Guía para el uso estratégico del lenguaje inclusivo y no sexista

La propuesta de un lenguaje inclusivo y no sexista implica evitar la ambigüedad en todo tipo de comunicación e intenta poner de manifiesto la presencia de todas las identidades que quedan marginadas en el uso tradicional de la lengua española. El lenguaje que usamos en los diversos ámbitos en los que nos desarrollamos no es ingenuo: implica una decisión política en relación a quiénes incluimos en ese lenguaje.

Es esperable que nos encontremos con resistencia a este tipo de lenguaje, por lo que pensar en su uso de manera estratégica implica evitar su uso tradicional en todos los ámbitos pero saber elegir a qué herramienta apelar para romper lo más posible con esa lengua excluyente.

Es por eso que en esta guía vas a poder encontrar un marco legal, ventajas y desventajas del uso de “@”, “x” y “e”; distintas maneras de hacer un uso inclusivo de la lengua española sin necesidad de recurrir a esas herramientas y un cuadro de ejemplos, entre otras cuestiones.

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Basta de intentar cooptar el Poder Judicial de Mendoza

Justicia dependiente

Desde Xumek – Asociación Civil para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, manifestamos nuestro más enérgico rechazo a un nuevo intento del Poder Ejecutivo de Mendoza de controlar al Poder Judicial de la provincia mediante reformas que pretenden ser disfrazadas de “modernización”, “eficacia” y “agilización” de la Justicia. 

Esta vez, el Gobernador Rodolfo Suarez presentó un proyecto de ley en la Legislatura de Mendoza para eliminar las “salas” por las que se divide la Corte Suprema de Justicia. También la legislación propuesta apunta a que cuando las querellas sean por inconstitucionalidad falle el máximo tribunal en pleno, que tiene mayoría filoradical.

Desde 2016, el Gobierno Provincial de Cambia Mendoza ha ido en contra de la división y separación de los 3 Poderes del Estado. El gobernador Rodolfo Suarez sigue los pasos de su antecesor, Alfredo Cornejo, para controlar desde el Poder Ejecutivo la Corte Suprema de Justicia de Mendoza siendo este objetivo completamente contrario a los valores republicanos que prevalecen en nuestra Constitución Nacional

Denuncia ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Nuestra organización viene alertando acerca de la existencia de un plan sistemático para someter la independencia del Poder Judicial, implementado en Mendoza a partir de la asunción de Alfredo Cornejo al poder político provincial en diciembre de 2015 y que subsiste bajo el mandato de Rodolfo Suarez. Esto fue denunciado junto a AJUS La Plata, Berisso y Ensenada ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en diciembre de 2021. En la misma se exponen de manera detallada los casos de violación a la independencia judicial, así como los estándares jurídicos aplicables establecidos tanto por los órganos especializados de la ONU como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, contando con un amplio respaldo probatorio. 

La denuncia presenta diversos hechos que ponen de manifiesto el quiebre de la independencia en la Suprema Corte mendocina,  Casos de Intervención y Subordinación en el Ministerio Público de la Provincia de Mendoza, la persecución a Magistrados por sus resoluciones, la estigmatización y ataques contra abogados, la discrecionalidad en la designación de magistrados y el sometimiento político de los órganos de control. 

Desde Xumek consideramos que la división de la Corte Suprema de Justicia en salas temáticas apunta a que las denuncias lleguen a jueces que tengan experticia en los hechos que son denunciados y que la administración y reforma de la Justicia debe necesariamente responder al Poder Judicial mismo y no al Poder Ejecutivo. Por todo lo expuesto, apelamos a que el Poder Legislativo ponga freno a este tipo de intromisiones y rechace de lleno tal proyecto que atenta a los principios republicanos consagrados en nuestra constitución.

Foto de portada: Prensa Gobierno de Mendoza.

