El Área de Violencia Institucional y la Clínica Socio Jurídica de Xumek, junto al dispositivo territorial Red Popular de Acceso a Derechos (RePAD), hemos trabajado articuladamente durante el 2022 en el Proyecto “Prevención de la Tortura en la Región de Cuyo: estrategias de prevención y concientización en los barrios populares”. El mismo ha sido financiado por el Comité Nacional contra la Tortura.
Este proyecto tiene por finalidad prevenir hechos de violencia institucional en los barrios populares de Cuyo y reforzar el papel de la sociedad civil y el trabajo en redes en la protección de los Derechos Humanos. Es por eso que es en este trabajo que se ha nucleado la labor mancomunada entre los mencionados espacios de Xumek, que surge a partir del diagnóstico realizado por las tres áreas en el año 2021.
La participación de la RePAD ha sido a través del trabajo en territorio, con asesoramientos y acompañamientos en distintos barrios populares. Por su parte, la Clínica Socio Jurídica y el Área de Violencia Institucional se involucraron mediante los acompañamientos, asesoramientos y litigios que llegan y se atienden desde la sede de Xumek.
Es en este marco que compartimos los recurseros elaborados durante este año para su uso y difusión en actividades de concientización y prevención de situaciones de violencia institucional. ¡La descarga es gratuita!
Desde Xumek – Asociación para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos, repudiamos la persecución y la criminalización de la protesta llevada a cabo por el Gobierno de la Provincia de Mendoza durante las jornadas de paro y movilización convocadas por diversos gremios mendocinos en el marco del reclamo de mejores condiciones laborales y salariales.
Entendemos que estos métodos, cada vez más frecuentes desde el Poder Ejecutivo con colaboración del Poder Judicial de Mendoza, apuntan a disciplinar la protesta social y el legítimo ejercicio de derechos constitucionales.
En las últimas semanas diversos gremios, entre ellos, ATE, SUTE, SADOP, convocaron a jornadas de paro y movilización, en reclamo por mejoras salariales y condiciones de trabajo. Esta protesta resulta por demás legítima tratándose del derecho a una remuneración justa -en un provincia donde los salarios de los docentes son de los más bajos del país- en un contexto de crisis económica e inflación, con íntima vinculación al derecho de los ciudadanos de recibir una educación de calidad.
Desde el 3 de julio del 2022 se ha constatado la persecución judicial a cinco (5) dirigentes sindicales– Roberto Macho, Adriana Iranzo, María Rosa Gaete y Graciela Navarro-, quienes han sido imputados por supuestas infracciones al artículo 194 del Código Penal de la Nación, por entorpecimiento de transporte; llegando incluso en el caso de Roberto Macho a ordenar su detención en sede de penitenciaría provincial.
A su vez, la Policía provincial junto con abogadxs y escribanxs han asistido a las escuelas de la provincia de Mendoza, fuera de sus facultades establecidas por ley, para constatar libros de firmas de asistencia de docentes, durante los días convocados a paro y movilización, evidenciando así una actitud claramente persecutoria y coercitiva para quienes ejercen la docencia y adhieren al paro.
Este tipo de acciones -además de rememorar las épocas más oscuras de nuestra historia reciente– intentan dejar un claro mensaje de disciplinamiento y criminalización de la protesta social por parte del Poder Ejecutivo y Judicial de Mendoza.
Rechazamos toda acción estatal que pretenda abordar el conflicto social desde herramientas represivas y/o punitivas.
El derecho a la protesta social, el derecho a huelga, el derecho a agremiarse libremente, el derecho de reunión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a peticionar ante las autoridades, no solo resultan derecho humanos fundamentales receptados constitucional y convencionalmente, sino que además configuran condiciones básicas para la convivencia democrática propia de un Estado social y democrátido de derecho.
El Poder Judicial y especialmente el sistema penal como sistemas de reacción ante conductas delictivas, no pueden constituirse en herramientas de disciplinamiento y persecución de un reclamo legítimo que cuenta con el apoyo de toda la sociedad.
En contrapartida reivindicamos el camino del diálogo, el consenso y la resolución no violenta de los conflictos, como las acciones que debe promover y propiciar el Estado.
