El miércoles 5 de octubre de 2022 presentamos la Red Federal de Defensa de las Organizaciones Populares (Red Federal D.O.P.). Desde Mendoza, integrantes de Xumek y referentes de la UTEP, participamos a distancia y de manera virtual desde nuestra sede y de esta jornada que se desarrolló en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Resaltamos el carácter Federal de esta Red, que alcanza a diversas organizaciones, movimientos sociales, gremios y defensorxs de Derechos Humanos de Argentina. A su vez, la conformación de esta red pone en evidencia la importancia de organizarnos frente a las modalidades represivas que penalizan la organización popular mediante mecanismos judiciales, policiales y el aparato mediático para perseguir, aislar, intimidar y criminalizar a quienes se organizan día a día levantando la voz contra el ajuste, el hambre y la pobreza.
Pretendemos visibilizar la persecución y criminalización de organizaciones, dirigentes y militantes; ejercer la defensa conjunta ante cada caso y, al mismo tiempo, reivindicar la unidad de quienes son criminalizadxs por luchar en pos de la plena vigencia de los derechos humanos contra la desigualdad y en demanda de políticas públicas a favor de quienes más las sufren.
Presentación completa de la Red Federal D.O.P.
Nos pone en alerta la intensificación de la persecución mediática y judicial en los últimos meses, que tiene como fin instalar miedo, disciplinamiento y división. Hemos identificado que las herramientas utilizadas son las mismas de siempre: tareas de inteligencia, seguimiento a dirigentes e intervenciones telefónicas dictadas sin la debida fundamentación con el objetivo de perseguir y estigmatizar a las organizaciones sociales.
Apostando a un discurso de derecha, sectores políticos-judiciales ponen como blanco a lxs sujetxs organizadxs y a las organizaciones populares, como se observa en los violentos allanamientos realizados en las casas de dirigentes sociales, comedores y merenderos comunitarios. El carácter de “circo mediático” de estos despliegues violentos es tan evidente que los resultados de los allanamientos se muestran primero en la televisión, y luego se incorporan a las causas judiciales.
En los últimos años, hemos visto en la región (Paraguay, Ecuador, Brasil y Bolivia, entre otros países) cómo los sectores más conservadores (con sus aliados incondicionales: sector económico y financiero, medios masivos y hegemónicos de comunicación, oligarquía local, etc.) han logrado exitosamente interrumpir y suprimir procesos de cambios políticos, sociales y económicos que llevaban adelante gobiernos de extracción popular, a través de estos medios.
El pueblo argentino dijo NUNCA MÁS a la violencia política y eligió el camino de la paz, el diálogo y la justicia para resolver los conflictos y diferencias políticas. Así nos enseñaron las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, y así lo sostenemos hoy inflexiblemente. No hay lugar alguno para los discursos de odio, reproducidos y amplificados desde los medios masivos de comunicación y por personajes públicos, muchos de ellos con responsabilidades institucionales. Dichos discursos inoculados sistemáticamente no son más que un caldo de cultivo e incitadores de actos de violencia que sistemáticamente ponen en riesgo la convivencia democrática.
En este contexto, repudiamos y denunciamos la utilización del Poder Judicial (especialmente del sistema penal), no sólo con fines de control y disciplinamiento de los sectores populares organizados, sino también la persecución judicial, el lawfare, y el intento de proscripción de lideresas políticas, como es el caso de la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
En este sentido, la Red Federal procura ser un ámbito amplio y democrático para la generación y difusión de ideas, el acompañamiento en los procesos judiciales y la visibilización de todo acto que constituya una violación a los derechos constitucionales elementales sobre los que se asienta nuestro sistema democrático.
Considerando el rol de la sociedad civil en la construcción de políticas públicas de seguridad democráticas, la Red Federal reafirma los principios básicos de todo sistema democrático: Organizarse y peticionar ante el Estado son derechos de toda la ciudadanía y pilares básicos de la convivencia democrática. NO son atentados contra la seguridad nacional. Infiltrar personal policial en las manifestaciones o realizar tareas de inteligencia por razones políticas a quienes participan de las mismas e integran organizaciones sociales, es absolutamente ilegal y vulnera derechos humanos elementales.
Por todo ello, desde la Red Federal de Defensa de las Organizaciones Populares nos proponemos
Relevar, sistematizar y hacer un seguimiento de los casos de represión y criminalización de las organizaciones sociales, dirigentes, representantes gremiales y defensores de derechos humanos en todo el país.
Denunciar todo acto de persecución, criminalización o intento de limitar y vulnerar el efectivo ejercicio de los derechos de las organizaciones sociales, sindicales, políticas y de la sociedad civil.
Recibir denuncias por violación a la ley nacional de inteligencia en casos de espionaje ilegal.
Asistir y acompañar a las personas y organizaciones sociales perseguidas y criminalizadas.
Impulsar y promover el tratamiento y la aprobación del Proyecto de Ley 2546-D-2021 y el Estado Nacional ratifique la Declaración A/RES/53/144 de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.
NO QUEREMOS MÁS PERSONAS PERSEGUIDAS. NO QUEREMOS MÁS PRESXS POR RAZONES POLÍTICAS.
UTEP – Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular ANDHES – Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales APDH – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos CADH – Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales Liberpueblo – Asociación por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo Xumek – Asociación para la protección y promoción de los derechos humanos
Desde Xumek – Asociación para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, repudiamos la persecución y la criminalización de la protesta llevada a cabo por el Gobierno de la Provincia de Mendoza durante las jornadas de paro y movilización convocadas por diversos gremios mendocinos en el marco del reclamo de mejores condiciones laborales y salariales.
Entendemos que estos métodos, cada vez más frecuentes desde el Poder Ejecutivo con colaboración del Poder Judicial de Mendoza, apuntan a disciplinar la protesta social y el legítimo ejercicio de derechos constitucionales.