Nueva revista XMK: Mujeres Migrantes

Conmemorando el Día de lxs Inmigrantes en Argentina, desde Xumek presentamos una nueva revista. Titulada “Mujeres Migrantes”, desde nuestra organización realizamos este trabajo para visibilizar e indagar acerca de la problemática de la movilidad humana desde la perspectiva de género e interseccional.

El recorrido de la revista propuesto comienza con un Prólogo realizado por el Área de Género y Diversidad y continúa con una Introducción acerca de por qué es necesario usar correctamente los términos sobre la Migración. La primera entrevista es a Rosalía Cárter Cofré, quien migró a Mendoza en 1991 junto a su esposo e hijxs buscando un día a día en el que la persecución política de la dictadura chilena ya no fuera parte. También hay una columna de Opinión de la coordinadora del Área de Movilidad Humana, Jessica Villegas. El material que cierra la revista la segunda entrevista, realizada a la docente e investigadora del Conicet Silvia Moreno.

Desde Xumek reafirmamos que migrar es un derecho humano y que debe ser garantizado como tal. La revista puede descargarse desde aquí:

Staff de la revista:

Coordinación general: Carla Segatore

Coordinación y realización de entrevistas: Carla Segatore, Ana Gurruchaga, Sol Sánchez y Jessica Villegas.

Redacción y edición: Carla Segatore, Ana Gurruchaga y Sol Sánchez.

Diseño y revisión: Bianca Cecchini Murúa y Milagros Martín Varela.

Agradecimientos: A Silvia y a Rosalía por compartirnos su tiempo.

Preocupación ante la figura del “agente encubierto digital” en el proyecto de reforma del CPP

Desde Xumek y Red Popular de Acceso a Derechos (RePAD), manifestamos nuestra profunda preocupación acerca del proyecto de reforma del Código Procesal Penal (CPP) de la Provincia de Mendoza, la cual busca instituir la figura del “agente encubierto digital” o la posibilidad de intervenir dispositivos de manera remota. Nuestra posición fue expuesta en el “Foro por la progresividad de los Derechos Humanos y las Garantías Constitucionales: Debate sobre la figura del Agente Encubierto Digital” en la Legislatura de Mendoza el día 30 de agosto de 2022.

Existe una evidente necesidad de adaptación y respuesta a nuevas formas de criminalidad (organizadas o no) que se valen de los medios digitales, el anonimato que ello confiere, la innecesaridad de estar presente en “el lugar del crimen tradicional”  y, en suma, las barreras que ello impone a la autoridad. La disociación entre el lugar en que se despliegan los actos de ejecución de delito y el lugar donde se produce el resultado dañoso (la intimidad de la víctima) es imposible de abordar con una legislación que data de otro siglo.

Sin embargo, desde Xumek y RePAD consideramos que esta necesidad no puede ni debe implicar que las nuevas herramientas se presenten no sólo como herramientas de investigación y prevención (dejando de lado de momento la discusión de si una normativa procesal puede encerrar facultades de prevención) sino como elementos que en manos de actores -o con fines- desviados conduzcan a una desproporcionada invasión de la intimidad y/o utilización con fines políticos o persecutorios.

Entendemos que necesariamente, conforme a los compromisos asumidos por la República Argentina en materia de Derechos Humanos, en relación a los principios que deben guiar su implementación, debe observarse:

  1. La transparencia, de modo que el Agente Encubierto Digital no devenga en investigador-persecutor; 
  2. la imparcialidad, por lo que las herramientas no deberían estar en manos de la Policía provincial en función de prevención sino exclusivamente en manos del Ministerio Público y que se restrinja su utilización a investigaciones penales;
  3. y la proporcionalidad, en la extensión y duración del uso de las herramientas digitales.

De este modo, es que solicitamos se discuta la modificación del Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza teniendo en cuenta la perspectiva de Derechos Humanos y que se escuche atentamente a las organizaciones de la sociedad civil, haciéndolas parte del debate.

