10 años de Matrimonio Igualitario: “Accedimos a la unión civil por militancia y para visibilizar nuestro vínculo”

Se celebran 10 años de la aprobación de una de las leyes que reconoció derechos que hasta ese momento estaban invisibilizados. ¿Qué significó para el colectivo? ¿Qué beneficios trajo? ¿Faltan todavía derechos por alcanzar? Conversamos con Dani Perez Ibarburen, quien con su pareja fueron de lxs primerxs en acceder al matrimonio igualitario.

Este 15 de julio se cumplen 10 años de la aprobación de la ley n° 26.618 en Argentina, conocida como Ley de Matrimonio Igualitario. La normativa permitió modificar el artículo del Matrimonio Civil en el país y se garantizó el derecho a que las personas puedan contraer matrimonio independientemente de su sexo y género.

Este hecho constituyó un hito político y social, ya que Argentina fue el primer país latinoamericano en reconocer este derecho hasta entonces negado a las personas LGBTIQ+.

“La  unión civil fue un paso totalmente necesario para poder llegar a la igualdad plena de derechos. La introducción que se le incluyó a la ley de matrimonio civil en Argentina significó y alcanzó a varias y diversas familias y parejas que estaban desamparadas por la ley. Incluso muchas de ellas ya habían adoptado hijxs, pero de forma individual, ya que en el país esto está permitido desde los años 90. Pero habían muchas familias desconocidas por el Estado” nos cuenta, Dani Perez Ibarburen, quien contrajo matrimonio civil igualitario con Horacio Ferrer el 19 de noviembre del 2010. Fueron una de las primeras parejas en casarse cuando se sancionó la ley.

Con dicha normativa no sólo se reconoció la legalidad de los vínculos familiares existentes, sino que las parejas del mismo género pasaron a gozar de los mismos derechos que el resto de las personas, tales como el acceso a previsiones sociales, derechos de herencia y adopción e inscripción conjunta de las niñas y niños nacidxs en el marco del matrimonio igualitario, entre otros.

“En nuestro caso el alcance y los beneficios tienen que ver con la protección que el Estado le brinda a una relación o a una sociedad ya que puede haber una de las partes que necesite ya sea obra social, o de cuidar de tu pareja cuando está enferma, como lo permiten los derechos sociales a lxs trabajadores. Otro de los beneficios tiene que ver con los derechos de sucesión, por ejemplo vimos a muchísimos amigxs nuestros que vivieron juntxs varios años y por infortunio de la vida uno de ellxs falleció y la familia se quedó con todo lo que ellxs habían construido juntxs, quedando la persona viuda y desamparada en la calle” argumentó Perez Ibarburen.

Esta ley fue producto de una ardua lucha por parte de las organizaciones LGBTIQ+ y de conquistas legales previas, como la unión civil de la ciudad de Buenos Aires en el 2002, también fue la primera ley sancionada en Latinoamérica al respecto.

“Fue un avance hacia una sociedad más justa e igualitaria. La sociedad la reclamó. Fue una lucha que caminó desde abajo, si la ley se aprobó es porque la sociedad argentina y el colectivo lo reclamaba. La ley se decidió en democracia. Nosotros cuando accedimos al matrimonio lo hicimos por una cuestión de militancia y para visibilizar nuestra unión” definió el músico.

Un camino hacia el reconocimiento de derechos

Esta ley concretó el compromiso de Argentina en la implementación de políticas de igualdad, inclusión y construcción de ciudadanía. Por lo tanto, fue un antecedente para la sanción de otras leyes como la ley de Identidad de Género, el Decreto de Necesidad y Urgencia de Reconocimiento Legal de Hijos e Hijas de familias comaternales nacidxs antes del matrimonio igualitario y la ley de Reproducción Médicamente Asistida, al igual que la institucionalización de diversas áreas y programas en materia de diversidad sexual en gran parte de los ministerios nacionales, provinciales y municipalidades de todo el país.

Es importante señalar que en 2010, cuando se dio el intenso debate en torno a la sanción de esta norma, fueron lxs activistas y la población argentina quienes dieron el nombre de Ley de Matrimonio Igualitario, bajo la idea de que esta norma significaba el reconocimiento igualitario de un derecho que estaba siendo negado, así se sustituyeron diferentes denominaciones utilizadas hasta ese momento como: matrimonio gay, matrimonio homosexual y matrimonio entre personas del mismo sexo. Por lo que ley significó un avance en términos de derechos al establecer la igualdad jurídica para todas las personas que deseen contraer matrimonio y permitió promover así una sociedad más justa e igualitaria.

Sin embargo, todavía quedan derechos por alcanzar. “Para el colectivo LGBTIQ+ faltan aún que se le reconozcan derechos, por ejemplo los que tienen que ver con nuestras compañeras trans, como lo es el cupo laboral trans, o derechos como la ley del aborto legal seguro y gratuito. También faltan leyes que nos protejan de la homofobia, y leyes que protejan a las compañeras trans de los travesticidios. Es un camino largo de ida” sostuvo Perez Ibarburen. Asimismo agregó que “cuando la ley se aprobó en el año 2010 gracias a nuestra presidenta de entonces Cristina Fernández de Kirchner, ella fue muy clara cuando dijo: esto es sólo un pequeño paso, hacia lo que todavía el Estado debe otorgar para lograr la igualdad plena y para poder responder a las desprotecciones de varios sectores de nuestra sociedad”.

