Rechazamos el nuevo embate de la megaminería sobre los territorios

Megaminería Télam

Desde la Asociación para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos Xumek adherimos al repudio de las provincias de Chubut, Río Negro, Mendoza, San Juan y Catamarca acerca de la “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad” (MEMAC). 

Preocupados vemos un nuevo embate del gobierno y las transnacionales mineras sobre los territorios. Con el eufemismo “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad”, el Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional, junto a la Cámara de Empresarios Mineros (que reúne a las grandes transnacionales del sector), lanzaron una nueva iniciativa de lobby minero. Nos preocupa aunque no nos sorprende, ya que han intentado exactamente lo mismo en varias oportunidades desde que se instaló la gran minería en nuestro país en la década de los 90`.

El único y exclusivo objetivo de esta mesa es romper las resistencias territoriales y avanzar en las 7 provincias de Argentina que limitan el uso de sustancias tóxicas y peligrosas en la actividad minera y que fueron obtenidas a través de verdaderos procesos participativos, democráticos, informados y populares.

Porque sobre este punto es importante destacar que la historia del movimiento socioambiental en Argentina está plagada de participaciones populares en instancias institucionales y gubernamentales. No rechazamos los diálogos y debates, por el contrario, los propiciamos y los protagonizamos. Dos décadas de historia así lo demuestran: hemos iniciado el procedimiento constitucional de iniciativa popular en la provincia de Chubut en dos oportunidades, una plebiscito en Esquel -Chubut, 2003- y otra en Loncopué -Neuquén, 2012- (los dos únicos que desde el poder se permitieron); hemos participado en infinidades de audiencias públicas gubernamentales en la provincia de Mendoza y en todo el país, en el debate parlamentario de la Ley Nacional de Glaciares (que violan la gran mayoría de las empresas); hemos participado ampliamente en cada una de las leyes que prohíben en 7 provincias el uso de sustancias tóxicas en la actividad, en la creación de ordenanzas municipales en Catamarca, en la publicación de libros de investigación y de divulgación sobre los mitos de la actividad minera, en foros públicos en las Universidades Nacionales de San Juan, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, entre muchas otras actividades participativas más.

En suma, hemos participado en debates de todo tipo, en las calles, en las escuelas, en las universidades, en los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Nos informamos científicamente y también porque conocemos nuestros ríos, nuestra tierra y porque sufrimos en nuestros cuerpos y nuestra vida esta actividad. Lo que rechazamos son las falsas mesas de “diálogo” que tienen un objetivo prefijado (“destrabar la actividad”, es decir, avanzar con la megaminería) subestimando los saberes territoriales y populares. Pretenden invisibilizar más de 20 años de resistencia en los territorios. “No entendieron”, “faltó conocimiento”, “información falsa”. Sí entendimos y sí tenemos mucha información y conocimiento real, concreto y situado.

Diálogo unilateral, falso, sin horizontalidad, sin interlocutores válidos, que parte de premisas falaces tales como que el problema es “la ignorancia de las comunidades”. Porque cuando el único territorio de las organizaciones que participaron hoy como legitimadoras del encuentro, son los medios de comunicación y las redes sociales, se pierde la visión de los territorios. Así pretenden bastardear 20 años de resistencias territoriales contra la megaminería en Argentina. ¿Qué conflictos quieren “destrabar” si la participación es con organizaciones que no tienen contacto con los territorios afectados, que no nos representan, y no cuentan con nuestra legitimidad? Pretenden desconocer que hay provincias enteras que han tenido un verdadero y respetuoso debate social y que han rechazado democráticamente esta figura extrema del extractivismo. El debate ya se ha dado. En suma, repudiamos el falso diálogo con organizaciones que se definen como “ambientalistas” mientras legitiman una actividad que destruye, contamina y saquea los territorios.

No es por falta de información o de información errónea que rechazamos a la gran minería; lo hacemos porque se ha impuesto en nuestro país sin licencia social, con gran conflictividad, con destrucción ambiental, con saqueo económico, con corrupción política, con persecuciones judiciales (ayer mismo llegaron citaciones judiciales a vecinos y vecinas de Andalgalá en Catamarca). Y es por eso que, con los ecos cercanos del “Mendozazo” y el “Chubutazo” seguiremos defendiendo nuestros territorios, nuestra agua, nuestra vida.

Caso Próvolo: Obstrucciones en la Justicia a un año del inicio del segundo juicio

Próvolo Justicia

Este 3 de mayo de 2022 se cumple un año del inicio del segundo mega juicio por los abusos sexuales ocurridos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza. En el mes de abril de 2017, luego de que muchxs estudiantes declararan en cámara Gesell, se ordenó la captura de la monja japonesa Kumiko Kosaka, por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores.

Posteriormente, se imputó a Graciela Pascual (licenciada en Trabajo Social y representante legal del Instituto) por su intervención en la impunidad de los hechos investigados omitiendo su deber de denunciar. Finalmente, se inició investigación penal contra la monja Asunción Martínez, la psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y las directoras del Instituto Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán; por su participación criminal por omisión. Todas ellas pudieron haber evitado estos delitos, pero no lo hicieron (omitieron), teniendo conocimiento de los hechos y el deber legal de actuar en consecuencia.

Con excepción de Kumiko Kosaka, quien está en prisión domiciliaria, todas las demás imputadas llegan al juicio en libertad.

Las audiencias preliminares (en las cuales se discute la prueba que ingresará al debate) de este juicio se extendieron por más de un año debido a la pandemia por Covid-19 y la constante interposición de acciones dilatorias presentadas por la defensa de las religiosas, que fueron siempre rechazadas. En esencia, se trataba de los mismos planteos realizados durante la etapa de investigación y que ya habían sido objeto de análisis y rechazo por distintos magistrados.

Al inicio del juicio, el Tribunal estaba compuesto por los jueces Horacio Cadile (presidente), Gabriela Urciolo y Rafael Escot. Sin embargo, a poco de empezar, los abogados de Kumiko y Martínez presentaron una recusación sobre la base de una fotocopia que contenía una serie de mensajes de WhatsApp enviados en un grupo de magistrados del Poder Judicial de Mendoza en el que participaba el presidente del Tribunal. Allí, se habrían burlado de una de las imputadas. Ante esto, el juez Cadile, con interés en garantizar la plena imparcialidad, se inhibió de continuar en la causa, quedando seleccionada como reemplazante la Dra. María Belén Salido. Con la nueva conformación, la presidencia pasó a la jueza Urciolo.

A 1 año de iniciado el juicio, solo han podido declarar 23 testigos, de más de 266 personas que serán citadas, debido a los constantes entorpecimientos que provocan los abogados de las religiosas y que el tribunal tolera sin tener en cuenta el grave daño que las dilaciones ocasionan a las víctimas. Es decir que, sólo ha declarado un poco menos del 10% de la totalidad de las personas en 12 meses de juicio. De seguir este ritmo, el juicio se demoraría 9 años más.