Finalmente desde Xumek expresamos nuestro absoluto apoyo al reclamo del sector docente, poniéndonos a su disposición en lo sucesivo e interpelando al Gobernador Rodolfo Suárez y al Director General de Escuelas, José Thomas, a retomar el camino del diálogo sincero y libre de toda presión coercitiva.
Este 8 de abril marchamos contra la violencia institucional y, desde Xumek, recordamos a Leonardo Rodríguez Contreras y exigimos justicia por su muerte en manos de la Policía.
En 2015, Leo Rodríguez, una persona con discapacidad, fue arbitrariamente privado de su libertad por los agentes Andrés Vera y Romina Flores de la Policía de Mendoza e introducido en un calabozo de la Comisaría N° 27 de Villa Hipódromo, Godoy Cruz, donde a las pocas horas apareció sin vida. Las circunstancias de su muerte aún no han sido esclarecidas por lo que desde Xumek realizamos una petición ante el Comité contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de ONU solicitando la responsabilidad del Estado Argentino ante la falta de investigación y sanción del crimen.
La pregunta que nos hacemos constantemente es: ¿Cuántos casos como el de Leo, Adolfo Garrido, Raúl Baigorria y Sebastián Bordón tendremos que sufrir para ver un cambio en el actuar de la Policía en Mendoza? En los últimos años, Kevin Gonzales y Ricardo Bazán fueron asesinados por balas policiales, en Malargüe el pasado 12 de febrero y en el Barrio La Favorita en 2019, respectivamente.
Tampoco olvidamos las detenciones arbitrarias de Emanuel Silva y Carla Moya (en el Parque Canota en 2021), o de les 6 jóvenes aprehendides de forma violenta el 25 de marzo en Godoy Cruz. Estos casos son apenas una muestra de que la #ViolenciaInstitucional constituye una violación a los #DerechosHumanos de todes, pero son les jóvenes quienes más afectades se ven por ella.
Las prácticas de violencia institucional no son hechos aislados, sino que constituyen prácticas sistemáticas, arbitrarias e ilegales por parte de funcionarios policiales y penitenciarios. Estas prácticas -que tienen amparo político, judicial, y mediático-, deben ser evidenciadas con el fin de erradicarlas mediante el cambio de paradigmas y nuevas políticas públicas acorde a los estándares internacionales.
Este 8 de abril marchamos por todes les violentades, les que están acá y les no pueden marchar porque murieron en manos de policías y penitenciaries. Hoy marchamos para que les jóvenes dejemos de sufrir todo tipo de violencia estatal y ser chivo expiatorio de políticas represivas.
El día 12 de febrero por la madrugada, Kevin Gonzales (18) fue asesinado por la policía provincial en la ciudad de Malargüe, Mendoza.
Un grupo de jóvenes se encontraba en la Plaza Independencia de dicho departamento y, presuntamente, habría ocurrido una discusión o pelea entre ellos. Ante esto -y advertidos por los vecinos- personal policial se hizo presente.
Lejos de intervenir para resolver el presunto conflicto y contener a los jóvenes, dicha intervención resultó violenta, desproporcionada y abusiva, al punto que concluyó con el homicidio de Kevin.
¿Hecho aislado o práctica sistemática?
El hostigamiento sistemático, la violencia física como práctica y la impunidad como resguardo institucional, es el denominador común de la relación asimétrica existente entre las fuerzas policiales y los jóvenes, especialmente aquellos provenientes de sectores populares. Esto se verifica no solo en el gran Mendoza, sino también en el sur provincial, como en este caso.
Mendoza, mediante un jurado popular dijo BASTA A LA VIOLENCIA POLICIAL Y GATILLO FACIL en el caso Ricardo Bazán, condenando a un policía que en el ejercicio de sus funciones dio muerte por la espada a Ricardo.
. Hoy volvemos a GRITARLO y EXIGIRLO para que no hayan mas pibis asesinados por la policia. Exigimos al Estado una investigación inmediata, imparcial, sería y un juicio ejemplar para los responsables. Pedimos especialmente políticas públicas que pongan fin a estas prácticas violentas y abusivas enquistadas en las fuerzas de seguridad, muchas de ellas heredadas de la dictadura y toleradas e incorporadas desde el retorno a la democracia y hasta nuestros días.
