21 de marzo, 2019.
Los altos niveles de conflictividad social, el desempleo y la crisis económica, deben obtener una excusa causal para los medios de comunicación que suelen atar cabos inconexos si a los hechos y datos nos remitimos. Hablamos de un tema en boga, prácticamente desde los ‘90, pero recientemente reavivado como tema en agenda: la situación de las migraciones y las condiciones de vida de quienes migran a la Argentina.
Las personas provenientes de países de la región, tales como Bolivia, Perú o Paraguay, principalmente, son blanco de estigmatización y discriminación. Los medios de comunicación tienen una fuerte responsabilidad con respecto a generar representaciones mentales en temáticas migrantes. Se han escuchado asociaciones de la inmigración con la delincuencia, la falta de puestos de trabajo, la marginalidad y la falta de bancos en escuelas. Una de las graves consecuencias de pensar así se refleja en el endurecimiento de las políticas migratorias, convirtiéndose en xenofóbicas.
Pero aquellos discursos mediáticos, ¿son certeros? ¿Acaso la inmigración es la causa de los problemas que nos aquejan? ¿O acaso los migrantes son utilizados como “blanco” por parte de los gobiernos y medios de comunicación?
Migrantes en Argentina: una historia larga
La República Argentina consideró siempre a la inmigración como una cuestión vital, recibiendo a miles de inmigrantes europeos entre los siglos XIX y XX. Tal es así que en la Constitución de 1853, el artículo 25 expresaba (y aun expresa): “el Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las Ciencias y Artes”.
La intención era clara: poblar el país con inmigrantes europeos. La concepción eurocéntrica consideraba despectivamente a las migraciones de países no europeos. El carácter xenófobo de la cuestión sentó las bases de un discurso discriminatorio extendido por años, que llega hasta nuestros días.
En 1876 se sancionó la ley 817 de Inmigración y Colonización, más conocida como la “Ley de Avellaneda”, que estipulaba que el inmigrante es el que proviene de ultramar, con buena conducta y aptitud para el trabajo de la industria, el arte y el oficio. Esta ley consideraba a los migrantes limítrofes “viejos, enfermos y discapacitados”, por lo que construyó una visión restrictiva en la materia.
En la década de 1960 comenzó a disminuir la inmigración europea y a aumentar la proveniente de países sudamericanos. La Ley de Avellaneda fue derogada en 1981, durante la dictadura cívico-militar, y reemplazada sin debate ni tratamiento parlamentario por la “Ley General de Migraciones y Fomento a la Inmigración 22.439, más conocida como “Ley Videla”. De esta manera, se establecía una visión que consideraba a la inmigración como una amenaza al bienestar público, basada en prejuicios infundados.
Al retornar la democracia, la cuestión de la migración quedó relegada. En los 90’ se reafirma la concepción de migración como amenaza.
Sin embargo, el cambio de paradigma llegó en el 2004 con la derogación de la Ley Videla y la sanción de la Ley de Migraciones 25.871. Esto implica una nueva era en materia migratoria, en la que la perspectiva en derechos humanos cobra una gran importancia. Esta Ley concibe a la migración como un derecho fundamental e inalienable de la persona, constituido en base a los principios de igualdad y universalidad en el territorio de nuestro país.
Si bien la Ley ha significado un cambio radical, el contexto actual dista mucho del escenario expuesto. En un contexto de recesión, conflicto social y desempleo, el cumplimiento de las leyes y los ideales que las sostienen se convierte en una tarea difícil. En este sentido entran en la cuestión los medios de comunicación, que a lo largo de la historia han sido los constructores de representaciones sociales, aquellas representaciones que hemos asimilado, y cuyos comportamientos derivados repetimos irreflexivamente.
¿A qué juegan los medios?
Los medios de comunicación suelen condicionar la imagen que la ciudadanía construye y sostiene con respecto a los y las migrantes.
Basta con observar los resultados del “Monitoreo de Medios sobre Movilidad Humana en la Prensa Gráfica Argentina”, elaborado por CAREF (Comisión Argentina para los refugiados y Migrantes), el pasado diciembre. En el mismo se puede ver cómo los medios de comunicación criminalizan a la población migrante, siendo el 64% de las personas migrantes protagonistas de las noticias asociadas a algún delito; por ejemplo, las detenciones de 4 personas extranjeras durante las protestas frente al Congreso por la Ley de Presupuesto 2019 generó el 26% de las noticias analizadas.
A su vez, CAREF indica que sólo el 6% de la población de la población carcelaria a nivel nacional es extranjera, y también que el 4,5% de la población del país es extranjera (Censo 2010). Pero el Monitoreo señala algo todavía más interesante: sólo el 5% de las noticias monitoreadas incorporó como fuentes informativas a personas migrantes.
¿Qué importancia tiene el último detalle mencionado? Que no solamente las personas que migran no son representadas adecuadamente, sino que sus voces son silenciadas, y sus testimonios, negados. Los medios de comunicación prescinden, entonces, de los derechos migrantes para hablar justamente sobre migración y sobre sus propias condiciones de vida.
Es llamativo el contraste entre estas construcciones inexactas con los resultados contundentes de estudios recientes: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que en años recientes, los inmigrantes en Argentina pagaron más en impuestos de lo que generaron en gastos gubernamentales. La OCDE y la OIT calculan que todo el colectivo migrante genera alrededor del 4,1% del PBI. Además, puede agregarse que el 65% de migrantes sudamericanos poseen un empleo, según un informe de la Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales de la Nación.
Podemos contar con todos estos datos, y a la vez sumar una inmensa cantidad de estudios que constatan cómo las representaciones de quienes migran de países limítrofes hacia Argentina son estigmatizadas. Sin embargo esto, ¿por qué se perpetúan estas miradas?
Alejandro Grimson, en su texto “Nuevas xenofobias, nuevas políticas étnicas en Argentina”, menciona que los y las migrantes han sido utilizados como chivos expiatorios de la crisis económica y social, junto con una “hipervisibilización de las diferencias”. Todo ello ocurre en un país donde el relato oficial lleva a crear la idea de que los pueblos originarios y las personas negras no existieron ni existen, donde prefieren eliminar a las personas con bajos recursos económicos y donde la perspectiva eurocéntrica sigue primando hoy tan fuerte como siempre.
Es importante, sobre todo en el contexto de un año electoral, cuestionar la información que nos llega, su veracidad, los intereses que puede haber detrás y, lamentablemente, visualizar las tendencias xenófobas y discriminatorias que influyen en su contenido. Cada migrante es sujeto de derecho, respaldado por nuestras leyes y por sentido humano común. No pueden continuar siendo víctimas del escrutinio mediático que beneficia sólo a unos pocos, grupos hegemónicos formados por varones ricos y blancos.
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