Además, se ha ordenado a lxs sobrevivientes que presten nuevamente testimonial, pese a que han declarado en numerosas oportunidades durante la instrucción y en el primer juicio, testimonios que se encuentran filmados. Las nuevas declaraciones de las víctimas no estuvieron exentas de situaciones revictimizantes que provocaron que en algunas ocasiones lxs sobrevivientes tuvieran que ser asistidxs por médicos del Tribunal o ser llevadxs a la guardia hospitalaria. Esto sumado a que debieron asistir en numerosas oportunidades, llegando una de ella a tener que presentarse en 23 oportunidades a los estrados del Poder Judicial, donde se le realizan numerosas preguntas que nada tienen que ver con el caso. Se lxs interroga sobre cuestiones personales bajo el pretexto de verificar su credibilidad, lo que provoca un desgaste emocional en las víctimas que terminan muy afectadas luego de tantas audiencias. Incluso, ante la recomendación de psicólogxs de que un testigo no se encuentra en condiciones psíquicas y emocionales de declarar, se ha ordenado -a instancias de la defensa- la realización de un nuevo examen para determinar si lo que afirman dichxs profesionales de la salud es realmente así.

También, en este nuevo juicio, hemos podido observar cómo la Iglesia Católica busca perseguir y acallar a las víctimas mediante diferentes mecanismos: revisando las publicaciones de las actividades que realizan en las redes sociales o persiguiendo a los intérpretes de confianza, a los medios de prensa que informan el estado de la causa y a los abogados que defendemos sus intereses. Así, la defensa de las religiosas ofreció como prueba para este debate una investigación privada realizada en todas las redes sociales de las víctimas. Se pretendía usar un informe sobre las publicaciones, principalmente de Facebook, realizadas con mucha posterioridad a los hechos que se investigan en este juicio. A través de este procedimiento, lxs representantes de la Iglesia llevan adelante una sutil forma de callar a lxs sobrevivientes y de limitar su derecho a la libre expresión. Cabe destacar que, teniendo en cuenta la discapacidad de les sobrevivientes, sus redes sociales constituyen una de las formas más igualitarias de comunicación donde pueden expresarse libremente.

El derecho a la libertad de expresión constituye un principio único que cumple una función fundamental en el desarrollo de la capacidad que tienen los niños, niñas y adolescentes de pensar por sí mismos los asuntos que los afectan, y de ver el mundo desde su propia perspectiva.

De igual forma, desde el inicio de la investigación, los abogados de las monjas comenzaron a atacar a lxs intérpretes que actuaron durante las cámaras gesell y en el primer debate. Según la Iglesia Católica, los intérpretes oficiales tergiversan las declaraciones de las víctimas en perjuicio de las monjas, por lo que fueron denunciados penalmente y apartados del segundo juicio. Lxs intérpretes denunciadxs son personas cercanas a las víctimas, situación que las afecta gravemente, vulnerando un derecho humano fundamental, es decir: que la Comunidad Sorda cuente con intérpretes de confianza, toda vez que son ellxs su canal de comunicación con las personas oyentes.

Además, por su función, ellxs conocen aspectos muy íntimos de la vida privada de lxs sobrevivientes que estxs últimxs no están dispuestxs a revelar a cualquiera. En consecuencia, perseguir a los intérpretes que vienen participando desde el inicio de la causa mediante una denuncia penal y sacarlxs de su intervención en este segundo juicio, constituye una forma de revictimización especial, ya que obliga a las víctimas a tener que entablar un nuevo vínculo de confianza con intérpretes desconocidos o callar otra vez los abusos sexuales sufridos en el Instituto.

Es tan importante la función que cumplen los intérpretes en las personas sordas e hipoacúsicos, que en el caso de que no se pudiese entablar un vínculo seguro entre ambos,
el resultado sería nuevamente el silencio de las víctimas y la impunidad de los abusadores.

Por último, la Iglesia también despliega todo su poder silenciando a lxs periodistas que se animan a informar lo sucedido dentro del Instituto Próvolo. Para ello se valen de sus abogados, quienes solicitaron al Tribunal del segundo juicio que se prohibiera a las partes dar información de lo que sucedía dentro de la sala de debate. En principio, como en cualquier acto de gobierno de una República, todos los debates son públicos. Sin embargo, cuando se trata de causas que involucran niñeces y adolescencias, puede ordenarse que los procedimientos sean a “puerta cerrada”. Esto no significa de ninguna manera que el debate sea secreto o que las partes no puedan dar información sobre lo que sucede dentro de la sala de audiencias, sino que, para resguardar la intimidad de las víctimas, no se permite el ingreso de personas ajenas al juicio y se sugiere que la información que se transmita no afecte la honra de las mismas. Decimos “se sugiere” porque jamás una norma podría censurar previamente a alguna de las partes, sólo se puede pensar en responsabilidades ulteriores por la afectación a algún derecho de las víctimas. Esto último también es importante destacar, porque lo que se resguarda siempre es la intimidad de las víctimas, nunca la de lxs imputadxs, las partes o el Tribunal.

Sin embargo, el Tribunal llamativamente hace lugar al pedido de la defensa de las monjas e inmediatamente comienzan a denunciar a periodistas que informan sobre el avance de la causa. Así, existe en la actualidad una causa penal contra el periodista Ignacio De La Rosa del Diario Los Andes, uno de los medios de comunicación más antiguos de Mendoza, simplemente por ejercer debidamente su labor republicana de informar a la población el estado de un proceso judicial de suma trascendencia. Los denunciantes saben que las misma resultan infundadas y contrarias a la Constitución, no obstante, se la utiliza como un medio más de silenciamiento y amedrentamiento contra quienes se animen a enfrentar el poder de la Iglesia, provocando que otrxs periodistas eviten dar a conocer los avances del juicio, y que, incluso, hasta la Secretaría de Información Pública del Poder Judicial de Mendoza presente un escrito mediante la cual comunica que dejará de brindar información sobre el nuevo debate.

Otra de las estrategias de amedrentamiento desplegadas por la Iglesia Católica contra lxs sobrevivientes es atacarlxs denunciando a sus abogados, quienes representamos a las víctimas en todas las instancias donde se han presentado sus reclamos. En efecto, se presentó una denuncia contra uno de los abogados de Xumek por dar información a la prensa sobre las situaciones de revictimización en la que se encuentran las sobrevivientes que prestaron declaración en este segundo debate.

A los fines de evitar que el daño sufrido por el delito se vea incrementado como consecuencia del constante contacto con la justicia, el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Instituto Próvolo solicitó a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, la adopción de medidas útiles para evitar retrasos en la tramitación de la causa. El objetivo es que a través de estas medidas se garantice la pronta resolución judicial y la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, tales como la realización de las audiencias en una misma jornada con la correcta observación de interrogatorios que respeten la perspectiva de género y diversidad, que sean respetuosos de la perspectiva de discapacidad, que cumplan con los derechos humanos de los sobrevivientes y no sean revictimizantes. A su vez, se solicitó un trato adecuado garantizando un entorno accesible, seguro y tranquilo, donde se brinde contención psicológica con acceso a interpretación de Lenguaje de Señas Argentina (LSA), asistencia alimentaria y soporte económico para concurrir a las reiteradas instancias jurídicas que prevé el desarrollo de este segundo juicio.

Luego del pedido, miembros del Colectivo fueron atendidos por el Ministro José Valerio, junto a la Directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia, Milagros Noli, el Secretaria de Información Pública del Poder Judicial de Mendoza, Martín Ahumada y el Responsable General del Fuero Penal, Gabriel Longhin, quienes se comprometieron cada uno en sus respectivos ámbitos de competencia a adoptar medidas tendientes a dar respuesta a los reclamos del Colectivo.

Vale recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que las niños, niñas y adolescentes víctimas, en particular de violencia sexual, pueden experimentar graves consecuencias físicas, psicológicas y emocionales causadas por el hecho violatorio de sus derechos, así como una nueva victimización a manos de los órganos del Estado a través de su participación en un proceso penal, cuya función es justamente la protección de sus derechos.

