Nos presentamos como amicus curiae en el caso Baraona Bray contra Chile

El pasado 20 de junio hubo una audiencia pública en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) analizó la responsabilidad internacional de la República de Chile por violación del derecho a la libertad de expresión en relación con el derecho a vivir en un medio ambiente sano y a la información publica.

Por este caso, el abogado y defensor ambientalista Carlos Baraona Bray fue condenado por el delito de “injurias graves” luego de haber brindado una serie de entrevistas en las que declaró tener conocimiento de que un Senador de la república había ejercido presiones e influido para que las autoridades llevaran a cabo la tala ilícita del alerce, una especie de árbol milenario conservado en Chile.

Encontramos en este caso una gran oportunidad para brindar un aporte al Tribunal sobre la importancia de la protección del derecho a la libertad de expresión, específicamente de los defensores del medio ambiente, y cómo la falta del mismo interfiere en el acceso a la información pública de las personas que conviven en una sociedad. Además, se ponen de manifiesto hechos que no son ajenos a otros países de Latinoamérica en general y de la Argentina en particular. Así, podemos mencionar los casos de Patricia Álvarez de Figueroa, imputada por protestar contra la megaminería en Andalgalá (Catamarca, Argentina), Nora Moyano de la Asamblea por el Agua (Mendoza, Argentina); Wbeimar Cetina de Arauca (Colombia); Juan Julio Fernandez (Perú) y Berta Cáceres (Honduras).

Desde Xumek nos presentamos como amicus curiae en el Caso Baraona Bray porque creemos que no puede dejar de valorarse el rol fundamental de los defensores ambientales de informar a la comunidad sobre asuntos de carácter público cuando el Estado no lo hace. Valorar el activismo de estos actores requiere la toma de medidas efectivas y oportunas para hacer frente a la vulnerabilidad de este colectivo frente a manifestaciones reaccionarias.

Estereotipos de género en Latinoamérica: La deuda pendiente

Sentencia CIDH Manuela vs El Salvador

por Ailén Ferraris Michel. Referente de la Secretaría de Litigio Internacional
Imagen: Rodrigo Sura/EFE/Archivo

Una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pone en evidencia la vulneración de derechos que sufren las mujeres y niñas latinoamericanas. Al respecto, tres abogadas de Xumek habían presentado un Amicus Curiae, recurso voluntario que nos permitió emitir una opinión sobre la serie de violaciones que culminó con la vida de Manuela, una entre tantas mujeres vulnerabilizadas por los estados patriarcales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al estado de El Salvador por la detención, condena y muerte de Manuela, una mujer pobre, analfabeta, de zona rural, que había sido juzgada por abortar. Condenada a 30 años de prisión, Manuela murió de cáncer linfático atada a una camilla.

La sentencia demuestra de forma muy completa la responsabilidad internacional del Estado en la muerte de Manuela y el sufrimiento de su familia

La falta de acceso a derechos en Latinoamérica, particularmente en El Salvador, es conocida para quienes trabajamos en la promoción  y protección de los Derechos Humanos.

En este caso, la Corte se expidió sobre el acceso a la salud reproductiva de las mujeres en Latinoamérica y específicamente a la persecución de quienes abortan, sea de forma voluntaria e involuntaria, resaltando la existencia de estereotipos de género. 

Las reflexiones del Tribunal reconocen que la libertad y autonomía de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva han sido históricamente limitadas, restringidas o anuladas con base a estereotipos de género negativos y perjudiciales. Encontrando razón de ser en la asignación cultural y social a los hombres de un rol preponderante en la adopción de decisiones sobre el cuerpo de las mujeres y a que las mujeres sean vistas como el ente reproductivo por excelencia.

Lo que es más, el análisis de las desventajas estructurales toman relevancia al momento de identificar cómo y por qué suceden los hechos del caso: falta de acceso a derechos básicos como alimentación, vivienda digna y educación hacen a factores de discriminación concordantes con el perfil de la mayoría de las mujeres juzgadas en El Salvador por aborto u homicidio agravado, quienes tienen escasos o nulos ingresos económicos, provienen de zonas rurales o urbanas marginales y tienen baja escolaridad.

La pregunta que renace ante cada nuevo pronunciamiento es, ¿Cuántas sentencias con perspectiva de género son necesarias para cambiar la visión de la justicia latinoamericana en cuanto a los derechos de las mujeres?

Tatianne Da Silva sufre prejuicios similares a los que vivió Manuela. De escasos recursos económicos y escolarización, afrodescendiente y sumida en una relación de pareja violenta, la justicia brasileña la halló culpable de la muerte de uno de sus hijos, pese a no estar en el lugar de los hechos. 

Actualmente, Tatianne cumple sentencia de prisión perpetua y espera hace años la resolución de su caso por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es que para parte del sistema judicial en Latinoamérica, las mujeres son ante todo madres, asumiendo estereotipos de género preocupantes cuyo único propósito es vulnerar la garantía de igualdad y no discriminación.


Los derechos conquistados por la lucha de movimientos feministas son el puntapié inicial para la disrupción de estos preconceptos. Celebramos cada sentencia emanada de la Corte Interamericana que sienta bases inquebrantables y progresivas en cuanto a los derechos humanos. Queda ver qué otras vías serán las necesarias para saldar la deuda de género en esta realidad acuciante.


Análisis del caso Manuela y el acceso a derechos de las mujeres y niñas latinoamericanas en este LINK. Por Ailen Ferraris Michel