En las últimas semanas diversos gremios, entre ellos, ATE, SUTE, SADOP, convocaron a jornadas de paro y movilización, en reclamo por mejoras salariales y condiciones de trabajo. Esta protesta resulta por demás legítima tratándose del derecho a una remuneración justa -en un provincia donde los salarios de los docentes son de los más bajos del país- en un contexto de crisis económica e inflación, con íntima vinculación al derecho de los ciudadanos de recibir una educación de calidad.
Desde el 3 de julio del 2022 se ha constatado la persecución judicial a cinco (5) dirigentes sindicales– Roberto Macho, Adriana Iranzo, María Rosa Gaete y Graciela Navarro-, quienes han sido imputados por supuestas infracciones al artículo 194 del Código Penal de la Nación, por entorpecimiento de transporte; llegando incluso en el caso de Roberto Macho a ordenar su detención en sede de penitenciaría provincial.
A su vez, la Policía provincial junto con abogadxs y escribanxs han asistido a las escuelas de la provincia de Mendoza, fuera de sus facultades establecidas por ley, para constatar libros de firmas de asistencia de docentes, durante los días convocados a paro y movilización, evidenciando así una actitud claramente persecutoria y coercitiva para quienes ejercen la docencia y adhieren al paro.
Este tipo de acciones -además de rememorar las épocas más oscuras de nuestra historia reciente– intentan dejar un claro mensaje de disciplinamiento y criminalización de la protesta social por parte del Poder Ejecutivo y Judicial de Mendoza.
Rechazamos toda acción estatal que pretenda abordar el conflicto social desde herramientas represivas y/o punitivas.
El derecho a la protesta social, el derecho a huelga, el derecho a agremiarse libremente, el derecho de reunión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a peticionar ante las autoridades, no solo resultan derecho humanos fundamentales receptados constitucional y convencionalmente, sino que además configuran condiciones básicas para la convivencia democrática propia de un Estado social y democrátido de derecho.
El Poder Judicial y especialmente el sistema penal como sistemas de reacción ante conductas delictivas, no pueden constituirse en herramientas de disciplinamiento y persecución de un reclamo legítimo que cuenta con el apoyo de toda la sociedad.
En contrapartida reivindicamos el camino del diálogo, el consenso y la resolución no violenta de los conflictos, como las acciones que debe promover y propiciar el Estado.
Finalmente desde Xumek expresamos nuestro absoluto apoyo al reclamo del sector docente, poniéndonos a su disposición en lo sucesivo e interpelando al Gobernador Rodolfo Suárez y al Director General de Escuelas, José Thomas, a retomar el camino del diálogo sincero y libre de toda presión coercitiva.
El pasado 20 de junio hubo una audiencia pública en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) analizó la responsabilidad internacional de la República de Chile por violación del derecho a la libertad de expresión en relación con el derecho a vivir en un medio ambiente sano y a la información publica.
Por este caso, el abogado y defensor ambientalista Carlos Baraona Bray fue condenado por el delito de “injurias graves” luego de haber brindado una serie de entrevistas en las que declaró tener conocimiento de que un Senador de la república había ejercido presiones e influido para que las autoridades llevaran a cabo la tala ilícita del alerce, una especie de árbol milenario conservado en Chile.
Encontramos en este caso una gran oportunidad para brindar un aporte al Tribunal sobre la importancia de la protección del derecho a la libertad de expresión, específicamente de los defensores del medio ambiente, y cómo la falta del mismo interfiere en el acceso a la información pública de las personas que conviven en una sociedad. Además, se ponen de manifiesto hechos que no son ajenos a otros países de Latinoamérica en general y de la Argentina en particular. Así, podemos mencionar los casos de Patricia Álvarez de Figueroa, imputada por protestar contra la megaminería en Andalgalá (Catamarca, Argentina), Nora Moyano de la Asamblea por el Agua (Mendoza, Argentina); Wbeimar Cetina de Arauca (Colombia); Juan Julio Fernandez (Perú) y Berta Cáceres (Honduras).
Desde Xumek nos presentamos como amicus curiae en el Caso Baraona Bray porque creemos que no puede dejar de valorarse el rol fundamental de los defensores ambientales de informar a la comunidad sobre asuntos de carácter público cuando el Estado no lo hace. Valorar el activismo de estos actores requiere la toma de medidas efectivas y oportunas para hacer frente a la vulnerabilidad de este colectivo frente a manifestaciones reaccionarias.
Desde la Asociación para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos Xumek adherimos al repudio de las provincias de Chubut, Río Negro, Mendoza, San Juan y Catamarca acerca de la “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad” (MEMAC).
Preocupados vemos un nuevo embate del gobierno y las transnacionales mineras sobre los territorios. Con el eufemismo “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad”, el Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional, junto a la Cámara de Empresarios Mineros (que reúne a las grandes transnacionales del sector), lanzaron una nueva iniciativa de lobby minero. Nos preocupa aunque no nos sorprende, ya que han intentado exactamente lo mismo en varias oportunidades desde que se instaló la gran minería en nuestro país en la década de los 90`.
El único y exclusivo objetivo de esta mesa es romper las resistencias territoriales y avanzar en las 7 provincias de Argentina que limitan el uso de sustancias tóxicas y peligrosas en la actividad minera y que fueron obtenidas a través de verdaderos procesos participativos, democráticos, informados y populares.