Pese a todos estos esfuerzos, no se ha logrado revertir las constantes dilaciones y el proceso de revictimización que actualmente sufren les sobrevivientes. A modo de ejemplo, la última de las víctimas en declarar durante el mes de abril, lo hizo por más de 10 jornadas, debiendo parar en alguna de ellas por el grave estado emocional le provocaban tantas preguntas. El juicio se extenderá por ahora hasta el 30 de diciembre y dependerá del estado de la causa si se extiende más allá de esa fecha.

El estado de las reparaciones

La sentencia del primer juicio del Provolo puso a lxs sobrevivientes como verdaderos actores en el proceso de justicia al establecer medidas de satisfacción y no repetición. Esto implica entender que resulta necesario que obtengan una reparación integral, más allá de que nada pueda reparar el daño ocasionado por los abusadores y sus cómplices. En este sentido, el Tribunal consideró que la Dirección General de Escuelas debía brindar opciones educativas o de capacitación formal a las víctimas según sus capacidades, necesidades y proyecto de vida, incluyendo -en su caso- educación terciaria o universitaria, a través de instituciones públicas o privadas, otorgando en caso necesario becas de estudio (que incluya transporte y materiales de estudio a fin de que puedan cursar y concluir los mismos), así como también que realicen talleres y/o cursos de capacitación periódicos para que la población interesada pueda acceder al estudio y comprensión de la Lengua de Señas Argentina (art. 16 inc. a y b, ley 7.393).

Con relación al Ministerio de Salud, se ordenó brindar tratamiento psicológico y/o psiquiátrico y en el caso de ser requerida la medicación necesaria, garantizando los tratamientos en forma gratuita y con la ayuda de intérpretes en lengua de señas a todas las víctimas de autos por el tiempo que sea necesario a fin de lograr la efectiva recuperación, asegurando que se le otorguen las facilidades necesarias para que puedan asistir al mismo.
Respecto de la Subsecretaría de Desarrollo Social, se solicitó que se efectivice aquellas acciones necesarias a fin de que las víctimas puedan acceder a becas, subsidios o programas de ayuda provincial y/o nacional para estudiantes, pasantías laborales rentadas o de trabajos para jóvenes; que colabore así en la reinserción de las víctimas y les signifique una ayuda para el desarrollo de sus proyectos de vida.

El núcleo de estas medidas de reparación integral trascienden ampliamente lo material apuntando al reconocimiento de la dignidad de las víctimas, a preservar y reparar el prestigio o su buen nombre y honor, como así también reivindicar a la persona ante la propia comunidad.

Por ello, iniciamos junto al Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Instituto Próvolo una serie de pedidos y reuniones con autoridades de la provincia de Mendoza y San Luis, con resultados muy diferentes. En Mendoza, con excepción del Instituto Provincial de Vivienda, que nos recibió casi de forma inmediata y se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para garantizar el derecho a la vivienda digna, lo que no ha sucedido hasta la actualidad; del resto de los ministerios no obtuvimos ninguna clase de respuesta. Ante ello requerimos la intervención, a través del Ministro José Valerio, de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, para que actúe como intermediador y acerque a las partes para alcanzar un acuerdo de cumplimiento.

En cambio, en la provincia de San Luis, inmediatamente notificada la sentencia, designaron a una persona del poder ejecutivo para que intermediaria con les sobrevivientes que viven en aquella provincia y los distintos Ministerios para dar cumplimiento a las medidas ordenadas. A casi dos años y medio de la condena, todavía seguimos insistiendo a las autoridades mendocinas en el cumplimiento de las medidas de reparación integral, las que resultan esenciales para la reelaboración del proyecto de vida de las víctimas, constituyendo una obligación no solo por lo establecido en la sentencia, sino por los compromisos internacionales asumidos por la Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Observatorio: En el primer trimestre, se registraron 72 femicidios y 5 transfemicidios en Argentina

Desde el Observatorio de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios de Xumek visibilizamos los datos arrojados entre Enero a Marzo del 2022. Durante estos primeros meses del año, se registraron al menos 72 femicidios y 5 transfemicidios, según se pudo constatar mediante la revisión de medios digitales locales, regionales y nacionales.

A partir de estos datos, se verificó que hubo alrededor de 66 hijxs menores de 21 años que fueron víctimas colaterales de los femicidios, es decir perdieron a su madre. En cuanto al tipo de vínculo entre las víctimas y los femicidas, se constató que un 34% fue cometido por las parejas, un 23% por ex parejas, y un 13% por un familiar de la víctima.

En lo que respecta a los transfemicidios, del total tres eran de nacionalidad argentina, una era de nacionalidad peruana y la otra uruguaya. Los actos violentos ocurrieron en Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y CABA.

Desde el Área de Género y Diversidad Sexual, a través del Observatorio, queremos visibilizar y denunciar la inexistencia de políticas públicas eficaces para prevenir estos crímenes y garantizar a las mujeres y colectivos travesti-trans sus derechos humanos más básicos, así como también los procesos judiciales con escasa o nula perspectiva de género en la investigación y juzgamiento de los mismos. Reclamamos la implementación de la Ley Micaela en los medios de comunicación para un correcto tratamiento de la información para que no reproduzca estereotipos moralizantes ni culpabilizantes sobre los cuerpos feminizados. Asimismo, buscamos evidenciar esta problemática y desnaturalizar la violencia machista inmersa en todos los ámbitos de nuestra sociedad.

Metodología

Desde Octubre de 2021 a Septiembre de 2022, el Observatorio busca generar una base de datos sobre Femicidios, Travesticidios, y Transfeminicidios en Mendoza y en Argentina; en pos de lograr una sistematización y análisis de la información recaudada.

Buscamos realizar informes y publicaciones con los datos obtenidos, a fin de que puedan ser consultados y utilizados por las personas que componen la nuestra asociación y la sociedad en general.

El equipo que integra el Observatorio trabaja sobre una metodología cuantitativa y cualitativa, se realiza una recolección de datos sobre diarios digitales nacionales, provinciales y regionales; como también realizamos un sondeo sobre la recolección que realizan otros observatorios nacionales.

Recurseros 2022 en género y diversidad

¿Estás atravesando una situación de violencia de género? ¿Dónde denunciar? ¿A qué número? ¿Necesitas asesoramiento jurídico? ¿Te están discriminando por tu condición de género? ¿A dónde recurrir? Actualizamos y ofrecemos dos nuevos recurseros:

Recursero 2022 con información completa para la provincia de Mendoza, en situaciones de vulneración por género.

Recursero de la comunidad LGBTIQ+ en Mendoza, específico, a fin de que la información puedas encontrarla fácilmente.

A comienzos del año 2021, desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek, nos contactamos con las diversas instituciones, y áreas de género de los municipios de la provincia, ya que consideramos importante y necesaria la vinculación en pos de fortalecer las redes de contención. 

El objetivo fue solicitar información sobre sus actividades, corroborar el funcionamiento y actualizar sus mails y teléfonos. Asimismo conocer cómo es el funcionamiento y el acompañamiento que ofrecen a las mujeres en situación de violencia de género y al colectivo LGBTIQ+ en la actualidad a raíz de la pandemia por Covid-19.

Este año nos volvimos a contactar a fin de actualizar la información. Agradecemos a los municipios que se tomaron el tiempo de respondernos y brindarnos la información detallada. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta de la totalidad de ellos, por eso queremos ofrecer disculpas y en cuanto tengamos la información actualizada de los restantes la compartiremos.

