Nos presentamos como amicus curiae en el caso Baraona Bray contra Chile

El pasado 20 de junio hubo una audiencia pública en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) analizó la responsabilidad internacional de la República de Chile por violación del derecho a la libertad de expresión en relación con el derecho a vivir en un medio ambiente sano y a la información publica.

Por este caso, el abogado y defensor ambientalista Carlos Baraona Bray fue condenado por el delito de “injurias graves” luego de haber brindado una serie de entrevistas en las que declaró tener conocimiento de que un Senador de la república había ejercido presiones e influido para que las autoridades llevaran a cabo la tala ilícita del alerce, una especie de árbol milenario conservado en Chile.

Encontramos en este caso una gran oportunidad para brindar un aporte al Tribunal sobre la importancia de la protección del derecho a la libertad de expresión, específicamente de los defensores del medio ambiente, y cómo la falta del mismo interfiere en el acceso a la información pública de las personas que conviven en una sociedad. Además, se ponen de manifiesto hechos que no son ajenos a otros países de Latinoamérica en general y de la Argentina en particular. Así, podemos mencionar los casos de Patricia Álvarez de Figueroa, imputada por protestar contra la megaminería en Andalgalá (Catamarca, Argentina), Nora Moyano de la Asamblea por el Agua (Mendoza, Argentina); Wbeimar Cetina de Arauca (Colombia); Juan Julio Fernandez (Perú) y Berta Cáceres (Honduras).

Desde Xumek nos presentamos como amicus curiae en el Caso Baraona Bray porque creemos que no puede dejar de valorarse el rol fundamental de los defensores ambientales de informar a la comunidad sobre asuntos de carácter público cuando el Estado no lo hace. Valorar el activismo de estos actores requiere la toma de medidas efectivas y oportunas para hacer frente a la vulnerabilidad de este colectivo frente a manifestaciones reaccionarias.

Nadie se suicida en una comisaría, a Leo Rodríguez lo mató la Policía

Este 8 de abril marchamos contra la violencia institucional y, desde Xumek, recordamos a Leonardo Rodríguez Contreras y exigimos justicia por su muerte en manos de la Policía.

En 2015, Leo Rodríguez, una persona con discapacidad, fue arbitrariamente privado de su libertad por los agentes Andrés Vera y Romina Flores de la Policía de Mendoza e introducido en un calabozo de la Comisaría N° 27 de Villa Hipódromo, Godoy Cruz, donde a las pocas horas apareció sin vida. Las circunstancias de su muerte aún no han sido esclarecidas por lo que desde Xumek realizamos una petición ante el Comité contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de ONU solicitando la responsabilidad del Estado Argentino ante la falta de investigación y sanción del crimen.

La pregunta que nos hacemos constantemente es: ¿Cuántos casos como el de Leo, Adolfo Garrido, Raúl Baigorria y Sebastián Bordón tendremos que sufrir para ver un cambio en el actuar de la Policía en Mendoza? En los últimos años, Kevin Gonzales y Ricardo Bazán fueron asesinados por balas policiales, en Malargüe el pasado 12 de febrero y en el Barrio La Favorita en 2019, respectivamente.


Tampoco olvidamos las detenciones arbitrarias de Emanuel Silva y Carla Moya (en el Parque Canota en 2021), o de les 6 jóvenes aprehendides de forma violenta el 25 de marzo en Godoy Cruz. Estos casos son apenas una muestra de que la #ViolenciaInstitucional constituye una violación a los #DerechosHumanos de todes, pero son les jóvenes quienes más afectades se ven por ella.

Las prácticas de violencia institucional no son hechos aislados, sino que constituyen prácticas sistemáticas, arbitrarias e ilegales por parte de funcionarios policiales y penitenciarios. Estas prácticas -que tienen amparo político, judicial, y mediático-, deben ser evidenciadas con el fin de erradicarlas mediante el cambio de paradigmas y nuevas políticas públicas acorde a los estándares internacionales.

Este 8 de abril marchamos por todes les violentades, les que están acá y les no pueden marchar porque murieron en manos de policías y penitenciaries. Hoy marchamos para que les jóvenes dejemos de sufrir todo tipo de violencia estatal y ser chivo expiatorio de políticas represivas.

Las calles son y serán nuestras.