Audiencia pública por los requisitos para integrar la Suprema Corte de Mendoza

Este jueves 30 de julio se realizó la audiencia pública de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza sobre la interpretación del art. 152 de la Constitución provincial. El objetivo es determinar si María Teresa Day reúne o no los requisitos constitucionales para integrar esta Corte.

La audiencia se realizó en el marco de la acción de inconstitucionalidad que diferentes organismos hemos planteado ante la Sala II de la Corte donde se discuten sus aptitudes para cubrir tan importante lugar.

La abogada Viviana Beigel participó en representación del colectivo Ni Una Menos; la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito; la Asociación Xumek y el Movimiento Popular La Dignidad.

A continuación se incluye el discurso de la abogada Beigel, socia fundadora y miembro del Consejo Asesor de Xumek.

Viviana Beigel en representación de la Sociedad Civil

En primer lugar, quiero agradecer esta instancia pública de escucha a la ciudadanía promovida por la Sala II de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Celebro este espacio diverso, heterogéneo y representativo del pueblo mendocino por el cual se permite hacerles llegar la voz de muchas personas que pretenden una justicia mejor.

Vengo a hablar en esta audiencia pública como abogada de la matrícula y en representación del colectivo Ni Una Menos, la Campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, la Asociación Xumek y el Movimiento Popular La Dignidad y en ese carácter mi intervención no será ni exegética ni abstracta. Será eminentemente práctica y enmarcada en los estándares que surgen del derecho internacional de los derechos humanos.

Porque represento a sectores de la sociedad mendocina de larga trayectoria en la lucha por los derechos, los que en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo, han sido conquistados a partir de los reclamos de los sectores más vulnerables, discriminados y desfavorecidos.

En esta lógica, debo decir que los avances sociales y transformaciones institucionales son producto de la acción por el reconocimiento de derechos individuales o colectivos.  Y en estas acciones no podemos dejar de lado las argumentaciones, las interpretaciones, los discursos y las acciones concretas desarrolladas en la defensa de los derechos humanos, porque éstas han sido centrales a la hora de producir avances en la efectiva vigencia de valores como la equidad, la igualdad y la no discriminación y en la realización de los ideales de la justicia y de la paz social.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza nos ha convocado a esta audiencia pública en el marco de la competencia que le ha sido atribuida para interpretar nuestra Constitución Provincial, la que se está realizando a partir de la escucha activa de las diversas voces del pueblo mendocino. Y creo que esta Suprema Corte tiene en sus manos una decisión histórica: interpretar una cláusula constitucional que definirá el futuro de nuestro Poder Judicial.

Y en esta interpretación, no pueden dejarse de lado los reclamos históricos de la ciudadanía, pero a su vez debe ponerse el foco en las exigencias actuales de la justicia provincial. Debe estar impregnada de nuestras memorias y basada en los reclamos presentes de quienes demandan justicia y pretenden encontrar allí un ámbito para garantizar la progresividad de los derechos humanos.

Estamos analizando una cláusula decisiva para el futuro, que va a definir el perfil de nuestros magistrados y nuestras magistradas cuya interpretación debe estar impregnada de los Tratados Internacionales de derechos humanos, de las Convenciones con jerarquía constitucional, de las leyes nacionales vigentes y del paradigma basado en la defensa de los derechos humanos.

En este entendimiento, la pregunta no puede responderse sin considerar los derechos de las mujeres y de las diversidades, los derechos de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad, los derechos de los trabajadores y trabajadoras en los términos que establece la Organización Internacional del Trabajo, los derechos de niños, niñas y adolescentes y muchos otros derechos que nuestro país se obligó a garantizar en todo el plexo normativo que nos rige. Derechos que vienen siendo reclamados a partir de un trabajo complejo, difícil y constante que desarrolla el colectivo de abogados y abogadas que integran la matrícula del foro local.

