DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

8 de Mayo de 1987, Localidad de Budge, Provincia de Buenos Aires. 

Agustín Olivera (26), Oscar Aredes (19) y Roberto Argañaraz (24) mueren a manos de personal de la Policía Bonaerense, en un tristemente célebre hecho que ha pasado la posteridad como la masacre de Budge, que la prensa bautizó como  “Gatillo Fácil”. En memoria del hecho se instituyó por medio de la ley nacional Nº26.811 el Día Nacional de la Lucha contra la violencia Institucional.

Si bien los abusos policiales no eran desconocidos en nuestra historia reciente,  el caso resultó paradigmático tanto por la violencia en si desplegada como por el accionar posterior de la fuerza, la que intentando encubrir el nefasto episodio llegó incluso a perseguir a familiares y amigos nada más que por su reclamo de justicia. Estas prácticas lamentables tan instauradas en las fuerzas de seguridad se mantienen hasta la actualidad. 

34 años después y con icónicos casos de por medio (Walter Bulacio, Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, Sebastián Bordón tan sólo por nombrar algunos de los mas resonantes y que tomaron estado público) lejos de haberse resuelto, la problemática de la Violencia Institucional sigue vigente e instalada, y así también sigue vigente el reclamo por parte de organizaciones de Derechos Humanos como Xumek.

Nuestro reclamo está dirigido a visibilizar las prácticas abusivas que pretenden ser encubiertas, e influir en la adopción de políticas públicas serias que lleven a modificar estas conductas por parte de las fuerzas de seguridad.

Entendemos en ese sentido que resulta imprescindible una intensiva capacitación de las fuerzas de seguridad, principalmente en materia de Derechos Humanos, Uso de Armas Letales y Garantías Constitucionales entre otras materias, como así también el compromiso de los operadores judiciales para la investigación y sanción de los hechos que sigan ocurriendo.

No podemos dejar pasar la oportunidad de agradecer a todas las familias que han depositado su confianza en nuestra asociación para representar su reclamo ante las autoridades. 

Finalmente y a sabiendas de que los abusos de la fuerzas de seguridad no son excluyentes de nuestra provincia y país, no solidarizamos con la dramática situación que vive por estos días el pueblo Colombiano víctima de grandes violaciones a los derechos humanos.

Ilustración: Villy

Inicia un nuevo juicio por los abusos sexuales en el Próvolo

Imagen: Nancy Castronovo

El lunes próximo comienza el segundo juicio por el caso de abuso sexual eclesiástico que conmovió a Mendoza y al mundo. Son nueve personas las imputadas en delitos que van desde el abuso sexual agravado y corrupción de menores a la participación criminal por omisión. La impunidad y el encubrimiento, aún con las condenas emblemáticas a los curas abusadores, dilataron el inicio de este juicio. Les sobrevivientes buscan justicia y que se cumpla con la reparación integral ya dictaminada para iniciar un proyecto de vida.

Como en 2019, abogados y abogadas de Xumek serán querellantes, representando a varias víctimas.  

El caso Próvolo inició su proceso judicial en noviembre de 2016 y rápidamente escaló a una megacausa, con más de 20 denuncias por hechos de violencia física, psicológica y sexual por parte de sacerdotes, monjas y personal administrativo del Instituto, perpetuados de manera sistemática contra niñas, niños y adolescentes sordos o hipoacúsicos que asistieron al establecimiento entre 2005 y 2016.

Las condenas contra los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho fueron históricas porque recibieron las penas más altas impuestas a integrantes de la Iglesia Católica. La Corte Suprema de Justicia de Mendoza ratificó en el pasado mes de septiembre las condenas a 45 y 42 años de prisión, además de 18 años para el jardinero Armando Gómez.

Sin embargo, la falta de colaboración de las autoridades eclesiásticas, el encubrimiento y traslado de sacerdotes investigados, entre otras medidas, impidieron y dilataron la justicia completa para las víctimas.

