¡NUEVO PODCAST! #EsTodoUnTema

Junto a Radio Nacional Mendoza les traemos una nueva forma de conocer y reflexionar sobre derechos humanos: nuestro primer podcast, #EsTodoUnTema.

Se trata de un trabajo conjunto entre ambas instituciones para favorecer la divulgación de problemáticas complejas, haciendo accesibles estos contenidos a cualquier persona interesada, ¡y en sólo 8 minutos!

El primer episodio será sobre violencia institucional, con la participación de Lucas Lecour, presidente de Xumek, y Juan Tapia, Juez de Garantía de la Ciudad de Mar del Plata y especialista en violencia institucional. Semana a semana exploraremos una temática distinta.

Te invitamos a escuchar EN VIVO el estreno en Radio Nacional Mendoza este jueves 22 a las 11 hs.

Además, todos los episodios estarán disponibles en nuestro canal de Youtube, en Spotify y en el sitio web de Radio Nacional. ¡Seguinos en redes para saber cuándo, dónde y cómo!

¡NUEVA REVISTA! LAS COMUNIDADES HUARPES Y MAPUCHES HOY

En el marco de la semana de conmemoración del 11 de octubre, Último Día de Libertad y Soberanía de los Pueblos Indígenas de América, buscamos poner en discusión la realidad que viven las comunidades en nuestra provincia, con el fin de visibilizar el atropello a sus legítimos derechos y difundir la palabra y cultura indígena, ejes principales en los cuales se sustentan los desafíos de Xumek con las comunidades hermanas.

En tiempos de pandemia, decidimos presentar nuestra labor diaria de una manera más innovadora, aprovechando las distintas alternativas que nos brindan las nuevas tecnologías, buscando herramientas comunicacionales más accesibles y con un lenguaje amplio, sin perder la seriedad y el profesionalismo que nos distingue como asociación.

Este trabajo no trata de un “nosotres hablando de elles”, sino que surge de la conversación, el intercambio y desde las propias vivencias que tienen para contarnos nuestros pueblos indígenas, invitándonos a reflexionar sobre nuestra visión estrecha y estereotipada sobre sus experiencias.

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Esta revista fue elaborada con compromiso y esfuerzo por un equipo interdisciplinario. Para que podamos continuar con estas publicaciones, necesitamos de tu colaboración. DONÁ y ayudanos a seguir trabajando en la promoción y defensa de los derechos humanos.

Leé nuestra revista anterior sobre CORONAVIRUS Y DERECHOS HUMANOS ACÁ

Leé nuestra revista sobre MIGRANTES Y SU REPRESENTACIÓN EN LOS MEDIOS ACÁ

Elecciones en Bolivia: Xumek y el Movimiento Popular la Dignidad interpusieron recurso de amparo

Desde Xumek y el Movimiento Popular la Dignidad asesoramos y patrocinamos a ciudadanos/as bolivianos/as en la interposición de un recurso de amparo en la Justicia federal, con el objetivo que el estado provincial arbitre los medios necesarios a fin de garantizar el derecho al voto de los ciudadanos/as bolivianos/as residentes en la Provincia de Mendoza en las elecciones previstas para el día 18 de octubre del 2020


Leé el documento completo ACÁ

#Xumek2020 #eleccionesbolivia2020

11 de octubre: Día Internacional para salir del armario

Cada 11 de octubre se celebra el Día Internacional para salir del armario. La jornada es para visibilizar no sólo el orgullo LGBTQI+, sino también poner ante los ojos de la sociedad las violencias y dificultades a las que se ven vistas diversas personas que deciden correrse de la heteronorma, tales como: discriminación en la familia, en el entorno de amistad, en el trabajo, entre otras. A su vez, es importante visibilizar las leyes y las diferentes políticas públicas a los que el colectivo por su lucha alcanzó y se les reconoció. Sin embargo, todavía quedan derechos por ser garantizados

La fecha se remonta a 1988, durante la celebración de la Segunda Marcha por los Derechos de Gays y Lesbianas, que tuvo lugar en Estados Unidos, para pedir la igualdad de derechos para todas las personas sin discriminación, los activistas Robert Eichberg y Jean O’Leary tuvieron la idea de visibilizar este día en el calendario feminista y disidente.

