“Violencia de Género: un camino con muchos vacíos aún”

Desde los primeros tiempos estamos ante una realidad cruenta: la desidia del Estado frente a la víctima mujer, sea en cualquiera de sus clásicas funciones: ejecutivas, legislativas o judiciales. Hoy, a partir de la fuerza de lucha de aquellas personas que pusieron en la agenda política tal problemática, se han logrado avances sociales en la protección de la víctima mujer.

Primeramente, en el marco de nuestra legislación convencional ratificada por la República Argentina, tiene primordial importancia la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer – conocida como “Convención de Belem do Pará” y ratificada por la ley nacional N° 24.632- que establece que los Estados parte tienen la obligación de adoptar todas la políticas necesarias a fin de que se prevenga, sancione y erradique la violencia contra la mujer.  El artículo 1 de la Convención establece: “debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”. El artículo 2 “se entenderá que la violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica: a) que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende entre otros, violación, maltrato y abuso sexual, b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el lugar del trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequiera que ocurra”. De dicha Convención se deriva que el Estado tiene la obligación de proteger a las víctimas, sancionar a los agresores e instrumentar campañas educativas y mediáticas para erradicar la cultura de la violencia.

En vista de ello, y como continuación de la ampliación de la protección de los derechos de las mujeres a partir de la ley 26.485, en diciembre de 2012, la República Argentina promulgó la ley nacional 26.791, reformadora del Código Penal, por la que se incorporó la figura del femicidio.

En el año 2012, Alicia Prada, directora de la Dirección Provincial de las Mujeres, Género y Diversidad, nos comentaba: “Sólo registramos a quienes se animan a contar su historia, pero sabemos que hay muchos más casos que no llegan a visibilizarse”; y agregó “la mayoría de las mujeres, ante una agresión física o amenaza, hace sólo una vez la denuncia en la comisaría más cercana y luego no vuelve a la policía para ratificar su denuncia, con lo cual, el expediente prescribe”.

Ya en el año 2012, ante los números alarmantes de casos de violencia de género, diferentes asociaciones protectoras de los derechos de la mujer manifestaron frente de la legislatura provincial para pedir que se declare la emergencia nacional por violencia de género ya que se había registrado hasta la fecha un total de 119 femicidios en el país.

Cabe agregar que, desde septiembre de 2013 hasta el día de la fecha, funciona un número telefónico gratuito (el 144) para atender las denuncias de víctimas de violencia doméstica y violencia de género.

Si bien es cierto que ha sido corto el camino recorrido desde la sanción de la ley 26.791 que incorporó la figura del femicidio a nuestra ley penal, pareciera, por las estadísticas que relevan algunas ONG, que para abordar tan complicado tema como es la violencia de género no es suficiente con una modificación que abarque sólo el plano legislativo. Tampoco sirve la implementación de diversos mecanismos de concientización, prevención y lucha desde los órganos administrativos, si no existe entre todos ellos, la Justicia y las leyes, la articulación de una política integral de protección hacia este sector vulnerable de la sociedad. De nada sirve la redacción de una legislación penal que pretende proteger a las víctimas mujeres si no contamos con agentes públicos preocupados y formados en la cuestión de género.

Es necesario refuncionalizar las fiscalías de delitos complejos, en fiscalías especializadas para la investigación de crímenes que muchas veces quedan impunes, debido la ausencia de conocimientos específicos o personal especializado para abordarlos adecuadamente, tales como, delitos “de guantes blancos”, violencia de género y violencia institucional.

Sin relevamientos oficiales, todos los mecanismos implementados -y que se vayan a implementar- sobre esta problemática, caminarán hacia el abismo.

No sólo se requiere una reestructuración del Estado, sino también, y fundamentalmente, un cambio de mentalidad de la sociedad en su conjunto. Es sumamente necesario para comenzar con este camino de concientización sobre este fenómeno que se ciñe día a día sobre las mujeres.