Les sobrevivientes continúan reclamando al estado y al arzobispado una reparación integral. Recordemos que las víctimas son niñas, niños y adolescentes con discapacidad y, en gran medida, con dificultades económicas. Sus familias habían confiado a sus hijes a una institución educativa y religiosa como el Próvolo, pensando que les daría acceso a una mejor calidad de vida.

El Tribunal estima que el juicio durará un mínimo de 4 meses. “Va a ser un proceso largo y difícil para las víctimas: tener que volver a declarar en muchos casos y revivir su dolor. Entendemos que las pruebas son suficientes para llegar a una condena al final del debate y nuevamente, como sucedió en el primer juicio, esta condena sea histórica y reparadora para ellos y ellas”, explica Lucas Lecour, uno de los abogados querellantes y presidente de Xumek.  

Nos preocupa la situación de vulnerabilidad psíquica, social y económica de les sobrevivientes. Una reparación integral les permitiría acceder a recursos y tratamientos eficientes para desarrollar un proyecto de vida. 

Junto al Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes del Próvolo exigimos al Estado que garantice las medidas de satisfacción y no repetición, ordenadas por el Poder Judicial a través de la Sentencia 969/2020. Esto involucra acciones de derecho a la salud, desarrollo social, educación y vivienda acordes a las necesidades de cada une de les sobrevivientes.

El segundo juicio

El Tribunal Penal Colegiado N° 2 de Mendoza dará inicio a este segundo juicio a las 8 de la mañana del próximo lunes 3 de mayo. De las nueve personas imputadas, entre monjas y personal administrativo, ocho esperan el juicio en libertad.

Por un lado, se juzgará a la monja japonesa Kumiko Kosaka, imputada por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, actualmente la única imputada con prisión preventiva domiciliaria.

Además, otras monjas, personal directivo y administrativo tendrán que dar explicaciones sobre su rol como entregadoras y facilitadoras para las vejaciones, además de su sistemático encubrimiento y omisión de denunciar.

Graciela Pascual, licenciada en trabajo social y representante legal del Instituto, por su impunidad de los hechos investigados; la monja Asunción Martínez, la psicóloga Cecilia Raffo, la cocinera Noemí Paz y las directoras del Instituto Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Cristina Leguiza y Laura Gaetán, por su participación criminal por omisión. 

Todas ellas pudieron haber accionado (reaccionado) ante estos delitos y así haberlos evitado, pero no lo hicieron (omitieron), teniendo probados conocimiento de los hechos delictivos.

Corradi y Corbacho son los autores más graves por su calidad de ministros de culto, agravado por ser les encargades de la guarda de personas menores de 18 años, en situación de discapacidad y de convivencia.

El juicio a las mujeres imputadas busca arrojar luz y justicia a una red escabrosa de complicidad y silencio. La vulneración a les sobrevivientes del Próvolo y sus familias continúa hasta hoy, dadas las dilaciones y ocultamientos que sostiene la Iglesia e involucra incluso al Vaticano.

A través de la consigna “Nunca más abusos eclesiásticos”, organizaciones de derechos humanos del mundo buscamos desentrañar el accionar encubridor de algunos sectores de la iglesia católica.

A principios de 2020, Xumek junto a sobrevivientes del Próvolo y las organizaciones Ending Clergy Abuse (ECA) y Bishop Accountability, de renombre internacional, presentamos ante Naciones Unidas una denuncia contra el Estado del Vaticano. Allí, responsabilizamos a la Santa Sede por los abusos sexuales y la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Para ampliar la información

“El caso Próvolo ante la Organización de las Naciones Unidas” en el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Mendoza (acceso libre y gratuito) 

El caso Próvolo en la web de Xumek

Por notas de prensa, contactarse a comunicacion@xumek.org.ar

Violencia institucional: el Estado y los medios deben asumir su responsabilidad

Desde el área de Violencia Institucional de Xumek manifestamos nuestra profunda preocupación ante los nuevos hechos de “gatillo fácil” ocurridos en nuestra provincia durante la última semana, y el tratamiento dado por los medios masivos de comunicación.