Porque sobre este punto es importante destacar que la historia del movimiento socioambiental en Argentina está plagada de participaciones populares en instancias institucionales y gubernamentales. No rechazamos los diálogos y debates, por el contrario, los propiciamos y los protagonizamos. Dos décadas de historia así lo demuestran: hemos iniciado el procedimiento constitucional de iniciativa popular en la provincia de Chubut en dos oportunidades, una plebiscito en Esquel -Chubut, 2003- y otra en Loncopué -Neuquén, 2012- (los dos únicos que desde el poder se permitieron); hemos participado en infinidades de audiencias públicas gubernamentales en la provincia de Mendoza y en todo el país, en el debate parlamentario de la Ley Nacional de Glaciares (que violan la gran mayoría de las empresas); hemos participado ampliamente en cada una de las leyes que prohíben en 7 provincias el uso de sustancias tóxicas en la actividad, en la creación de ordenanzas municipales en Catamarca, en la publicación de libros de investigación y de divulgación sobre los mitos de la actividad minera, en foros públicos en las Universidades Nacionales de San Juan, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, entre muchas otras actividades participativas más.
En suma, hemos participado en debates de todo tipo, en las calles, en las escuelas, en las universidades, en los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Nos informamos científicamente y también porque conocemos nuestros ríos, nuestra tierra y porque sufrimos en nuestros cuerpos y nuestra vida esta actividad. Lo que rechazamos son las falsas mesas de “diálogo” que tienen un objetivo prefijado (“destrabar la actividad”, es decir, avanzar con la megaminería) subestimando los saberes territoriales y populares. Pretenden invisibilizar más de 20 años de resistencia en los territorios. “No entendieron”, “faltó conocimiento”, “información falsa”. Sí entendimos y sí tenemos mucha información y conocimiento real, concreto y situado.
Diálogo unilateral, falso, sin horizontalidad, sin interlocutores válidos, que parte de premisas falaces tales como que el problema es “la ignorancia de las comunidades”. Porque cuando el único territorio de las organizaciones que participaron hoy como legitimadoras del encuentro, son los medios de comunicación y las redes sociales, se pierde la visión de los territorios. Así pretenden bastardear 20 años de resistencias territoriales contra la megaminería en Argentina. ¿Qué conflictos quieren “destrabar” si la participación es con organizaciones que no tienen contacto con los territorios afectados, que no nos representan, y no cuentan con nuestra legitimidad? Pretenden desconocer que hay provincias enteras que han tenido un verdadero y respetuoso debate social y que han rechazado democráticamente esta figura extrema del extractivismo. El debate ya se ha dado. En suma, repudiamos el falso diálogo con organizaciones que se definen como “ambientalistas” mientras legitiman una actividad que destruye, contamina y saquea los territorios.
No es por falta de información o de información errónea que rechazamos a la gran minería; lo hacemos porque se ha impuesto en nuestro país sin licencia social, con gran conflictividad, con destrucción ambiental, con saqueo económico, con corrupción política, con persecuciones judiciales (ayer mismo llegaron citaciones judiciales a vecinos y vecinas de Andalgalá en Catamarca). Y es por eso que, con los ecos cercanos del “Mendozazo” y el “Chubutazo” seguiremos defendiendo nuestros territorios, nuestra agua, nuestra vida.
Este 3 de mayo de 2022 se cumple un año del inicio del segundo mega juicio por los abusos sexuales ocurridos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza. En el mes de abril de 2017, luego de que muchxs estudiantes declararan en cámara Gesell, se ordenó la captura de la monja japonesa Kumiko Kosaka, por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores.
Posteriormente, se imputó a Graciela Pascual (licenciada en Trabajo Social y representante legal del Instituto) por su intervención en la impunidad de los hechos investigados omitiendo su deber de denunciar. Finalmente, se inició investigación penal contra la monja Asunción Martínez, la psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y las directoras del Instituto Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán; por su participación criminal por omisión. Todas ellas pudieron haber evitado estos delitos, pero no lo hicieron (omitieron), teniendo conocimiento de los hechos y el deber legal de actuar en consecuencia.
Con excepción de Kumiko Kosaka, quien está en prisión domiciliaria, todas las demás imputadas llegan al juicio en libertad.
Las audiencias preliminares (en las cuales se discute la prueba que ingresará al debate) de este juicio se extendieron por más de un año debido a la pandemia por Covid-19 y la constante interposición de acciones dilatorias presentadas por la defensa de las religiosas, que fueron siempre rechazadas. En esencia, se trataba de los mismos planteos realizados durante la etapa de investigación y que ya habían sido objeto de análisis y rechazo por distintos magistrados.
Al inicio del juicio, el Tribunal estaba compuesto por los jueces Horacio Cadile (presidente), Gabriela Urciolo y Rafael Escot. Sin embargo, a poco de empezar, los abogados de Kumiko y Martínez presentaron una recusación sobre la base de una fotocopia que contenía una serie de mensajes de WhatsApp enviados en un grupo de magistrados del Poder Judicial de Mendoza en el que participaba el presidente del Tribunal. Allí, se habrían burlado de una de las imputadas. Ante esto, el juez Cadile, con interés en garantizar la plena imparcialidad, se inhibió de continuar en la causa, quedando seleccionada como reemplazante la Dra. María Belén Salido. Con la nueva conformación, la presidencia pasó a la jueza Urciolo.
A 1 año de iniciado el juicio, solo han podido declarar 23 testigos, de más de 266 personas que serán citadas, debido a los constantes entorpecimientos que provocan los abogados de las religiosas y que el tribunal tolera sin tener en cuenta el grave daño que las dilaciones ocasionan a las víctimas. Es decir que, sólo ha declarado un poco menos del 10% de la totalidad de las personas en 12 meses de juicio. De seguir este ritmo, el juicio se demoraría 9 años más.