Entre enero y julio de 2022, hubo 144 femicidios en Argentina y 6 de ellos ocurrieron en Mendoza

Desde Observatorio de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios de Xumek visibilizamos los datos arrojados entre Enero a Julio del 2022. Durante estos meses del año, se registraron al menos 144 Femicidios a nivel Nacional, de los cuales 6 fueron en Mendoza, y 5 transfemicidios, según se pudo constatar mediante la revisión de medios digitales locales, regionales y nacionales.

Se registra un aumento de víctimas colaterales con respecto al recuento que realizamos en Abril, con un total de 131 hijxs menores de 21 años que perdieron a su madre. En cuanto al tipo de vínculo entre las víctimas y los femicidas, se constata que un 36,8% fue cometido por las parejas, un 18,8% por ex parejas, y un 13,9% por un familiar de la víctima.

Registramos un total de 25 femicidas suicidados, lo que nos invita a reflexionar: ¿qué sucede con esos varones que ejercen la violencia extrema y se terminan quitando la vida? También se relevaron 12 femicidios vinculados, es decir homicidios cometidos contra una o varias personas a fin de causarle sufrimiento a una mujer, mujer trans o travesti.

En lo que respecta a los transfemicidios del total tres eran de nacionalidad argentina, una era de nacionalidad peruana y la otra uruguaya. Los actos violentos se realizaron en Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y CABA.

El Observatorio busca generar una base de datos sobre Femicidios, Travesticidios, y Transfemicidios en Mendoza, y en Argentina, desde Octubre del 2021 a Septiembre del 2022, propia del área de género y Diversidad Sexual de Xumek. Logrando una sistematización y análisis de la información recaudada.

La situación en Mendoza

De los 144 femicidios relevados en los primeros 7 meses del año, 6 ocurrieron en la provincia de Mendoza. Las víctimas directas de esta violencia machista fueron María Aída Oliva (52 años), Marcela Elizabeth Gramajo (41), Linda Suarez (77), Alicia Angélica Galetto (68), Carla Agostina Trigo (22) y María Pía Percia (49). Los crímenes ocurrieron en Las Heras, San Rafael, Guaymallén, Rivadavia, San Martín y Ciudad, respectivamente.

Mientras que a nivel nacional el 47% de las víctimas tenían entre 26 y 50 años, en Mendoza ese porcentaje es del 50%. Tres de las 6 mujeres asesinadas tenían entre 50 y 80 años. También cabe destacar que, en nuestra provincia, el 50% de los femicidios entre enero y julio de 2022 fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas, mientras que esa cifra asciende al 55,5% a nivel nacional.

Luego del femicidio de Agostina Trigo, la Policía de Mendoza reprimió violentamente una manifestación en la que se reclamaba justicia. Se trata de un caso en el que Xumek y RePAD se han constituido como querellantes.

Asimismo, en este relevamiento del Observatorio se relevaron 5 transfemicidios en Argentina. En este sentido, Mendoza será escenario de un proceso histórico, ya que el próximo 12 de septiembre un jurado popular juzgará a un ex oficial de la Policía de Mendoza por el transfemicidio de Melody Barrera, acontecido en agosto de 2020.

Repudiamos la persecución y criminalización de la protesta

paro docentes cta sute

Desde Xumek – Asociación para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, repudiamos la persecución y la criminalización de la protesta llevada a cabo por el Gobierno de la Provincia de Mendoza durante las jornadas de paro y movilización convocadas por diversos gremios mendocinos en el marco del reclamo de mejores condiciones laborales y salariales. 

Entendemos que estos métodos, cada vez más frecuentes desde el Poder Ejecutivo con colaboración del Poder Judicial de Mendoza, apuntan a disciplinar la protesta social y el legítimo ejercicio de derechos constitucionales.

En las últimas semanas diversos gremios, entre ellos, ATE, SUTE, SADOP, convocaron a jornadas de paro y movilización, en reclamo por mejoras salariales y condiciones de trabajo. Esta protesta resulta por demás legítima tratándose del derecho a una remuneración justa -en un provincia donde los salarios de los docentes son de los más bajos del país- en un contexto de crisis económica e inflación, con íntima vinculación al derecho de los ciudadanos de recibir una educación de calidad.