La muerte de Facundo Martínez y Daniel Giménez Vega, dejan nuevamente al descubierto la escasa preparación de los efectivos de seguridad en materia de Derechos Humanos, normas de derecho procesal penal e incluso de la propia ley que regula su funcionamiento (ley provincial 6722) en cuanto a aprehensiones en vía pública y uso de armas de fuego.

Desde nuestra organización instamos una vez más a las autoridades gubernamentales, no sólo a mejorar la capacitación de los efectivos en dichas temáticas, sino también a adoptar las medidas necesarias para garantizar una correcta investigación de estos hechos independiente de posibles influencias por parte de las mismas fuerzas involucradas. Así también solicitamos se resguarde la tutela judicial efectiva de las víctimas y sus familiares.

Por último instamos a los medios masivos de comunicación y a la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad, a aplicar mayor prudencia en el tratamiento de los datos preliminares de los hechos.

Las últimas publicaciones relativas a estos episodios dan cuenta de la estigmatización con que se trata a las víctimas de delitos de violencia institucional, publicando datos falsos relativos a antecedentes penales inexistentes o supuestos hechos falaces que pretenden justificar el actuar desproporcionado y delictivo de las fuerzas de seguridad.

Sin que de modo alguno ello implique un ataque a la libertad de prensa, interpelamos a los medios desempeñar una actuación responsable en la comunicación de estos hechos, teniendo en consideración que su labor puede influir en el devenir de la investigación e incluso en la ciudadanía que puede ser llamada a intervenir como jurados en eventuales debates públicos.

Imagen: Marcha nacional contra el gatillo fácil

Fiscalías especializadas en violencia institucional: diseño, implementación y estrategias jurídicas

Uno de los aspectos relevantes del avance en la lucha por los derechos humanos en las últimas décadas es la creación de distintas áreas que, desde el propio Estado, se proponen visibilizar, investigar, sancionar y/o prevenir vulneraciones de derechos.

En el campo específico de la violencia institucional, estos avances se reflejan en la creación de oficinas específicas dentro de distintas áreas de los poderes ejecutivos, y también por algunas iniciativas que buscan intervenir sobre los problemas estructurales que presenta el poder judicial a la hora de dar respuesta ante hechos graves de violencia protagonizados por integrantes de las fuerzas de seguridad o de los servicios penitenciarios.

No se trata de un avance lineal sino de procesos complejos, con momentos de retroceso y de resistencia. Desde la creación de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación en 2013, la creación de fiscalías especializadas aparece como una de las posibles respuestas del Estado para atender hechos de este tipo, y al mismo tiempo como un espacio en el que podrían ponerse en práctica múltiples conocimientos acumulados en la investigación y el litigio desde el activismo de la sociedad civil y desde el esfuerzo en general solitario de funcionarias y funcionarios judiciales comprometidos.

Este documento se propone aportar a un balance de algunas de estas experiencias, transcurridos ya algunos años desde su creación. Presentamos aquí la sistematización de los hallazgos y conclusiones de dos investigaciones realizadas durante 2018 y 2019.

En la primera parte, realizamos una evaluación de la creación e implementación de fiscalías especializadas en violencia institucional en las provincias de Buenos Aires y Mendoza1 : señalamos los principales problemas del diseño, implementación y funcionamiento de estas fiscalías y presentamos recomendaciones para mejorar su eficacia en la investigación de delitos que implican violaciones de derechos humanos, en algunos casos muy graves.

En la segunda parte, abordamos un análisis de estrategias jurídicas novedosas para la investigación de casos de tortura y malos tratos cuyas víctimas son personas privadas de su libertad, desarrolladas en el ámbito federal tanto por oficinas especializadas en el litigio de casos de violencia institucional como por otros funcionarios y funcionarias judiciales cuyas prácticas y decisiones muestran las huellas de la incidencia de estas oficinas2. En ambos casos, los relevamientos y el análisis de la información se realizaron a través de metodologías cualitativas que incluyeron el análisis normativo, de expedientes judiciales, y entrevistas en profundidad con funcionarios, funcionarias, usuarias y usuarios de las fiscalías, es decir las víctimas de la violencia institucional y familiares y organizaciones que las y los acompañan.