Además, se ha ordenado a lxs sobrevivientes que presten nuevamente testimonial, pese a que han declarado en numerosas oportunidades durante la instrucción y en el primer juicio, testimonios que se encuentran filmados. Las nuevas declaraciones de las víctimas no estuvieron exentas de situaciones revictimizantes que provocaron que en algunas ocasiones lxs sobrevivientes tuvieran que ser asistidxs por médicos del Tribunal o ser llevadxs a la guardia hospitalaria. Esto sumado a que debieron asistir en numerosas oportunidades, llegando una de ella a tener que presentarse en 23 oportunidades a los estrados del Poder Judicial, donde se le realizan numerosas preguntas que nada tienen que ver con el caso. Se lxs interroga sobre cuestiones personales bajo el pretexto de verificar su credibilidad, lo que provoca un desgaste emocional en las víctimas que terminan muy afectadas luego de tantas audiencias. Incluso, ante la recomendación de psicólogxs de que un testigo no se encuentra en condiciones psíquicas y emocionales de declarar, se ha ordenado -a instancias de la defensa- la realización de un nuevo examen para determinar si lo que afirman dichxs profesionales de la salud es realmente así.
También, en este nuevo juicio, hemos podido observar cómo la Iglesia Católica busca perseguir y acallar a las víctimas mediante diferentes mecanismos: revisando las publicaciones de las actividades que realizan en las redes sociales o persiguiendo a los intérpretes de confianza, a los medios de prensa que informan el estado de la causa y a los abogados que defendemos sus intereses. Así, la defensa de las religiosas ofreció como prueba para este debate una investigación privada realizada en todas las redes sociales de las víctimas. Se pretendía usar un informe sobre las publicaciones, principalmente de Facebook, realizadas con mucha posterioridad a los hechos que se investigan en este juicio. A través de este procedimiento, lxs representantes de la Iglesia llevan adelante una sutil forma de callar a lxs sobrevivientes y de limitar su derecho a la libre expresión. Cabe destacar que, teniendo en cuenta la discapacidad de les sobrevivientes, sus redes sociales constituyen una de las formas más igualitarias de comunicación donde pueden expresarse libremente.
El derecho a la libertad de expresión constituye un principio único que cumple una función fundamental en el desarrollo de la capacidad que tienen los niños, niñas y adolescentes de pensar por sí mismos los asuntos que los afectan, y de ver el mundo desde su propia perspectiva.
De igual forma, desde el inicio de la investigación, los abogados de las monjas comenzaron a atacar a lxs intérpretes que actuaron durante las cámaras gesell y en el primer debate. Según la Iglesia Católica, los intérpretes oficiales tergiversan las declaraciones de las víctimas en perjuicio de las monjas, por lo que fueron denunciados penalmente y apartados del segundo juicio. Lxs intérpretes denunciadxs son personas cercanas a las víctimas, situación que las afecta gravemente, vulnerando un derecho humano fundamental, es decir: que la Comunidad Sorda cuente con intérpretes de confianza, toda vez que son ellxs su canal de comunicación con las personas oyentes.
Además, por su función, ellxs conocen aspectos muy íntimos de la vida privada de lxs sobrevivientes que estxs últimxs no están dispuestxs a revelar a cualquiera. En consecuencia, perseguir a los intérpretes que vienen participando desde el inicio de la causa mediante una denuncia penal y sacarlxs de su intervención en este segundo juicio, constituye una forma de revictimización especial, ya que obliga a las víctimas a tener que entablar un nuevo vínculo de confianza con intérpretes desconocidos o callar otra vez los abusos sexuales sufridos en el Instituto.
Es tan importante la función que cumplen los intérpretes en las personas sordas e hipoacúsicos, que en el caso de que no se pudiese entablar un vínculo seguro entre ambos, el resultado sería nuevamente el silencio de las víctimas y la impunidad de los abusadores.
Por último, la Iglesia también despliega todo su poder silenciando a lxs periodistas que se animan a informar lo sucedido dentro del Instituto Próvolo. Para ello se valen de sus abogados, quienes solicitaron al Tribunal del segundo juicio que se prohibiera a las partes dar información de lo que sucedía dentro de la sala de debate. En principio, como en cualquier acto de gobierno de una República, todos los debates son públicos. Sin embargo, cuando se trata de causas que involucran niñeces y adolescencias, puede ordenarse que los procedimientos sean a “puerta cerrada”. Esto no significa de ninguna manera que el debate sea secreto o que las partes no puedan dar información sobre lo que sucede dentro de la sala de audiencias, sino que, para resguardar la intimidad de las víctimas, no se permite el ingreso de personas ajenas al juicio y se sugiere que la información que se transmita no afecte la honra de las mismas. Decimos “se sugiere” porque jamás una norma podría censurar previamente a alguna de las partes, sólo se puede pensar en responsabilidades ulteriores por la afectación a algún derecho de las víctimas. Esto último también es importante destacar, porque lo que se resguarda siempre es la intimidad de las víctimas, nunca la de lxs imputadxs, las partes o el Tribunal.
Sin embargo, el Tribunal llamativamente hace lugar al pedido de la defensa de las monjas e inmediatamente comienzan a denunciar a periodistas que informan sobre el avance de la causa. Así, existe en la actualidad una causa penal contra el periodista Ignacio De La Rosa del Diario Los Andes, uno de los medios de comunicación más antiguos de Mendoza, simplemente por ejercer debidamente su labor republicana de informar a la población el estado de un proceso judicial de suma trascendencia. Los denunciantes saben que las misma resultan infundadas y contrarias a la Constitución, no obstante, se la utiliza como un medio más de silenciamiento y amedrentamiento contra quienes se animen a enfrentar el poder de la Iglesia, provocando que otrxs periodistas eviten dar a conocer los avances del juicio, y que, incluso, hasta la Secretaría de Información Pública del Poder Judicial de Mendoza presente un escrito mediante la cual comunica que dejará de brindar información sobre el nuevo debate.
Otra de las estrategias de amedrentamiento desplegadas por la Iglesia Católica contra lxs sobrevivientes es atacarlxs denunciando a sus abogados, quienes representamos a las víctimas en todas las instancias donde se han presentado sus reclamos. En efecto, se presentó una denuncia contra uno de los abogados de Xumek por dar información a la prensa sobre las situaciones de revictimización en la que se encuentran las sobrevivientes que prestaron declaración en este segundo debate.