Queremos una policía que cumpla la ley. Una policía que no hostigue, violente y mate más a los pibes y pibas por su rostro, por su ropa o por vivir en un barrio determinado. Queremos una policía responsable, que proteja nuestra seguridad y nuestra vida. LA DE TODOS Y TODAS.
Desde Xumek acompañamos a todas las acciones y reclamos que se organicen.
En el año 2019, Antonia Zarate llega a Xumek gracias al trabajo social y comprometido de nuestros compañeros y compañeras de la Red Puentes de Nuestramérica en el Barrio La Favorita para que la representemos en el proceso penal en el que se investigaba el homicidio de su hijo, Ricardo Bazán, a manos del policía José Alexis Méndez Castro.
Fue desde entonces que el equipo de profesionales y estudiantes avanzados de la Clínica Jurídica de Xumek comenzó a prepararse para este juicio por jurado popular que decidiría la responsabilidad penal de un funcionario policial.
Esta era la primera vez que un acusado por un homicidio agravado por abusar de su función policial era juzgado de esta forma en Mendoza. Es decir, la primera vez que un caso de ejecución extra-judicial, también llamados «gatillo fácil», sería juzgado por mendocinos y mendocinas de a pie.
Nuestra experiencia en la lucha contra la violencia institucional es parte de los cimientos de nuestra organización, sin embargo, jamás habíamos llevado a juicio a un funcionario policial o penitenciario en este nuevo sistema de jurados populares instaurado en Mendoza en el año 2019.
Teníamos algunas preocupaciones sobre cómo iba actuar un jurado popular frente a un policía acusado de matar a un joven de un barrio humilde que se había escapado de un control policial.
Las frases instaladas tales como “hay que matarlos a todos”, “una rata menos”,“hace falta de mano dura”, las felicitaciones y el trato de héroe que el ex presidente Mauricio Macri había dado al policía Chocobar, nos hacía pensar que influirían negativamente en el jurado y por lo tanto, no lograríamos una condena contra José Alexis Mendez Castro.
El desafío, como representantes de la mamá de Ricardo Bazán, era lograr que el jurado analizara las pruebas con absoluta imparcialidad, debíamos convencer al jurado de que los policías que ejecutan por la espalda no dan seguridad, no están previniendo ningún delito, sino que son simplementes “asesinos con uniformes”.
Para ello, recibimos constante ayuda de personas muy experimentadas en esta nueva forma de juzgar los crímenes más graves de nuestro código penal. Contamos con capacitaciones y espacios de discusión con profesionales de muchísima experiencia en enjuiciamiento por jurados populares, tales como Andrés Harfuch, Martin Sabelli y Julian Alfie de INECIP, el entrañable amigo Mario Juliano de APP, Laura Rousselle del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, Mariana Silvestri y Ximena Morales del Ministerio de la Defensa Pública de Mendoza.
Lo primero que debíamos hacer era alcanzar el mejor jurado posible en la audiencia de selección (audiencia de voir dire), para ello teníamos que identificar cuáles eran esos preconceptos o valores negativos que muchas personas tienen por sus experiencias de vida que los afectaría a la hora de analizar las pruebas con imparcialidad.
Luego de llevar adelante una larga audiencia de selección con 96 personas que fueronsorteadas del padrón electoral, donde pudimos conversar con muchas de ellas y conocer sus formas de pensar, se eligieron los 12 miembros que decidirían la culpabilidad o no del policía.
Luego, en el alegato de apertura, Juan Dantiacq dejó en claro que esto no era un juicio contra la institución policial, aquí no estaban en juego cuestiones ideológicas, sino la responsabilidad penal de un mal policía, que había ejecutado por la espalda a una persona desarmada y que no había cometido ningún delito.
Alegatos de apertura completos. Inicia en el minuto 51:00
Posteriormente pasaron por la sala de audiencia 22 personas, entre testigos y peritos, que fueron reconstruyendo lo sucedido aquel fatídico 1° de mayo de 2019 en el Barrio La Favorita de Mendoza.
Finalmente, en el alegato de clausura, Lucas Lecour analizó las principales pruebas utilizando un rompecabeza, para concluir pidiendo al jurado un veredicto de culpabilidad que haga justicia, no solo para que la policía de Mendoza no quede manchada por el accionar de un mal policía que ha despreciado el deber fundamental que le hemos entregado los mendocinos, nuestra seguridad y nuestra vida, sino también por Antonia, para que mitigue un poco el profundo dolor por la muerte de su hijo.