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Xumek solicitó que se declare inconstitucional la reforma de la Ley 8.284

Ante la reciente modificación de la ley 8.284 que creó la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes(CPPT), presentamos una Acción ante la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, solicitando se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la reforma y se deje sin efecto.

La CPPT es consecuencia del acuerdo de solución amistosa celebrado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Internos de las Penitenciarías de Mendoza vs. Argentina”.

La reforma atacada hace caso omiso de compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional, elimina el concurso público para el cargo de Procurador/a de las personas privadas de libertad, y reduce arbitrariamente la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Estas modificaciones afectan la independencia del organismo y representan una clara desviación del fin legal de defensa y protección de los derechos y garantías de toda persona privada de su libertad.

Los cambios efectuados, no hacen más que reflejar una concepción autoritaria que desconoce el contexto nacional e internacional de los mecanismos de prevención de la tortura y malos tratos.

DESCARGÁ LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ACÁ

Personas Privadas de Libertad, Contagios de COVID-19 y decisiones políticas del Estado Provincial

Compartimos a continuación un comunicado de la Red por los Derechos Humanos Mendoza, de la cual formamos parte:

Desde el principio de la cuarentena, las autoridades del Poder Ejecutivo y Judicial de Mendoza fueron advertidas por organismos de DDHH, organizaciones sociales y el Comité de Prevención de la Tortura sobre la situación carcelaria y la emergencia sanitaria: las condiciones de infraestructura de las cárceles, el hacinamiento y el déficit de las áreas de salud de cada complejo son factores de riesgo inminente y no se podría dar respuesta frente a contagios masivos. Estos reclamos no fueron escuchados: no se tomaron medidas serias para descomprimir penales, no se cumplió con protocolos sanitarios de prevención, no se garantizaron mesas de trabajo para diseñar estrategias entre la totalidad de actores intervinientes y los contagios en las cárceles aumentaron a la par del colapso general del sistema de salud provincial. En medio de esta crisis se desmanteló el Comité de Prevención de la Tortura que continúa recepcionando situaciones de destrato y torturas en traslado y asilamiento de personas privadas de libertad con COVID-19.

El hacinamiento, una de las peores variables para este contexto de contagio, y la deficiencia de atención sanitaria preceden la pandemia y responden a la creciente y sistemática puesta en marcha de dispositivos punitivos por parte de un gobierno que ha hecho uso indiscriminado de prisiones preventivas, encarcelamiento masivo y armado de causas. El nivel más alto de prisionización del país tiene como responsables políticos a Alfredo Cornejo, Luis Petri, Gianni Venier y al gobernador Rodolfo Suárez, entre otros, junto a una Corte de Justicia cómplice de esta situación. La situación sanitaria de las personas privadas de libertad no es un asunto que les atañe solamente a ellos/as. La pandemia que vivimos ha mostrado con contundencia que la salud siempre es colectiva y que nuestra suerte depende del devenir colectivo.

Anular la existencia del Comité de Prevención de la Tortura y legitimar un Procurador de las Personas Privadas de Libertad funcional a la represión y la violencia complejiza el escenario: aislamiento y traslados a lugares sin condiciones adecuadas para personas enfermas de COVID-19 y utilización de espacios no aptos, sin agua caliente ni ventilación; escasez de elementos de higiene, falta de atención médica, y demora eterna para entregar medicación; incomunicación con la familia, viandas en mal estado, horas de encierro prolongado y falta de esparcimiento. Esto se suma a la violencia habitual en las cárceles, que no podemos naturalizar y debemos seguir denunciando: el maltrato y la tortura, las amenazas de represalias ante las quejas, los simulacros de ejecución ante el intento de comunicar lo que sucede tras los muros al mundo exterior.

Más presos y presas no significan mejor o más seguridad. Apelamos a todo el campo popular, organizaciones, partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales y feministas, organismos de derechos humanos a interpelar a las autoridades pertinentes, al gobernador, legisladoras/es y jueces, quienes tiene el deber y la responsabilidad de evitar que esta tragedia se profundice.

