UN PROBLEMA FUNDAMENTAL (Y FUNDACIONAL)

Desde nuestra asociación deseamos expresar nuestro más enérgico repudio a los últimos casos de violencia institucional de público conocimiento que han acontecido en nuestro país. Crímenes como la desaparición forzada y posterior muerte de Luis Espinoza en Tucumán, o brutales golpizas a la comunidad Qom en Chaco por parte de las fuerzas de seguridad son sólo una muestra del flagelo que representa esta problemática.

En este sentido, es inevitable pensar en lo que ha estado sucediendo en los últimos días en diversas ciudades de Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, asfixiado hasta la muerte por un policía en Minneapolis. Las protestas por este caso han excedido las fronteras y se reproducen en distintos puntos del mundo. Incluso periodistas y figuras públicas en nuestro país se han manifestado con respecto a la muerte de Floyd.

Es interesante observar que los crímenes cometidos contra los colectivos más vulnerabilizados por parte de las fuerzas de seguridad en Argentina no son entendidos como crímenes racistas. Y es importante afirmar que lo son. Las principales víctimas de prácticas excesivas como detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales (gatillo fácil) pertenecen a las clases populares, pueblos indígenas, migrantes, personas racializadas, trabajadores/as de la tierra y grupos de LGTBIQ.

Detrás de estas repudiables prácticas existe una lógica racista, xenófoba y clasista, que se impregna en distintas instancias de todos los países latinoamericanos. Tiene que ver con nuestra historia, una historia de violencias, de opresión, una historia atravesada por el genocidio y esclavización de nuestros pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Una historia marcada por la sistemática violación y negación de sus derechos.

La sistematicidad de estas violencias es normalmente invisibilizada y pasada por alto, muchas veces a conveniencia de los políticos de turno. En los últimos días, lamentablemente, el oportunismo político irrumpió en distintos espacios, y el compromiso por reconocer y reparar brilló por su ausencia. Este es el caso, por ejemplo, del ex-gobernador y actual diputado nacional Alfredo Cornejo, que recientemente publicó un breve artículo en el diario La Nación titulado “La brutalidad policial también mata en nuestro país”. Vemos con buenos ojos que se reconozcan estos aberrantes hechos. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que el diputado, en su período como gobernante, jamás reconoció los hechos de violencia policial en la provincia de Mendoza. Gran ejemplo de ello es el caso de “Ricardito” Bazán Zárate, asesinado por el auxiliar José Alexis Méndez Castro, quien se desempeñaba en la Comisaría 59 del barrio La Favorita, el 1° de mayo de 2019, cuando el diputado aún era gobernador. En la misma línea, un reciente comunicado del PRO sigue la misma línea, se titula: “Decimos no a la violencia institucional”, pero sorprendentemente olvida los casos de violencia por parte de las FF.SS cometidas durante el anterior gobierno, ni el impulso de la “doctrina Chocobar” por parte del Ministerio de Seguridad en ese entonces.

No basta con reconocer estos hechos. Se trata de reparar.

Es fundamental comprender que la violencia institucional son herencia de los procesos y momentos más oscuros de nuestra historia, y a su vez, de la historia de Latinoamericana, desde la colonización de nuestro continente hasta el plan Cóndor, con su peor expresión en nuestra última Dictadura Cívico-Militar.

Reconocer estas vejaciones es importante, pero más lo es repararlas. Es fundamental que los Estados provinciales y el Estado nacional reconozcan a la violencia institucional como un problema fundamental (y fundacional) y se dispongan todas las políticas públicas y herramientas para su erradicación y reparación de las víctimas. Asimismo, jueces y fiscales deben investigar seriamente y sancionar de forma adecuada a quienes cometan estos delitos repudiables, porque la impunidad actual dispone la repetición de estos hechos.

Desde Xumek continuamos trabajando en la promoción y protección de los derechos humanos convencidos de que esta enorme deuda de la democracia será finalmente saldada y el respeto por la dignidad humana será el horizonte hacia el cual caminemos.

Foto: La Retaguardia