A los fines de evitar que el daño sufrido por el delito se vea incrementado como consecuencia del constante contacto con la justicia, el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Instituto Próvolo solicitó a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la adopción de medidas útiles para evitar retrasos en la tramitación de la causa. El objetivo es que a través de estas medidas se garantice la pronta resolución judicial y la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, tales como la realización de las audiencias en una misma jornada con la correcta observación de interrogatorios que respeten la perspectiva de género y diversidad, que sean respetuosos de la perspectiva de discapacidad, que cumplan con los derechos humanos de los sobrevivientes y no sean revictimizantes. A su vez, se solicitó un trato adecuado garantizando un entorno accesible, seguro y tranquilo, donde se brinde contención psicológica con acceso a interpretación de Lenguaje de Señas Argentina (LSA), asistencia alimentaria y soporte económico para concurrir a las reiteradas instancias jurídicas que prevé el desarrollo de este segundo juicio.
Luego del pedido, miembros del Colectivo fueron atendidos por el Ministro José Valerio, junto a la Directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia, Milagros Noli, el Secretaria de Información Pública del Poder Judicial de Mendoza, Martín Ahumada y el Responsable General del Fuero Penal, Gabriel Longhin, quienes se comprometieron cada uno en sus respectivos ámbitos de competencia a adoptar medidas tendientes a dar respuesta a los reclamos del Colectivo.
Vale recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que las niños, niñas y adolescentes víctimas, en particular de violencia sexual, pueden experimentar graves consecuencias físicas, psicológicas y emocionales causadas por el hecho violatorio de sus derechos, así como una nueva victimización a manos de los órganos del Estado a través de su participación en un proceso penal, cuya función es justamente la protección de sus derechos.
Pese a todos estos esfuerzos, no se ha logrado revertir las constantes dilaciones y el proceso de revictimización que actualmente sufren les sobrevivientes. A modo de ejemplo, la última de las víctimas en declarar durante el mes de abril, lo hizo por más de 10 jornadas, debiendo parar en alguna de ellas por el grave estado emocional le provocaban tantas preguntas. El juicio se extenderá por ahora hasta el 30 de diciembre y dependerá del estado de la causa si se extiende más allá de esa fecha.
El estado de las reparaciones
La sentencia del primer juicio del Provolo puso a lxs sobrevivientes como verdaderos actores en el proceso de justicia al establecer medidas de satisfacción y no repetición. Esto implica entender que resulta necesario que obtengan una reparación integral, más allá de que nada pueda reparar el daño ocasionado por los abusadores y sus cómplices. En este sentido, el Tribunal consideró que la Dirección General de Escuelas debía brindar opciones educativas o de capacitación formal a las víctimas según sus capacidades, necesidades y proyecto de vida, incluyendo -en su caso- educación terciaria o universitaria, a través de instituciones públicas o privadas, otorgando en caso necesario becas de estudio (que incluya transporte y materiales de estudio a fin de que puedan cursar y concluir los mismos), así como también que realicen talleres y/o cursos de capacitación periódicos para que la población interesada pueda acceder al estudio y comprensión de la Lengua de Señas Argentina (art. 16 inc. a y b, ley 7.393).
Con relación al Ministerio de Salud, se ordenó brindar tratamiento psicológico y/o psiquiátrico y en el caso de ser requerida la medicación necesaria, garantizando los tratamientos en forma gratuita y con la ayuda de intérpretes en lengua de señas a todas las víctimas de autos por el tiempo que sea necesario a fin de lograr la efectiva recuperación, asegurando que se le otorguen las facilidades necesarias para que puedan asistir al mismo. Respecto de la Subsecretaría de Desarrollo Social, se solicitó que se efectivice aquellas acciones necesarias a fin de que las víctimas puedan acceder a becas, subsidios o programas de ayuda provincial y/o nacional para estudiantes, pasantías laborales rentadas o de trabajos para jóvenes; que colabore así en la reinserción de las víctimas y les signifique una ayuda para el desarrollo de sus proyectos de vida.
El núcleo de estas medidas de reparación integral trascienden ampliamente lo material apuntando al reconocimiento de la dignidad de las víctimas, a preservar y reparar el prestigio o su buen nombre y honor, como así también reivindicar a la persona ante la propia comunidad.
Por ello, iniciamos junto al Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Instituto Próvolo una serie de pedidos y reuniones con autoridades de la provincia de Mendoza y San Luis, con resultados muy diferentes. En Mendoza, con excepción del Instituto Provincial de Vivienda, que nos recibió casi de forma inmediata y se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para garantizar el derecho a la vivienda digna, lo que no ha sucedido hasta la actualidad; del resto de los ministerios no obtuvimos ninguna clase de respuesta. Ante ello requerimos la intervención, a través del Ministro José Valerio, de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, para que actúe como intermediador y acerque a las partes para alcanzar un acuerdo de cumplimiento.
En cambio, en la provincia de San Luis, inmediatamente notificada la sentencia, designaron a una persona del poder ejecutivo para que intermediaria con les sobrevivientes que viven en aquella provincia y los distintos Ministerios para dar cumplimiento a las medidas ordenadas. A casi dos años y medio de la condena, todavía seguimos insistiendo a las autoridades mendocinas en el cumplimiento de las medidas de reparación integral, las que resultan esenciales para la reelaboración del proyecto de vida de las víctimas, constituyendo una obligación no solo por lo establecido en la sentencia, sino por los compromisos internacionales asumidos por la Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En una audiencia pública de prisión preventiva por violencia de género, el juez penal mendocino Gonzalo Guiñazú consideró que los golpes en el cuerpo y la cabeza de una mujer, las amenazas con arma de fuego y el ingreso a la vivienda derribando la puerta son “un problema interno” de la pareja.