El art. 152 inc. 3 de la Constitución Provincial exige, para ser miembro de la Suprema Corte, ser abogado con título de universidad nacional y con 10 años de ejercicio de la profesión u 8 años en la magistratura. Está claro que los magistrados y magistradas en ejercicio toman conocimiento de un sinfín de conflictos jurídicos y esto los obliga a estudiar diversas normas, jurisprudencia local e internacional y buscar alternativas argumentativas e interpretativas para dar la solución que consideren ajustada a derecho y cumplir con el servicio de justicia.

Ahora bien, para el caso de los abogados y abogadas que no son magistrados, la Constitución de nuestra provincia exige 10 años de ejercicio profesional. Y es aquí donde se genera la pregunta de esta Suprema Corte:

¿Cómo y con qué alcances debe interpretarse el inc. 3 del art. 152 de la Constitución de Mendoza, en cuanto exige para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia ser abogado con 10 años de ejercicio de la profesión?

Esta pregunta que hoy formula nuestra Suprema Corte pretende dilucidar qué abogados o abogadas están en condiciones de ser ministros o ministras de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Por lo tanto, estamos hablando de un tema íntimamente relacionado con la formación, la trayectoria, la identidad, la idoneidad y con la capacidad de la persona que va a integrar el máximo tribunal y que va a formar parte del órgano del Poder Judicial de Mendoza que define las políticas judiciales, las acciones que se promoverán para garantizar el funcionamiento de los tribunales y las perspectivas con las que se gestionará el servicio de justicia.

Pero, además, se trata de un magistrado o una magistrada que va a integrar un tribunal que sentará jurisprudencia respecto de los temas jurídicos más relevantes que hacen a nuestra institucionalidad democrática. Un tribunal que determinará los criterios jurídicos, las interpretaciones y los alcances respecto de la forma en que se debe aplicar la ley para asegurar la vigencia plena de los derechos humanos a toda la ciudadanía mendocina.

Por eso, la respuesta que esta Corte asigne a esta pregunta va a definir qué tipo de justicia vamos a tener en Mendoza, que mirada tendrá y hacia donde se perfilará este servicio esencial para la población. Se establecerá el perfil de los magistrados y las magistradas que cumplan la condición necesaria para desempeñar el rol de impartir justicia.

Por eso la interpretación no puede dejar de contemplar otras preguntas:

¿Queremos una justicia que escuche activamente a los y a las justiciables? ¿Queremos una justicia que comprenda lo que significa la pérdida de un derecho? ¿Queremos una justicia que interprete el derecho con perspectiva de géneros o que comprenda la problemática de los grupos LGTBIQ+? ¿Queremos una justicia sensible al dolor de las víctimas y que comprenda lo que significan las graves violaciones a los derechos humanos?  ¿Queremos una justicia que sea capaz de restituir los derechos vulnerados de trabajadores y trabajadoras? ¿Queremos una justicia que entienda las necesidades alimentarias de niños, niñas y adolescentes y que brinde respuestas a las violencias por razones de géneros? ¿Queremos una justicia que garantice los derechos de los acusados, que comprenda el dolor que significa la privación de la libertad? ¿Queremos una justicia que no se cruce de brazos ante las violaciones a los derechos humanos, una justicia que no sea burocrática y que restituya derechos?

Si queremos este tipo de justicia, la interpretación del alcance que se debe atribuir al requisito constitucional del art. 152 inc. 3, debe poner en valor el ejercicio efectivo y libre de la profesión del abogado y la abogada que litiga en tribunales y que lucha por los derechos. El de quien, en su rol de abogado o abogada argumenta, interpreta, defiende, demanda, asesora, acompaña, asiste e indaga en todas las ramas del derecho, ocupando diversos roles en la defensa de los derechos humanos.

La respuesta debe delimitar el concepto de ejercicio profesional del abogado y la abogada a aquellos casos en los que la acción de litigar requiere investigar y conocer antecedentes jurisprudenciales, trabajar para resolver conflictos jurídicos, mediar, acercar posiciones e impulsar las demandas de justicia con humanidad y en la comprensión del conflicto jurídico planteado entre las partes.

