Inicia un nuevo juicio por los abusos sexuales en el Próvolo

Imagen: Nancy Castronovo

El lunes próximo comienza el segundo juicio por el caso de abuso sexual eclesiástico que conmovió a Mendoza y al mundo. Son nueve personas las imputadas en delitos que van desde el abuso sexual agravado y corrupción de menores a la participación criminal por omisión. La impunidad y el encubrimiento, aún con las condenas emblemáticas a los curas abusadores, dilataron el inicio de este juicio. Les sobrevivientes buscan justicia y que se cumpla con la reparación integral ya dictaminada para iniciar un proyecto de vida.

Como en 2019, abogados y abogadas de Xumek serán querellantes, representando a varias víctimas.  

El caso Próvolo inició su proceso judicial en noviembre de 2016 y rápidamente escaló a una megacausa, con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto, perpetuados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos que asistieron al establecimiento entre 2005 y 2016.

Las condenas contra los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho fueron históricas porque recibieron las penas más altas impuestas a integrantes de la Iglesia Católica. La Corte Suprema de Justicia de Mendoza ratificó en el pasado mes de septiembre las condenas a 45 y 42 años de prisión, además de 18 años para el jardinero Armando Gómez.

Sin embargo, la falta de colaboración de las autoridades eclesiásticas, el encubrimiento y traslado de sacerdotes investigados, entre otras medidas, impidieron y dilataron la justicia completa para las víctimas.

Les sobrevivientes continúan reclamando al estado y al arzobispado una reparación integral. Recordemos que las víctimas son niñas, niños y adolescentes con discapacidad y, en gran medida, con dificultades económicas. Sus familias habían confiado a sus hijes a una institución educativa y religiosa como el Próvolo, pensando que les daría acceso a una mejor calidad de vida.

El Tribunal estima que el juicio durará un mínimo de 4 meses. “Va a ser un proceso largo y difícil para las víctimas: tener que volver a declarar en muchos casos y revivir su dolor. Entendemos que las pruebas son suficientes para llegar a una condena al final del debate y nuevamente, como sucedió en el primer juicio, esta condena sea histórica y reparadora para ellos y ellas”, explica Lucas Lecour, uno de los abogados querellantes y presidente de Xumek.  

Nos preocupa la situación de vulnerabilidad psíquica, social y económica de les sobrevivientes. Una reparación integral les permitiría acceder a recursos y tratamientos eficientes para desarrollar un proyecto de vida. 

Junto al Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo exigimos al Estado que garantice las medidas de satisfacción y no repetición, ordenadas por el Poder Judicial a través de la Sentencia 969/2020. Esto involucra acciones de derecho a la salud, desarrollo social, educación y vivienda acordes a las necesidades de cada une de les sobrevivientes.

El segundo juicio

El Tribunal Penal Colegiado N° 2 de Mendoza dará inicio a este segundo juicio a las 8 de la mañana del próximo lunes 3 de mayo. De las nueve personas imputadas, entre monjas y personal administrativo, ocho esperan el juicio en libertad.

Por un lado, se juzgará a la monja japonesa Kumiko Kosaka, imputada por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, actualmente la única imputada con prisión preventiva domiciliaria.

Además, otras monjas, personal directivo y administrativo tendrán que dar explicaciones sobre su rol como entregadoras y facilitadoras para las vejaciones, además de su sistemático encubrimiento y omisión de denunciar.

Graciela Pascual, licenciada en trabajo social y representante legal del Instituto, por su impunidad de los hechos investigados; la monja Asunción Martínez, la psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y las directoras del Instituto Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán, por su participación criminal por omisión. 

Todas ellas pudieron haber accionado (reaccionado) ante estos delitos y así haberlos evitado, pero no lo hicieron (omitieron), teniendo probados conocimiento de los hechos delictivos.

Corradi y Corbacho son los autores más graves por su calidad de ministros de culto, agravado por ser les encargades de la guarda de personas menores de 18 años, en situación de discapacidad y de convivencia.

El juicio a las mujeres imputadas busca arrojar luz y justicia a una red escabrosa de complicidad y silencio. La vulneración a les sobrevivientes del Próvolo y sus familias continúa hasta hoy, dadas las dilaciones y ocultamientos que sostiene la Iglesia e involucra incluso al Vaticano.

A través de la consigna “Nunca más abusos eclesiásticos”, organizaciones de derechos humanos del mundo buscamos desentrañar el accionar encubridor de algunos sectores de la iglesia católica.