Como si fuera poco, la fiscal fue interrumpida a los gritos constantemente por el juez, agregando más violencia.
Frente a esto, nos preguntamos: ¿hasta cuándo los magistrados van a sostener argumentos machistas en sus dictámenes?
Lejos de colaborar en la construcción urgente de una sociedad más justa e igualitaria para las mujeres y el colectivo LGBT+, nos dejan solas en manos de varones violentos que perpetúan la violencia patriarcal a fuerza de golpes. Mientras tanto, una mujer es asesinada por un femicida cada 26 horas en nuestro país.
En Xumek repudiamos los excesos de facultades del Juez Gonzalo Guiñazú y exigimos que los magistrados se capaciten verdaderamente en perspectiva de género.
Solicitamos la real implementación de la Ley Micaela, ya que los magistrados no pueden seguir sosteniendo estos discursos que atrasan en materia de derechos humanos y en particular los derechos sobre las mujeres.
La audiencia
En la audiencia pública de prisión preventiva por un caso de violencia de género, el Juez penal mendocino Gonzalo Guiñazú interrumpió constantemente a la Fiscal Mariana Pedot cuando daba sus argumentos. No sólo denota la falta de profesionalismo por parte del juez, sino también el mansplaining* que realiza a la Fiscal, quien en función de sus competencias intentó explicar sus argumentos, los cuales eran constantemente interrumpidos por un Juez exaltado y con falta de perspectiva de género.
El juez argumentó “si la víctima no quiso denunciar a su pareja, es un problema interno entre ellos”, remarcando que “solo la pareja conoce el alcance de las peleas”, y “lo que para algunos es violencia de género para otros es habitual”.
Esto denota una postura clara de falta de perspectiva de género y además un grave retroceso en materia de derechos. Ya que a través de debates sociales se dejó de interpretar a la violencia de género como un problema “doméstico” o de “puertas adentro” para entenderla como una problemática que involucra a la sociedad y principalmente al Estado como garante de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.
Este derecho está reconocido en normativas nacionales tales como la ley 26.485 de protección integral a las mujeres, en el ámbito interamericano con la convención Belém do Pará y en la Convención para la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en el plano universal, todas normativas que el Juez debió tener en cuenta e hizo caso omiso en la interpretación del caso y en la realización de la audiencia.
La voluntad de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género siempre debe ser respetada, sin embargo en el presente caso la misma corría riesgo de vida y era amenazada por el imputado quien la obligaba a minimizar el hecho. El Juez no puede desconocer esta modalidad, principalmente con las pruebas que presentó la Fiscal.
BASTA DE VIOLENCIA MACHISTA Vivas, libres, y sin miedo nos queremos. ¡Reforma judicial feminista YA!
*La palabra mansplaining proviene de la yuxtaposición en inglés de man (hombre) y explaining (explicar). Refiere a aquellas situaciones en las que un varón explica cualquier tema a una mujer utilizando un tono condescendiente, paternalista o de menosprecio, basado en una concepción de inferioridad de las mujeres, propio de la sociedad patriarcal.
A 14 años de nuestra fundación, presentamos el “Informe 2021 sobre la situación de los Derechos Humanos en Mendoza”. Este año, desde la Asociación proponemos el desafío de convocar a todos los sectores sociales para repensar esta era de pos-pandemia en la que cada pieza es indispensable para impulsar el gran motor que moviliza los cambios sociales.
Bajo el lema “estás acá, estás sumando”, invitamos a la duodécima presentación de nuestro Informe Anual. A través de nuestro conocimiento, historia, activismo y experiencia, desde Xumek buscamos ser el catalizador para unir voluntades movilizadas por la búsqueda de construir un mundo mejor después de los graves destrozos que dejó el tsunami de la pandemia.
Por ello, nos ponemos a disposición para “unir las piezas del engranaje” y encender así el motor que moviliza los cambios sociales.
“Desde la fundación de Xumek hemos pasado por diferentes momentos históricos. La organización mutó muchísimo también: se amplió, diversificó y se llenó de jóvenes con enorme compromiso y responsabilidad que lideran áreas y secretarías. Desde siempre entendimos que una sociedad inclusiva, plural y justa se construye colectivamente, interpelando a todas las personas, sin importar su profesión, su trabajo o su edad. Ahora que a nadie se le pasó por alto el destrozo subjetivo y social que dejó la pandemia creemos que es clave agradecer a quienes sostuvieron el compromiso y, también, reforzar la convocatoria a participar. Xumek es un espacio abierto de confluencia y reflexión sobre la sociedad en la que queremos todes vivir en igualdad de derechos y oportunidades”, reflexionó Lucas Lecour, presidente de la asociación y abogado especialista en derechos humanos.
Cuándo: Viernes 17 de diciembre – 12:30 horas Dónde: Presencial en la Nave Universitaria (con aforo) | Virtual Qué: Presentación del Informe Anual, encuentro artístico con Mariana Päraway y Cucarachá candombe, Entrega de reconocimientos Cómo inscribirse: bit.ly/Xumek2021_Inscripcion
El evento
La presentación busca combinar el arte con la defensa de los derechos humanos. En modalidad multimedial, contará con la voz de Mariana Päraway y los tambores y danza de Cucarachá candombe. Aunque el foco será la música y la celebración, habrá videos testimoniales, homenajes y distinciones a referentes en la defensa de los Derechos Humanos.
“Nos sumamos a tantos otros eventos que proponen una modalidad híbrida porque queremos reconocer en persona a quienes sostuvieron la bandera de los derechos humanos en estos dos años tan duros: voluntaries, practicantes, socios y socias. Pero la capacidad sigue siendo limitada porque nuestra comunidad es muy grande. Por eso, por segunda vez haremos la presentación también a través de una plataforma virtual, viendo lo positivo de facilitar la participación de personas que viven fuera de Mendoza. Este año, de hecho, vivimos la contracara de la obligación a la virtualidad: tuvimos a un alto porcentaje de voluntaries distribuidos por todo el país.”, comentó Florencia Díaz Peccinetti, directora ejecutiva de la Asociación.