Desde el 3 de julio  del 2022 se ha constatado la persecución judicial a cinco (5) dirigentes sindicales– Roberto Macho, Adriana Iranzo, María Rosa Gaete y Graciela Navarro-, quienes han sido imputados por supuestas infracciones al artículo 194 del Código Penal de la Nación, por entorpecimiento de transporte; llegando incluso en el caso de Roberto Macho a ordenar su detención en sede de penitenciaría provincial. 

A su vez, la Policía provincial junto con abogadxs y escribanxs han asistido a las escuelas de la provincia de Mendoza, fuera de sus facultades establecidas por ley, para constatar libros de firmas de asistencia de docentes, durante los días convocados a paro y movilización, evidenciando así una actitud claramente persecutoria y coercitiva para quienes ejercen la docencia y adhieren al paro

Este tipo de acciones -además de rememorar las épocas más oscuras de nuestra historia reciente– intentan dejar un claro mensaje de disciplinamiento y criminalización de la protesta social por parte del Poder Ejecutivo y Judicial de Mendoza. 

Rechazamos toda acción estatal que pretenda abordar  el conflicto social desde herramientas represivas y/o punitivas. 

El derecho a la protesta social, el derecho a huelga, el derecho a agremiarse libremente, el derecho de reunión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a peticionar ante las autoridades, no solo resultan derecho humanos fundamentales receptados constitucional y convencionalmente, sino que además configuran condiciones básicas para la convivencia democrática propia de un Estado social y democrátido de derecho.

El Poder Judicial y especialmente el sistema penal como sistemas de reacción ante conductas delictivas, no pueden constituirse en herramientas de disciplinamiento y persecución de un reclamo legítimo que cuenta con el apoyo de toda la sociedad.

En contrapartida reivindicamos el camino  del diálogo, el consenso y la resolución no violenta de los conflictos, como las acciones que debe promover y propiciar el Estado.

Finalmente desde Xumek expresamos nuestro absoluto apoyo al reclamo del sector docente, poniéndonos a su disposición en lo sucesivo e interpelando al Gobernador Rodolfo Suárez y al Director General de Escuelas, José Thomas, a retomar el camino del diálogo sincero y libre de toda presión coercitiva. 

Foto de portada: Gentileza Prensa Sute – CTA.

Informe de la COMISIÓN DE SOLIDARIDAD CONLOS PUEBLOS EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. JUJUY | Julio 2022

La Comisión está integrada tanto por militantes y abogadxs de organismos de
Derechos Humanos como por organizaciones sociales, políticas y sindicales,
asiste al pedido o llamado de quienes sufren violación a los derechos humanos y
garantías constitucionales. En esta oportunidad relevó las vulneraciones a los
Derechos Humanos en la provincia de JUJUY en no menos de 58 casos.


El informe busca identificar los casos y especificar el marco normativo tanto
nacional como internacional que se está violando. Y a partir de la publicación
impulsar la divulgación activa del estado de situación, con la convicción de
amplificar la voz y el pedido de justicia del pueblo Jujeño. También se encauzaran
institucionalmente las denuncias por las vías ordinarias, nacionales e
internacionales que consideren pertinentes.


La provincia de Jujuy ha atravesado modificaciones en su sistema de justicia tales
como: La Reforma orgánica del Poder Judicial en el año 2015 en la que 2
diputados votantes por la afirmativa accedieron inmediatamente a integrar el
Superior Tribunal; la Ley 5895 creando el Ministerio público de la Acusación
(MPA) con facultades para la persecución penal pero por fuera de la estructura
judicial y específicamente esta comisión se ha visto compelida a hacerse
presente en la provincia luego de que el 6 de julio se realicen 16 allanamientos
simultáneos que abarcaban a la totalidad de las organizaciones sociales con
presencia en la provincia.

