Recurseros sobre violencia institucional y acceso a la Justicia

El Área de Violencia Institucional y la Clínica Socio Jurídica de Xumek, junto al dispositivo territorial Red Popular de Acceso a Derechos (RePAD), hemos trabajado articuladamente durante el 2022 en el Proyecto “Prevención de la Tortura en la Región de Cuyo: estrategias de prevención y concientización en los barrios populares”. El mismo ha sido financiado por el Comité Nacional contra la Tortura.

Este proyecto tiene por finalidad prevenir hechos de violencia institucional en los barrios populares de Cuyo y reforzar el papel de la sociedad civil y el trabajo en redes en la protección de los Derechos Humanos. Es por eso que es en este trabajo que se ha nucleado la labor mancomunada entre los mencionados espacios de Xumek, que surge a partir del diagnóstico realizado por las tres áreas en el año 2021.

La participación de la RePAD ha sido a través del trabajo en territorio, con asesoramientos y acompañamientos en distintos barrios populares. Por su parte, la Clínica Socio Jurídica y el Área de Violencia Institucional se involucraron mediante los acompañamientos, asesoramientos y litigios que llegan y se atienden desde la sede de Xumek.

Es en este marco que compartimos los recurseros elaborados durante este año para su uso y difusión en actividades de concientización y prevención de situaciones de violencia institucional. ¡La descarga es gratuita!

  1. Reclamos jurídicos por obligaciones familiares

2. Cómo actuar ante un allanamiento ilegal

3. Violencia Institucional y Acceso a la Justicia

Comunicado frente al desalojo y represión contra el lof Lafken Winkul Mapu

Desde Xumek repudiamos enérgicamente lo sucedido con el Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi. El operativo innecesario desplegado por el Poder Judicial, los Ministerios de Seguridad Nacional y de Río Negro, la brutal represión y la persecución contra los hermanos y hermanas, no encuentran ningún justificativo válido y atenta contra los derechos humanos de los pueblos indígenas.

Resulta inadmisible el trato que han recibido niñxs, jóvenes, mujeres, adultxs en el marco del “proceso de desalojo” ordenado por la jueza Silvina Dominguez y ejecutado por el Comando Unificado de Seguridad creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el cual se encuentra conformado por Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El operativo implicó la detención de 7 mujeres mapuches, quienes estuvieron completamente incomunicadas por encontrarse la causa bajo secreto de sumario. Una de ellas se encontraba cursando la semana número 40 de embarazo y otras dos fueron detenidas junto a sus hijxs de 1 y 4 meses de edad. Además, se retuvieron a niñxs y adolescentes de la comunidad que fueron separadxs de sus familias por más de 24 horas.

La hermana embarazada fue obligada a parir sola en el hospital, no dejaron que ingresara al momento del parto su acompañante, faltando el respeto y violentando la cosmovisión y pautas culturales del pueblo mapuche.

Una vez más el Estado demuestra su claro posicionamiento político, policial, judicial y mediático en favor de la criminalización, estigmatización y hostigamiento sobre el pueblo mapuche y, por consiguiente, sobre los pueblos indígenas.

Se ha incumplido con cada compromiso constitucional y convencional asumidos por el Estado argentino sobre derechos humanos, en general, y sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular.

Exigimos una explicación sobre las medidas judiciales tomadas por la jueza, en particular, los traslados de las 4 mujeres mapuches de Bariloche hacia Buenos Aires, para que sigan su detención en el penal de Ezeiza.

Asimismo, exigimos la liberación de las mujeres detenidas y el inmediato retorno a su territorio ancestral. Que se respeten los derechos humanos y que tengan derecho a ser representadas en su defensa, como lo indica la Constitución Nacional y los pactos internacionales.

Repudiamos la persecución y criminalización de la protesta

paro docentes cta sute

Desde Xumek – Asociación para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, repudiamos la persecución y la criminalización de la protesta llevada a cabo por el Gobierno de la Provincia de Mendoza durante las jornadas de paro y movilización convocadas por diversos gremios mendocinos en el marco del reclamo de mejores condiciones laborales y salariales. 

Entendemos que estos métodos, cada vez más frecuentes desde el Poder Ejecutivo con colaboración del Poder Judicial de Mendoza, apuntan a disciplinar la protesta social y el legítimo ejercicio de derechos constitucionales.

En las últimas semanas diversos gremios, entre ellos, ATE, SUTE, SADOP, convocaron a jornadas de paro y movilización, en reclamo por mejoras salariales y condiciones de trabajo. Esta protesta resulta por demás legítima tratándose del derecho a una remuneración justa -en un provincia donde los salarios de los docentes son de los más bajos del país- en un contexto de crisis económica e inflación, con íntima vinculación al derecho de los ciudadanos de recibir una educación de calidad.