Nuestro presidente, Lucas Lecour, presenta los alegatos de la querella que representó a la mamá de Ricardito Bazán.
Lo que pasó después fue histórico: un jurado popular, dictó un veredicto de culpabilidad representando al pueblo de Mendoza con absoluta independencia e imparcialidad y con muchísimo compromiso y responsabilidad.
El veredicto del Jurado, registrado en vivo el pasado jueves 16 de septiembre.
El mensaje que nos da el jurado es que el pueblo de Mendoza no tolera que ninguna persona, policía o no, actúe por encima de la ley.
No hay ninguna justificación para que un funcionario policial ejecute a una persona por la espalda. Nadie tiene derecho a arrebatarle la vida a una persona.
La institución policial tiene que entender el deber fundamental que les hemos entregado los y las mendocinas: la protección denuestra seguridad y nuestra vida.
Queremos que esta sentencia sea el inicio de una nueva policía de Mendoza. Una respetuosa de las normas, una que no use más su arma reglamentaria contra personas que no han cometido ningún delito. Una policía que no se lleve más a los pibes y pibas por su rostro, por su ropa o por vivir en un barrio determinado.
La sentencia condenatoria dictada por un jurado popular es un cambio de paradigma en la lucha contra la violencia institucional. Es un claro mensaje del pueblo mendocino contra las prácticas violentas y abusivas enquistadas en las fuerzas de seguridad, que heredamos de la dictadura.
Por primera vez, mendocinos y mendocinas de a pie decidirán sobre el accionar de un policía. El próximo lunes 13 de septiembre iniciará el juicio por la muerte de Ricardo “Ricardito” Bazán Zárate. Xumek se constituye como querella de su familia.
El día 1° de mayo del año 2019 en La Favorita, Ricardito Bazán Zárate se sube a una camioneta en la puerta de su casa para salir a hacer compras junto a un amigo. Una patrulla policial los intercepta. Tres oficiales les ordenan bajarse, los requisan y les dicen que los van a llevar por averiguación de antecedentes, a pesar de estar a menos de 30 metros de su domicilio.
Ricardito, que se encontraba a escasos metros de su casa, salió corriendo con la intención de entrar a su vivienda. Méndez Castro era conocido en la zona por abusar de estas prácticas y ser agresivo verbal y físicamente con la gente del barrio. Cuando Ricardito sale corriendo, el policía comenzó la persecución. Los vecinos del barrio y la pareja del joven lo escucharon gritar: “¡vení, que te voy a matar; frená, que te voy a matar!”
Bazán Zárate no pudo entrar a su casa porque la puerta estaba trabada, entonces siguió corriendo por un callejón del barrio, hasta que recibió por la espalda uno de los seis disparos que salieron del arma reglamentaria del Oficial Méndez Castro. En uno de esos pasillos de tierra, que paradójicamente se llama calle Libertad, quedó tendido el cuerpo joven de otra víctima más del gatillo fácil.
Los familiares y vecinos de Ricardito inmediatamente lo trasladaron a “la salita” Centro de Salud Nº 300 del Barrio La Favorita, sin saber que allí iban a escuchar la peor de las noticias: Ricardo Bazán había muerto.
Méndez Castro regresó al lugar donde estaban sus compañeros y no mencionó nada de lo sucedido. Cuando volvieron a la Comisaría se les informó a través de la frecuencia radial la muerte de Ricardo.
En su declaración, el Oficial sostuvo que Ricardito habría sacado un “elemento contundente” mientras lo perseguía y que por eso había disparado. Personal de la Policía Científica pudo confirmar el hallazgo de un arma tumbera (de fabricación casera) que no funcionaba en el lugar del crimen. Pero desde un primer momento los investigadores tuvieron en claro que el arma en cuestión había sido “plantada” varias horas después del asesinato por los policías para justificar los disparos.
Actualmente, la causa tramita ante el Tribunal Penal Colegiado N°1 y se encuentra a cargo del Juez Técnico Dr. Mateo Bermejo y su juicio a través de un jurado popular se desarrollará a partir del 13 de septiembre de 2021. El Sr. José Alexis Méndez Castro se encuentra detenido en el pabellón de fuerzas de seguridad de un complejo penitenciario. Incluso, será juzgado por otra causa en donde también existiría abuso de armas.