 
Por otro lado, su pareja, el actor Horacio Ferrer, remarcó que “el Estado debería volver a poner en primer plano el cuidado y las campañas de prevención y protección en relación al VIH, cuestión que nos atañe a todxs como sociedad, y también las campañas para no estigmatizar a las personas con vih positivo”.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek celebramos este 15 de julio los 10 años de la ley y acompañamos las luchas del colectivo LGBTIQ+ y abogamos por los derechos que todavía faltan alcanzar.

8 de julio: Día del Abogado/a Víctima del Terrorismo de Estado

Para conmemorar este día compartimos un texto de Viviana Laura Beigel,
abogada querellante en juicios de lesa humanidad de Mendoza y socia de Xumek

Las memorias colectivas se componen de múltiples experiencias y voces. Constituyen un ejercicio concreto de recuerdos, de olvidos, de silencios, de relatos y de actos. En palabras de Elizabeth Jelin, las memorias, ponen en juego saberes, pero también emociones, tienen huecos y fracturas.

Hoy quiero llenar algunos de esos huecos recordando a las mujeres abogadas víctimas del genocidio argentino, porque es sabido que las lógicas discursivas y la posibilidad de la palabra pública ha generado que algunas historias de víctimas sean más conocidas que otras, sobre todo en sociedades patriarcales como las nuestras.

Quiero honrar la memoria y hacer visibles a estas mujeres abogadas, validar la historia de lo que pensaban y como eran sus espacios de pertenencia en las organizaciones políticas y armadas de la izquierda revolucionaria.

Mujeres que habían abrazado la defensa de los derechos de perseguidos y perseguidas políticas, que lucharon por garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Mujeres que habían decidido salir de la esfera privada de la familia para comprometerse en la lucha social y política y en la defensa de los derechos humanos.

Quiero hacer memoria hoy y dar cuenta de la vida de las abogadas que en los años ´60 y ´70 se involucraron en el movimiento feminista, reclamando por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y que se opusieron a las opresiones del sistema patriarcal.

Mujeres abogadas que, en esos años, articularon su actividad profesional con su actividad política y que fueron profundamente marcadas junto a sus compañeros abogados por la desaparición forzada de Néstor Martins y por el asesinato de Rodolfo Ortega Peña por parte de la Triple A.

Quiero recordar y nombrar a cada una de nuestras abogadas detenidas-desaparecidas. Porque al nombrarlas las reconocemos, las visibilizamos y las homenajeamos. En este día, están presentes Graciela Beretta, María Teresa Bernasconi, María Cristina Bustos; Elda Calabro; Graciela Doldan; Norma Falcone; Mónica Fernández; Teresa Israel; Nelly Ortiz; Edith Peirano; Carmen Pellegrini; Nora Peretti; Amanda Prato; Manuela Santucho; María Saur de Galuppo; Mónica Schteingart; Marta Taboada y Esther Wejerman; todas abogadas detenidas-desaparecidas y respecto de quienes no conocemos cual fue su destino final.

Quiero reconocer también a Nelly Minyersky que fue perseguida por la dictadura cívico- militar y a Nina Brugo que tuvo que exiliarse por razones políticas, porque ambas, hasta el día de hoy siguen reclamando por la legalización del aborto y por los derechos de las mujeres y las diversidades e identidades sexo-genéricas.

Y para darle una mirada federal a este reconocimiento, quiero recordar también a las abogadas mendocinas que fueron perseguidas y secuestradas por el ejercicio de la abogacía y por su militancia política y social.

A Haydee Fernández, abogada secuestrada por asesorar a los familiares en la búsqueda de personas desaparecidas, a Susana Sanz de Llorente, abogada laboralista y militante de la juventud peronista que se comprometió en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, a Dora Goldfarb, jueza secuestrada y alojada en el centro clandestino de mujeres instalado en el Casino de Suboficiales de Mendoza y a Angélica Escayola, abogada laboralista, militante política comprometida en las luchas sociales que tuvo que salir al exilio y que hasta hoy levanta las banderas de los derechos humanos.

Ellas, las abogadas perseguidas, muchas obligadas a vivir en la clandestinidad, fueron militantes políticas que formaron parte de ese conjunto de mujeres que bien describe Marta Vasallo en su libro “La Terrible Esperanza”. Mujeres que, en los ´70, se revelaron en contra de la división sexual del trabajo, que se enrolaron en la construcción de un proyecto revolucionario ajeno a la cosificación de las relaciones humanas y a la subordinación de la mujer, que pensaron en la maternidad y en la paternidad social para promover la igualdad en las relaciones familiares y que proyectaron un mundo donde sea efectiva la equidad para las mujeres y en el que se garantice su participación paritaria en el espacio público.