Para significar adecuadamente, qué debe entenderse por ejercicio profesional de la abogacía, se debe poner en valor a los abogados y a las abogadas que concurren a los tribunales, que recorren sus pasillos con los derechos de sus representados/as como bandera, que son capaces de expresar en un escrito los intereses de la parte que defienden, que deben buscar razones para la fundamentación en las diversas instancias del proceso y que deben realizar esfuerzos intelectuales para lograr la mejor interpretación de las normas en beneficio de la parte que representan.

Se debe poner en valor, fundamentalmente, que el ejercicio profesional de la abogacía implica muchas veces enfrentarse con un Poder Judicial que no da respuestas y contra funcionarios judiciales que no comprenden el dolor de las víctimas, el dolor de un niño, niña o adolescente que reclama una cuota alimentaria, de una persona que ha sido abusada sexualmente, de un trabajador o de una trabajadora que ha perdido sus ingresos, o el dolor de una persona privada de su libertad que ha sido torturada en un centro penitenciario.

Los abogados y las abogadas que ejercemos la profesión somos capaces de comprender estos sufrimientos, porque tenemos la obligación legal de defender a nuestros asistidos. Y en esa tarea, podemos advertir las falencias de nuestro Poder Judicial y tener fundados conocimientos para impulsar los cambios y transformaciones que se requieren para que el servicio de justicia se impregne de humanidad, de perspectiva de géneros, de valores fundados en los derechos humanos. Cambios que son urgentes, para que nuestra justicia sea un espacio de escucha para los justiciables y para la resolución de conflictos jurídicos sin formalismos inútiles. Estamos en una instancia fundamental y esta Suprema Corte, con su respuesta, va a definir que justicia tendremos en la Provincia de Mendoza.

Lo dicho hasta aquí, demuestra que no alcanza con el título de abogado o abogada para considerar que se está ejerciendo la profesión. Que no se ejerce la profesión detrás de un escritorio cobrando un sueldo sin abogar por los derechos de personas concretas, que no se ejerce la profesión en tareas administrativas del Poder Judicial, ni en la dirección, gestión o coordinación de recursos humanos. La profesión no se ejerce desde la comodidad de cargos públicos en los que la tarea no se relaciona con la defensa de sujetos determinados, aunque requiera título de abogado y mucho menos en los que no se requiere ese título. Esto es así porque en esas funciones no se adquiere la idoneidad necesaria para integrar nuestro más alto tribunal. La profesión no se ejerce desde el empleo en el Poder Judicial.

La abogacía se ejerce a través del asesoramiento jurídico letrado de personas físicas o jurídicas, a través del litigio civil, laboral, de familia o comercial en los tribunales provinciales, federales o internacionales, a través de la defensa penal o de la querella y mediante la representación, la negociación, la mediación y la conciliación extrajudicial. Debe haber trabajo jurídico con matrícula vigente y con control de sus pares en los tribunales de ética, requisitos ineludibles para ejercer legalmente la profesión de conformidad con las leyes que la regulan.

Nuestra Constitución Provincial establece diferentes exigencias de conformidad con la jerarquía del cargo. Estos requisitos se encuentran detallados en los artículos 152, 153, 154 y 155 de la Constitución Provincial.

Mientras más alto es el cargo, mayores son las exigencias para cumplir con el requisito constitucional. No es lo mismo lo que se exige para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia que para ser juez de cámara, de tribunales colegiados o fiscales de esa instancia o lo que se exige para ser juez o fiscal de primera instancia.

El art. 152 inc. 3 es muy claro, para ser miembro de la Suprema Corte y procurador de ella se requiere ser abogado con 10 años de ejercicio de la profesión en los términos explicados anteriormente.

En cambio, para los otros cargos, la Constitución admite otras posibilidades.

