Tatiane salía de la “casa de apoyo” y retornaba con su pareja, y el proceso judicial entre ellos terminó -contrariando los estándares internacionales en la materia- en una conciliación.

Amilton había estado en prisión por tráfico de estupefacientes y tenía problemas para conseguir trabajo por lo que Tatiane se convirtió en la principal fuente de ingresos del hogar trabajando en una panadería. Un día, mientras Tatiane se encontraba trabajando, Amilton ejerció violencia física y sexual contra Diogo, quien entonces tenía un año. Cuando Tatiane llegó de trabajar y advirtió las lesiones en Diogo lo llevó al hospital, pero falleció ese mismo día.

Se inició un proceso penal contra Amilton y Tatiane, ambos esperaron la sentencia en prisión y resultaron condenados. En el caso de Tatiane, se la responsabilizó en calidad de autora en comisión por omisión, por no haber impedido el hecho.

Se encuentra privada de la libertad desde el 13 de noviembre de 2013, actualmente en la Penitenciaría Femenina Madre Pelletier de Porto Alegre. Asimismo, no se está garantizando el derecho recíproco entre madre e hijos de tener contacto, ya que los niños Gabriel y Gabriele no han podido ver a su madre desde que se la privara de libertad y presuntamente están bajo un proceso de adopción.

La condena y consecuente privación de la libertad de Tatiane es violatoria de la CADH y la Convención Belém do Pará, por basarse las sentencias en estereotipos de género y del rol de madre, desconociendo la situación de violencia de la que era víctima Tatiane e incluso responsabilizándola por la misma, resultando las mismas discriminatorias y arbitrarias. Asimismo, y a partir del análisis de casos con plataformas fácticas similares, consideramos que la raza y estrato social de Tatiane también fueron determinantes al momento de condenarla.

En Agosto de 2018 presentamos el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Ejecuciones extrajudiciales 

Franco Díaz: El día 5  de mayo de 2012 en el marco de un operativo policial por ruidos molestos, el agente de la unidad de patrullaje Walter García Lenis disparó con su arma reglamentaria en dirección al domicilio donde se encontraba un grupo de jóvenes, impactando en el mentón con salida por la columna cervical de Franco Díaz (17 años). El mismo falleció mientras era trasladado al hospital. Por este caso resultó imputado García Lenis. Los abogados Lucas Lecour y Diego Lavado fueron querellantes de la causa. El imputado fue sentenciado a cadena perpetua e inhabilitado de por vida de sus funciones. 

Lucas Carrasco: El 14 de agosto de 2014 tras la suspensión de un partido de fútbol por la explosión de un generador eléctrico, comenzó un enfrentamiento entre los hinchas y la Infantería, donde se efectuaron disparos.  Lucas Carrasco estaba allí y llegó herido al hospital. Fue trasladado al Hospital Central donde murió dos días después La investigación determinó que la herida se produjo por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por una escopeta lanza gas. Se imputó al oficial Guzmán por homicidio con dolo eventual agravado por la utilización de armas de fuego y por ocurrir en las inmediaciones de un espectáculo deportivo. Los abogados de Xumek Lucas Lecour y Sergio Salinas se constituyeron en querellantes de la causa. Actualmente se está a la espera del dictamen final.

Ricardo Bazan: El día 1 de mayo de 2019 Ricardo Bazán fue demorado por tres policías con el objetivo de averiguar sus antecedentes. El hombre escapó corriendo del operativo y el auxiliar Aléxis Méndez Castro, disparó varias veces desde su arma reglamentaria. Uno de los disparos impactó en la cintura de Bazán, quien falleció minutos después en el Centro de Salud del barrio La Favorita. Los abogados de Xumek se constituyeron en querellantes de la causa.

Tortura 

William Vargas: A fines de enero del 2011, llegó de forma anónima a manos de Xumek un teléfono celular que contenía una serie de videos donde se podía visualizar a varios funcionarios penitenciarios torturar a una persona privada de libertad en el complejo San Felipe. En esos videos se veía cómo los agentes penitenciarios propinaban golpes de puño y patadas al joven mientras se encontraba arrodillado en el piso, con las manos esposadas a su espalda y atadas con un cinturón a una ventana del pabellón, flexionándole hacia arriba los brazos en sentido contrario a su flexión natural.

Con este material presentamos una denuncia ante la actual Fiscalía de Homicidios y Violencia Institucional y nos constituimos como querellantes populares. Como resultado de la misma, fueron imputados por el delito de torturas 7 funcionarios. 

Debido a las múltiples dilaciones existentes en el proceso, en el año 2018 presentamos una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando los hechos de tortura y los retrasos como una violación a la garantía del plazo razonable. 

Hábeas Corpus para jóvenes alojados en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil: En marzo de 2013, presentamos ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza un hábeas corpus colectivo y correctivo denunciando la grave situación en la que se encontraban los jóvenes alojados en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil, las deficientes condiciones de detención y los malos tratos recibidos por parte del personal. La Corte mendocina hizo lugar al mismo, ordenó a los directivos de la institución, al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial a tomar medidas para revertir esta situación.