NO MÁS VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN DEMOCRACIA

Ayer logramos hacer justicia por Ricardo Bazán.

En el año 2019, Antonia Zarate llega a Xumek gracias al trabajo social y comprometido de nuestros compañeros y compañeras de la Red Puentes de Nuestramérica en el Barrio La Favorita para que la representemos en el proceso penal en el que se investigaba el homicidio de su hijo, Ricardo Bazán, a manos del policía José Alexis Méndez Castro.

Fue desde entonces que el equipo de profesionales y estudiantes avanzados de la Clínica Jurídica de Xumek comenzó a prepararse para este juicio por jurado popular que decidiría la responsabilidad penal de un funcionario policial. 

Esta era la primera vez que un acusado por un homicidio agravado por abusar de su función policial era juzgado de esta forma en Mendoza. Es decir, la primera vez que un caso de ejecución extra-judicial, también llamados “gatillo fácil”, sería juzgado por mendocinos y mendocinas de a pie.

Nuestra experiencia en la lucha contra la violencia institucional es parte de los cimientos de nuestra organización, sin embargo, jamás habíamos llevado a juicio a un funcionario policial o penitenciario en este nuevo sistema de jurados populares instaurado en Mendoza en el año 2019. 

Teníamos algunas preocupaciones sobre cómo iba actuar un jurado popular frente a un policía acusado de matar a un joven de un barrio humilde que se había escapado de un control policial.

Las frases instaladas tales como “hay que matarlos a todos”, “una rata menos”, “hace falta de mano dura”, las felicitaciones y el trato de héroe que el ex presidente Mauricio Macri había dado al policía Chocobar, nos hacía pensar que influirían negativamente en el jurado y por lo tanto, no lograríamos una condena contra José Alexis Mendez Castro.

El desafío, como representantes de la mamá de Ricardo Bazán, era lograr que el jurado analizara las pruebas con absoluta imparcialidad, debíamos convencer al jurado de que los policías que ejecutan por la espalda no dan seguridad, no están previniendo ningún delito, sino que son simplementes “asesinos con uniformes”.

Para ello, recibimos constante ayuda de personas muy experimentadas en esta nueva forma de juzgar los crímenes más graves de nuestro código penal. Contamos con capacitaciones y espacios de discusión con profesionales de muchísima experiencia en enjuiciamiento por jurados populares, tales como Andrés Harfuch, Martin Sabelli y Julian Alfie de INECIP, el entrañable amigo Mario Juliano de APP, Laura Rousselle del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, Mariana Silvestri y Ximena Morales del Ministerio de la Defensa Pública de Mendoza

Lo primero que debíamos hacer era alcanzar el mejor jurado posible en la audiencia de selección (audiencia de voir dire), para ello teníamos que identificar cuáles eran esos preconceptos o valores negativos que muchas personas tienen por sus experiencias de vida que los afectaría a la hora de analizar las pruebas con imparcialidad. 

Luego de llevar adelante una larga audiencia de selección con 96 personas que fueron sorteadas del padrón electoral, donde pudimos conversar con muchas de ellas y conocer sus formas de pensar, se eligieron los 12 miembros que decidirían la culpabilidad o no del policía. 

Luego, en el alegato de apertura, Juan Dantiacq dejó en claro que esto no era un juicio contra la institución policial, aquí no estaban en juego cuestiones ideológicas, sino la responsabilidad penal de un mal policía, que había ejecutado por la espalda a una persona desarmada y que no había cometido ningún delito.   

Alegatos de apertura completos. Inicia en el minuto 51:00

Posteriormente pasaron por la sala de audiencia 22 personas, entre testigos y peritos, que fueron reconstruyendo lo sucedido aquel fatídico 1° de mayo de 2019 en el Barrio La Favorita de Mendoza. 

Finalmente, en el alegato de clausura, Lucas Lecour analizó las principales pruebas utilizando un rompecabeza, para concluir pidiendo al jurado un veredicto de culpabilidad que haga justicia, no solo para que la policía de Mendoza no quede manchada por el accionar de un mal policía que ha despreciado el deber fundamental que le hemos entregado los mendocinos, nuestra seguridad y nuestra vida, sino también por Antonia, para que mitigue un poco el profundo dolor por la muerte de su hijo. 

Nuestro presidente, Lucas Lecour, presenta los alegatos de la querella que representó a la mamá de Ricardito Bazán.