En el art. 153, para ser miembro de las Cámaras, se admite la posibilidad de ser abogado con 8 años de ejercicio profesional o 5 años en la magistratura. También puede haber ejercido la profesión durante 5 años + 2 años en algún cargo en la magistratura para el que se requiera la calidad de abogado. No admite, para este caso, años de permanencia en empleos en el Poder Judicial y exige el efectivo ejercicio de la profesión.

Para ser juez de primera instancia se requiere se abogado que haya ejercido 5 años la profesión o 2 años de un cargo en la magistratura para el que se requiere la calidad de abogado.

Y el art. 155, dispone que, para ser fiscal de primera instancia, asesor de menores, defensor de pobres y ausentes y juez de paz letrado se requiere 1 año de ejercicio en la profesión o de empleo en la magistratura para el que se requiere la calidad de abogado.

En todos estos cargos inferiores a la Suprema Corte, se requiere además transitar por un concurso, rendir un examen y aprobarlo.

De estas normas surgen 4 categorías específicas: a) Ejercicio de la magistratura; b) Ejercicio de la profesión de abogado/a; c) Cargo en la magistratura que requiera título de abogado y d) Empleo en la magistratura que requiera título de abogado.

Nuestra Constitución es muy clara en la exigencia del tipo de función que debe haber cumplido el postulante en cada uno de los cargos y es mucho más exigente y restrictivo mientras más alto sea el cargo, lo que condice con una perspectiva de análisis basada en el principio pro-homine y con la garantía del juez natural, independiente e imparcial estipulada en todos los tratados internacionales de derechos humanos.

Si se realiza una interpretación ajustada a estos estándares no cabe otro análisis que considerar que, para el caso de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, solo se admite que haya ejercido efectivamente la profesión porque solo así se adquieren las habilidades, capacidades, herramientas prácticas y la idoneidad necesaria para integrar nuestro máximo tribunal.

Muchas mujeres desafiaron lo establecido, cuestionaron las burocracias de sus países y lucharon por una justicia mejor en la que no haya lugar a la impunidad. Una de ellas fue Marielle Franco, asesinada en Brasil el 14 de marzo de 2018. Ella creyó en las experiencias cotidianas y cargó tantas luchas que a pesar de sus 38 años pareció vivir mil vidas. Se definía como mujer, feminista, negra e hija de la favela de Maré. Fue activista de derechos humanos, luchó por la justicia y contra la impunidad, defendió a las personas más pobres y a las oprimidas por el patriarcado. Marielle representó el sueño de millones de personas en Brasil, que creían en la paz, en la justicia y en la posibilidad de tener oportunidades.

Muchas mujeres latinoamericanas tenemos sueños como los de Marielle. Yo sueño con una justicia que dignifique a los seres humanos, que sea accesible para todos y para todas, una justicia que ampare a los mendocinos y mendocinas frente a las violaciones a los derechos humanos y que sea independiente del poder político de turno, que resuelva con equidad y con perspectiva de géneros, una justicia sensible, integrada por magistradas y magistrados formados, idóneos, imparciales e inmersos en la realidad de los que sufren. Sueño con una justicia que comprenda las vulnerabilidades e interseccionalidades que se plantean en cada caso y que esté integrada por personas capaces de comprender que, detrás de cada expediente, hay un ciudadano o una ciudadana de carne y hueso que carga con un conflicto jurídico y que busca respuestas en nuestros tribunales.

En definitiva, sueño con una justicia que se integre por magistrados y magistradas que hayan ejercido de manera efectiva la abogacía, que hayan litigado en los tribunales y que sean capaces de ponerse en el lugar de otros y otras, para mejorar los derechos de todas las personas, sin discriminaciones arbitrarias, sin formalismos, sin burocracias y sin prejuicios.

Al responder la pregunta que hoy nos hace la Suprema Corte de Mendoza se va a definir que justicia tendremos hacia el futuro. Sres. Ministros, nuestra justicia está en sus manos.