Será el primer caso de violencia institucional ante un jurado popular en Mendoza, dado que desde el año 2018, con la sanción de la Ley 9106, se estableció que todos los homicidios cometidos con los agravantes del art. 80 del Código Penal serán juzgados a través de un Jurado Popular. Desde Xumek nuevamente representaremos esta causa.
¿QUÉ ES UN JUICIO POR JURADO?
El juicio por jurado es un sistema de enjuiciamiento en el cual son les ciudadanes -y no un juez técnico- quienes deciden si la persona acusada de un delito es culpable o inocente.
Es una de las herramientas constitucionales que pretende legitimar la actuación del Poder Judicial mediante la democratización de la justicia a través de la participación inmediata de la ciudadanía.
En Mendoza (Ley 9106), el juicio por jurados está previsto única y exclusivamente para el juzgamiento del delito de homicidio agravado (cabe aclarar que este delito tiene prevista la pena de prisión perpetua). Aunque la Comisión de seguimiento y ampliación de los juicios por jurados tiene en vistas la posibilidad de ampliar la competencia a otros delitos no comprendidos en la ley.
La pandemia pospuso muchos juicios por jurados que estaban programados para el 2020. En ese año sólo se llevaron adelante 3 juicios por jurados: uno fue previo al decreto de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, en febrero; y los otros dos en contexto de pandemia con protocolos sanitarios.
En 2021, hasta mayo, han tenido lugar 5 juicios por jurados.
LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL NO TERMINÓ EN LAS DICTADURAS: NUEVA REVISTA
Toda la información de párrafos anteriores proviene de nuestra nueva revista digital de distribución gratuita, La Violencia Institucional No Terminó en las Dictaduras. Se trata de un compilado de artículos sobre diferentes hechos en los que la violencia por parte del Estado, tanto en Mendoza como el continente: la brutal represión a una Colombia que se manifestó casi dos meses sin parar, abuso policial a raperos en el Parque Canota, una batería de instrumentos jurídicos para legitimar la ilegalidad y el caso de Ricardito Bazán Zárate.
Continuando con el proyecto iniciado en el año 2020 por la Secretaría de Comunicación, tenemos frente a nosotres una nueva edición de la Revista XMK, digital y de distribución libre y gratuita. Desde la génesis de este proyecto buscamos comunicar de forma clara y abierta ciertas temáticas que entendemos necesarias e importantes en la promoción y protección de los derechos humanos. Las entregas anteriores trataron sobre: Derechos Humanos y Covid y Pueblos Indígenas.
La temática elegida para el volumen 3 es Violencia Institucional, área en la que trabajamos desde hace más de 14 años a nivel local, nacional e internacional. Creemos oportuno discutir los roles de poder asignados a las fuerzas de seguridad y su alto grado de impunidad a la hora de juzgar su accionar, para influir mediante ello en la adopción de políticas públicas serias que lleven a modificar estas conductas.
Por esta razón titulamos este volumen: “La violencia institucional no terminó en las dictaduras”. Resulta imprescindible una intensa capacitación de las fuerzas de seguridad en Derechos Humanos, Derecho Penal, Procesal Penal, Uso de Armas Letales y Garantías Constitucionales, entre otras materias, como así también el compromiso de los operadores judiciales para la investigación y sanción de los hechos que sigan ocurriendo.
No podemos dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas las familias que han depositado su confianza en nuestra Asociación para representar su reclamo ante las autoridades. Y, a sabiendas de que los abusos de la fuerzas de seguridad no son excluyentes de nuestra provincia y país, nos solidarizamos con la dramática situación que ha vivido estos meses el pueblo colombiano víctima de grandes violaciones a sus derechos humanos.
En Xumek creemos fuertemente que la forma de cambiar la realidad es abordándola desde una perspectiva crítica, interdisciplinaria y respetuosa de los colectivos históricamente vulnerados. Esto se ve reflejado en la diversidad de nuestro trabajo y en el contenido de esta publicación: brutal represión a una Colombia que se manifestó casi dos meses sin parar; un caso de “gatillo fácil” llega, por primera vez en Mendoza, a un juicio por jurado; abuso policial a raperos en el Parque Canota; y una batería de instrumentos jurídicos provinciales para legitimar la ilegalidad.