Lo que pasó después fue histórico: un jurado popular, dictó un  veredicto de culpabilidad representando al pueblo de Mendoza con absoluta independencia e imparcialidad y con muchísimo compromiso y responsabilidad.

El veredicto del Jurado, registrado en vivo el pasado jueves 16 de septiembre.

El mensaje que nos da el jurado es que el pueblo de Mendoza no tolera que ninguna persona, policía o no, actúe por encima de la ley.

No hay ninguna justificación para que un funcionario policial ejecute a una persona por la espalda. Nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a una persona

La institución policial tiene que entender el deber fundamental que les hemos entregado los y las mendocinas: la protección de nuestra seguridad y nuestra vida

Queremos que esta sentencia sea el inicio de una nueva policía de Mendoza. Una respetuosa de las normas, una que no use más su arma reglamentaria contra personas que no han cometido ningún delito. Una policía que no se lleve más a los pibes y pibas por su rostro, por su ropa o por vivir en un barrio determinado. 

La sentencia condenatoria dictada por un jurado popular es un cambio de paradigma en la lucha contra la violencia institucional. Es un claro mensaje del pueblo mendocino contra las prácticas violentas y abusivas enquistadas en las fuerzas de seguridad, que heredamos de la dictadura. 

COMIENZA EL PRIMER JUICIO POR JURADO DE UN CASO DE GATILLO FÁCIL

Por primera vez, mendocinos y mendocinas de a pie decidirán sobre el accionar de un policía. El próximo lunes 13 de septiembre iniciará el juicio por la muerte de Ricardo “Ricardito” Bazán Zárate. Xumek se constituye como querella de su familia. 

El día 1° de mayo del año 2019 en La Favorita, Ricardito Bazán Zárate se sube a una camioneta en la puerta de su casa para salir a hacer compras junto a un amigo. Una patrulla policial los intercepta. Tres oficiales les ordenan bajarse, los requisan y les dicen que los van a llevar por averiguación de antecedentes, a pesar de estar a menos de 30 metros de su domicilio. 

Ricardito, que se encontraba a escasos metros de su casa, salió corriendo con la intención de entrar a su vivienda. Méndez Castro era conocido en la zona por abusar de estas prácticas y ser agresivo verbal y físicamente con la gente del barrio. Cuando Ricardito sale corriendo, el policía comenzó la persecución. Los vecinos del barrio y la pareja del joven lo escucharon gritar: “¡vení, que te voy a matar; frená, que te voy a matar!

Bazán Zárate no pudo entrar a su casa porque la puerta estaba trabada, entonces siguió corriendo por un callejón del barrio, hasta que recibió por la espalda uno de los seis disparos que salieron del arma reglamentaria del Oficial Méndez Castro. En uno de esos pasillos de tierra, que paradójicamente se llama calle Libertad, quedó tendido el cuerpo joven de otra víctima más del gatillo fácil. 

Los familiares y vecinos de Ricardito inmediatamente lo trasladaron a “la salita” Centro de Salud Nº 300 del Barrio La Favorita, sin saber que allí iban a escuchar la peor de las noticias: Ricardo Bazán había muerto.

Méndez Castro regresó al lugar donde estaban sus compañeros y no mencionó nada de lo sucedido. Cuando volvieron a la Comisaría se les informó a través de la frecuencia radial la muerte de Ricardo. 

En su declaración, el Oficial sostuvo que Ricardito habría sacado un “elemento contundente” mientras lo perseguía y que por eso había disparado.  Personal de la Policía Científica pudo confirmar el hallazgo de un arma tumbera (de fabricación casera) que no funcionaba en el lugar del crimen. Pero desde un primer momento los investigadores tuvieron en claro que el arma en cuestión había sido “plantada” varias horas después del asesinato por los policías para justificar los disparos.

Actualmente, la causa tramita ante el Tribunal Penal Colegiado N°1 y se encuentra a cargo del Juez Técnico Dr. Mateo Bermejo y su juicio a través de un jurado popular se desarrollará a partir del 13 de septiembre de 2021. El Sr. José Alexis Méndez Castro se encuentra detenido en el pabellón de fuerzas de seguridad de un complejo penitenciario. Incluso, será juzgado por otra causa en donde también existiría abuso de armas. 