Lo que no se nombra no existe, por eso los movimientos insisten en la importancia de nombrar para visibilizar la existencia, las problemáticas, las luchas y los diversos géneros. Amnistía Internacional afirma que salir del closet es una expresión lingüística que se ha utilizado para referirse a la acción voluntaria y pública de una persona de expresar su orientación sexual no heterosexual. Por lo tanto todo cuerpo es político, toda acción es política, y el lenguaje es político.

El Día Internacional para salir del armario, también conocido como Coming out day en inglés, invita a visibilizar a que toda persona tiene derecho a una vida en total libertad de presiones sociales, mentiras, engaños, discriminaciones y violencias.

Salir del closet es una decisión personal, que se acompaña y respeta de acuerdo a los tiempos de la persona que desea visibilizarlo al exterior. Ya que, algunas temen por su vida, temen al rechazo de sus seres queridos, temen perder su empleo, temen ser víctimas de crímenes de odio, es decir, temen ser asesinadas por la ignorancia y la discriminación de la sociedad.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual consideramos importante visibilizar dicha jornada, para que se ponga sobre la mesa de las casas y del Estado las demandas del colectivo LGBTTIQ+, ya sea la completa inclusión e inserción laboral del colectivo, las problemáticas de discriminación por los crimenes de odio, la cobertura de salud, y sobre cuáles son las posibilidades que tiene el colectivo de alcanzar mayores niveles de estudio.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural

En el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, desde las Áreas de Pueblos Indígenas y Movilidad Humana de Xumek, queremos recalcar nuestro compromiso y aspiración de aportar a la constitución de una sociedad verdaderamente intercultural y a la construcción de una provincia y un país más amplios, propiciando para esta fecha conmemorativa un espacio de reflexión histórica y de diálogo constructivo.

Creemos que el crecimiento como sociedad no puede permanecer ajeno a la cultura y a los derechos humanos en general, y que no es posible implementar prácticas sociales innovadoras y sostenibles si estas no parten de un profundo conocimiento de nuestra identidad cultural y pluriétnica.

El rescate y sostenimiento de las lenguas ancestrales, sería un marco propicio no sólo de reconocimiento del derecho a una educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas sino de enriquecimiento cultural que haga parte y no excluya. Las poblaciones migrantes no viajan únicamente con sus esperanzas, llevan consigo un enorme bagaje cultural de gran valor. Recuperar, respetar y fortificar estas tradiciones e incentivar la enseñanza en lenguas mapuches, huarpes, como así también del queshua, aymara y tantas otras, aportaría conocimiento sobre nuestras raíces americanas y a su vez, propiciaría una educación en donde las niñeces y les adolescentes se vieran reflejades, una educación que los y las represente.

Por ello es que, desde el lugar que nos toca, estamos convencidos y convencidas en seguir trabajando para generar conciencia sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la integración. Tal como sostienen los hermanos y hermanas indígenas, generar una sociedad más justa en el marco de una convivencia armónica entre les diferentes.

Este 12 de octubre, celebramos la diversidad cultural existente en Argentina y saludamos a las personas que luchan por un país en que sean escuchadas todas las voces y respetados todos los derechos.

Xumek solicitó que se declare inconstitucional la reforma de la Ley 8.284

Ante la reciente modificación de la ley 8.284 que creó la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes(CPPT), presentamos una Acción ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, solicitando se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la reforma y se deje sin efecto.

La CPPT es consecuencia del acuerdo de solución amistosa celebrado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Internos de las Penitenciarías de Mendoza vs. Argentina”.