CONVERSATORIO: GÉNERO Y TORTURA

Desde Xumek deseamos invitarlxs a participar del Conversatorio “Género y Tortura”. Se realizará el próximo jueves 1° de octubre a las 17:00 hs (ARG), mediante la plataforma Zoom. La participación de lxs concurrentes será mediante inscripción. Podés anotarte para asegurar tu lugar en el conversatorio ACÁ

Participarán especialistas en la materia, entre ellxs:


📎 Juan Méndez. Destacado abogado y activista, Relator Especial de la ONU Sobre Tortura, y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 2010-2016. Redactor del Informe especial de este organismo del año 2016 cuyo eje fue la “aplicabilidad de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional a las experiencias propias de las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales”.


📎 Teresa Fernández Paredes. Representante de la Organización Mundial contra la Tortura y especialista en Género y Tortura. La OMCT constituye actualmente la principal coalición internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) que luchan contra la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y cualquier otro tratamiento cruel, inhumano o degradante. Ofrece asistencia individualizada de carácter médico, jurídico y/o social a cientos de víctimas de la tortura, y difunde cada día intervenciones urgentes por el mundo entero, con el objetivo de proteger a los individuos y de luchar contra la impunidad. Los programas específicos permiten aportar un apoyo a ciertas categorías particularmente vulnerables como las mujeres, los niños y los defensores de derechos humanos.


📎Viviana Beigel. Abogada feminista, socia de Xumek. Presidenta de la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza. Querellante particular en representación del MEDH en los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad. Miembro de FrontLine, International Foundation for the Protection of Human Rights Defenders. Observadora internacional en Juicios a Defensores de Derechos Humanos. Autora del libro: La violencia de género en los delitos de lesa humanidad en la Argentina.

Se trata de una oportunidad única para dialogar con destacadxs profesionales en esta compleja y sensible temática.

¡Agendá! No te pierdas la oportunidad de formar parte de esta actividad con grandes invitadxs.

Seguí atento/a a nuestras redes para más información en los próximos días.

#Xumek2020

Comunicado del Comité Provincial de Prevención de la Tortura sobre cárceles y COVID-19

Compartimos a continuación el Comunicado del Comité

Desde el Comité de Prevención de la Tortura de Mendoza expresamos la preocupación que nos atraviesa respecto a la población que se encuentra alojada en las cárceles de nuestra provincia y se ve afectada por el COVID-19, pero desde mucho antes por la desidia estatal.

Al comenzar la pandemia, supimos advertir junto a organizaciones sociales y organismos de derechos humanos que las cárceles, por el hacinamiento y las condiciones edilicias en las que se encuentran, serían foco de contagios masivos a las que el propio sistema carcelario no podría dar ningún tipo de respuesta. Esto está sucediendo, pero a ello se suma el actual desborde del sistema de salud público general.

Este Comité recibe a diario innumerables mensajes de personas privadas de libertad y sus familiares cargados de angustia e incertidumbre ante el contagio confirmado o la presencia de síntomas graves en quienes están alojados allí sin atención médica. Recibimos imágenes y videos que relatan dolores corporales, muestran viandas de comida orinadas y destrozadas, la entrega insuficiente de elementos de limpieza y de higiene femenina, falta de agua caliente, inexistencia de protocolos sanitarios ante traslados de personas contagiadas y el destrato, entre otras ilegalidades.

Pareciera que el Estado provincial se hace eco de los discursos de odio sobre las poblaciones más vulneradas, dándoles la espalda y desoyendo lo que indica la normativa internacional en relación a las personas privadas de libertad y las recomendaciones específicas emitidas por diferentes organismos para abordar la pandemia del COVID-19 en las cárceles. La situación de la gestión estatal de nuestra provincia es grave.

Queremos que se sepa lo que sucede tras los muros, ya que además de sostenerse un trato inhumano como práctica cotidiana en las cárceles, se decide ser indiferente ante el sufrimiento y el deterioro de la salud de niños, niñas, jóvenes, mujeres, varones y personas trans privadas de libertad. Que en apariencias no hay intenciones de un plan integral, específico y serio de atención médica ante la emergencia y tampoco de prevención.