Será el primer caso de violencia institucional ante un jurado popular en Mendoza, dado que desde el año 2018, con la sanción de la Ley 9106, se estableció que todos los homicidios cometidos con los agravantes del art. 80 del Código Penal serán juzgados a través de un Jurado Popular. Desde Xumek nuevamente representaremos esta causa. 

¿QUÉ ES UN JUICIO POR JURADO?

El juicio por jurado es un sistema de enjuiciamiento en el cual son les ciudadanes -y no un juez técnico- quienes deciden si la persona acusada de un delito es culpable o inocente. 

Es una de las herramientas constitucionales que pretende legitimar la actuación del Poder Judicial mediante la democratización de la justicia a través de la participación inmediata de la ciudadanía.

En Mendoza (Ley 9106), el juicio por jurados está previsto única y exclusivamente para el juzgamiento del delito de homicidio agravado (cabe aclarar que este delito tiene prevista la pena de prisión perpetua). Aunque la Comisión de seguimiento y ampliación de los juicios por jurados tiene en vistas la posibilidad de ampliar la competencia a otros delitos no comprendidos en la ley.

La pandemia pospuso muchos juicios por jurados que estaban programados para el 2020. En ese año sólo se llevaron adelante 3 juicios por jurados: uno fue previo al decreto de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, en febrero; y los otros dos en contexto de pandemia con protocolos sanitarios. 

En 2021, hasta mayo, han tenido lugar 5 juicios por jurados.

LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL NO TERMINÓ EN LAS DICTADURAS: NUEVA REVISTA

Toda la información de párrafos anteriores proviene de nuestra nueva revista digital de distribución gratuita, La Violencia Institucional No Terminó en las Dictaduras. Se trata de un compilado de artículos sobre diferentes hechos en los que la violencia por parte del Estado, tanto en Mendoza como el continente: la brutal represión a una Colombia que se manifestó casi dos meses sin parar, abuso policial a raperos en el Parque Canota, una batería de instrumentos jurídicos para legitimar la ilegalidad y el caso de Ricardito Bazán Zárate.


Se puede descargar de forma gratuita en https://bit.ly/REVISTAXMK3

NUEVA REVISTA: LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL NO TERMINÓ EN LAS DICTADURAS

Continuando con el proyecto iniciado en el año 2020 por la Secretaría de Comunicación, tenemos frente a nosotres una nueva edición de la Revista XMK, digital y de distribución libre y gratuita. Desde la génesis de este proyecto buscamos comunicar de forma clara y abierta ciertas temáticas que entendemos necesarias e importantes en la promoción y protección de los derechos humanos. Las entregas anteriores trataron sobre: Derechos Humanos y Covid  y Pueblos Indígenas.

La temática elegida para el volumen 3 es Violencia Institucional, área en la que trabajamos desde hace más de 14 años a nivel local, nacional e internacional. Creemos oportuno discutir los roles de poder asignados a las fuerzas de seguridad y su alto grado de impunidad a la hora de juzgar su accionar, para influir mediante ello en la adopción de políticas públicas serias que lleven a modificar estas conductas.

Por esta razón titulamos este volumen: “La violencia institucional no terminó en las dictaduras”. Resulta imprescindible una intensa capacitación de las fuerzas de seguridad en Derechos Humanos, Derecho Penal, Procesal Penal, Uso de Armas Letales y Garantías Constitucionales, entre otras materias, como así también el compromiso de los operadores judiciales para la investigación y sanción de los hechos que sigan ocurriendo.

No podemos dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas las familias que han depositado su confianza en nuestra Asociación para representar su reclamo ante las autoridades. Y, a sabiendas de que los abusos de la fuerzas de seguridad no son excluyentes de nuestra provincia y país, nos solidarizamos con la dramática situación que ha vivido estos meses el pueblo colombiano víctima de grandes violaciones a sus derechos humanos.

En Xumek creemos fuertemente que la forma de cambiar la realidad es abordándola desde una perspectiva crítica, interdisciplinaria y respetuosa de los colectivos históricamente vulnerados. Esto se ve reflejado en la diversidad de nuestro trabajo y en el contenido de esta publicación: brutal represión a una Colombia que se manifestó casi dos meses sin parar; un caso de “gatillo fácil” llega, por primera vez en Mendoza, a un juicio por jurado; abuso policial a raperos en el Parque Canota; y una batería de instrumentos jurídicos provinciales para legitimar la ilegalidad.

