“Ecocidio” en la Patagonia

Desde el Área de Ambiente de Xumek denunciamos la destrucción, daño y pérdida de ecosistemas de los distintos territorios de la Patagonia afectados por los incendios. Considerando que la vida en un ambiente sano, limpio y equilibrado es la base para el pleno disfrute de los derechos humanos fundamentales, solicitamos que esta catástrofe no quede impune y pedimos a la justicia que identifique, investigue y castigue a los responsables de los incendios que están poniendo en peligro la habitabilidad de poblaciones enteras.

El Estado tiene la responsabilidad de proteger a la ciudadanía de las ofensivas neoliberales que privilegian el capital frente a la vida, mercantilizando los bienes esenciales para la supervivencia y flexibilizando la legislación vigente en materia ambiental para favorecer al poder corporativo. Exigimos a la clase política que tome las medidas necesarias para garantizar se cumplan los compromisos asumidos en materia de protección ambiental y de los derechos humanos, así como también exigimos una reconducción hacia la coherencia política:  se asumen compromisos internacionales ambientales y contra el cambio climático mientras la asignación presupuestaria del  Sistema Nacional de Manejo del Fuego corresponde solo al 0,003% del presupuesto para el año 2021 (después que en 2020 se incendiaron millones de hectáreas).  

Aprovechamos la ocasión para traer al debate la figura del #ecocidio, a la que tanto se hace referencia por parte de distintos actores políticos. Se trata de un concepto que busca ser reconocido en la esfera internacional como uno de los crímenes contra la paz y que ha formado parte de los debates de Naciones Unidas durante décadas.

Breve historia del Ecocidio
El término ecocidio nace en 1968 para definir los efectos de la guerra de Vietnam, como “una guerra contra la tierra y contra los no nacidos”, así, los actos de guerra de los americanos exceden la definición de crímenes del proceso de Nuremberg ya que sus consecuencias alcanzan a las generaciones futuras.  En 1973 se propone elevar el crimen de ecocidio al mismo rango que el genocidio a través de la redaccion de una convencion. Durante 3 décadas, tres opciones son discutidas en la ONU sobre la manera de incluir el ecocidio en el Proyecto de Código sobre los crímenes contra la paz: ya sea como crimen autónomo, o entre los crímenes contra la humanidad o entre los crímenes de guerra.   El proyecto de 1991 incluía un artículo sobre los actos que causaran un grave daño al ambiente natural, que decia: Todo individuo que cause deliberadamente u ordene que sean causados daños extensos, durables y graves al ambiente natural será, una vez reconocido culpable del acto, condenado […]” Esos actos no son clasificados entre los crímenes contra la humanidad, sino que forman un “nuevo crimen”, independiente, aplicable en tiempos de guerra y de paz, que podría haber llevado el nombre de ecocidio.  Sin embargo, en 1996  ante la presión de 4 países (Estados Unidos, Francia, Holanda e Inglaterra) el artículo fue modificado, reconociendo solo como “crimen de guerra” los daños deliberados y graves contra el ambiente. Esa es la  historia por la cual, el crimen de ecocidio nunca formó parte del Estatuto de Roma. Y a causa de la exigencia de daños deliberados, hasta el día de hoy nadie ha sido declarado culpable de crimen contra el ambiente en tiempos de guerra.

La jurista inglesa Polly Higgins, define el ecocidio como  “la destrucción parcial o total de un ecosistema sobre un territorio determinado, los daños masivos generados por la acción humana o cualquier otra causa, teniendo por resultado impedir a los habitantes del territorio en cuestión de gozar de él tranquilamente.” En 2010  propone dicha definición a la comisión de derecho internacional,  y pide que sea reconocido como uno de los crímenes contra la paz.  

El daño causado se mide en cuanto a su alcance, duración e impacto. A esos fines Higgins propone basarse en  la “Convención sobre la Prohibición del Uso de Técnicas de Modificación del Medio Ambiente con Fines Militares o con cualquier otro Fin Hostil” de 1977  también conocida como Convención ENMOD que interpreta:

  1. en cuanto a su alcance: los efectos deben extenderse a una superficie de varios centenares de kilómetros cuadrados.
  2. durable: se extiende sobre un periodo de varios meses o una estación.
  3. grave: significa que provoca una perturbación o un daño serio o marcado para la vida humana, los recursos naturales y económicos u otras riquezas. 

Mientras la humanidad sigue esperando que una verdadera justicia climática y ambiental sea puesta en marcha, numerosas iniciativas ciudadanas emergen para poner en evidencia la urgencia de reaccionar y  los medios necesarios para hacerlo. Entre ellos, los proyectos de enmienda del Estatuto de Roma para incluir al ecocidio  entre los crímenes contra la paz y la seguridad, a los fines de hacer de la Corte Penal Internacional  un tribunal competente. 

Mientras tanto, ante el vacío legal (de la falta de reconocimiento de ese crimen contra la naturaleza y las generaciones futuras en tiempos de paz y un correlativo tribunal competente);  la sociedad civil acude a los “Tribunales de opinión”, como el Tribunal Monsanto o los Tribunales de los derechos de la Naturaleza, cuya ambición es atestiguar públicamente de la destrucción de las condiciones de vida en la Tierra y de juzgar las violaciones a los derechos humanos y ambientales.  

Desde el área ambiental de Xumek adherimos a todas la iniciativas tendientes a exigir el reconocimiento del crimen de ecocidio tanto a nivel nacional como internacional para que estos actos no queden impunes.