La respuesta de las autoridades ante las innumerables notas e informes que hemos presentado para advertir este panorama, que probablemente empeore en la inmediatez, ha sido el silencio, inclusive cuando desde este Comité nos pusimos a disposición a trabajar conjuntamente en lo que sucede.

La desidia, el abandono y la indiferencia son decisiones políticas, el Poder Ejecutivo mediante las autoridades del Ministerio de Salud y las jefaturas carcelarias serán responsables de lo que suceda en el corto plazo ante el colapso sanitario y las muertes bajo custodia del propio Estado. El Poder Judicial también juega la misma suerte sin haber previsto medidas serias que descompriman las cárceles para que se pueda sostener el distanciamiento preventivo y peor aún, sin haberse encargado de controlar el cumplimiento de las medidas que ellos/as mismos/as ordenaron.

El Ministerio Público Fiscal no pudo comprender en ningún momento que la cuestión siempre fue una situación de emergencia sanitaria, por lo que continuó realizando detenciones, sumó a las habituales las de un nuevo tipo delictual aplicable: violación de las restricciones de circulación, de esta forma la Provincia cuenta con más personas privadas de libertad y nuevos juicios abreviados que sumaron condenas a la población que, ante el encierro por detención, prefiere contar con una fecha cierta a tener que esperar un juicio justo.

Por último queremos denunciar la negligencia e inoperatividad de Luis Romero, funcionario rentado en el cargo de “Procurador de Personas Privadas de la Libertad” que, como militante del partido político actualmente en el gobierno, parece estar más al servicio del encubrimiento de las conspicuas omisiones de sus correligionarios antes que para cumplir las altas responsabilidades y funciones que le confiere la Ley 8.284.

Mendoza, una vez más bajo la lupa de los organismos internacionales, no escarmienta. Tenemos el índice más alto de prisionización y se crearon más normas que incrementan el control social y el encarcelamiento lo que, lejos de disminuir los niveles de violencia social, los aumenta. Este gobierno flamea la bandera de las libertades individuales mientras atropella constantemente los derechos democráticos desmantelando los mecanismos de control de espacios de encierro y escondiendo bajo la alfombra la ineptitud para diseñar y gestionar una política sanitaria en las cárceles.

Mendoza, 14 de Septiembre de 2020

30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se conmemora desde el año 2011, a partir de que la Asamblea General de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el aumento de las desapariciones forzadas en diversas regiones del mundo, en formas de arrestos, detenciones y/o secuestros, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigxs de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

Por lo tanto, a través de la resolución que aprueba la “Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, declaró el 30 de agosto jornada para repensar y problematizar este delito.

El tratadodefine este delito de la siguiente manera cuando “se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley”.

La desaparición forzada, según la ONU, se utiliza con frecuencia como estrategia para infundir el terror en las personas de una comunidad, pueblo, barrio o ciudad. La sensación de inseguridad que esta práctica genera no se limita a lxs parientes próximos del o la desaparecida, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.

Por lo tanto este grave delito afecta a las propias víctimas, quienes son muchas veces torturadas; a lxs amigxs y familiares de las víctimas, quienes sufren una angustia por la incertidumbre de saber dónde está, qué le sucedió, en qué condiciones está y sobre si la persona vive aún; y en las comunidades ya que a través de este delito se les infunde terror.

Desapariciones Forzadas en Democracia

El terrorismo de Estado en la Argentina durante la década del 70, sobre todo en el período de la última dictadura cívico-militar -que se prolongó desde 1976 hasta 1983-, la desaparición forzada de personas se transformó en el método más utilizado para la persecución y represión política. Miles de hombres, mujeres, niños y niñas y disidencias,  fueron secuestradas, y los pedidos de habeas corpus presentados por sus familiares, rechazados. Hasta el día de hoy, si bien algunos casos fueron esclarecidos y los cuerpos encontrados, la gran mayoría de las víctimas continúa desaparecida.