En pos de brindar información certera y eficiente hemos decidido que los municipios de los cuales no hemos obtenido respuesta alguna de los reiterados pedidos de información, es que hemos dejado sólo la dirección de la municipalidad. 

Te invitamos a descargar los PDF donde encontrarás información ampliada y detallada de las diversas áreas municipales de los departamentos de Mendoza de acuerdo a si estás atravesando situaciones de violencias de género podes descargar el PDF y chequear a dónde ir si es para realizar la denuncia o para pedir alguna medida de protección; o información detallada de los diversos colectivos y organizaciones que brindan acompañamiento al colectivo y profesionales amigables con el colectivo: abogades, psicologues, mediques, entre otrxs, al colectivo LGBTIQ+. 

Descargar aquí: Recursero 2022 y Recursero LGBTIQ+ 2022.

A LA “TEORÍA DE LOS DOS DEMONIOS” TAMBIÉN LE DECIMOS #NUNCAMÁS | Acerca de los dichos de Marcelino Iglesias

Desde Xumek repudiamos los dichos del intendente de la Municipalidad de Guaymallén, Marcelino Iglesias, en el marco de un acto conmemorativo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la Escuela Américo D’Ángelo, realizado el pasado miércoles 23 de marzo.

El líder de la comuna hizo apología de la llamada “Teoría de los dos demonios”, que tuvo su auge durante los años ’90, al sugerir que la causa de la última Dictadura Cívico-Eclesiástica-Militar de 1976 fue un “descontento social y económico” que había generado “la democracia imperfecta”. Asimismo, Marcelino Iglesias aseguró que el “estado de total indefensión de la gente” fue provocado por las “agrupaciones armadas como Montoneros y ERP” y la Triple A.

El intendente de Guaymallén pide que nos “apeguemos a la verdad de los hechos históricos” pero parece haberse olvidado del Plan Cóndor, aquel nefasto programa ideado por los líderes del neoliberalismo de Estados Unidos. Marcelino Iglesias, ¿acaso usted ignora que través de esta operación el gobierno de Estados Unidos -mediante distintos presidentes- respaldó con planificación, coordinación y formación en métodos de tortura los crímenes de lesa humanidad perpetrados por los gobiernos militares de las dictaduras de 10 países de América del Sur?

Efectivamente, intendente, el 24 de marzo “no surgió porque unos militares alucinados decidieron tomar el poder”: surgió como parte de un plan sistemático cuyo fin último era la imposición de un modelo económico y cuya estrategia fue la represión contra el pueblo que luchaba en defensa del derecho a la libertad política, ideológica y de expresión. Tras 39 de años de democracia y recordando a lxs 30.400 compañerxs detenidxs desaparecidxs a quienes mientras la defendían les arrebataron la vida, no podemos ser indiferentes ante los discursos que equiparan la lucha armada con un verdadero genocidio que fue llevado a cabo utilizando la totalidad del aparato estatal.

Nuestro país ha sido ejemplo en los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad y también lo ha sido nuestra provincia al juzgar y condenar a miembros del Poder Judicial en el marco de la última Dictadura Cívico-Eclesiástica-Militar.

Como organización comprometida con la protección y promoción de los derechos humanos, exigimos respeto por lxs compañerxs detenidxs desaparecidxs, por lxs sobrevivientes y responsabilidad con el legado de #MemoriaVerdadYJusticia que nos dejaron Madres y Abuelas de Plazas de Mayo y que reivindicamos en las calles cada 24 de marzo. Al igual que al terrorismo de Estado, al genocidio y a la represión, a la “Teoría de los dos demonios” también le decimos #NuncaMás.

ABORTO LEGAL: paso a paso

Sentencia CIDH Manuela vs El Salvador

Desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek sistematizamos el paso a paso para acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. DESCARGÁ EL PDF ACÁ.

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  1. Línea salud sexual 0800 222 3444: para orientación sobre el centro de salud más cercano. Es gratuito y confidencial. Tiene el objetivo de brindar atención personalizada y oportuna para facilitar el acceso a los servicios de salud sexual y salud reproductiva en todo el país. Horario de atención lunes a viernes de 9 a 21hs. Sábado, domingo, y feriados de 9 a 18hs.
  2. Contacto con el sistema de salud -público o medicina prepaga.

2.1.Entrevista inicial: consiste en el asesoramiento/orientación sobre todas las alternativas posibles en relación al embarazo, y en los casos en que los hubiera, los riesgos para la salud relacionados con dichas opciones.

  • OBJETORXS DE CONCIENCIA tienen siempre la obligación de informar sobre el derecho a IVE/ILE y derivar de buena fe y en forma inmediata a otra/o profesional que garantice la práctica.
  1. El personal de la salud debe constatar la edad gestacional de manera inmediata por los medios más expeditos disponibles (fecha de última menstruación -FUM- , examen bimanual o ecografía según disponibilidad).

3.1.efectores de salud deben informar en ese mismo momento las semanas de embarazo a los fines de ejercer su derecho a acceder a una IVE. 

3.2.Debe dejarse registrado lo actuado en la historia clínica

  1. Interconsulta:  La/el profesional interviniente debe ofrecer una consejería a la persona que consulta, para que pueda decidir, informada y autónomamente, si desea continuar o no con el embarazo.
  2. Expresado el deseo de interrumpir el embarazo: Firma del consentimiento informado. No es necesario explicitar ningún motivo para el acceso a la práctica.
  • en caso de ILE: se firmará además, según el caso:

– Declaración jurada de violación

– Constatación de causal

  1. Comienzo del plazo para acceder efectivamente: máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento. no deben existir obstáculos médico–burocráticos o judiciales para acceder a la mencionada prestación
  2. PROCEDIMIENTO DE IVE (puedes visitar nuestras redes y ver la publicación de misoprostol) o ILE. 
  3. Atención post-aborto. Consejería anticoncepción

SIN perspectiva de género en la Justicia: ¿HASTA CUÁNDO?

Sin perspectiva de género en la justicia

En una audiencia pública de prisión preventiva por violencia de género, el juez penal mendocino Gonzalo Guiñazú consideró que los golpes en el cuerpo y la cabeza de una mujer, las amenazas con arma de fuego y el ingreso a la vivienda derribando la puerta son “un problema interno” de la pareja.

Como si fuera poco, la fiscal fue interrumpida a los gritos constantemente por el juez, agregando más violencia.

Frente a esto, nos preguntamos: ¿hasta cuándo los magistrados van a sostener argumentos machistas en sus dictámenes?

Lejos de colaborar en la construcción urgente de una sociedad más justa e igualitaria para las mujeres y el colectivo LGBT+, nos dejan solas en manos de varones violentos que perpetúan la violencia patriarcal a fuerza de golpes. Mientras tanto, una mujer es asesinada por un femicida cada 26 horas en nuestro país.

En Xumek repudiamos los excesos de facultades del Juez Gonzalo Guiñazú y exigimos que los magistrados se capaciten verdaderamente en perspectiva de género. 

Solicitamos la real implementación de la Ley Micaela, ya que los magistrados no pueden seguir sosteniendo estos discursos que atrasan en materia de derechos humanos y en particular los derechos sobre las mujeres.