Quiero recordar y hacer visibles a estas abogadas, que fueron catalogadas por los perpetradores del genocidio como las enemigas internas de la Nación, como las delincuentes subversivas apátridas y como mujeres fallidas que se habían distanciado de su “deber ser”. Estas abogadas que, por su condición de género, fueron doblemente castigadas en los centros clandestinos de detención, que fueron reprimidas por su militancia política y social pero también, por ser transgresoras al reclamar el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos. Abogadas que fueron disciplinadas por los genocidas de manera diferenciada, a través de las violaciones, los abusos, las torturas sexualizadas, la desnudez forzada, y mediante actos de desmaternalización y de apropiación de sus hijos y de sus hijas.

Quiero visibilizar a estas mujeres, que, como el conjunto de las revolucionarias de los ´70, fueron objeto de un cautiverio disciplinario cuyo objetivo fue, además, el de restaurar los valores morales de la civilización occidental y cristiana que ellas habían decidido abandonar.

Han pasado muchos años, muchos silencios y muchas ausencias, años de falta de escucha y del no reconocimiento a las mujeres abogadas víctimas del genocidio argentino. Pero estas opacidades se han ido quebrando poco a poco en los juicios por delitos de lesa humanidad.

El trabajo comprometido de muchas compañeras abogadas, desde las fiscalías y desde las querellas, ha sacado a luz la verdad histórica. Un trabajo que en los últimos tiempos ha impactado en los tribunales hasta lograr que los delitos sexuales sean considerados delitos autónomos dentro del plan criminal genocida. Estas miradas, con perspectiva de género, se tradujeron en las primeras condenas en las causas “Barcos” del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, en la causa “Molina” del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, en la causa Sambuelli del Tribunal Oral Federal de Santa Fe y en la Causa Vesubio II, entre otras.

A partir del trabajo dedicado y comprometido de muchas abogadas defensoras de derechos humanos que abrazaron los feminismos se ha logrado que, entre los fundamentos utilizados por algunos de los tribunales orales federales de nuestro país, se señalara que la violencia sexual formó parte del proceso de destrucción del genocidio, que tomó como blanco específicamente a las mujeres que se habían apartado de los roles de género tradicionales.

Hoy quiero decirles que, a través de nuestro trabajo en los juicios de lesa humanidad, buscamos honrar a las mujeres víctimas del genocidio argentino, quebrando los silencios de recuerdos dolorosos que esperaron un espacio de escucha para ser expresados. Aún queda camino por recorrer y muchos reconocimientos pendientes, pero estamos avanzando en la reconstrucción de la verdad histórica, porque como dice Elizabeth Jelin, lo que fue silenciado en determinada época emerge con voz fuerte después.

Mujeres abogadas víctimas del genocidio argentino.

¡Presentes!! Ahora y siempre!!

28 DE JUNIO: DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGBTQ+

El Día Internacional del Orgullo LGBTIQ no tiene recuerdos de colores, sino que tiene como antecedente histórico los disturbios que se produjeron el 28 de junio de 1969 en respuesta a uno de los tantos ataques sorpresas policiales en el bar Stonewall Inn, del barrio de Greenwich Village de la ciudad de Nueva York. En aquella oportunidad, personas trans, gays y lesbianas respondieron con una revuelta que se extendió por varios días y que marcó el inicio del movimiento moderno por los derechos LGBTIQ+ en el mundo entero. Al año siguiente de estos hechos, en su conmemoración se llevaron a cabo las primeras marchas del Orgullo.

En Argentina la primera marcha fue en 1992 con la consigna “Libertad, Igualdad, Diversidad” y muchxs de quienes asistieron marcharon con máscaras por miedo a ser discriminadxs o echadxs de sus trabajos. Al principio las movilizaciones se hicieron en invierno para coincidir con el 28 de junio de Stonewall, pero para evitar el frío comenzaron a realizarse en meses donde la temperaturas era más altas y podía concurrir más gente, por lo que en Argentina quedó establecido por la lucha social en el mes de noviembre.


Independientemente de las fechas y de las latitudes en que se desarrollan las marchas, el orgullo es un elemento central y representa una respuesta contra el estigma social, la discriminación y las violencias hacia la población LGBTIQ+, el orgullo busca promover la autoafirmación, la dignidad, la igualdad de derechos, aumentar la visibilidad como grupo social y celebrar la diversidad sexual en todas sus dimensiones.


Hasta el año pasado se realizaron marchas en todo el mundo, no sólo para recordar estos hechos sino también para celebrar las identidades del colectivo LGBTIQ+. Sin embargo, en los tiempos que corren desde marzo del 2020 a causa del covid-19, nos obliga a quedarnos en nuestras casas y a no realizar aglomeración de personas, pero estamos atentxs a cómo nos encuentre el mes de noviembre, expectantes del camino en las calles de colores, puños levantados y voces cantando lucha social. A nivel internacional se están llevando/se llevan a cabo celebraciones virtuales, que incluyen desde charlas hasta mini conciertos.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek consideramos que los derechos se conquistan y se mantienen de forma constante, es por esto que queremos recordar a algunas de las personas que fueron integrantes, referentes y banderas del colectivo LGBTIQ+.