En esta oportunidad resaltamos el gran trabajo de pasantes y voluntaries del Área de Violencia Institucional y de la Secretaría de Comunicación. Desde la búsqueda de fuentes rigurosas de información, la redacción de textos como materia prima, la edición de contenido para diferentes piezas comunicacionales, el maquetado gráfico y hasta la publicación y distribución, ha sido un trabajo en equipo valiosísimo.

Si sos de aquellas personas capaces de temblar de indignación ante las injusticias que se cometen a diario, te proponemos leer y ser parte de este desafío utópico de transformar la realidad, trabajando en la promoción y protección de los derechos humanos, tarea nada sencilla que llevamos adelante hace 14 años desde Xumek.

Te invitamos a seguir y participar en la comunidad digital de nuestras redes sociales y a donar tu grano de arena económico para seguir promoviendo y defendiendo tu, su, nuestro derecho a la vida digna.

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Informe Final sobre Violaciones a los Derechos Humanos en Colombia

Entre el 25 de mayo y el 3 de junio del corriente año, viajó a Colombia una delegación conformada por más de 20 compañerxs integrantes de organizaciones sociales, gremiales, políticas y de DDHH, con el objetivo de relevar y visibilizar la violacion sistemática de DDHH ocurridas en dicho país en el marco del Paro Nacional que comenzó el 28 de Abril luego de que el Presidente Duque anunciara la reforma tributaria.

Somos conscientes de lo que representa el constante ataque del imperialismo en Nuestramérica, pero también de nuestro accionar frente a este tipo de atropellos.

Es por eso que asi como lo hicimos con Bolivia en 2019, en esta oportunidad presentamos el Informe Final elaborado desde la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos para compartir con todes el resultado de un trabajo que emerge desde un sentimiento de hermandad entre los pueblos, pero también con fines de investigación y visibilización de la violencia institucional que existe en Colombia hoy.

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DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

8 de Mayo de 1987, Localidad de Budge, Provincia de Buenos Aires. 

Agustín Olivera (26), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24) mueren a manos de personal de la Policía Bonaerense, en un tristemente célebre hecho que ha pasado la posteridad como la masacre de Budge, que la prensa bautizó como  “Gatillo Fácil”. En memoria del hecho se instituyó por medio de la ley nacional Nº26.811 el Día Nacional de la Lucha contra la violencia Institucional.

Si bien los abusos policiales no eran desconocidos en nuestra historia reciente,  el caso resultó paradigmático tanto por la violencia en si desplegada como por el accionar posterior de la fuerza, la que intentando encubrir el nefasto episodio llegó incluso a perseguir a familiares y amigos nada más que por su reclamo de justicia. Estas prácticas lamentables tan instauradas en las fuerzas de seguridad se mantienen hasta la actualidad. 

34 años después y con icónicos casos de por medio (Walter Bulacio, Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, Sebastián Bordón tan sólo por nombrar algunos de los mas resonantes y que tomaron estado público) lejos de haberse resuelto, la problemática de la Violencia Institucional sigue vigente e instalada, y así también sigue vigente el reclamo por parte de organizaciones de Derechos Humanos como Xumek.

Nuestro reclamo está dirigido a visibilizar las prácticas abusivas que pretenden ser encubiertas, e influir en la adopción de políticas públicas serias que lleven a modificar estas conductas por parte de las fuerzas de seguridad.

Entendemos en ese sentido que resulta imprescindible una intensiva capacitación de las fuerzas de seguridad, principalmente en materia de Derechos Humanos, Uso de Armas Letales y Garantías Constitucionales entre otras materias, como así también el compromiso de los operadores judiciales para la investigación y sanción de los hechos que sigan ocurriendo.

No podemos dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas las familias que han depositado su confianza en nuestra asociación para representar su reclamo ante las autoridades. 

Finalmente y a sabiendas de que los abusos de la fuerzas de seguridad no son excluyentes de nuestra provincia y país, no solidarizamos con la dramática situación que vive por estos días el pueblo Colombiano víctima de grandes violaciones a los derechos humanos.

Ilustración: Villy

Inicia un nuevo juicio por los abusos sexuales en el Próvolo

Imagen: Nancy Castronovo

El lunes próximo comienza el segundo juicio por el caso de abuso sexual eclesiástico que conmovió a Mendoza y al mundo. Son nueve personas las imputadas en delitos que van desde el abuso sexual agravado y corrupción de menores a la participación criminal por omisión. La impunidad y el encubrimiento, aún con las condenas emblemáticas a los curas abusadores, dilataron el inicio de este juicio. Les sobrevivientes buscan justicia y que se cumpla con la reparación integral ya dictaminada para iniciar un proyecto de vida.