En esta oportunidad resaltamos el gran trabajo de pasantes y voluntaries del Área de Violencia Institucional y de la Secretaría de Comunicación. Desde la búsqueda de fuentes rigurosas de información, la redacción de textos como materia prima, la edición de contenido para diferentes piezas comunicacionales, el maquetado gráfico y hasta la publicación y distribución, ha sido un trabajo en equipo valiosísimo.
Si sos de aquellas personas capaces de temblar de indignación ante las injusticias que se cometen a diario, te proponemos leer y ser parte de este desafío utópico de transformar la realidad, trabajando en la promoción y protección de los derechos humanos, tarea nada sencilla que llevamos adelante hace 14 años desde Xumek.
Te invitamos a seguir y participar en la comunidad digital de nuestras redes sociales y a donar tu grano de arena económico para seguir promoviendo y defendiendo tu, su, nuestro derecho a la vida digna.
Entre el 25 de mayo y el 3 de junio del corriente año, viajó a Colombia una delegación conformada por más de 20 compañerxs integrantes de organizaciones sociales, gremiales, políticas y de DDHH, con el objetivo de relevar y visibilizar la violacion sistemática de DDHH ocurridas en dicho país en el marco del Paro Nacional que comenzó el 28 de Abril luego de que el Presidente Duque anunciara la reforma tributaria.
Somos conscientes de lo que representa el constante ataque del imperialismo en Nuestramérica, pero también de nuestro accionar frente a este tipo de atropellos.
Es por eso que asi como lo hicimos con Bolivia en 2019, en esta oportunidad presentamos el Informe Final elaborado desde la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos para compartir con todes el resultado de un trabajo que emerge desde un sentimiento de hermandad entre los pueblos, pero también con fines de investigación y visibilización de la violencia institucional que existe en Colombia hoy.
8 de Mayo de 1987, Localidad de Budge, Provincia de Buenos Aires.
Agustín Olivera (26), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24) mueren a manos de personal de la Policía Bonaerense, en un tristemente célebre hecho que ha pasado la posteridad como la masacre de Budge, que la prensa bautizó como “Gatillo Fácil”. En memoria del hecho se instituyó por medio de la ley nacional Nº26.811 el Día Nacional de la Lucha contra la violencia Institucional.
Si bien los abusos policiales no eran desconocidos en nuestra historia reciente, el caso resultó paradigmático tanto por la violencia en si desplegada como por el accionar posterior de la fuerza, la que intentando encubrir el nefasto episodio llegó incluso a perseguir a familiares y amigos nada más que por su reclamo de justicia. Estas prácticas lamentables tan instauradas en las fuerzas de seguridad se mantienen hasta la actualidad.
34 años después y con icónicos casos de por medio (Walter Bulacio, Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, Sebastián Bordón tan sólo por nombrar algunos de los mas resonantes y que tomaron estado público) lejos de haberse resuelto, la problemática de la Violencia Institucional sigue vigente e instalada, y así también sigue vigente el reclamo por parte de organizaciones de Derechos Humanos como Xumek.
Nuestro reclamo está dirigido a visibilizar las prácticas abusivas que pretenden ser encubiertas, e influir en la adopción de políticas públicas serias que lleven a modificar estas conductas por parte de las fuerzas de seguridad.
Entendemos en ese sentido que resulta imprescindible una intensiva capacitación de las fuerzas de seguridad, principalmente en materia de Derechos Humanos, Uso de Armas Letales y Garantías Constitucionales entre otras materias, como así también el compromiso de los operadores judiciales para la investigación y sanción de los hechos que sigan ocurriendo.
No podemos dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas las familias que han depositado su confianza en nuestra asociación para representar su reclamo ante las autoridades.
Finalmente y a sabiendas de que los abusos de la fuerzas de seguridad no son excluyentes de nuestra provincia y país, no solidarizamos con la dramática situación que vive por estos días el pueblo Colombiano víctima de grandes violaciones a los derechos humanos.