Mariela Muñoz:

Fue la primera transexual en recibir el DNI con su identidad en 1997
. Incansable en su lucha por derribar tabúes y conquistar el derecho a que las personas trans puedan ser aspirantes a la guarda con fines de adopción. En 1997, a cuatro años después de que quisieran quitarle a sus tres hijxs y que la condenarán a un año de prisión, logró que la Justicia Argentina la reconozca por su identidad autopercibida y le otorgara el cuidado personal de algunxs de los 17 niños y niñas que había criado.

Diana Sacayán:

La incansable luchadora por los derechos laborales de la población trans. Alzó su voz y puso el cuerpo en la calle durante dos décadas de militancia social para conseguir en septiembre de 2015 que la provincia de Buenos Aires aprobara la Ley Nº 14.783 de cupo laboral trans, la cual establece que el 1% de la administración pública sea ocupado por personas trans-travestis. Esto responde a la lucha del contexto de alta vulnerabilidad de la población travesti trans, cuya expectativa de vida no supera los 35 años y se enfrentan a obstáculos estructurales para acceder al trabajo formal, como la falta de oportunidades reales, estigmatización y violencia. Diana fue asesinada en 2015, marcando su caso como transvesticidio por primera vez en Argentina.

Diana fue Defensora del Pueblo en 2012 y en 2014 fue electa secretaria mundial alterna trans de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex -ILGA-. Sacayán tuvo una participación decisiva para la sanción de la Ley Nacional de Identidad de Género en 2012, y fue una de las primeras en obtener su DNI rectificado de manos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Marta Ferro:

Ferro fue la primer periodista lesbiana en el diario Crónica, sus relatos policiales son un ejemplo del género, también formó sus pasos por el diario Crítica, Flash, y Revista Esto. La reconocida periodista fue además una militante lesbiana y trotskista del entonces Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Integró la redacción de La Voz y aunque sus notas no siempre aparecían firmadas se deduce su autoría por el contenido radicalizado del relato. Transitó los márgenes del conurbano bonaerense y cubrió infinidad de casos para los diarios en los que trabajó.

Lohana Berkins:

Fue la primer travesti en visibilizar desde la Legislatura porteña los reclamos de su comunidad. En 1994 fundó la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual -ALITT-. Lohana logró romper y cambiar la rigidez del sistema educativo, ya que finalmente apareció con su nombre verdadero en las listas de la escuela donde enseñaba.

Fue impulsora de la ley N° 3062 de respeto a la identidad adoptada por travestis y transexuales aprobada en la Legislatura de Buenos Aires en 2009. La que años más tarde se convertiría en la Ley de Identidad de Género. Ella puso el cuerpo y el corazón a la causa travesti de un modo diferente, con su consigna “la salida es colectiva”, que la fuerza está en unirse, en asistirse y resistir al atropello de la sociedad.

Entrelazó redes de alianza con infectólogos para que sus compañeras se hicieran los testeos de VIH. Logró derribar muchos prejuicios machistas para que empezaran a escucharlas en términos de valoración política.

Ilse Fusková:

Feminista, lesbiana y activista. De reportera gráfica a artista y símbolo de los derechos de las mujeres, comenzó como fotógrafa para varios medios y con el tiempo su obra se convirtió en activismo y arte.

Fue la primera artista que habló de lesbianismo en la televisión argentina, más precisamente en el programa de Mirtha Legrand en 1990 y estuvo detrás de la primera Marcha del Orgullo Gay junto con Carlos Jáuregui. También realizó importantes publicaciones de género, como lo fue en 1994 “Amor de mujeres. El lesbianismo en la Argentina” quien lo escribió junto a su compañera Claudina Marek.

Carlos Jáuregui:

Fue el fundador de la Comunidad Homosexual Argentina y de Gays por los Derechos Civiles -CHA-. A principios de la década de 1990, la Asociación trató de impulsar el proyecto de una ley de matrimonio civil, pero no tuvo resultados. En esa ocasión, Jáuregui asesoró en ese primer proyecto que fue presentado por el Diputado Socialista Héctor Polino. Luego, Carlos fue candidato a diputado por la Alianza Sur de Pino Solanas. La ley de Matrimonio Igualitario llegaría varios años después, el 15 de julio de 2010. Catorce años después de su muerte.

Jáuregui redactó junto al equipo de abogados de Gays DC una propuesta antidiscriminatoria para presentar ante la Convención Estatuyente de la Ciudad de Buenos Aires que estaba diseñando la Constitución de la ciudad. El 30 de agosto de 1996 los convencionales estatuyentes la aprobaron por unanimidad como homenaje a Carlos.

Pedro Lemebel:

Profesor de arte, escritor y cronista chileno. Referente de la literatura homosexual y contestataria, su estilo irreverente se ha dado a conocer por toda Hispanoamérica. Como un exiliado social, planteó con su obra performativa un discurso político que disparaba contra la discriminación y el odio; así como el mismo se autodefinió: “maricón y pobre”, en una época donde ser LGBT estaba penado por la ley y fuertemente castigado por prejuicios, logró instaurar resistencias frente al modelo autoritario.