Desde el 3 de julio  del 2022 se ha constatado la persecución judicial a cinco (5) dirigentes sindicales– Roberto Macho, Adriana Iranzo, María Rosa Gaete y Graciela Navarro-, quienes han sido imputados por supuestas infracciones al artículo 194 del Código Penal de la Nación, por entorpecimiento de transporte; llegando incluso en el caso de Roberto Macho a ordenar su detención en sede de penitenciaría provincial. 

A su vez, la Policía provincial junto con abogadxs y escribanxs han asistido a las escuelas de la provincia de Mendoza, fuera de sus facultades establecidas por ley, para constatar libros de firmas de asistencia de docentes, durante los días convocados a paro y movilización, evidenciando así una actitud claramente persecutoria y coercitiva para quienes ejercen la docencia y adhieren al paro

Este tipo de acciones -además de rememorar las épocas más oscuras de nuestra historia reciente– intentan dejar un claro mensaje de disciplinamiento y criminalización de la protesta social por parte del Poder Ejecutivo y Judicial de Mendoza. 

Rechazamos toda acción estatal que pretenda abordar  el conflicto social desde herramientas represivas y/o punitivas. 

El derecho a la protesta social, el derecho a huelga, el derecho a agremiarse libremente, el derecho de reunión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a peticionar ante las autoridades, no solo resultan derecho humanos fundamentales receptados constitucional y convencionalmente, sino que además configuran condiciones básicas para la convivencia democrática propia de un Estado social y democrátido de derecho.

El Poder Judicial y especialmente el sistema penal como sistemas de reacción ante conductas delictivas, no pueden constituirse en herramientas de disciplinamiento y persecución de un reclamo legítimo que cuenta con el apoyo de toda la sociedad.

En contrapartida reivindicamos el camino  del diálogo, el consenso y la resolución no violenta de los conflictos, como las acciones que debe promover y propiciar el Estado.

Finalmente desde Xumek expresamos nuestro absoluto apoyo al reclamo del sector docente, poniéndonos a su disposición en lo sucesivo e interpelando al Gobernador Rodolfo Suárez y al Director General de Escuelas, José Thomas, a retomar el camino del diálogo sincero y libre de toda presión coercitiva. 

Foto de portada: Gentileza Prensa Sute – CTA.

Nadie se suicida en una comisaría, a Leo Rodríguez lo mató la Policía

Este 8 de abril marchamos contra la violencia institucional y, desde Xumek, recordamos a Leonardo Rodríguez Contreras y exigimos justicia por su muerte en manos de la Policía.

En 2015, Leo Rodríguez, una persona con discapacidad, fue arbitrariamente privado de su libertad por los agentes Andrés Vera y Romina Flores de la Policía de Mendoza e introducido en un calabozo de la Comisaría N° 27 de Villa Hipódromo, Godoy Cruz, donde a las pocas horas apareció sin vida. Las circunstancias de su muerte aún no han sido esclarecidas por lo que desde Xumek realizamos una petición ante el Comité contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de ONU solicitando la responsabilidad del Estado Argentino ante la falta de investigación y sanción del crimen.

La pregunta que nos hacemos constantemente es: ¿Cuántos casos como el de Leo, Adolfo Garrido, Raúl Baigorria y Sebastián Bordón tendremos que sufrir para ver un cambio en el actuar de la Policía en Mendoza? En los últimos años, Kevin Gonzales y Ricardo Bazán fueron asesinados por balas policiales, en Malargüe el pasado 12 de febrero y en el Barrio La Favorita en 2019, respectivamente.


Tampoco olvidamos las detenciones arbitrarias de Emanuel Silva y Carla Moya (en el Parque Canota en 2021), o de les 6 jóvenes aprehendides de forma violenta el 25 de marzo en Godoy Cruz. Estos casos son apenas una muestra de que la #ViolenciaInstitucional constituye una violación a los #DerechosHumanos de todes, pero son les jóvenes quienes más afectades se ven por ella.

Las prácticas de violencia institucional no son hechos aislados, sino que constituyen prácticas sistemáticas, arbitrarias e ilegales por parte de funcionarios policiales y penitenciarios. Estas prácticas -que tienen amparo político, judicial, y mediático-, deben ser evidenciadas con el fin de erradicarlas mediante el cambio de paradigmas y nuevas políticas públicas acorde a los estándares internacionales.

Este 8 de abril marchamos por todes les violentades, les que están acá y les no pueden marchar porque murieron en manos de policías y penitenciaries. Hoy marchamos para que les jóvenes dejemos de sufrir todo tipo de violencia estatal y ser chivo expiatorio de políticas represivas.

Las calles son y serán nuestras.

¿Qué está pasando en Colombia?

Colombia despertó

Imagen: Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe

Ante la grave situación de la violación a los derechos humanos que están ocurriendo en Colombia, traemos la voz de Valentina Mena Castro, historiadora y columnista de la revista colombiana Cuerpo y Territorio.