La reforma atacada hace caso omiso de compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional, elimina el concurso público para el cargo de Procurador/a de las personas privadas de libertad, y reduce arbitrariamente la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Estas modificaciones afectan la independencia del organismo y representan una clara desviación del fin legal de defensa y protección de los derechos y garantías de toda persona privada de su libertad.

Los cambios efectuados, no hacen más que reflejar una concepción autoritaria que desconoce el contexto nacional e internacional de los mecanismos de prevención de la tortura y malos tratos.

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Personas Privadas de Libertad, Contagios de COVID-19 y decisiones políticas del Estado Provincial

Compartimos a continuación un comunicado de la Red por los Derechos Humanos Mendoza, de la cual formamos parte:

Desde el principio de la cuarentena, las autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial de Mendoza fueron advertidas por organismos de DDHH, organizaciones sociales y el Comité de Prevención de la Tortura sobre la situación carcelaria y la emergencia sanitaria: las condiciones de infraestructura de las cárceles, el hacinamiento y el déficit de las áreas de salud de cada complejo son factores de riesgo inminente y no se podría dar respuesta frente a contagios masivos. Estos reclamos no fueron escuchados: no se tomaron medidas serias para descomprimir penales, no se cumplió con protocolos sanitarios de prevención, no se garantizaron mesas de trabajo para diseñar estrategias entre la totalidad de actores intervinientes y los contagios en las cárceles aumentaron a la par del colapso general del sistema de salud provincial. En medio de esta crisis se desmanteló el Comité de Prevención de la Tortura que continúa recepcionando situaciones de destrato y torturas en traslado y asilamiento de personas privadas de libertad con COVID-19.

El hacinamiento, una de las peores variables para este contexto de contagio, y la deficiencia de atención sanitaria preceden la pandemia y responden a la creciente y sistemática puesta en marcha de dispositivos punitivos por parte de un gobierno que ha hecho uso indiscriminado de prisiones preventivas, encarcelamiento masivo y armado de causas. El nivel más alto de prisionización del país tiene como responsables políticos a Alfredo Cornejo, Luis Petri, Gianni Venier y al gobernador Rodolfo Suárez, entre otros, junto a una Corte de Justicia cómplice de esta situación. La situación sanitaria de las personas privadas de libertad no es un asunto que les atañe solamente a ellos/as. La pandemia que vivimos ha mostrado con contundencia que la salud siempre es colectiva y que nuestra suerte depende del devenir colectivo.

Anular la existencia del Comité de Prevención de la Tortura y legitimar un Procurador de las Personas Privadas de Libertad funcional a la represión y la violencia complejiza el escenario: aislamiento y traslados a lugares sin condiciones adecuadas para personas enfermas de COVID-19 y utilización de espacios no aptos, sin agua caliente ni ventilación; escasez de elementos de higiene, falta de atención médica, y demora eterna para entregar medicación; incomunicación con la familia, viandas en mal estado, horas de encierro prolongado y falta de esparcimiento. Esto se suma a la violencia habitual en las cárceles, que no podemos naturalizar y debemos seguir denunciando: el maltrato y la tortura, las amenazas de represalias ante las quejas, los simulacros de ejecución ante el intento de comunicar lo que sucede tras los muros al mundo exterior.

Más presos y presas no significan mejor o más seguridad. Apelamos a todo el campo popular, organizaciones, partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y feministas, organismos de derechos humanos a interpelar a las autoridades pertinentes, al gobernador, legisladoras/es y jueces, quienes tiene el deber y la responsabilidad de evitar que esta tragedia se profundice.

Al Gobernador Rodolfo Suárez: nuevas resoluciones irregulares de Fracking en territorio mapuche

XUMEK (Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas solicitaron legalmente al Gobernador de Mendoza la revocación y suspensión de la Resolución 355/19, de la Dirección de Protección Ambiental de la provincia, medida que inicia el procedimiento de perforación y terminación de POZOS NO CONVENCIONALES (FRACKING) por la empresa GRECOIL y Cia, en el Área “La Brea” del Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza.