La audiencia

En la audiencia pública de prisión preventiva por un caso de violencia de género, el Juez penal mendocino Gonzalo Guiñazú interrumpió constantemente a la Fiscal Mariana Pedot cuando daba sus argumentos. No sólo denota la falta de profesionalismo por parte del juez, sino también el mansplaining* que realiza a la Fiscal, quien en función de sus competencias intentó explicar sus argumentos, los cuales eran constantemente interrumpidos por un Juez exaltado y con falta de perspectiva de género.

El juez argumentó “si la víctima no quiso denunciar a su pareja, es un problema interno entre ellos”, remarcando que “solo la pareja conoce el alcance de las peleas”, y “lo que para algunos es violencia de género para otros es habitual”.

Esto denota una postura clara de falta de perspectiva de género y además un grave retroceso en materia de derechos. Ya que a través de debates sociales se dejó de interpretar a la violencia de género como un problema “doméstico” o de “puertas adentro” para entenderla como una problemática que involucra a la sociedad y principalmente al Estado como garante de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.

Este derecho está reconocido en normativas nacionales tales como la ley 26.485 de protección integral a las mujeres, en el ámbito interamericano con la convención Belém do Pará y en la Convención para la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en el plano universal, todas normativas que el Juez debió tener en cuenta e hizo caso omiso en la interpretación del caso y en la realización de la audiencia. 

La voluntad de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género siempre debe ser respetada, sin embargo en el presente caso la misma corría riesgo de vida y era amenazada por el imputado quien la obligaba a minimizar el hecho. El Juez no puede desconocer esta modalidad, principalmente con las pruebas que presentó la Fiscal.

BASTA DE VIOLENCIA MACHISTA
Vivas, libres, y sin miedo nos queremos.
¡Reforma judicial feminista YA!

*La palabra mansplaining proviene de la yuxtaposición en inglés de man (hombre) y explaining (explicar). Refiere a aquellas situaciones en las que un varón explica cualquier tema a una mujer utilizando un tono condescendiente, paternalista o de menosprecio, basado en una concepción de inferioridad de las mujeres, propio de la sociedad patriarcal. 

GLACIARES Y HUMEDALES EN PELIGRO: NO AL CENTRO DE ESQUÍ EL AZUFRE

El Estado provincial es responsable de la entrega de 12.000 hectáreas a la empresa El Azufre S.A para la construcción de un centro de esquí sin respetar las leyes ambientales provinciales y nacionales. ¿Por qué esta zona de glaciares y humedales tan valiosa para Mendoza corre peligro? ¿Qué pasa con las comunidades indígenas y puesteros de la zona? 

¿Qué está pasando?

Los primeros días de febrero tomamos conocimiento de la entrega gratuita de 12 mil hectáreas de tierras fiscales por parte del Estado provincial a El Azufre S.A. a través del Decreto 2138. 

El Decreto en cuestión fue firmado por el Gobernador y el Ministro de Gobierno el día 23 de diciembre de 2021 y publicado en el Boletín Oficial el día 7 de enero de 2022. Asimismo, cabe destacar que el día 22 de diciembre, previo a la firma del decreto, el mismo obtuvo el visto bueno por parte del Fiscal de Estado de Mendoza sobre la “asignación” de tierras fiscales al grupo empresarial. Su dictamen es parte de los fundamentos favorables utilizados por el gobierno provincial para sostener que han actuado correctamente.

El día 15 de diciembre de 2021, la Dirección de Saneamiento Catastral y Dominial de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, órgano rector de toda actividad inmobiliaria del Estado Nacional, habiendo tomado conocimiento de la publicación de edictos mediante los cuales se indicaba la mensura de una superficie aproximada de 12.600 htas en el campo “Potreros de Cordillera”, informó a la Dirección General de Catastro- Administración Tributaria Mendoza, el desconocimiento y rechazo por parte del Estado Nacional,  de cualquier trámite que pudiere afectar los derechos sobre el inmueble en trato, así como los hechos que los pretensos adquirientes pudieren invocar, negando de este modo toda tarea de mensura. 

Asimismo se ha expedido la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación informando que la Dirección Nacional de Control de Frontera e Hidrovías no halló procedimiento alguno respecto del cual se pusiera a su consideración la aceptación del proyecto a los fines para que la provincia de mendoza continúe con el trámite de asignación del inmueble, debido a que las tierras afectadas pertenecen a zona de frontera.

Finalmente, con fecha 18 de febrero de 2022, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, siendo anoticiada por la prensa de la adjudicación de las tierras mencionadas a la Empresa EL AZUFRE S.A, y careciendo de cualquier tipo de notificación formal por parte del Gobierno de Mendoza, manifestó y notificó a la Provincia del rechazo absoluto del proyecto y solicitó que el decreto quede sin efecto así como cualquier otro instrumento dictado en su consecuencia. 

La “asignación” de estas tierras se ha realizado sin notificar a los Organismos Nacionales con facultades sobre los inmuebles del Estado Nacional, mucho menos a los encargados de proteger la frontera. Tampoco se ha llevado adelante el respectivo informe de impacto ambiental, siendo que es  zona de glaciares, humedales altoandinos, nacientes de ríos y arroyos y vertientes termales, además de encontrarse en cercanía al volcán Peteroa, sitio considerado por el ámbito científico como la zona con mayor riesgo volcánico de Argentina. En estas tierras se encuentra la cuenca del Río Valenzuela, una de las zonas hidricamente más activas de Mendoza.

Estamos refiriendonos a una zona que fue estudiada por profesionales de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, determinando técnicamente en el Informe Ambiental 2006 y el Plan Ambiental 2008 que ese ambiente debía ser preservado. En 2013, se presentó en el Congreso nacional un proyecto de ley para crear el Parque Nacional Pehuenche, que incluía la conservación de estos territorios y tuvo aval científico de los centros de estudios regionales del Conicet.

¿Quiénes están involucrados/as? 

Los responsables de esta “adjudicación” son, en principio, Rodolfo Suarez (Gobernador de Mendoza), Victor Ibañez, (Ministro de Gobierno de Mendoza), Alfredo Cornejo (Diputado Nacional) Lisandro Nieri (Diputado Nacional)  y Federico Zamarbide (Diputado Nacional), la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Mendoza, el Grupo empresarial “El Azufre S.A.” (Daniel Alejandro Nofal, Alejandro David Spinello y José Ignacio Beccar Varela), Fernando Simón (Fiscal de Estado) y Juan Manuel Ojeda (Intendente de Malargüe).

Con esta decisión, los principales afectados y afectadas son puesteros de la zona, comunidades indígenas y nuestro ambiente (glaciares, humedales altoandinos, nacientes de ríos y arroyos y vertientes termales, actividad volcánica)

¿Cuándo inició este conflicto? 

Según Spinello, uno de los dueños de El Azufre S.A, hace 9 o 10  años que empezaron con los estudios. Desde el 2019 vienen trabajando en la zona, con la intención de inaugurar el complejo en  la temporada de invierno 2021, pero a causa de la pandemia y las grandes nevadas se vieron imposibilitados.  

El grupo empresarial pretende abrir las puertas de “El Azufre” este 2022, con parte de su propuesta: un “centro boutique” que pudiera estar funcionando sin los medios de elevación . 

¿Por qué estamos interviniendo? 

Son distintos puntos que tenemos en cuenta a la hora de pronunciarnos sobre este asunto. 