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Guía | Violencia sexual en niños, niñas y adolescentes

Te presentamos nuestra primera guía en PDF. Esta vez, te invitamos a hablar sobre violencia sexual en niños, niñas y adolescentes (NNyA).

¿Qué es? ¿Cómo identificar y abordar estas situaciones? DESCARGÁ LA GUÍA ACÁ

El área de Niñez y Adolescencia tiene como función la ponderación del interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la defensa y protección de sus derechos. Articulando espacios y trabajando en red con otras organizaciones especialistas en la materia, para generar acciones de incidencia y políticas públicas que promuevan sus derechos humanos fundamentales. Somos un equipo interdisciplinario preocupado por un abordaje integral y menos adultocéntrico de las problemáticas de la infancia y adolescencia.

Nuestro área tiene como objetivo velar por la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños, niñes, adolescentes y jóvenes, a través de la puesta en valor de sus intereses, necesidades y problemáticas. 

Somos un equipo interdisciplinario conformado por estudiantes y profesionales de distintas ciencias sociales, con la intención de concretar prácticas de investigación y territorialización desde una mirada integral y crítica del adultocentrismo.

Entendemos que es necesaria la habilitación de espacios de participación activa de lxs pibes desde un paradigma del protagonismo de las niñeces y adolescencias.

Articulamos con otras organizaciones e instituciones provinciales y a nivel nacional, con el fin de generar acciones de incidencia en políticas públicas que promuevan los derechos humanos fundamentales de pibes y pibas. 

Desde 2016 integramos el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, coalición federal de organizaciones especializadas en infancia y adolescencia.   

Que el sistema de saneamiento no implique la destrucción de nuestro medio ambiente

humedales

Durante el mes de mayo de este año, se hizo público el estado crítico de la Laguna del Viborón en el Departamento de Maipú. De esta manera, las imágenes de la mortandad masiva de peces de febrero del 2021 se completan con las de mayo del 2022, que muestran una laguna agonizante y extremadamente seca. Las lagunas del Viborón, La Paloma (ambas en Maipú) y Soria (en el Departamento de Lavalle), forman parte del sistema Leyes-Tulumaya y se encuentran encadenadas. Por tanto, si una laguna se ve afectada, afecta al resto también.  

Así es que el nivel de agua de la siguiente laguna, La Paloma, también ha mermado considerablemente para esta época del año y a esta situación se suma la amenaza del proyecto de saneamiento denominado “Colector cloacal y estación elevadora Paramillos II”, cuya traza atravesaría la Laguna de La Paloma con un terraplén. Por supuesto entendemos que dicha obra es necesaria para las localidades del Departamento de Guaymallén que no cuentan con colectores, sino que utilizan pozos absorbentes. Muchos vecinos y vecinas de El Sauce, Colonia Segovia y Puente de Hierro tienen el agua servida en la puerta de sus casas, y la obra en cuestión les daría respuestas a sus necesidades.

Sin embargo, la obra que promete un beneficio para estas poblaciones y territorios, por otro lado, representa una gran amenaza para el sistema de humedales Leyes-Tulumaya, uno de los ecosistemas más vulnerables y frágiles en el Gran Mendoza. No sólo porque proponen atravesar el caño cloacal por la parte más angosta de la Laguna de La Paloma, sino por toda la afectación alrededor de la zona que sigue teniendo vocación de humedal.

La obra de saneamiento evaluó ocho alternativas de trazado del colector. En ninguna de las primeras 7 alternativas se atraviesa la laguna de La Paloma, sino que la traza va por ruta, utilizando estaciones elevadoras y de bombeo. Sin embargo, alegan que en esas alternativas hay problemas de conducción a gravedad por pendientes mínimas, riesgos de vandalismo y de desborde.  

Gentileza GiramundoTV.