Empresas y derechos humanos
Estamos acá, estamos sumando. Estoy acá, estoy sumando. El lema que eligió Xumek para la presentación del informe de este año busca agasajar a su familia más cercana y a la vez abrir un camino de diálogo hacia otros sectores sociales.
“La pandemia nos azotó a todes y las personas vulnerabilizadas son, como siempre, las que más golpes recibieron.” explica Díaz Peccinetti.
“Este año buscamos especialmente convocar a referentes del sector privado, empresarial. Se preguntarán: ¿qué tienen que ver las empresas con los derechos humanos? La respuesta es MUCHO. Las organizaciones con fines de lucro tienen una gran responsabilidad en el impacto social y a la vez una gran capacidad de influir en las decisiones de los estados, tanto a favor como en contra del bien común. En Mendoza hay muchas personas asumiendo esta responsabilidad dentro de sus empresas. Queremos conocerlos, sumarlos y co-construir con ellos y ellas.”
Comprometerse implica poner el cuerpo e impulsar las luchas con distintos tipos de aportes: acciones voluntarias, liderazgo y activismo constante, aporte financiero, llevar la voz de los DDHH a los propios espacios, disputar sentidos en reuniones y redes sociales, generar investigaciones para que sean la base de políticas públicas.
El Informe
“¿Qué mundo queremos construir a partir de lo que generó el COVID-19?”, versa el prólogo del Informe 2021 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Mendoza. Se trata de un informe que reúne el trabajo de todo un año que tuvo que sufrir el dolor de tantas pérdidas. Además, el informe contiene un sentido homenaje a David Ayala Parrado, activista comprometido con el acceso a derechos de las personas más vulnerabilizadas, fallecido por coronavirus en junio pasado.
A pesar de las dificultades, Xumek redobló la apuesta: “ponemos el cuerpo y salimos a las calles y a los barrios. Porque la salida es colectiva, y ante la profundización de las desigualdades y las injusticias elegimos reforzar las redes de solidaridad, nuestro compromiso con les otres y con la sociedad mendocina para garantizar que mañana siempre será mejor”, concluye el prólogo.
De descarga gratuita en este LINK, el Informe cuenta con más de 500 páginas estructuradas en once ejes temáticos: violencia ejercida desde el Estado; litigio estratégico, trabajo de la Clínica Jurídica; lucha por los Derechos Humanos en procesos de Lesa Humanidad; género y diversidad sexual; movilidad humana; pueblos indígenas; comunicación; ambiente; derechos humanos de incidencia colectiva; discapacidad; y niñez.
En su extenso contenido se refleja la creación de la RePAD (Red Popular de Acceso a Derechos), como alianza reforzada entre Xumek y el Movimiento Popular NuestrAmérica, para mejorar el acceso a la justicia en barrios populares. También cuenta sobre la primera condena en un Juicio por Jurado en Mendoza contra un policía: el asesino de Ricardito Bazán Zárate. Se encuentra información sobre tres informes enviados a diferentes relatorías de Naciones Unidas en el marco del abordaje de problemáticas en las que influyó el COVID-19 a nivel internacional; y sobre las audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se presentan los amparos y las alianzas potenciadas para defender el ambiente. Muestra el refuerzo del trabajo en territorio en temáticas de movilidad humana y niñez y adolescencia. Así como el apoyo a distintas comunidades indígenas. Y releva los resultados del nuevo Observatorio de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios para visibilizar e incidir en políticas públicas.
Además, cuenta con un capítulo completo dedicado a los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, una serie de 31 normas generadas por Naciones Unidas para que las organizaciones con fines de lucro cuenten con un marco que les permita proteger, respetar y remediar el impacto de su actividad en los derechos de las personas.
por Ailén Ferraris Michel. Referente de la Secretaría de Litigio Internacional Imagen: Rodrigo Sura/EFE/Archivo
Una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pone en evidencia la vulneración de derechos que sufren las mujeres y niñas latinoamericanas. Al respecto, tres abogadas de Xumek habían presentado un Amicus Curiae, recurso voluntario que nos permitió emitir una opinión sobre la serie de violaciones que culminó con la vida de Manuela, una entre tantas mujeres vulnerabilizadas por los estados patriarcales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al estado de El Salvador por la detención, condena y muerte de Manuela, una mujer pobre, analfabeta, de zona rural, que había sido juzgada por abortar. Condenada a 30 años de prisión, Manuela murió de cáncer linfático atada a una camilla.
La sentenciademuestra de forma muy completa la responsabilidad internacional del Estado en la muerte de Manuela y el sufrimiento de su familia.
La falta de acceso a derechos en Latinoamérica, particularmente en El Salvador, es conocida para quienes trabajamos en la promoción y protección de los Derechos Humanos.
En este caso, la Corte se expidió sobre el acceso a la salud reproductiva de las mujeres en Latinoamérica y específicamente a la persecución de quienes abortan, sea de forma voluntaria e involuntaria, resaltando la existencia de estereotipos de género.
Las reflexiones del Tribunal reconocen que la libertad y autonomía de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva han sido históricamente limitadas, restringidas o anuladas con base a estereotipos de género negativos y perjudiciales. Encontrando razón de ser en la asignación cultural y social a los hombres de un rol preponderante en la adopción de decisiones sobre el cuerpo de las mujeres y a que las mujeres sean vistas como el ente reproductivo por excelencia.
Lo que es más, el análisis de las desventajas estructurales toman relevancia al momento de identificar cómo y por qué suceden los hechos del caso: falta de acceso a derechos básicos como alimentación, vivienda digna y educación hacen a factores de discriminación concordantes con el perfil de la mayoría de las mujeres juzgadas en El Salvador por aborto u homicidio agravado, quienes tienen escasos o nulos ingresos económicos, provienen de zonas rurales o urbanas marginales y tienen baja escolaridad.
