Personas Privadas de Libertad, Contagios de COVID-19 y decisiones políticas del Estado Provincial

Compartimos a continuación un comunicado de la Red por los Derechos Humanos Mendoza, de la cual formamos parte:

Desde el principio de la cuarentena, las autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial de Mendoza fueron advertidas por organismos de DDHH, organizaciones sociales y el Comité de Prevención de la Tortura sobre la situación carcelaria y la emergencia sanitaria: las condiciones de infraestructura de las cárceles, el hacinamiento y el déficit de las áreas de salud de cada complejo son factores de riesgo inminente y no se podría dar respuesta frente a contagios masivos. Estos reclamos no fueron escuchados: no se tomaron medidas serias para descomprimir penales, no se cumplió con protocolos sanitarios de prevención, no se garantizaron mesas de trabajo para diseñar estrategias entre la totalidad de actores intervinientes y los contagios en las cárceles aumentaron a la par del colapso general del sistema de salud provincial. En medio de esta crisis se desmanteló el Comité de Prevención de la Tortura que continúa recepcionando situaciones de destrato y torturas en traslado y asilamiento de personas privadas de libertad con COVID-19.

El hacinamiento, una de las peores variables para este contexto de contagio, y la deficiencia de atención sanitaria preceden la pandemia y responden a la creciente y sistemática puesta en marcha de dispositivos punitivos por parte de un gobierno que ha hecho uso indiscriminado de prisiones preventivas, encarcelamiento masivo y armado de causas. El nivel más alto de prisionización del país tiene como responsables políticos a Alfredo Cornejo, Luis Petri, Gianni Venier y al gobernador Rodolfo Suárez, entre otros, junto a una Corte de Justicia cómplice de esta situación. La situación sanitaria de las personas privadas de libertad no es un asunto que les atañe solamente a ellos/as. La pandemia que vivimos ha mostrado con contundencia que la salud siempre es colectiva y que nuestra suerte depende del devenir colectivo.

Anular la existencia del Comité de Prevención de la Tortura y legitimar un Procurador de las Personas Privadas de Libertad funcional a la represión y la violencia complejiza el escenario: aislamiento y traslados a lugares sin condiciones adecuadas para personas enfermas de COVID-19 y utilización de espacios no aptos, sin agua caliente ni ventilación; escasez de elementos de higiene, falta de atención médica, y demora eterna para entregar medicación; incomunicación con la familia, viandas en mal estado, horas de encierro prolongado y falta de esparcimiento. Esto se suma a la violencia habitual en las cárceles, que no podemos naturalizar y debemos seguir denunciando: el maltrato y la tortura, las amenazas de represalias ante las quejas, los simulacros de ejecución ante el intento de comunicar lo que sucede tras los muros al mundo exterior.

Más presos y presas no significan mejor o más seguridad. Apelamos a todo el campo popular, organizaciones, partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y feministas, organismos de derechos humanos a interpelar a las autoridades pertinentes, al gobernador, legisladoras/es y jueces, quienes tiene el deber y la responsabilidad de evitar que esta tragedia se profundice.