  1. Una adjudicación irregular de 12.000 hectáreas: el decreto indica que no tiene que hacerse una licitación por tratarse de una adjudicación. 
  2. Consideración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado: La mencionada tiene la facultad de adoptar las decisiones relativas a la disposición de los bienes inmuebles de propiedad Nacional, y habiéndose pronunciado una de sus oficinas en contra del avance del proyecto, el gobierno de Mendoza decidió hacer caso omiso y darle continuidad, incluso llevar adelante la adjudicación
  3. Consideración de la Superintendencia: El decreto de adjudicación establece que “debe ponerse en consideración de la superintendencia para pronunciarse sobre su aceptación” , lo cual no fue realizado.Así lo confirmó el superintendente. 
  1. Ausencia de declaración de impacto ambiental y participación ciudadana: Tanto la Ley Nacional 25.675 como la Ley Provincial 5.961 contienen los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente y el desarrollo sustentable. Establecen la obligatoriedad de la Declaración de Impacto ambiental en cualquier proyecto, obra que puedan modificar el medioambiente y reconocen el derecho de la ciudadanía a : ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente. 
  1. Vulneración de derechos de los pueblos indígenas: los derechos a la participación, consulta y consentimiento libre, previo e informado, garantizados constitucionalmente y en el marco de los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino y por sus normas nacionales, tales como la ley 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes y la ley 26.160 sobre Emergencia Territorial Indígena.

¿Qué queremos? 

Exigimos que se deje sin efecto el decreto que adjudica las 12.000 hectáreas. 

Demandamos la paralización de la obra y que su continuación se encuentre  sujeta al cumplimiento de los pasos que exigen las leyes nacionales y provinciales, dándole la intervención de todos los organismos especializados en la materia por tratarse de tierras fiscales, ricas en  recursos naturales y aprovechadas por comunidades indígenas y puesteros..

Solicitamos que se tengan en cuenta los derechos de acceso propios de la democracia ambiental (derecho a la información y a la participación pública en asuntos ambientales) y que se respete y se apliquen los derechos a la participación, consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. 

¿Por qué es importante?

Es importante la preservación de los bienes comunes para asegurar los derechos  de las generaciones presentes y  futuras. Se trata de poner el bien general por encima de los intereses particulares de empresarios y políticos de turno. 

Frente al contexto de crisis hídrica de la provincia, todo lo concerniente al cambio climático y la necesidad de replantear nuestra convivencia con el planeta, proyectos de esta magnitud y de tal impacto socioambiental, sin ningún tipo de control gubernamental ni el aval de los organismos especializados en la materia, resultan claramente inconducentes y de alto riesgo. 

EL AZUFRE Y SU AFECTACIÓN AL AMBIENTE

Los   glaciares, humedales altoandinos, nacientes de ríos, arroyos y vertientes termales, presentes en este predio se verán necesariamente  afectados por la artificialización del uso del suelo. La construcción de alojamientos para mas de 3000 personas, la construcción de medios de elevación para acceder a las pistas de ski y una pista de aviones, son ejemplos de construcciones que generan un impacto en el entorno, el cual no ha sido cuantificado, ya que no existe ningún estudio  de impacto ambiental previo.

El proyecto presume de ser el único centro de ski “autosustentable” y por lo tanto ecológico y compatible con principios de desarrollo sostenible. Con relación a esa afirmación, tenemos dos objeciones: 

Por un lado, un proyecto no es sustentable sólo porque genera su propia energía, también deben considerarse otros impactos colaterales. El proyecto tiene que ser inocuo en su totalidad, coherente, tener en cuenta todos los impactos sobre los que no se hace publicidad. 

Haciendo uso de un buen maquillaje, EL Azufre  S.A.  ofrece plantar miles de árboles para compensar el impacto de la huella de carbono. Frente a lo cual nos preguntamos,  ¿Es pertinente plantar miles de árboles en ese lugar de la montaña?,  no se cambiará de esa manera las características del paisaje y del ecosistema? Estos son solo algunos ejemplos del impacto ambiental que este proyecto podría ocasionar. Y es dable recordar que los impactos generan daños a menudo irreversibles. ¿Cuál sería el costo de volver las cosas a su estado anterior?  ¿Sería posible restaurar un ecosistema dañado?

“El Azufre” se encuentra  en cercanía del volcán Peteroa, sitio considerado por el ámbito científico como la zona con mayor riesgo volcánico de Argentina. 

Por otro lado, en plena crisis hídrica, luego de una década de escasez de agua, no debemos olvidar que en estas tierras se encuentra una de las zonas hidricamente más activas de Mendoza. La cuenca del Río Valenzuela  tiene una superficie activa de 15.000 hectáreas que drenan un río con un módulo de 11 m3/seg. Para darse una idea de la cantidad de fuentes de agua entregadas a este grupo privado, el Río Mendoza tiene el triple de caudal, pero su cuenca activa es 40 veces más grande (590.000 hectáreas que drenan un módulo de 33 m3/seg). Esa gran reserva de agua dulce, sumado a la existencia de termas y de humedales, junto a más de 400 glaciares de los 480 que posee la provincia, quedarían así en manos privadas.

Todo proyecto que se realiza en la cordillera produce un importante impacto ambiental, ya que, como es sabido, el agua de la que se sirve Mendoza para sus distintos usos (abastecimiento poblacional, riego, generación de energía eléctrica, etc.) proviene exclusivamente de la nieve acumulada en las altas cumbres. Es por ello que cualquier alteración, aún mínima, del sistema impactará en las distintas actividades que se desarrollan en el llano. 

Consciente de esta problemática, la legislación mendocina ha previsto mecanismos a cumplimentar por aquellos que pretenden realizar actividades en la zona de las nacientes de agua, de manera tal de evitar o minimizar cualquier impacto negativo. Es así que, además  de someter el proyecto a la “Evaluación de Impacto Ambiental”, conforme lo establece la Ley 5961; el uso del recurso perteneciente al dominio público provincial (art. 255 CC  y CN) requiere del cumplimiento de distintas etapas tendientes a obtener el acuerdo unánime de los distintos estamentos que conforman la sociedad mendocina.

El constituyente mendocino de 1916, con buen criterio y conocimiento de la importancia que tiene el agua para el desarrollo económico y social de la Provincia, dispuso de un sistema mixto (administrativo y legislativo) para autorizar el uso del recurso (art. 194 Constitución Provincial), que necesariamente debe cumplirse como paso previo a autorizar cualquier actividad, más aún aquellas como la que nos ocupa que requerirán de un importante caudal para satisfacer las necesidades básicas del emprendimiento. Estas distintas etapas administrativa y legislativa a cumplir, como paso previo a la autorización del uso del recurso hídrico, garantizan dos aspectos fundamentales: por un lado, la existencia de caudales disponible y que el uso no ocasionará perjuicio alguno a la comunidad, y, por otro, el consenso necesario entre los representantes de la sociedad en que el proyecto es beneficioso para la Provincia, ya que requiere una mayoría de votos en la Legislatura Provincial. Pero también la comunidad mendocina debe participar en forma directa en la toma de decisiones, tal como lo garantiza el Acuerdo de Escazú, (Tratado Internacional de jerarquía constitucional) que reconoce como derecho esencial la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas y entorno. 

Asimismo, atendiendo a la escasez del recurso hídrico, la Ley de Aguas de 1884, estableció un orden de prioridades (art. 115 LA) para el uso de este recurso vital, que debe ser respetado y que prioriza el abastecimiento poblacional y el riego como actividades esenciales para Mendoza. Cualquier uso que se haga del recurso en las nacientes de los ríos y arroyos cordilleranos, importará sustraer un caudal de agua a estos usos prioritarios, lo que requiere necesariamente aprobación legislativa y autorización previa de otro organismo constitucional, como es el Departamento General de Irrigación (art. 188 Constitución Provincial), encargado de administrar el recurso hídrico provincial

EL AZUFRE Y LA AFECTACIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS

Se ha planteado que en la zona en cuestión, sólo existían dos (2) puesteros en actividad y que el grupo de empresarios acordó con ellos a través de la compra de sus derechos (cesión de derecho). 