Fuentes: Revistadefrente.cl, Filo.news, Feminacida, Página 12, LatFem.

Xumek participa en un proyecto para cuidar los derechos de las víctimas de delitos

La iniciativa presentada por el diputado Marcelo Aparicio y eleborada en conjunto con Xumek busca mayor contención de las víctimas de delitos y familiares, así como otorgarles mayores garantías y participación durante el proceso penal.

En los casos de delitos de diversa índole, particularmente aquellos vinculados a la violación de derechos humanos y grupos sociales vulnerables, es frecuente que por falta de regulación adecuada se postergue a las víctimas o no se aborde su problemática de manera integral durante el proceso penal. En este sentido, y buscando una contención amplia por parte del Estado, se ha presentado este proyecto que prevé adaptar la normativa provincial a la ley nacional de víctimas vigente y a los tratados internacionales sobre el tema. Entre las modificaciones al actual estado de situación planteadas en el mismo, se encuentran el pase de la autoridad de aplicación del Sistema de Asistencias Públicas a las Víctimas a la órbita de la Dirección de Derechos Humanos, y la incorporación de asistencia interdisciplinaria (social, médica, psicológica, etc.) para las víctimas y sus familias. También la modificación del Código Procesal Penal, con mayor posibilidad para las víctimas y sus familias de participar activamente durante el proceso, a ser consultadas sobre su deseo de ser parte en las distintas audiencias, que tengan derecho a solicitar la prisión preventiva, que se solvente sus gastos de urgencia, que las asociaciones, fundaciones y otras entidades con interés legítimo puedan presentarse como querellantes y la posibilidad de que los y las herederas puedan continuar con la querella en caso de fallecimiento de la víctima.

Consultado sobre los objetivos del proyecto el diputado Aparicio comentó: “buscamos que se atiendan los derechos y garantías de las vícitmas de delitos y sus familiares, a fin de que el servicio de justicia se brinde de manera integral y se respeten los derechos y garantías tanto de las personas sospechadas de cometer delitos como los de las víctimas, desde el inicio hasta el final del proceso, asumiendo que los grupos sociales más vulnerables son los más afectados para recibir un trato justo, en cualquiera de los roles del proceso que estén”.

Casos de conocimiento público en nuestra provincia han permitido conocer detalles y limitaciones del sistema. En algunos de ellos Xumek ha tenido participación activa representando legalmente a las víctimas constituidas como querellantes particulares: “Uno es el caso del homicidio de Lucas Carrasco, una causa que a partir del trágico suicidio de la madre durante el juicio, dejó a la causa sin querellantes, porque la ley vigente no contempla que los herederos puedan continuar como tales en el caso del fallecimiento de alguno de ellos”, comenta el abogado Francisco Machuca, miembro de nuestra institución. La causa por los abusos del Instituto Próvolo es otro ejemplo, ya que las víctimas se veían limitadas en la participación en el proceso por falta de asistencia socioeconómica del Estado en temas básicos como movilidad, alimentación, falta de aprendizaje de lengua de señas, entre otras cosas.

La ley nacional que se toma como base en el proyecto prevé, entre otras cosas: la Creación Centros de Atención a las Víctimas cuya existencia debe ser notificada tempranamente en el proceso; la atención especializada que las autoridades deberán dispensar a las víctimas cuando presenten situaciones de vulnerabilidad, entre otras causas, en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad, o cualquier otra análoga; la posibilidad de la víctima de prestar declaración en su domicilio o en una dependencia especialmente adaptada a tal fin; la obligación de adoptar de inmediato medidas necesarias para neutralizar el peligro que pueda correr la víctima, presumiendo su existencia para varias situaciones y la obligación por parte del Estado de cubrir los gastos de traslado, hospedaje temporal y sostén alimentario de urgencia que fueren necesarios, cuando por sus circunstancias personales, la víctima se encontrare económicamente imposibilitada para hacerlo.

SE ELEVA A JUICIO EL CASO BAZÁN

Se trata del primer Juicio por Jurados por un caso de Gatillo Fácil en Mendoza. 

Hoy la Jueza de Garantías, Dolores Ramón, confirmó la elevación a juicio por el homicidio de “Ricardito” Bazán. Rechazó el pedido de cambio de calificación solicitado por la defensa del policía José Alexis Mendez Castro y mantuvo su calificación original, homicidio agravado por el abuso de su función o cargo, cuando autor fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad (art. 80 inc. 9 C.P.) delito que arriesga una pena de prisión perpetua.

La defensa solicitó a la Jueza de Garantías el cambio de calificación, pidiendo que se le imputara un delito imprudente debido a que la bala que dio muerte a Ricardo Bazán había impactado previamente con material inorgánico (cemento). Sin embargo, la Jueza rechazó el pedido de cambio calificación, sosteniendo que el ángulo del disparo fue de 7 u 8 grados, casi en línea horizontal y no al piso. Expresó la Jueza: “si su idea era disuadir a la víctima, dicho disparo debió ser en 45 grados”. La dirección de su brazo (casi recto), la altura de Méndez y Bazán y su experiencia como funcionario policial, fueron considerados por la magistrada como evidencia suficiente de su intención de matar. Esta intención no es compatible con un homicidio culposo (imprudente) “el disparo fue realizado con conciencia de la ilicitud, sabiendo que el proceder era idóneo para causar la muerte” agregó la Dra. Ramón.

