Desde Xumek – Asociación para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, repudiamos la persecución y la criminalización de la protesta llevada a cabo por el Gobierno de la Provincia de Mendoza durante las jornadas de paro y movilización convocadas por diversos gremios mendocinos en el marco del reclamo de mejores condiciones laborales y salariales.
Entendemos que estos métodos, cada vez más frecuentes desde el Poder Ejecutivo con colaboración del Poder Judicial de Mendoza, apuntan a disciplinar la protesta social y el legítimo ejercicio de derechos constitucionales.
En las últimas semanas diversos gremios, entre ellos, ATE, SUTE, SADOP, convocaron a jornadas de paro y movilización, en reclamo por mejoras salariales y condiciones de trabajo. Esta protesta resulta por demás legítima tratándose del derecho a una remuneración justa -en un provincia donde los salarios de los docentes son de los más bajos del país- en un contexto de crisis económica e inflación, con íntima vinculación al derecho de los ciudadanos de recibir una educación de calidad.
Desde el 3 de julio del 2022 se ha constatado la persecución judicial a cinco (5) dirigentes sindicales– Roberto Macho, Adriana Iranzo, María Rosa Gaete y Graciela Navarro-, quienes han sido imputados por supuestas infracciones al artículo 194 del Código Penal de la Nación, por entorpecimiento de transporte; llegando incluso en el caso de Roberto Macho a ordenar su detención en sede de penitenciaría provincial.
A su vez, la Policía provincial junto con abogadxs y escribanxs han asistido a las escuelas de la provincia de Mendoza, fuera de sus facultades establecidas por ley, para constatar libros de firmas de asistencia de docentes, durante los días convocados a paro y movilización, evidenciando así una actitud claramente persecutoria y coercitiva para quienes ejercen la docencia y adhieren al paro.
Este tipo de acciones -además de rememorar las épocas más oscuras de nuestra historia reciente– intentan dejar un claro mensaje de disciplinamiento y criminalización de la protesta social por parte del Poder Ejecutivo y Judicial de Mendoza.
Rechazamos toda acción estatal que pretenda abordar el conflicto social desde herramientas represivas y/o punitivas.
El derecho a la protesta social, el derecho a huelga, el derecho a agremiarse libremente, el derecho de reunión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a peticionar ante las autoridades, no solo resultan derecho humanos fundamentales receptados constitucional y convencionalmente, sino que además configuran condiciones básicas para la convivencia democrática propia de un Estado social y democrátido de derecho.
El Poder Judicial y especialmente el sistema penal como sistemas de reacción ante conductas delictivas, no pueden constituirse en herramientas de disciplinamiento y persecución de un reclamo legítimo que cuenta con el apoyo de toda la sociedad.
En contrapartida reivindicamos el camino del diálogo, el consenso y la resolución no violenta de los conflictos, como las acciones que debe promover y propiciar el Estado.
Finalmente desde Xumek expresamos nuestro absoluto apoyo al reclamo del sector docente, poniéndonos a su disposición en lo sucesivo e interpelando al Gobernador Rodolfo Suárez y al Director General de Escuelas, José Thomas, a retomar el camino del diálogo sincero y libre de toda presión coercitiva.
Foto de portada: Gentileza Prensa Sute – CTA.