A principios de 2020, Xumek junto a sobrevivientes del Próvolo y las organizaciones Ending Clergy Abuse (ECA) y Bishop Accountability, de renombre internacional, presentamos ante Naciones Unidas una denuncia contra el Estado del Vaticano. Allí, responsabilizamos a la Santa Sede por los abusos sexuales y la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Para ampliar la información

“El caso Próvolo ante la Organización de las Naciones Unidas” en el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Mendoza (acceso libre y gratuito) 

El caso Próvolo en la web de Xumek

Por notas de prensa, contactarse a comunicacion@xumek.org.ar

Presentamos un informe a Naciones Unidas sobre el estado de los derechos de los pueblos indígenas en Mendoza

Desde el Área de Pueblos Indígenas de Xumek hemos prestado asesoramiento técnico en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas a la Organización Identidad Territorial Malalweche y a la Comunidad Indígena Intercultural “Ayllu de Guaymallén”. El informe fue presentado ante el Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas como un aporte que da a conocer la situación de los derechos de los pueblos indígenas en la provincia, específicamente en cuanto a los derechos al reconocimiento de la preexistencia étnicas y cultural de los pueblos indígenas y a la personería jurídica de las comunidades indígenas, al derecho a la posesión y propiedad comunitaria indígena, el derecho a la participación y consulta previa, libre e informada, y el derecho a la salud.

El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI) es un órgano subsidiario del principal organismo intergubernamental de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos (CDH). El MEDPI se reúne una vez al año durante cinco días , y su mandato es: 

• proporcionar conocimiento experto y asesoramiento en materia de los derechos de los pueblos indígenas al CDH.

• sugerir medidas a los Estados Miembros para alcanzar los fines de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a través de la promoción, la protección y la realización de los derechos de los pueblos indígenas.

• examinar prácticas idóneas y los desafíos en diversos ámbitos relativos a los derechos de los pueblos indígenas.

El Área de Pueblos Indígenas de Xumek tiene como objetivo apoyar a las comunidades indígenas de la provincia en la visibilización de la situación que atraviesan y realizar denuncias sobre la vulneración de sus derechos humanos específicos, recogidos en los principales instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos y la legislación nacional y provincial. 

El “Informe sobre el derecho de los pueblos indígenas en la provincia de Mendoza (Argentina) a la libre determinación en virtud de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, se puede descargar acá.

Imagen: almaciga.org

Apoyo internacional a la lucha contra el fracking

El área de Ambiente de Xumek, representada por la abogada María José González, especialista en Derecho Ambiental y Derechos Humanos, participó en la Conferencia de prensa internacional organizada para dar a conocer sus intervenciones en calidad de “Amigos del tribunal” en la causa interpuesta por OIKOS red ambiental. La conferencia, celebrada vía videollamada el jueves pasado (25-febrero) contó con profesionales referentes de las más importantes organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales.

Mirá la Conferencia de prensa internacional en apoyo a la lucha contra el fracking. 

En esta causa, OIKOS cuestiona la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto 248 reglamentario del procedimiento de evaluación de impacto ambiental para las actividades de  exploracion y explotacion de hidrocarburos en formaciones no convencionales, conocida como fracking.

Participamos de la conferencia de prensa junto a profesionales de organizaciones nacionales e internacionales como AIDA, Earthjustice, FARN y la Organización Identidad Territorial Malalweche con el apoyo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

DERECHOS QUE SE INTENTAN PROTEGER
La demanda de Oikos argumenta que la regulación del fracking en Mendoza mediante el decreto 248 viola las disposiciones constitucionales nacionales y provinciales de protección ambiental, tratados internacionales de Derechos Humanos, así como la ley de presupuestos mínimos ambientales nacional, porque no controla adecuadamente la implementación de la técnica ni protege el derecho a un ambiente sano apto para el presente y las generaciones futuras.


EL APORTE DE LOS AMIGOS DEL TRIBUNAL
Las organizaciones presentaron valiosa información científica y académica evidenciando que el Decreto 248 no contempla los altos impactos socioambientales del fracking, no protege el agua de Mendoza ante los riesgos de contaminación ambiental, así como la gestión de residuos peligrosos, la inducción de sismicidad, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros gases peligrosos para la salud, o la posible generación de radioactividad.