Como en 2019, abogados y abogadas de Xumek serán querellantes, representando a varias víctimas.  

El caso Próvolo inició su proceso judicial en noviembre de 2016 y rápidamente escaló a una megacausa, con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto, perpetuados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos que asistieron al establecimiento entre 2005 y 2016.

Las condenas contra los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho fueron históricas porque recibieron las penas más altas impuestas a integrantes de la Iglesia Católica. La Corte Suprema de Justicia de Mendoza ratificó en el pasado mes de septiembre las condenas a 45 y 42 años de prisión, además de 18 años para el jardinero Armando Gómez.

Sin embargo, la falta de colaboración de las autoridades eclesiásticas, el encubrimiento y traslado de sacerdotes investigados, entre otras medidas, impidieron y dilataron la justicia completa para las víctimas.

Les sobrevivientes continúan reclamando al estado y al arzobispado una reparación integral. Recordemos que las víctimas son niñas, niños y adolescentes con discapacidad y, en gran medida, con dificultades económicas. Sus familias habían confiado a sus hijes a una institución educativa y religiosa como el Próvolo, pensando que les daría acceso a una mejor calidad de vida.

El Tribunal estima que el juicio durará un mínimo de 4 meses. “Va a ser un proceso largo y difícil para las víctimas: tener que volver a declarar en muchos casos y revivir su dolor. Entendemos que las pruebas son suficientes para llegar a una condena al final del debate y nuevamente, como sucedió en el primer juicio, esta condena sea histórica y reparadora para ellos y ellas”, explica Lucas Lecour, uno de los abogados querellantes y presidente de Xumek.  

Nos preocupa la situación de vulnerabilidad psíquica, social y económica de les sobrevivientes. Una reparación integral les permitiría acceder a recursos y tratamientos eficientes para desarrollar un proyecto de vida. 

Junto al Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo exigimos al Estado que garantice las medidas de satisfacción y no repetición, ordenadas por el Poder Judicial a través de la Sentencia 969/2020. Esto involucra acciones de derecho a la salud, desarrollo social, educación y vivienda acordes a las necesidades de cada une de les sobrevivientes.

El segundo juicio

El Tribunal Penal Colegiado N° 2 de Mendoza dará inicio a este segundo juicio a las 8 de la mañana del próximo lunes 3 de mayo. De las nueve personas imputadas, entre monjas y personal administrativo, ocho esperan el juicio en libertad.

Por un lado, se juzgará a la monja japonesa Kumiko Kosaka, imputada por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, actualmente la única imputada con prisión preventiva domiciliaria.

Además, otras monjas, personal directivo y administrativo tendrán que dar explicaciones sobre su rol como entregadoras y facilitadoras para las vejaciones, además de su sistemático encubrimiento y omisión de denunciar.

Graciela Pascual, licenciada en trabajo social y representante legal del Instituto, por su impunidad de los hechos investigados; la monja Asunción Martínez, la psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y las directoras del Instituto Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán, por su participación criminal por omisión. 

Todas ellas pudieron haber accionado (reaccionado) ante estos delitos y así haberlos evitado, pero no lo hicieron (omitieron), teniendo probados conocimiento de los hechos delictivos.

Corradi y Corbacho son los autores más graves por su calidad de ministros de culto, agravado por ser les encargades de la guarda de personas menores de 18 años, en situación de discapacidad y de convivencia.

El juicio a las mujeres imputadas busca arrojar luz y justicia a una red escabrosa de complicidad y silencio. La vulneración a les sobrevivientes del Próvolo y sus familias continúa hasta hoy, dadas las dilaciones y ocultamientos que sostiene la Iglesia e involucra incluso al Vaticano.

A través de la consigna “Nunca más abusos eclesiásticos”, organizaciones de derechos humanos del mundo buscamos desentrañar el accionar encubridor de algunos sectores de la iglesia católica.