En esta entrevista, la oportunidad de conocer en primera persona qué está pasando el país hermano:

“La ciudadanía colombiana tomó las calles el 28 de abril de 2021 en paro en contra de la reforma tributaria. Esta reforma fue propuesta por el Centro Democrático, el partido de derecha del actual presidente Iván Duque.

Desde ese día, trabajadores, sindicalistas, activistas, estudiantes, pensionados, desempleados, artistas, grupos indígenas, influencers, dueños de negocios, camioneros y en su mayoría habitantes de todas las clases sociales, especialmente media, han marchado juntos en contra de la reforma tributaria.

Dentro del contexto colombiano es necesario tener en cuenta que la pandemia ha llevado a altos niveles de desempleo, pobreza e inflación. Para marzo, la desocupación alcanzaba el 14,2% a nivel nacional y la pobreza un 42,5% en 2020.

La reforma tributaria fue recibida en ese momento como otra cachetada para la población de Colombia, siendo que el país es el más desigual de América Latina, sumido en la pobreza. El acceso a servicios básicos como salud y educación no está garantizado por el Estado. En este contexto, la reforma viene a incrementar los impuestos tanto en la población en general como lxs dueñxs de negocios, eliminando muchas excepciones, expandiendo todos los sujetos de IVA (Impuesto al Valor Agregado) en donde se incluye productos de la canasta familiar, gasolina, servicios públicos, entre otros.

Ilustración: Anya Jaime Lizarazo, migrante colombiana en Argentina y colaboradora voluntaria de Xumek.

La ONG local Temblores contabiliza hasta el momento 87 personas desaparecidas, 1.728 casos de violencia policial, 37 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la policía, 934 detenciones arbitrarias, 234 víctimas de violencia física por parte de la policía, 341 intervenciones violentas, 26 víctimas de agresiones a los ojos, 98 casos de disparos con armas de fuego, 11 víctimas de violencia sexual  en todo el país desde que empezaron las protestas (diez días al momento de esta publicación).

En este contexto, como colombiana e historiadora, me encuentro en total rechazo con las acciones desmedidas de la policía y el ESMAD, ya que esto ha suprimido el legítimo derecho a la protesta de lxs ciudadanxs. El gobierno debe garantizar estas manifestaciones pacíficas de protesta y no reprimir a su población ante un claro descontento que no solamente viene de esta reforma tributaria, sino que desde 2018 con los movimientos estudiantiles se viene reclamando. Así, la violencia que se vive en las calles es necesario que sea revisada por organismos de derechos humanos a nivel internacional que sancionen estas acciones y al gobierno mismo.

En la constitución de Colombia, el Artículo 37 afirma que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.

Asimismo, la normativa sostiene que utilizará la fuerza policial en situaciones estrictamente necesarias y cuando no existan medidas alternativas menos restrictivas de los derechos fundamentales en juego. Pero como tal, esto no se está cumpliendo, porque desde la ciudadanía proponemos otras vías pero el gobierno mira para otro lado. 

Hablo con base en las demandas y al contexto de mí país, en donde una reforma tributaria en vez de salvar a su economía la empobrecería aún más, por ello creo asiduamente en el poder colectivo social de las marchas y su capacidad de transformación de las realidades de nuestro país, más cuando todos los sectores sociales se han unido en contra de un mismo objetivo, un futuro más amable con garantías básicas para todo el pueblo colombiano.”

Así, esta nota la escribo en memoria de todos aquellos que han muerto durante estos días de protestas, quienes han salido a la calles a buscar el cambio, de quienes auxilian a estas personas con ayuda jurídica, psicológica, médica y alimenticia y, de quienes no pueden salir a las calles a expresarse pero comparten en redes información al mundo.

En memoria de: Michel David Reyes Pérez, Marcelo Agredo Inchima, Juan Diego Perdomo Monroy, Cristian Moncayo, Stiven Sevillano Perea, Charlie Parra Banguera, Miguel Ángel Pinto Mona, Daniel Felipe Azcárate Falla, Edwin Villa Escobar, Dadimir Daza Correa, Einer Alexander Lasso Ocampo, José Augusto Ortiz Cortes, Kevin Yair González Ramos, Jesús Flórez, Brayan Niño, Santiago Andrés Murillo, Nicolás Guerrero, Jefferson Alexis Marín Morales, Andrés Felipe Castaño, Lucas Villa Vásquez, Dylan Cruz y muchos más que han dado su vida por todo un país, no solo en este paro sino en toda la historia de la lucha colombiana.

¡No son una cifra más!

Encontrá a Valentina Mena Castro y la revista Cuerpo y Territorio en Instagram.

Ilustración: Anya Jaime Lizarazo

Área Género y Diversidad, Xumek