En primer lugar, dicha información es errónea ya que en la zona hay presencia tanto de más cantidad de puesteros como así también de comunidades indígenas. En la mayoría de los casos lo que se afecta es la actividad de “veranada”, actividad fundamental para el desarrollo socioeconómico y cultural de las personas afectadas.

Asimismo, las comunidades indígenas han denunciado que en ningún momento fueron consultados ni han tenido participación en ninguna etapa de lo que ya se viene desarrollando del centro de ski, derechos garantizados en nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes. Además, resulta importante destacar que para toda actividad en donde se afecte derechos indígenas, se requiere del consentimiento de ellas para ejecutar ya sea una política pública, una actividad de explotación de recursos naturales o un emprendimiento sea público o privado.

En este punto es en el que hacemos hincapié ya que de la denuncia pública que han hecho referentes indígenas es el de la existencia de comunidades indígenas en la zona en cuestión. En particular, 1 de las 27 comunidades que cuentan con personería jurídica tiene el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la ley 26.160 “culminado” y dicho territorio comunitario delimitado, se encuentra dentro de las 12 mil hectáreas entregadas por el Gobierno de Mendoza. 

Sin embargo, y como venimos denunciando desde hace tiempo desde Xumek, la falta de políticas públicas y el vacío institucional que existe en la provincia sobre la real situación de los pueblos indígenas, sus comunidades e integrantes, hace que dicha información sea escueta y poco certera, ya que sabemos que aún existe un gran número de comunidades indígenas sin su personería jurídica y por consiguiente, sin sus debidos relevamientos territoriales, lo cual provoca en situaciones como las actuales, donde sus derechos resultan más frágiles y  vulnerables. Los ubica en un contexto de desprotección ante el sostenimiento gubernamental de su invisibilización.

Desde la cosmovisión de las comunidades indígenas, la conexión con la madre tierra implica el desarrollo, transmisión y sostenimiento de la identidad, de nuestras culturas milenarias y nuestra espiritualidad. 

Donde se está realizando este proyecto turístico inmobiliario, afecta un sitio sagrado para las mismas. La mayor preocupación resulta de la afectación no sólo a la madre tierra sino a lo que consideran como un espacio sagrado: la cordillera es un lugar sagrado, las montañas y cerros (los apus) son protectores y guías espirituales. Para los pueblos indígenas no existe una relación material con la tierra sino identitario, espiritual, de respeto y de trascendencia. 

Es por ello que este tipo de proyectos con tal impacto, necesariamente deben contar con el consentimiento libre, previo e informado de nuestros hermanos y hermanas para su desarrollo. Para ello, deben respetarse y aplicarse plena y efectivamente los derechos a la participación y consulta de los pueblos indígenas mediante procedimientos culturalmente adecuados, de conformidad con sus costumbres y tradiciones y sus formas propias de representación, para lograr un acuerdo fidedigno y mancomunado entre las partes involucradas y llevar adelante un efectivo proceso de consentimiento. 

Repositorio:

Boletín Oficial – Decreto 2138 (pág 4)

https://boe.mendoza.gov.ar/default/public/publico/verpdf/31534

Dictamen de Fiscalía de Estado

https://drive.google.com/file/d/13QJl2FEDd-2CoDQZTdQQDECfa50No_yw/view

Acta Constitutiva de EL AZUFRE SA / Boletín Oficial de la Rep. Arg. – Sociedades y Avisos Judiciales – Constitución SA

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/segunda/A754027/20180618

Ley 18575 sobre Zona y áreas de frontera, desarrollo e integración

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37912/norma.htm 

Ley provincial 5961 Impacto Ambiental. Estudio de impacto ambiental. 

https://www.mendoza.gov.ar/economia/wp-content/uploads/sites/44/2017/02/LEY_5.961.pdf

Ley nacional 25675 Política ambiental nacional

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_recursos_humanos/concurso/normativa/_archivos//000001_Leyes/000000_LEY%2025.675%20Pol%C3%ADtica%20Ambiental%20Nacional.pdf

Acuerdo de Escazú.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf

Ley de Aguas 

Ley nacional 26160 sobre Emergencia Territorial Indígena

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122499/norma.htm 

Ley nacional 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23790/texact.htm 

OTRO PIBE MUERTO POR UNA BALA POLICIAL

El día 12 de febrero por la madrugada, Kevin Gonzales (18) fue asesinado por la policía provincial en la ciudad de  Malargüe, Mendoza.

Un grupo de jóvenes se encontraba en la Plaza Independencia de dicho departamento y, presuntamente, habría ocurrido una discusión o pelea entre ellos. Ante esto -y advertidos por los vecinos- personal policial se hizo presente. 

Lejos de intervenir para resolver el presunto conflicto y contener a los jóvenes, dicha intervención resultó violenta, desproporcionada y abusiva, al punto que  concluyó con el  homicidio de Kevin.

¿Hecho aislado o práctica sistemática? 

El hostigamiento sistemático, la violencia física como práctica y la impunidad como resguardo institucional, es el denominador común de la relación asimétrica existente entre las fuerzas policiales y los jóvenes, especialmente aquellos provenientes de sectores populares. Esto se verifica no solo en el gran Mendoza, sino también en el sur provincial, como en este caso. 

Mendoza, mediante un jurado popular dijo BASTA A LA VIOLENCIA POLICIAL Y  GATILLO FACIL en el caso Ricardo Bazán, condenando a un policía que en el ejercicio de sus funciones dio muerte por la espada a Ricardo.

. Hoy volvemos a GRITARLO y EXIGIRLO para que no hayan mas pibis asesinados por la policia. Exigimos al Estado una investigación inmediata, imparcial,  sería y un juicio ejemplar para los responsables. Pedimos especialmente  políticas públicas que pongan fin a estas prácticas violentas y abusivas enquistadas en las fuerzas de seguridad, muchas de ellas heredadas de la dictadura y toleradas e incorporadas desde el retorno a la democracia  y hasta nuestros días.

Queremos una policía que cumpla la ley. Una policía que no hostigue, violente y mate más a los pibes y pibas por su rostro, por su ropa o por vivir en un barrio determinado. Queremos una policía responsable, que proteja nuestra seguridad y nuestra vida. LA DE TODOS Y TODAS.

Desde Xumek acompañamos a todas las acciones y reclamos que se organicen.

2 de febrero: Día Internacional de Protección de los Humedales

El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero de cada año. Fue decretado en el año 1997 y la fecha fue elegida en conmemoración a la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, que se celebró el 2 de febrero de 1971 en Ramsar, Irán.

Existen dos sitios Ramsar en la provincia de Mendoza: la Laguna de Llancanelo en Malargüe y las Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero; pertenecientes a Mendoza, San Juan y San Luis. Ambos son humedales de importancia internacional que se encuentran “protegidos y custodiados” por la Provincia en el marco de la Convención Ramsar.

Los humedales son extensiones de tierra, que tienen la particularidad de estar inundadas de forma permanente. En esta categoría están los pantanos, turberas, marismas, arrecifes de coral, manglares, los lagos, los ríos, etc. Son ecosistemas híbridos que pueden ser de agua dulce o salada y los llamados humedales artificiales como por ejemplo los embalses, las salinas o los estanques.