De esta manera, la alternativa seleccionada es la que propone atravesar La Paloma, pasando por alto las declaratorias de interés de conservación que tiene el sistema Leyes Tulumaya. Al respecto, cabe remarcar que el proyecto tiene una falla de origen al no mencionar nunca que la zona por la que atraviesa dicha obra es un sistema de humedales; relicto de las antiguas ciénagas de Bermejo. El proyecto no contempla el marco legal de resoluciones y declaraciones de interés del lugar.

En este sentido, el Dictamen Técnico de la Universidad de Congreso, apunta que “se deben ratificar o rectificar las alternativas evaluadas y la opción definitiva, considerando que el sistema de humedales de Arroyo Leyes y Arroyo Tulumaya fue declarada sitio de interés de conservación mediante RIT-2020-1004-E-GDEMZA-DRNR#SAYOT en año 2020″.

Asimismo, la Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA), tiene otras grandes falencias que es preciso mencionar: escaso relevamiento de flora y fauna, retiro de suelo orgánico y capa vegetal, utilización de agua del Arroyo Leyes para la fase de construcción, nula mención a las aguas subterráneas, ni medidas de mitigación en caso de derrame, entre otras.

El próximo martes 19 de julio a las 10 de la mañana, se realizará la Audiencia Pública de esta obra, y es el momento de ejercer nuestro derecho a la participación en asuntos que afecten a nuestro medio ambiente. Exigimos que la autoridad convocante realice una consulta con expertos técnicos para que evalúen otra traza del colector cloacal para evitar daños irreparables en un ecosistema que ya es demasiado vulnerable por la misma gestión del agua de la Provincia de Mendoza, la cual ha ido represando el agua cuenca arriba, y provocando la paulatina desertificación de las lagunas cuenca abajo. 

Pedimos que el sistema de saneamiento para un territorio y población no implique la destrucción de nuestro medio ambiente. Los humedales son nuestros principales aliados para mitigar los efectos de la crisis climática que estamos provocando, y su falta de protección afecta nuestro derecho a vivir en un ambiente sano. 

La provincia de Mendoza posee una enorme deuda ambiental en cuanto a la Creación de Áreas Naturales Protegidas. Para el 2020, menos del 17% de nuestro territorio se encontraba protegido y esta cifra se encuentra muy por debajo de los estándares internacionales. 

El proyecto de ley de Creación de Área Natural Protegida Provincial del sistema Leyes Tulumaya, sigue esperando a ser tratado en la Legislatura provincial. En ese sentido, cabe preguntarnos: ¿se trata de una simple coincidencia o la paralización del proyecto de protección responde a intereses particulares?

A modo de cierre, consideramos necesario destacar que  la deuda ambiental de la provincia de Mendoza es algo que debe preocuparnos pero sobre todo “ocuparnos” en cuanto a acciones de mitigación se refiere. Una deuda ambiental en ascenso conlleva una gran amenaza para el sistema de humedales y, consecuentemente, en la vulneración de los derechos humanos de todas las poblaciones aledañas. 

Foto de portada: Ignix Producciones.

¿Por qué el Estado no debe culpar por un femicidio a la familia de la víctima?

Acompañamos a la familia Romano ante las declaraciones realizadas desde el Asesoramiento Legal del Gobierno de Mendoza

Florencia Romano fue asesinada en diciembre de 2020 en el departamento de Maipú (Mendoza) siendo una adolescente de tan solo 14 años. Este caso puso en evidencia el deficiente actuar de la policía y la falta de protocolos que cuenten con perspectiva de género, ya que hubo una llamada al 911 en pedido de auxilio por parte de un vecino que fue desestimada.

Se inició un juicio penal que condenó al femicida, Pablo Ramón Arancibia y a la operadora policial que no dio curso a la llamada. Este llamado habría podido evitar la muerte de Florencia y esta afirmación fue demostrada por las pruebas presentadas, principalmente la cercanía de una comisaría que está a 4 minutos a pie de distancia del lugar del hecho.