Se llega a esta instancia luego de que tanto la directora de protección ambiental, Miriam Skalany, como el secretario de ambiente de la Provincia de Mendoza, Humberto Mingorance, arbitrariamente rechazaran todas las pruebas ofrecidas para demostrar los riesgos e impactos socio-ambientales del Fracking. Ambos funcionarios sistemáticamente niegan el aporte de pruebas, considerándolas inconducentes e irrelevantes, afectando de manera contundente el debido proceso e incumpliendo acuerdos del Estado Argentino asumidos frente a la Comunidad Internacional, como el derecho a la información y participación pública.

Por otro lado, el estado mendocino continúa incumpliendo con el deber de realizar la Consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas mapuche, “LOF EL MORRO” y “LOF MALAL PINCHEIRA” dañando su identidad cultural, modo de vida y violando el Territorio Comunitario indígena.

Estas acciones de los funcionarios responsables conducen a la flexibilización de la normativa ambiental que regula una actividad con muy alto impacto, como es el fracking, desconociendo y negando el consumo excesivo de agua, su relación con los sismos inducidos, los residuos peligrosos que genera, el uso de trazadores radioactivos, la afectación del caudal ecológico de las cuencas hídricas y de los humedales protegidos internacionalmente como la laguna Llancanelo.

Por todos estos motivos, esta acción busca hacer cumplir las leyes de protección del ambiente y su principios, para que la técnica del fracking sea calificada acorde con al alto impacto ambiental que produce y conducida por vía legal a la realización de un estudio de impacto ambiental, con su correspondiente audiencia pública.

Xumek

Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas

Contacto prensa: Laura (11) 153 083 0666

DESCARGÁ EL PDF DEL COMUNICADO AQUÍ

ARGENTINA RATIFICA ACUERDO DE ESCAZÚ

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es  con  la  participación  de  todos  los  ciudadanos  interesados,  en el nivel que corresponda…”                                             Principio 10 de la Declaración de Río 1992

Desde el  Área de Ambiente de Xumek queremos compartir la  profunda alegría con la que recibimos la ratificación por parte de Argentina del “Acuerdo de Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales”, conocido como el Acuerdo de Escazú. 

Este acuerdo fue propuesto por la CEPAL en 2018, y está inspirado en la Convención de Aarhus de 1998 que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en todo lo que concierne las cuestiones ambientales en los países europeos. El Acuerdo de Escazú da un paso más y cuenta con un cuarto pilar fundamental dedicado a la garantía de protección de lxs defensores de derechos humanos y ambientales. 

Recordemos que la región latinoamericana es una de las más peligrosas para las personas defensoras del ambiente, quienes están en la primera línea en la protección de los territorios y los bienes comunes. Solo en 2019, de acuerdo al último informe de Global Witness, 212 personas fueron asesinadas en su labor de defensa a nivel mundial, y más de dos tercios de esos asesinatos ocurrieron en América Latina. Entre las principales actividades más letales para los defensores se encuentran la minería, seguida por la tala y el agronegocio.

Argentina es el décimo país en ratificar este tratado, y sólo falta la ratificación de un undécimo país para que el tratado entre en vigencia. Con 240 votos positivos, 4 negativos y 2 abstenciones, es importante resaltar que tal mayoría dota al Acuerdo de Escazú de rango constitucional. 

Dicho instrumento se convierte así en la  herramienta fundamental para la protección del derecho humano a un ambiente sano en todo el país, y es la base de toda la estructura de defensa del derecho ambiental.   Esta ratificación implica un acercamiento y reconocimiento a las demandas de  la ciudadanía, otorgando herramientas para que la sociedad civil y los movimientos “ambientalistas” puedan llevar a cabo sus acciones de defensa. 

¿Qué se entiende por información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental, sin olvidar la necesaria protección de los defensores de derechos humanos y ambientales?

