Más allá de la lógica punitivista que sustenta la medida, su aprobación se inscribe en un contexto político más amplio, donde el Ejecutivo ha promovido diversas reformas estructurales y donde ciertas problemáticas sociales de fondo continúan sin abordarse integralmente.

La voz de especialistas y límites constitucionales

Antes de su sanción definitiva, el debate había sido objeto de advertencias jurídicas y de derechos humanos. En una entrevista publicada por El Sol, la abogada Julieta Giordano, integrante de XUMEK, sostuvo que “siempre que se intenta modificar el sistema penal juvenil, el foco está puesto en bajar la imputabilidad y no en adecuar el sistema a los estándares internacionales”, y resaltó que esta discusión no puede limitarse únicamente a la modificación de una edad cuando están en juego derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

Giordano agregó que organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño han señalado que no es recomendable establecer una edad mínima de imputabilidad por debajo de los 14 años, y que hacerlo puede exponer al Estado argentino a responsabilidades por incumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos.

La posición del Gobierno de Mendoza

En paralelo al debate nacional, el Gobierno de Mendoza acompañó públicamente la sanción de la ley, ubicándose en sintonía con la postura del Ejecutivo nacional. Tanto el gobernador como la ministra de Seguridad provincial han manifestado su acuerdo con dicha iniciativa, resaltando la “necesidad” de intervenir judicialmente cuando jóvenes mayores de 14 años delinquen. Las autoridades provinciales, por su parte, han señalado, sin embargo, que el sistema no solo debe castigar, sino contener y reeducar, aunque insisten en que la baja de la edad de imputabilidad constituye parte de ese abordaje.

¿Más castigo o más prevención?

La sanción de esta ley plantea una pregunta fundamental: ¿es el endurecimiento penal la solución a los conflictos sociales que implican a niños, niñas y adolescentes? Diversos especialistas han señalado que la mayoría de los casos de conflicto con la ley entre adolescentes no involucra violencia extrema ni delincuencia organizada, y que reducir la edad de imputabilidad no aborda las causas estructurales de estos hechos.

A pesar del discurso oficial que presenta la reforma como una respuesta al aumento de la inseguridad, las evidencias empíricas no muestran que un enfoque punitivo de este tipo reduzca sostenidamente la violencia, y, en varios casos, la experiencia internacional indica que criminalizar tempranamente puede profundizar trayectorias de exclusión.

XUMEK: por políticas públicas integrales

Desde XUMEK reafirmamos que la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes no puede limitarse a una variable punitiva. La privación de libertad debe ser siempre el último recurso, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño —incorporada a nuestra Constitución— y las buenas prácticas internacionales en materia de justicia juvenil.

La baja de la edad de imputabilidad, lejos de resolver problemas estructurales, tiende a reforzar la estigmatización y la exclusión de sectores vulnerados, trasladando al sistema penal la responsabilidad que correspondería a políticas públicas de prevención, educación, salud, inclusión social y abordaje territorial.

En consecuencia, sostenemos que las respuestas reales a la violencia y la conflictividad social pasan por políticas públicas integrales, no por la ampliación de mecanismos de castigo. Es esencial que el debate público se dirija hacia estrategias que promuevan el desarrollo integral de las juventudes y que el Estado garantice condiciones estructurales que permitan a todos y todas acceder a una vida con derechos.