Luego, la Familia Romano inició una demanda civil contra el gobierno provincial por el daño moral que sufrieron tras el femicidio de su hija. El pasado martes 12 de julio y a una semana de habernos enterado del femicidio de Agostina Trigo, trascendió un escrito presentado ante la Justicia por parte del asesor legal del Gobierno de Mendoza, Ricardo Canet. Allí, el funcionario responsabilizó a los padres de Florencia, en especial a su madre, por el femicidio de su hija.

Cabe recordar que pocas horas luego del hecho, el entonces Director de la Policía de Mendoza, Roberto Munives, dijo que “hechos como estos son evitables, precisamente a través de la educación, a través del cuidado, del seguimiento que debemos tener los padres sobre nuestros hijos y que este tipo de hechos no se deben repetir, no se deben producir, precisamente porque debemos tener ante todo dentro del seno familiar un diálogo de apertura, porque todo se inicia a través de un engaño sobre la menor”.

A esta misma línea discursiva apeló Canet, afirmando que la madre y el padre de Florencia “han incumplido abiertamente con las obligaciones que la responsabilidad parental ponía a su cargo, no actuando con la vigilancia activa correspondiente”. A esto agregó, en otras palabras, que la familia de la víctima tiene “el 50% de la responsabilidad” del hecho, mientras que el 50% restante correspondería al femicida.

Tanto los dichos de Munives en su momento como los trascendidos de Canet, revelan una profunda ideología de la gestión actual del Gobierno Provincial en la que optan por culpar a las mujeres por las violencias de género que sufrimos a diario y cuya expresión más grave es el femicidio. También parecen olvidar la responsabilidad estatal y las obligaciones asumidas nacional e internacionalmente que detallamos a continuación y bajo las cuales el funcionariado público tienen el deber de actuar y ajustar sus conductas.

En el plano Internacional 

El deber de debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar hechos de violencia contra las mujeres nace de las obligaciones específicas que impone la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”). Este instrumento fue ratificado por Argentina en abril de 1996. 

En su artículo 7, se refiere a las obligaciones inmediatas del Estado en casos de violencia contra las mujeres, que incluyen procedimientos, mecanismos judiciales y legislación encaminada a prevenir la impunidad, incluyendo medidas para proteger a las mujeres de actos de violencia inminentes.  

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), organismo fundamental en la defensa y protección de los Derechos Humanos de la región -y a la cual Argentina le ha otorgado competencia jurisdiccional- ha establecido que, en un contexto de violencia, subordinación y discriminación histórica contra las mujeres, los compromisos internacionales “imponen al Estado una responsabilidad reforzada”. 

En el Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (Sentencia del 19 de julio de 1988, párrafo 172), la Corte IDH estableció que: “Un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención”. 

El Estado Argentino, al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se compromete en el artículo 18.2 a prestar la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños”. En este sentido es el Estado quien asume también obligaciones de asistir a las familias en las crianzas. 

Entonces, en este caso, el Estado Provincial actuó desentendiendose de su rol de garante de derechos y descargando la culpa sobre las familias, utilizando la revictimización como mecanismo de defensa de sus intereses pecuniarios.  

En el plano Nacional

La Ley 26.485 “De protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales” define la violencia de género como “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes.

A su vez, se define como violencia indirecta “toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.” 

En relación con los organismos estatales de seguridad, la mencionada ley establece: 

  1. La obligación de elaborar en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, los procedimientos básicos para el diseño de protocolos específicos para las fuerzas policial y de seguridad a fin de brindar las respuestas adecuadas para evitar la revictimización, facilitar la debida atención, asistencia y protección policial a las mujeres que acudan a presentar denuncias en sede policial;  
  2. Sensibilizar y capacitar a las fuerzas policial y de seguridad en la temática de la violencia contra las mujeres en el marco del respeto de los Derechos Humanos;
  3. Incluir en los programas de formación de las fuerzas policiales y de seguridad asignaturas y/o contenidos curriculares específicos sobre los Derechos Humanos de las mujeres y en especial sobre violencia con perspectiva de género. 