El lunes próximo comienza el segundo juicio por el caso de abuso sexual eclesiástico que conmovió a Mendoza y al mundo. Son nueve personas las imputadas en delitos que van desde el abuso sexual agravado y corrupción de menores a la participación criminal por omisión. La impunidad y el encubrimiento, aún con las condenas emblemáticas a los curas abusadores, dilataron el inicio de este juicio. Les sobrevivientes buscan justicia y que se cumpla con la reparación integral ya dictaminada para iniciar un proyecto de vida.
Como en 2019, abogados y abogadas de Xumek serán querellantes, representando a varias víctimas.
El caso Próvolo inició su proceso judicial en noviembre de 2016 y rápidamente escaló a una megacausa, con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto, perpetuados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos que asistieron al establecimiento entre 2005 y 2016.
Las condenas contra los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho fueron históricas porque recibieron las penas más altas impuestas a integrantes de la Iglesia Católica. La Corte Suprema de Justicia de Mendoza ratificó en el pasado mes de septiembre las condenas a 45 y 42 años de prisión, además de 18 años para el jardinero Armando Gómez.
Sin embargo, la falta de colaboración de las autoridades eclesiásticas, el encubrimiento y traslado de sacerdotes investigados, entre otras medidas, impidieron y dilataron la justicia completa para las víctimas.
Les sobrevivientes continúan reclamando al estado y al arzobispado una reparación integral. Recordemos que las víctimas son niñas, niños y adolescentes con discapacidad y, en gran medida, con dificultades económicas. Sus familias habían confiado a sus hijes a una institución educativa y religiosa como el Próvolo, pensando que les daría acceso a una mejor calidad de vida.
El Tribunal estima que el juicio durará un mínimo de 4 meses. “Va a ser un proceso largo y difícil para las víctimas: tener que volver a declarar en muchos casos y revivir su dolor. Entendemos que las pruebas son suficientes para llegar a una condena al final del debate y nuevamente, como sucedió en el primer juicio, esta condena sea histórica y reparadora para ellos y ellas”, explica Lucas Lecour, uno de los abogados querellantes y presidente de Xumek.
Nos preocupa la situación de vulnerabilidad psíquica, social y económica de les sobrevivientes. Una reparación integral les permitiría acceder a recursos y tratamientos eficientes para desarrollar un proyecto de vida.
Junto al Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo exigimos al Estado que garantice las medidas de satisfacción y no repetición, ordenadas por el Poder Judicial a través de la Sentencia 969/2020. Esto involucra acciones de derecho a la salud, desarrollo social, educación y vivienda acordes a las necesidades de cada une de les sobrevivientes.
El
segundo juicio
El Tribunal Penal Colegiado N° 2 de Mendoza dará inicio a este segundo juicio a las 8 de la mañana del próximo lunes 3 de mayo. De las nueve personas imputadas, entre monjas y personal administrativo, ocho esperan el juicio en libertad.
Por un lado, se juzgará a la monja japonesa Kumiko Kosaka, imputada por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, actualmente la única imputada con prisión preventiva domiciliaria.
Además,
otras monjas, personal directivo y administrativo tendrán que dar explicaciones
sobre su rol como entregadoras y facilitadoras para las vejaciones, además de
su sistemático encubrimiento y omisión de denunciar.
Graciela Pascual, licenciada en trabajo social y representante legal del Instituto, por su impunidad de los hechos investigados; la monja Asunción Martínez, la psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y las directoras del Instituto Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán, por su participación criminal por omisión.
Todas ellas pudieron haber accionado (reaccionado) ante estos delitos y así haberlos evitado, pero no lo hicieron (omitieron), teniendo probados conocimiento de los hechos delictivos.
Corradi y Corbacho son los autores más graves
por su calidad de ministros de culto, agravado por ser les encargades de la
guarda de personas menores de 18 años, en situación de discapacidad y de convivencia.
El juicio a las mujeres imputadas busca
arrojar luz y justicia a una red escabrosa de complicidad y silencio. La
vulneración a les sobrevivientes del Próvolo y sus familias continúa hasta hoy,
dadas las dilaciones y ocultamientos que sostiene la Iglesia e involucra
incluso al Vaticano.
A través de la consigna “Nunca más abusos eclesiásticos”, organizaciones de derechos humanos del mundo buscamos desentrañar el accionar encubridor de algunos sectores de la iglesia católica.