A principios de 2020, Xumek junto a sobrevivientes del Próvolo y las organizaciones Ending Clergy Abuse (ECA) y Bishop Accountability, de renombre internacional, presentamos ante Naciones Unidas una denuncia contra el Estado del Vaticano. Allí, responsabilizamos a la Santa Sede por los abusos sexuales y la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Para ampliar la información

“El caso Próvolo ante la Organización de las Naciones Unidas” en el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Mendoza (acceso libre y gratuito) 

El caso Próvolo en la web de Xumek

Por notas de prensa, contactarse a comunicacion@xumek.org.ar

Violencia institucional: el Estado y los medios deben asumir su responsabilidad

Desde el área de Violencia Institucional de Xumek manifestamos nuestra profunda preocupación ante los nuevos hechos de “gatillo fácil” ocurridos en nuestra provincia durante la última semana, y el tratamiento dado por los medios masivos de comunicación.

La muerte de Facundo Martínez y Daniel Giménez Vega, dejan nuevamente al descubierto la escasa preparación de los efectivos de seguridad en materia de Derechos Humanos, normas de derecho procesal penal e incluso de la propia ley que regula su funcionamiento (ley provincial 6722) en cuanto a aprehensiones en vía pública y uso de armas de fuego.

Desde nuestra organización instamos una vez más a las autoridades gubernamentales, no sólo a mejorar la capacitación de los efectivos en dichas temáticas, sino también a adoptar las medidas necesarias para garantizar una correcta investigación de estos hechos independiente de posibles influencias por parte de las mismas fuerzas involucradas. Así también solicitamos se resguarde la tutela judicial efectiva de las víctimas y sus familiares.

Por último instamos a los medios masivos de comunicación y a la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad, a aplicar mayor prudencia en el tratamiento de los datos preliminares de los hechos.

Las últimas publicaciones relativas a estos episodios dan cuenta de la estigmatización con que se trata a las víctimas de delitos de violencia institucional, publicando datos falsos relativos a antecedentes penales inexistentes o supuestos hechos falaces que pretenden justificar el actuar desproporcionado y delictivo de las fuerzas de seguridad.

Sin que de modo alguno ello implique un ataque a la libertad de prensa, interpelamos a los medios desempeñar una actuación responsable en la comunicación de estos hechos, teniendo en consideración que su labor puede influir en el devenir de la investigación e incluso en la ciudadanía que puede ser llamada a intervenir como jurados en eventuales debates públicos.

Imagen: Marcha nacional contra el gatillo fácil

Fiscalías especializadas en violencia institucional: diseño, implementación y estrategias jurídicas

Uno de los aspectos relevantes del avance en la lucha por los derechos humanos en las últimas décadas es la creación de distintas áreas que, desde el propio Estado, se proponen visibilizar, investigar, sancionar y/o prevenir vulneraciones de derechos.

En el campo específico de la violencia institucional, estos avances se reflejan en la creación de oficinas específicas dentro de distintas áreas de los poderes ejecutivos, y también por algunas iniciativas que buscan intervenir sobre los problemas estructurales que presenta el poder judicial a la hora de dar respuesta ante hechos graves de violencia protagonizados por integrantes de las fuerzas de seguridad o de los servicios penitenciarios.

No se trata de un avance lineal sino de procesos complejos, con momentos de retroceso y de resistencia. Desde la creación de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación en 2013, la creación de fiscalías especializadas aparece como una de las posibles respuestas del Estado para atender hechos de este tipo, y al mismo tiempo como un espacio en el que podrían ponerse en práctica múltiples conocimientos acumulados en la investigación y el litigio desde el activismo de la sociedad civil y desde el esfuerzo en general solitario de funcionarias y funcionarios judiciales comprometidos.

Este documento se propone aportar a un balance de algunas de estas experiencias, transcurridos ya algunos años desde su creación. Presentamos aquí la sistematización de los hallazgos y conclusiones de dos investigaciones realizadas durante 2018 y 2019.

En la primera parte, realizamos una evaluación de la creación e implementación de fiscalías especializadas en violencia institucional en las provincias de Buenos Aires y Mendoza1 : señalamos los principales problemas del diseño, implementación y funcionamiento de estas fiscalías y presentamos recomendaciones para mejorar su eficacia en la investigación de delitos que implican violaciones de derechos humanos, en algunos casos muy graves.