El  Estado Provincial no ha cumplido con las mencionadas obligaciones. Esto se demuestra en el hecho de que los funcionarios policiales encargados del 911 al cual se solicitó auxilio no estaban capacitados en perspectiva de género como tampoco contaban protocolo de actuación específico para atender a dichos casos. 

Por su parte, los abogados de la Familia Romano afirman que el Juez, en la sentencia penal sobre el femicidio de Florencia, realizó una serie de recomendaciones dirigidas al Poder Ejecutivo con el objeto de cambiar el funcionamiento del 911 para el abordaje de casos de violencia de género. En este sentido, la Familia ha impulsado el proyecto de la “Ley Florencia”, que tiene por objeto obligar al Estado a actuar de una manera específica mediante el 911 ante hechos de posibles feminicidios para que su intervención sea de manera preventiva. Hasta el momento, dos años después, la misma no ha sido tratada. 

En cuanto a los Derechos reconocidos, cabe destacar el  derecho a recibir un trato humanizado, evitando la revictimización, a la que se hace referencia en reiteradas oportunidades en el cuerpo de la Ley 26.485. 

El hecho de culpabilizar a la mamá y al papá de Florencia, algo que hizo tanto el Asesor Legal del Gobierno como el ex director de la Policía, ponen en evidencia la desprotección no solamente hacia la memoria de Florencia, sino también la revictimización de la familia. En este sentido, es oportuno recalcar que la Ley Nacional 27.327 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos considera víctimas a lxs padres, entre otros familiares, cuando resultare la muerte de la persona ofendida. La normativa establece que la actuación de las autoridades responderá a determinados principios y entre ellos la no revictimización: “la víctima no será tratada como responsable del hecho sufrido” (art. 4 inciso 3). 

En otro orden de ideas, dentro de los lineamientos básicos para las políticas estatales establecidos por la Ley 26.485 mencionada anteriormente, establece la obligación de realizar campañas de educación y capacitación orientadas a la comunidad para informar, concientizar y prevenir la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (art. 10 inc. 1). Esto demuestra el rol activo que debe tener el estado en la educación en materia de género. No se trata de una cuestión exclusivamente de la responsabilidad de la madre o el padre de una mujer, sino que necesariamente tiene que intervenir el Estado en la deconstrucción de patrones socioculturales que ponen a las mujeres y a las disidencias en un plano de inferioridad respecto del varón. 

Finalmente, no podemos dejar de hacer referencia a la Ley 27.499 “Micaela”.  Esta norma establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación (Art. 1 ). 

La contestación de la demanda de Ricardo Canet (así como los dichos que hiciera Roberto Munives en diciembre de 2020), demuestra una deficiente o nula formación en la temática referida, ya que en caso de contar con un adecuado conocimiento en perspectiva de género el tratamiento de la causa hubiera sido diferente.

Es por todo esto que desde Xumek acompañamos el reclamo de la Familia Romano y sus abogados en cuanto a que el Gobierno de Mendoza, particularmente el gobernador Rodolfo Suarez, debe dar explicaciones sobre el escrito presentado por Ricardo Canet ante la Justicia y, si fuera necesario, exigirle la renuncia al Asesor Legal si así lo considerase. Asimismo, el Senado de la Provincia debería expedirse sobre el asunto, ya que el pliego de designación de Canet para este cargo fue aprobado por ese cuerpo legislativo. Finalmente, adherimos a la sanción de la Ley Florencia para que el 911 tenga un protocolo de funcionamiento específico para casos de violencias por motivos de género y exhortamos al Gobierno Provincial a que cumpla con las obligaciones asumidas nacional e internacionalmente. Apelamos, en acompañamiento a la Familia Romano, a que la pronta sentencia de la Justicia Civil sea ejemplificadora y acorde a una perspectiva en Derechos Humanos de las mujeres.