La pregunta que renace ante cada nuevo pronunciamiento es, ¿Cuántas sentencias con perspectiva de género son necesarias para cambiar la visión de la justicia latinoamericana en cuanto a los derechos de las mujeres?
Tatianne Da Silva sufre prejuicios similares a los que vivió Manuela. De escasos recursos económicos y escolarización, afrodescendiente y sumida en una relación de pareja violenta, la justicia brasileña la halló culpable de la muerte de uno de sus hijos, pese a no estar en el lugar de los hechos.
Actualmente, Tatianne cumple sentencia de prisión perpetua y espera hace años la resolución de su caso por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es que para parte del sistema judicial en Latinoamérica, las mujeres son ante todo madres, asumiendo estereotipos de género preocupantes cuyo único propósito es vulnerar la garantía de igualdad y no discriminación.
Los derechos conquistados por la lucha de movimientos feministas son el puntapié inicial para la disrupción de estos preconceptos. Celebramos cada sentencia emanada de la Corte Interamericana que sienta bases inquebrantables y progresivas en cuanto a los derechos humanos. Queda ver qué otras vías serán las necesarias para saldar la deuda de género en esta realidad acuciante.
Análisis del caso Manuela y el acceso a derechos de las mujeres y niñas latinoamericanas en este LINK. Por Ailen Ferraris Michel
El lunes próximo comienza el segundo juicio por el caso de abuso sexual eclesiástico que conmovió a Mendoza y al mundo. Son nueve personas las imputadas en delitos que van desde el abuso sexual agravado y corrupción de menores a la participación criminal por omisión. La impunidad y el encubrimiento, aún con las condenas emblemáticas a los curas abusadores, dilataron el inicio de este juicio. Les sobrevivientes buscan justicia y que se cumpla con la reparación integral ya dictaminada para iniciar un proyecto de vida.
Como en 2019, abogados y abogadas de Xumek serán querellantes, representando a varias víctimas.
El caso Próvolo inició su proceso judicial en noviembre de 2016 y rápidamente escaló a una megacausa, con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto, perpetuados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos que asistieron al establecimiento entre 2005 y 2016.
Las condenas contra los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho fueron históricas porque recibieron las penas más altas impuestas a integrantes de la Iglesia Católica. La Corte Suprema de Justicia de Mendoza ratificó en el pasado mes de septiembre las condenas a 45 y 42 años de prisión, además de 18 años para el jardinero Armando Gómez.
Sin embargo, la falta de colaboración de las autoridades eclesiásticas, el encubrimiento y traslado de sacerdotes investigados, entre otras medidas, impidieron y dilataron la justicia completa para las víctimas.
Les sobrevivientes continúan reclamando al estado y al arzobispado una reparación integral. Recordemos que las víctimas son niñas, niños y adolescentes con discapacidad y, en gran medida, con dificultades económicas. Sus familias habían confiado a sus hijes a una institución educativa y religiosa como el Próvolo, pensando que les daría acceso a una mejor calidad de vida.
El Tribunal estima que el juicio durará un mínimo de 4 meses. “Va a ser un proceso largo y difícil para las víctimas: tener que volver a declarar en muchos casos y revivir su dolor. Entendemos que las pruebas son suficientes para llegar a una condena al final del debate y nuevamente, como sucedió en el primer juicio, esta condena sea histórica y reparadora para ellos y ellas”, explica Lucas Lecour, uno de los abogados querellantes y presidente de Xumek.
Nos preocupa la situación de vulnerabilidad psíquica, social y económica de les sobrevivientes. Una reparación integral les permitiría acceder a recursos y tratamientos eficientes para desarrollar un proyecto de vida.
Junto al Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo exigimos al Estado que garantice las medidas de satisfacción y no repetición, ordenadas por el Poder Judicial a través de la Sentencia 969/2020. Esto involucra acciones de derecho a la salud, desarrollo social, educación y vivienda acordes a las necesidades de cada une de les sobrevivientes.
El
segundo juicio
El Tribunal Penal Colegiado N° 2 de Mendoza dará inicio a este segundo juicio a las 8 de la mañana del próximo lunes 3 de mayo. De las nueve personas imputadas, entre monjas y personal administrativo, ocho esperan el juicio en libertad.
Por un lado, se juzgará a la monja japonesa Kumiko Kosaka, imputada por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, actualmente la única imputada con prisión preventiva domiciliaria.
Además,
otras monjas, personal directivo y administrativo tendrán que dar explicaciones
sobre su rol como entregadoras y facilitadoras para las vejaciones, además de
su sistemático encubrimiento y omisión de denunciar.
Graciela Pascual, licenciada en trabajo social y representante legal del Instituto, por su impunidad de los hechos investigados; la monja Asunción Martínez, la psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y las directoras del Instituto Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán, por su participación criminal por omisión.
Todas ellas pudieron haber accionado (reaccionado) ante estos delitos y así haberlos evitado, pero no lo hicieron (omitieron), teniendo probados conocimiento de los hechos delictivos.
Corradi y Corbacho son los autores más graves
por su calidad de ministros de culto, agravado por ser les encargades de la
guarda de personas menores de 18 años, en situación de discapacidad y de convivencia.
El juicio a las mujeres imputadas busca
arrojar luz y justicia a una red escabrosa de complicidad y silencio. La
vulneración a les sobrevivientes del Próvolo y sus familias continúa hasta hoy,
dadas las dilaciones y ocultamientos que sostiene la Iglesia e involucra
incluso al Vaticano.
A través de la consigna “Nunca más abusos eclesiásticos”, organizaciones de derechos humanos del mundo buscamos desentrañar el accionar encubridor de algunos sectores de la iglesia católica.