En la segunda parte, abordamos un análisis de estrategias jurídicas novedosas para la investigación de casos de tortura y malos tratos cuyas víctimas son personas privadas de su libertad, desarrolladas en el ámbito federal tanto por oficinas especializadas en el litigio de casos de violencia institucional como por otros funcionarios y funcionarias judiciales cuyas prácticas y decisiones muestran las huellas de la incidencia de estas oficinas2. En ambos casos, los relevamientos y el análisis de la información se realizaron a través de metodologías cualitativas que incluyeron el análisis normativo, de expedientes judiciales, y entrevistas en profundidad con funcionarios, funcionarias, usuarias y usuarios de las fiscalías, es decir las víctimas de la violencia institucional y familiares y organizaciones que las y los acompañan.

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Xumek solicitó que se declare inconstitucional la reforma de la Ley 8.284

Ante la reciente modificación de la ley 8.284 que creó la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes(CPPT), presentamos una Acción ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, solicitando se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la reforma y se deje sin efecto.

La CPPT es consecuencia del acuerdo de solución amistosa celebrado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Internos de las Penitenciarías de Mendoza vs. Argentina”.

La reforma atacada hace caso omiso de compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional, elimina el concurso público para el cargo de Procurador/a de las personas privadas de libertad, y reduce arbitrariamente la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Estas modificaciones afectan la independencia del organismo y representan una clara desviación del fin legal de defensa y protección de los derechos y garantías de toda persona privada de su libertad.

Los cambios efectuados, no hacen más que reflejar una concepción autoritaria que desconoce el contexto nacional e internacional de los mecanismos de prevención de la tortura y malos tratos.

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Personas Privadas de Libertad, Contagios de COVID-19 y decisiones políticas del Estado Provincial

Compartimos a continuación un comunicado de la Red por los Derechos Humanos Mendoza, de la cual formamos parte:

Desde el principio de la cuarentena, las autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial de Mendoza fueron advertidas por organismos de DDHH, organizaciones sociales y el Comité de Prevención de la Tortura sobre la situación carcelaria y la emergencia sanitaria: las condiciones de infraestructura de las cárceles, el hacinamiento y el déficit de las áreas de salud de cada complejo son factores de riesgo inminente y no se podría dar respuesta frente a contagios masivos. Estos reclamos no fueron escuchados: no se tomaron medidas serias para descomprimir penales, no se cumplió con protocolos sanitarios de prevención, no se garantizaron mesas de trabajo para diseñar estrategias entre la totalidad de actores intervinientes y los contagios en las cárceles aumentaron a la par del colapso general del sistema de salud provincial. En medio de esta crisis se desmanteló el Comité de Prevención de la Tortura que continúa recepcionando situaciones de destrato y torturas en traslado y asilamiento de personas privadas de libertad con COVID-19.

El hacinamiento, una de las peores variables para este contexto de contagio, y la deficiencia de atención sanitaria preceden la pandemia y responden a la creciente y sistemática puesta en marcha de dispositivos punitivos por parte de un gobierno que ha hecho uso indiscriminado de prisiones preventivas, encarcelamiento masivo y armado de causas. El nivel más alto de prisionización del país tiene como responsables políticos a Alfredo Cornejo, Luis Petri, Gianni Venier y al gobernador Rodolfo Suárez, entre otros, junto a una Corte de Justicia cómplice de esta situación. La situación sanitaria de las personas privadas de libertad no es un asunto que les atañe solamente a ellos/as. La pandemia que vivimos ha mostrado con contundencia que la salud siempre es colectiva y que nuestra suerte depende del devenir colectivo.

Anular la existencia del Comité de Prevención de la Tortura y legitimar un Procurador de las Personas Privadas de Libertad funcional a la represión y la violencia complejiza el escenario: aislamiento y traslados a lugares sin condiciones adecuadas para personas enfermas de COVID-19 y utilización de espacios no aptos, sin agua caliente ni ventilación; escasez de elementos de higiene, falta de atención médica, y demora eterna para entregar medicación; incomunicación con la familia, viandas en mal estado, horas de encierro prolongado y falta de esparcimiento. Esto se suma a la violencia habitual en las cárceles, que no podemos naturalizar y debemos seguir denunciando: el maltrato y la tortura, las amenazas de represalias ante las quejas, los simulacros de ejecución ante el intento de comunicar lo que sucede tras los muros al mundo exterior.

Más presos y presas no significan mejor o más seguridad. Apelamos a todo el campo popular, organizaciones, partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y feministas, organismos de derechos humanos a interpelar a las autoridades pertinentes, al gobernador, legisladoras/es y jueces, quienes tiene el deber y la responsabilidad de evitar que esta tragedia se profundice.