  • Información ambiental:  implica el derecho humano de todos los ciudadanos a acceder a una información suficiente, clara y fehaciente, y la correlativa obligación de los organismos del Estado de brindar toda información de la que dispongan. La información versa sobre  las características de eventuales proyectos o políticas públicas y las consecuencias o peligros que estos pueden acarrear sobre la salud o el ambiente en las comunidades. Una de las fuentes de información, es por ejemplo, el acceso a los estudios de impacto ambiental.  
  • Participación pública: Garantiza la oportunidad de toda la ciudadanía de participar   en los procesos de adopción de decisiones.  Implica ante todo el acceso previo a la información, como garantía de una participación libre, previa e informada, anterior a la toma de decisiones. Su forma puede darse a través de audiencias públicas, consulta ciudadana, referéndum, entre otras.
  • Acceso a la justicia:  garantiza el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes, sobre todo cuando los derechos humanos de acceso a la información y a la participación han sido vulnerados.
  • Protección de defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales: La defensa de los derechos humanos es un derecho humano en sí mismo y la protección de los defensores es la garantía necesaria para su pleno ejercicio. Este punto fue planteado debido al peligro constante que corren estas personas en toda la región. El Acuerdo de Escazú compromete a la Argentina a implementar o fortalecer las medidas existentes para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, como también prevenir, sancionar e investigar acciones en contra del ejercicio de defensa.

Esta ratificación es un motivo de festejo para toda la ciudadanía, que ve garantizados los derechos humanos a la información y a la participación en la toma de decisiones con incidencia en la salud y el ambiente. Esperamos que este sea un impulso para la cooperación, la escucha y el diálogo genuino.

Bregamos porque se contagie en toda la región, generando conciencia ambiental, resguardo a la vida y respeto de las generaciones futuras.

Acción Global: por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Cada 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El mismo, parte del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Argentina en 1990. Allí, la Asamblea del Movimiento Feminista Latinoamericano decidió declarar la jornada como el día por la Despenalización y Legalización del Aborto.

En el encuentro, se tomo consideración de las complicaciones que lleva el aborto inseguro y clandestino, ya que constituye la primera causa de mortalidad de las mujeres y cuerpos gestantes en muchos de los países de latinoamerica. 

El pedido de aborto legal, seguro y gratuito es uno de los reclamos centrales de los movimientos de mujeres en la Argentina. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito lucha desde hace 15 años por la legalización, y desde entonces no ha parado en presentar proyectos sobre la legalización del aborto al Congreso de la Nación; en el 2019 se presentó por octava vez un nuevo proyecto con algunas modificaciones. El armado del mismo, como cada vez que se presenta, es un texto que se trabaja y consensua de manera transversal y federal por las más de 700 organizaciones que integran la Campaña.

En Argentina, el aborto está penado por ley en casi todas las circunstancias, sin embargo, no es punible cuando el aborto es practicado por un médicx diplomadx con el consentimiento de la mujer o persona gestante embarazada, cuando:

Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.

Su regulación se establece en el Código Penal vigente desde 1921. El Código anterior -1887- estipulaba sanciones a la práctica de interrupción del embarazo en absolutamente todos los casos, castigando el acto con la pena de prisión.

Por primera vez en la historia argentina y en la lucha de los feminismos, el Poder Ejecutivo trabajó sobre en un proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto. El mismo fue realizado por un equipo integrado por la Secretaría Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y expertas integrantes de los ministerios de Mujeres, Géneros y Diversidad y de Salud. Sin embargo, a raíz de la situación actual que atraviesa el mundo por el covid-19, las estructuras sociales, políticas y jurídicas se han visto modificadas, y todavía no se trata en el Congreso Nacional.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual de Xumek nos unimos a la lucha de la Campaña y de las organizaciones feministas, y sostenemos que es necesaria y urgente la reglamentación de una ley sobre la despenalización y legalización del aborto. El aborto clandestino es un problema de salud pública, de justicia social y de derechos humanos de las mujeres y personas gestantes.