Presentaron ejemplos de estudios científicos y gubernamentales a nivel internacional que prueban el potencial del fracking para causar daños graves e irreversibles.

Earthjustice se basó en la experiencia del fracking en los Estados Unidos. Hizo hincapié en la valiosa oportunidad de Argentina de basarse sobre la experiencia y los estudios ya realizados en Estados Unidos, para no cometer los mismos errores. Los daños que hace 15 años eran inciertos, hoy son verificables.

Por su parte, AIDA aportó además de estudios científicos, un informe sobre prohibiciones y moratorias al fracking en la legislación comparada. Y de manera ejemplar en la región, el antecedente colombiano de una moratoria frente al fracking, basado en el principio precautorio.

El Amicus Curiae presentado por Xumek destaca la evolución de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos; resaltando la importancia de la Opinión Consultiva 23/17 sobre la obligación de los Estados en materia ambiental, y la Sentencia Lhaka Honhat en el cual la Corte Interamericana ha fallado contra la República Argentina, declarando que existió violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua.

Asimismo se referencia la importancia del “Acuerdo de Escazú” (Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), ratificado por nuestro país en 2020, que garantiza el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.

Para finalizar su intervención la representante del área Ambiente recordó que la Corte Interamericana ha sido clara y contundente al señalar los requisitos que deben cumplir los estudios de impacto ambiental, debiendo ser previos, independientes, abarcativos de todos los daños (tantos aquellos de los proyectos existentes como por los proyectos asociados al proyecto principal), participativos, estratégicos, prospectivos, y respetando las tradiciones, cultura, y derecho comunitario de los pueblos indígenas.

Finalmente, participaron las comunidades indígenas LOF LIMAY KURREF, LOF EL MORRO, LOF MALAL PINCHEIRA y la organización IDENTIDAD TERRITORIAL  MALALWECHE representativa del pueblo mapuche, quienes comparecieron voluntariamente al proceso judicial que cuestiona la reglamentación del fracking en defensa de los derechos colectivos y comunitarios indígenas.

Solicitaron a la Suprema Corte de Justicia que se garanticen los derechos humanos fundamentales de las Comunidades indígenas tales como el Consentimiento y la Consulta libre previa e informada, acceso al agua y alimentación segura, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva sin requisitos condicionantes y  excluyentes del reconocimiento étnico y cultural constitucional.

Recordaron al Estado provincial que debe garantizar: “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.” (art. 75 inc.17 CN.)

Enlace al Amicus Curiae completo presentado

Violencia institucional: el Estado y los medios deben asumir su responsabilidad

Desde el área de Violencia Institucional de Xumek manifestamos nuestra profunda preocupación ante los nuevos hechos de “gatillo fácil” ocurridos en nuestra provincia durante la última semana, y el tratamiento dado por los medios masivos de comunicación.

La muerte de Facundo Martínez y Daniel Giménez Vega, dejan nuevamente al descubierto la escasa preparación de los efectivos de seguridad en materia de Derechos Humanos, normas de derecho procesal penal e incluso de la propia ley que regula su funcionamiento (ley provincial 6722) en cuanto a aprehensiones en vía pública y uso de armas de fuego.

Desde nuestra organización instamos una vez más a las autoridades gubernamentales, no sólo a mejorar la capacitación de los efectivos en dichas temáticas, sino también a adoptar las medidas necesarias para garantizar una correcta investigación de estos hechos independiente de posibles influencias por parte de las mismas fuerzas involucradas. Así también solicitamos se resguarde la tutela judicial efectiva de las víctimas y sus familiares.

Por último instamos a los medios masivos de comunicación y a la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad, a aplicar mayor prudencia en el tratamiento de los datos preliminares de los hechos.

Las últimas publicaciones relativas a estos episodios dan cuenta de la estigmatización con que se trata a las víctimas de delitos de violencia institucional, publicando datos falsos relativos a antecedentes penales inexistentes o supuestos hechos falaces que pretenden justificar el actuar desproporcionado y delictivo de las fuerzas de seguridad.

Sin que de modo alguno ello implique un ataque a la libertad de prensa, interpelamos a los medios desempeñar una actuación responsable en la comunicación de estos hechos, teniendo en consideración que su labor puede influir en el devenir de la investigación e incluso en la ciudadanía que puede ser llamada a intervenir como jurados en eventuales debates públicos.

Imagen: Marcha nacional contra el gatillo fácil