Para afirmar la existencia del dolo homicida, debe valorarse en su integralidad la totalidad de las pruebas incorporadas a la causa. En este sentido, se valoró que Méndez Castro efectuó seis disparos en un plazo de tiempo muy corto, sumado a que la cantidad y la repetición tiene relación con una conducta querida, direccionada hacia un fin, especialmente, cuando al inicio del procedimiento la conducta de la víctima no justificó persecución alguna. “Los disparos fueron efectuados en un pasillo del Barrio La Favorita sin luz y de noche, por lo que el imputado sabía que ponía en riesgo, no solo la vida de Bazán, sino de cualquier otra persona. Esto también es compatible con un dolo homicida”.

El obrar ha sido desproporcionado en todo momento. Huir de una detención por averiguación de antecedentes injustificada, sin estar detenido, no configuraba ningún tipo de delito que autorizara la conducta posterior del imputado. Lo sucedido en este caso fue “disparar a matar”.

Haciendo referencia a la conducta posterior de Méndez Castro, si el disparo fue imprudente, ¿por qué no pidió auxilio? ¿Por qué no lo informó a sus superiores, ni llamó al 911? ¿Por qué no pidió más apoyo o una ambulancia para asistir a Bazán?. Nuevamente este proceder no es propio de quien actúa imprudentemente (sin dolo). 

Por ello, la Jueza de Garantías rechazó el planteo de la defensa y confirmó la elevación a juicio como un homicidio doloso agravado por la calidad de miembro de una fuerza de seguridad abusando de su función o cargo. Este será el primer caso de violencia institucional que será juzgado por un jurado popular. 

Para saber más sobre el caso, hace click acá

20 de junio: Día del/la Refugiado/a

Cada 20 de junio se celebra el “Día Mundial de las y los Refugiados”. El instrumento legal que define la categoría de refugio y los derechos de que poseen es la Convención sobre el Estatuto de refugiades de 1951.  

El principio fundamental de éste documento es el principio de no devolución, es decir, ningún refugiade debe ser devuelto a un país donde su vida corre riesgo. 

Las y los refugiados gozan de derechos como a no ser expulsado/a, derecho a una vivienda, derecho a educación pública, derecho a un trabajo remunerado, derecho a la libertad de religión, derecho a poseer un documento de identidad. 

¿Pero quienes son las personas refugiadas? Son personas que por temores fundados, se han visto obligadas a desplazarse cuando ven amenazada su vida y subsistencia, por motivos naturales o humanos.

Persecución política, guerras, raza, religión, nacionalidad, violaciones y abusos sexuales, mutilación genital: estos son algunos de los muchos motivos por lo que una persona decide dejar su hogar. Según datos que concede ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas), organismo que trabaja con migrantes y refugiades, en la actualidad más de 70 millones de personas han sido forzadas a desplazarse, la mayor cifra registrada por la organización en su casi 70 años de existencia. La mitad de las personas que son refugiadas corresponde a niños, niñas y adolescentes.

Asimilar una nueva realidad en otro lugar del mundo trae no solo consecuencias materiales: el aspecto psicológico no está librado de ello. Dejar atrás el hogar, la familia, la vida cotidiana, implica comenzar de nuevo, donde el desarraigo, la angustia y el temor constante acompañan. 

Desde el Área de Movilidad Humana abogamos y llamamos a la toma de consciencia para no permanecer  indiferentes. Compartir datos certeros sobre la realidad que transitan les refugiades, unirte a nuestro equipo para colaborar desde proyectos investigativos o de intervención, pueden ser un gran cambio para aquellas personas que han sufrido y sufren vulneraciones tras dejar atrás su historia.  



19 de junio: Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos Armados

Desde las áreas de Género y Diversidad Sexual y Movilidad Humana de Xumek visibilizamos por segundo año consecutivo el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos Armados.

El 19 de junio de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas -ONU- proclamó el decreto 69/293 con el fin de concientizar sobre la necesidad de poner fin a la violencia sexual relacionada con los conflictos, honrar a las víctimas y a lxs supervivientes de la violencia sexual de todo el mundo, como también rendir homenaje a las personas que luchan día a día para poner fin a este tipo de delitos.

Anteriormente, en el 2008 se adoptó la resolución 1820 del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se condenó la violencia sexual como una táctica de guerra y un impedimento para la consolidación de la paz.

El cuerpo de las mujeres como territorio de conquista


Durante la historia en los conflictos armados quienes mayoritariamente fueron preparados para combatir y conquistar fueron los varones, en tanto las mujeres, las mayoría de ellas, fueron quienes ocuparon el rol de cuidado y preservación de lxs hijxs y adultxs mayores de su comunidad.

Cuando se lleva adelante un conflicto armado en un territorio, las fuerzas armadas, además de combatir de igual a igual con otro varón armado, se desplazan a los pueblos a saquear y a destruir todo a su paso que sea propiedad del lugar conquistado, sin embargo, el ataque no termina allí, también detentan contra los cuerpos de las mujeres y de las disidencias.