Su importancia es fundamental para la vida en todo el planeta gracias a que son ecosistemas, donde viven un gran número de especies animales y vegetales, y que se encargan de regular el ciclo del agua y el clima, creando de esta manera un equilibrio perfecto. Además, aportan al hombre recursos indispensables para disfrutar de una mejor calidad de vida.

Sin embargo, hoy podemos ver con preocupación cómo los humedales corren el riesgo de desaparecer ya que se están degradando de manera vertiginosa. Se calcula que en los últimos 35 años han desaparecido más del 50% de los humedales en todo el mundo.

La situación de los humedales en la provincia. El caso particular de Lavalle: Lagunas de Soria

Luego de la reciente publicación de un trabajo de investigación en la zona de Lavalle, conversamos con Anahi Roca y Janet Pellisa, que nos contaron sobre la situación actual de la Laguna de Soria.

Se trata de uno de los últimos humedales del Gran Mendoza, un espejo de agua que nace del Arroyo Leyes-Tulumaya, y que se ubica en el paraje Las Violetas, en el secano Departamento de Lavalle. Allí es posible ver en ciertas épocas del año al flamenco austral, una especie vulnerable y casi amenazada de peligro de extinción, según el “Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”. Este paleocauce -cauce viejo, histórico-, del río Mendoza, se vincula con la Laguna del Viborón del Departamento de Maipú, y su actividad es esporádica a causa del retroceso del río Mendoza, represado cuenca arriba. 

Pero también el desmonte y la contaminación son causas de la variabilidad del agua en esta Laguna. El año pasado, en el 2021, La Asamblea por el Agua Pura de Huancache, denunció el desmonte a orillas de la laguna provocado por el proyecto inmobiliario “Aguas Norte”. 

Ante esta situación, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, presentó desde el Concejo Deliberante de Lavalle, un proyecto para suspender el avance inmobiliario, el cuál fue aprobado en agosto de 2021. 

Al siguiente mes, se promulgó la creación del Área Natural Protegida del “Humedal Laguna de Soria”, vale remarcar que se trata de uno de los últimos humedales activos del gran Mendoza, prohibiendo en su área y alrededor -1000 metros desde los márgenes de la laguna-, el desmonte, la caza y la pesca en cualquier modalidad; y el loteo de inmuebles en sus inmediaciones que no cuenten con el apto técnico integrado y la declaración de impacto ambiental. 

Sin embargo, todavía falta darle una categoría de reserva natural, la cual se definirá por participación pública de la ciudadanía y de las organizaciones ambientalistas, para gestionar un plan de zonificación y manejo del área protegida. Así lo establece el Acuerdo de Escazú, en vigencia en Argentina desde abril del 2021. Este  tratado vinculante sobre la democracia ambiental, tiene como uno de sus pilares, la participación pública en el proceso de toma de decisiones en asuntos ambientales.

Al respecto, la Asamblea por el agua pura de Huanacache -organización de personas autoconvocadas por la defensa de los bienes comunes-, y el municipio de Lavalle, ya han dado a conocer sus pretensiones sobre dicha categoría que será sometida a participación pública.

Los y las integrantes de la Asamblea de Huanacache plantean que la laguna ya ha sufrido   graves modificaciones, luego de la instalación de una planta de tratamiento de residuos cloacales que atraviesa el humedal, modificando su cauce. Por lo tanto, el dictamen técnico del área de Recursos Naturales de la provincia, reconoce un ecosistema artificial y no natural de la zona de la Laguna. Por esta razón, proponen que la categoría sea de reserva paisajística para que no se permita ningún tipo de uso o modificación del lugar.  Dicha categoría no sería para todo el encadenamiento de humedales que empieza en Villa Tulumaya y termina en Lagunas del Rosario -lagunas y bañados que lamentablemente ya no existen-, sino la parte que queda hasta la Calle Irigoyen de Villa Tulumaya, donde empieza el área urbanizada.

A diferencia de la Asamblea, desde la Dirección de Ambiente del Municipio, se prefiere una categoría de usos múltiples, que permita  desarrollar actividades, pero con respeto y armonía a los ciclos naturales. El Director de Ambiente del Municipio de Lavalle, Jorge Gisbert, nuevo en su cargo desde octubre del 2021, así lo indicó en entrevista para Ignix: “el Municipio iría más por la categoría de usos múltiples en la que se pueda regular y definir qué actividades y de qué manera, con qué intensidad, bajo qué parámetros, y todo eso regulado”.

El caso de la Laguna de Soria, que busca la participación pública para la definición de la categoría de reserva, es un ejemplo local importante de lo que plantea el Acuerdo de Escazú.  

El marco legal: las obligaciones de Argentina

Desde la firma de la Convención de Ramsar (1971) por el cual la Argentina se comprometió a la conservación y uso racional de los humedales nacionales e internacionales, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo, distintas organizaciones han  presentados proyectos de ley destinada a regular el uso de los humedales. No obstante, los distintos intereses económicos en juego, han impedido que los proyectos se concreten transformándose en una ley nacional.

Sin perjuicio de la importancia del dictado de dicha ley a los fines de la protección de los humedales, existe en nuestro país un marco normativo general que, de ser respetado, importaría lograr una adecuada gestión de los humedales existentes.

Como primer referente de este marco normativo, encontramos a la Constitucional Nacional al reconocer el derecho de todo habitante del país a gozar de un ambiente “..ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. Como parte de esta garantía constitucional pone en cabeza de la Nación el dictado de “presupuestos mínimos de protección” (art. 41) de todo ecosistema. No obstante dicho mandato también pone límites a la Nación en el dictado de cualquier normativa, al afirmar que dichos presupuestos no pueden alterar el derecho de las jurisdicciones locales. En igual jerarquía que la Constitución, encontramos a los tratados internacionales suscritos por la Nación Argentina con otros Estados y en donde nuestro país se compromete al cuidado y protección del medio ambiente, tal el caso del Acuerdo de Escazú.

Asimismo, como parte del cuerpo normativo ya existente, cabe hacer mención a la Ley General del Ambiente y a los principios de aplicación a los humedales como parte del ambiente al que protege (cláusula de progresividad, principios de precaución y prevención).

¡LEY DE HUMEDALES YA!

Es necesario y urgente sancionar una Ley de Humedales, con la esperanza de que implique cambios reales y tangibles en el respeto al valor intrínseco de los humedales y su cultura, del mantenimiento de su integridad ecológica y el reconocimiento prioritario de los servicios ecosistémicos que brindan a la sociedad por sobre el interés particular. 

Esta ley es de vital importancia, sobre todo  teniendo en cuenta las quemas e incendios de los últimos tiempos, donde se perdieron 1 millón de hectáreas de humedal con 600 mil focos de incendios que dañaron estos ecosistemas.

Sin embargo, el tratamiento de la Ley de Humedales fue excluida de las sesiones extraordinarias del congreso. El proyecto de ley que plantea ciertos cánones de manejo para evitar la  degradación de los humedales, ya había sido presentado en 2013 y en 2016, pero en ambas oportunidades, pese a tener media sanción del Senado, no prosperó en la Cámara de Diputados. De esta manera, el proyecto de ley de humedales pierde estado parlamentario por tercera vez. 

Invitamos a la gente a unirse a las marchas y todas las iniciativas tendientes a valorar y proteger los humedales.