Según el Observatorio de la Violencia de Género de Fundación Mujeres en los conflictos armados los cuerpos de las mujeres son usados como arma de guerra. Son agredidas por los integrantes de las fuerzas armadas enemigas bajo la pretensión de atacar a la integridad del pueblo concreto al que pertenecen las mismas. Es una estrategia que busca debilitar al enemigo, minando la integridad moral de la comunidad y sirviendo de medio de disuasión o castigo contra las personas de la sociedad que padecen el ataque.

La violencia sexual ha sido utilizada como instrumento para desplazar a poblaciones y como medio para ejercer represión, terror y control. Aunque los varones y los niños son también objeto de violaciones, las mujeres, las niñas y las disidencias resultan afectadas de manera significativa. La organización sostiene que “documentar dichos delitos es de suma importancia para lograr la rendición de cuentas por los actos de violencia sexual, algo indispensable para poner fin a los ciclos de conflicto y garantizar que no vuelvan a repetirse”.

Atentar sobre el cuerpo de las mujeres y disidencias a lo largo de la historia se ha manifestado de diversas formas como la violación, asalto sexual, acoso sexual, trata con fines de explotación sexual y reproductiva, prostitución forzada, esclavitud sexual, campos de concentraciones para mujeres, exterminio femenino, embarazo forzado, aborto forzado, mutilación genital femenina y esterilización forzada. Para acabar con todos estos tipos de violencia sexual y en especial con la que ocurre en los conflictos armados, Fundación Mujeres sostiene que el primer paso es visibilizarla.

La violencia sexual el motivo del desplazamiento forzado de niñas, mujeres y disidencias

Los conflictos bélicos y la persecución son causas suficientes para traspasar una frontera, interna e internacional. Cuando las personas ven amenazadas su integridad física y de pertenencia se ven obligadas a huir, esto se incrementa cuando la amenaza es sobre los cuerpos de niñas, mujeres y disidencias por causa de la violencia sexual, y cuando no encuentran política de Estado que les protejan.

Los desplazamientos forzosos conllevan a rupturas familiares y también a enfrentar nuevas desigualdades. Aquellas personas que se hallan en contexto de movilidad humana -migrantes, refugiades y solicitantes de asilo-, en muchas ocasiones, están expuestas a transitar diversos riesgos y vulneraciones ya sea en el ámbito de la salud, laboral, educativo, económico y cultural. Así, se enfrentan a diversos riesgos en el lugar de arribo como la violencia sexual, la trata de personas y otras violaciones de derechos humanos.

Llegar a un país diferente, comprender otra idiosincrasia y acoplarse a una nueva sociedad, sin contar con redes familiares o solvencia económica estable, puede implicar considerables desafíos y consecuencias aún mayores siendo mujer, migrante/refugiade y pobre.

Los datos proporcionados por ACNUR, la Agencia de la ONU, señala que fueron alrededor de 70 millones de niños, niñas, mujeres y hombres les que se desplazaron forzosamente hasta finales del 2018; la mayor cifra registrada por la organización en sus casi 70 años de historia. Esto representa el doble de las personas desplazadas hace 20 años.

Medidas emprendidas al respecto

A nivel mundial no se cuenta con estadísticas ni registros públicos del número de casos atendidos y/o denunciados. En este sentido la violencia sexual que ocurre en los conflictos armados en muchos casos no se persigue como delito específico de guerra y no se dimensiona las consecuencias reales que tienen para las mujeres, niñas, disidencias y sus comunidades.

Sin embargo desde Fundación Mujeres se trabaja en la visibilización de esta grave situación a través de la campaña “#19J”, que tuvo lugar en el 2019, que ocurre en los conflictos armados siguiendo como referencia aquellos que son reconocidos por la ONU en lugares como: El Salvador, Cachemira, Ucrania, Sudán del Sur y República Democrática del Congo.

Según datos oficiales de ONU Mujeres el año pasado, la Comisión para el Reconocimiento y la Verificación de la Condición de Víctima de la Violencia Sexual en Kosovo  inició el proceso de reparación a las y los sobrevivientes de la violencia sexual. En febrero de 2018, se otorgó por primera vez una pensión mensual vitalicia a más de 300 sobrevivientes en reconocimiento del daño sufrido durante el conflicto que tuvo lugar a finales de los 90.

En Guatemala, el tribunal nacional condenó a cuatro ex altos mandos del ejército por su participación en crímenes de lesa humanidad, incluidos de violencia sexual, durante el conflicto armado que asoló al país durante la década de los 80.

En enero de 2019, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Gambia realizó audiencias para investigar presuntas violaciones de los derechos humanos perpetradas durante los 22 años de mandato del expresidente de Gambia, Yahya Jammeh. La Comisión dispuso grupos de escucha formados por mujeres a fin de garantizar a las víctimas, en su mayoría mujeres, un entorno seguro donde relatar sus experiencias, incluidas las relacionadas con la violencia sexual y de género.

En abril de 2019, el Consejo de Seguridad adoptó la resolución 2467, que reconoce la necesidad de adoptar un enfoque centrado en lxs sobrevivientes para prevenir y parar la violencia sexual en situaciones de conflicto. La resolución también alienta a que en las investigaciones de la ONU se utilicen las listas realizadas por investigadorxs con conocimientos especializados en cuestiones de género para investigar la violencia sexual en situaciones de conflicto y posconflicto.

Desde las áreas de Género y Diversidad Sexual y Movilidad Humana de Xumek  nos oponemos a todo tipo de violación y violencia sexual ya que atentan contra los derechos humanos. Observamos que es sustancial proyectar a futuro un cambio en las políticas de movilidad humana para debatir y analizar el fenómeno del desplazamiento desde lo diverso y complejo. Como así también consideramos de extrema urgencia e importancia la efectiva realización de Políticas Internacionales para erradicar la violencia sexual como arma de guerra en los conflictos bélicos entre diferentes países. Creemos que los agentes gubernamentales, medios de comunicación, espacios académicos, la sociedad Civil, y organizaciones no gubernamentales debemos trabajar en conjunto con niñas, mujeres y disidencias, para que tomen un rol protagónico y significativo en la planificación y ejecución de acciones concretas e integrales.

Imagen: UN News

NUEVA REVISTA: LOS DERECHOS NO ESTÁN EN CUARENTENA

A inicios de este año un nuevo virus torció el destino de muchos países y regiones alrededor del mundo.

En marzo de 2020 se registraron los primeros casos de coronavirus en Argentina, lo cual llevó al Gobierno Nacional a tomar diversas medidas, entre las que se destaca el ASPO (Aislamiento Social  Preventivo y Obligatorio). Esto implica el cese de actividad de varios sectores comerciales e industriales, la limitación de circulación y el refuerzo de medidas sanitarias y de higiene. A su vez, cada provincia cuenta con autonomía para, mediante autorización del Poder Ejecutivo Nacional, tomar decisiones específicas para la zona en cuestión. 

En contextos de cuarentena y aislamiento, gran parte de lo que sabemos no proviene de la experiencia directa sino de lo que vemos en los medios de comunicación y, por supuesto, redes sociales. Es desde ellos que intentamos entender las problemáticas e interrogantes que acarrea este insólito momento histórico, y es desde ellos que formamos opinión y construimos distintas visiones del mundo que nos rodea. 

Desde Xumek trabajamos en la promoción y protección de los derechos humanos, y creemos que eso implica fundamentalmente la visibilización de las realidades de los colectivos vulnerabilizados. Creemos que es fundamental en tiempos como el que vivimos adoptar una perspectiva enfocada en derechos humanos.

A 13 años del nacimiento de Xumek, creemos que es fundamental habilitar espacios de análisis crítico, y de abrir la posibilidad de debatir más allá de los inmediato.En las siguientes páginas te facilitamos información rigurosa, entrevistas y testimonios sobre las temáticas que trabajamos, para que podamos pensar esta pandemia como una oportunidad de leer lo que sucede en clave de derechos humanos y respeto por la dignidad humana.

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13 años de Xumek

Hace 13 años nacía Xumek (sol en Huarpe) con el fin de visibilizar la graves violaciones a derechos humanos en Mendoza y desarrollar herramientas para su protección.

Año a año se van sumando nuevos estudiantes y profesionales de la ciencias sociales que con muchísimo compromiso, amor y responsabilidad dedican su vida en la defensa de la dignidad de los sectores más vulnerabilizados.

Con el tiempo surgieron nuevas áreas y secretarías con el objetivo de alcanzar una mayor especialidad y profesionalismo en cada una de las acciones que llevamos adelante. Luchamos por mas justicia, igualdad, respeto, diversidad e inclusión, en una sociedad democrática.

¡Por muchos años más trabajando en la promoción y defensa de los derechos humanos!

En el Día de lxs Periodistas recordamos y acompañamos el pedido de justicia por Sebastián Moro

Nos sumamos en este día al pedido de Justicia que lleva adelante la familia de Sebastián Moro, destacado por su labor periodística en defensa de los derechos humanos tanto en el plano de lo ocurrido durante el Terrorismo de Estado como en la visibilización de la lucha contra la Violencia Institucional. Tras sufrir censuras durante el gobierno macrista, decide ir a Bolivia en donde se suma al plantel de periodistas de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) donde llega a ser designado como “Jefe editor” del periódico “Prensa Rural”, además de conducir y producir distintos programas de “Radio Comunidad”.

Luego de las elecciones presidenciales del 20 de Octubre de 2019, comienza a cubrir para el diario Página/12 la realidad política de Bolivia, a la vez que realizaba coberturas para distintos medios populares y comunitarios de Latinoamérica. Fue el primer periodista en advertir sobre el golpe de estado que se avecinaba y que hoy azota al país.

El 10 de Noviembre fue encontrado en estado de inconsciencia con diversos politraumatismos en su cuerpo. Luchó por su vida hasta que falleció el 16 de Noviembre de 2019.

Fotografía: Sebastián Moro junto a varias madres victimas casos de violencia institucional.