Pero ¿qué sucede en Democracia?, ¿siguen desapareciendo personas?, ¿a quiénes?, ¿de qué comunidades?, ¿quiénes son lxs responsables?

Facundo Astudillo Castro: El 30 de abril de 2020 Facundo salió de la localidad bonaerense de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca. Pensaba hacer esos 125 kilómetros a dedo hasta la casa de su ex novia. Pero antes fue detenido por agentes policiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a cargo del Ministro, ‎Sergio Berni, y se le labró un acta por violación del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) que rige en el país por la pandemia del nuevo coronavirus. Luego existió una segunda detención, cercana a la localidad de Teniente Origone. Nunca llegó a la casa de su novia. Así consta en la información que el Estado argentino reportó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que intervino en el caso, ante la sospecha de que se trata de una desaparición forzada. Se encontró un cuerpo y se analiza la posibilidad de que sea Facundo.

Santiago Maldonado: El 1 de agosto de 2017 a orillas del río Chubut, el primer gendarme saltó la tranquera de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, efectivos van hacia la orilla del río Chubut. Hombres encapuchados corren, las mujeres y lxs niños se quedan en la casilla, los gendarmes disparan balas de goma. En un año de investigación, el Poder Judicial argentino no pudo explicar qué pasó. Santiago desapareció y murió en un operativo represivo coordinado por funcionarios del poder político, en ese entonces coordinado por la ministra de Seguridad de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich.

Gisela Gutiérrez: 19 de julio de 2015 la última vez que se la vió, la joven volvía de la casa de su hermana, ubicada en el mismo barrio La Favorita. La chica le hizo señas a su mamá, Ramona Bazán, de que se demoraba, y luego nadie más supo de ella. Su mamá se alarmó cuando no llegaba y salió a buscarla, pero ninguna persona sabía nada. Hizo la denuncia judicial 48 horas después porque en la comisaría le aseguraron que debía esperar ese lapso para concretar la presentación.

Johana Chacón: fue vista por última vez el 4 de septiembre de 2012 en Tres de Mayo, Lavalle. Las docentes y directivxs de la escuela Virgen del Rosario, a la que asistía la niña que en ese momento tenía 13 años, fueron el motor para que nadie olvide su nombre. En el 2018 se da sentencia del juicio por la desaparición y muerte de la joven, quien fue acusado a prisión fue Mariano Luque, quien ya contaba con una condena de homicidio simple por la desaparición de Soledad Olivera, otra mujer lavallina que fue vista por última vez en 2011 cuando iba camino a encontrarse con él. Por esta razón, los jueces decidieron unificar las condenas en 32 años de cárcel, por ambos crímenes.

Desde el área de Género y Diversidad Sexual y Violencia Institucional, consideramos necesario repensar los nuevos escenarios que plantean las formas de violencias institucionales actuales en la que se yuxtaponen distintas capas que van desde la violencia física hasta la negligencia, la indiferencia, la inacción o la complicidad judicial y política. Cuando los agentes del Estado actúan por fuera de los estándares permitidos y el uso de la fuerza es irracional y desproporcionado puede derivar en múltiples formas de violencias y en diversos niveles de intensidades, desde el hostigamiento policial hasta la desaparición forzada. Resulta urgente buscar nuevas formas de enunciación, contextualización y complejización.

Fuentes: Naciones Unidas, Revista Anfibia, Cosecha Roja, Chequeado, Unidiversidad

EL DESMANTELAMIENTO ES LEY: SE APROBÓ LA REFORMA DE LA 8284

La Legislatura mendocina, a través de la alianza Juntos por el Cambio, que pretende mostrarse prudente al debatir temas fundamentales en el Congreso de la Nación, no actúa del mismo modo en la provincia de Mendoza.

El pasado 18 de agosto, la Cámara de Senadores/as de la provincia dio media sanción al proyecto de ley sobre el cual numerosos organismos de derechos humanos nos manifestamos en contra: la reforma de la ley 8.284, norma que en el año 2011 dio origen a la Comisión Provincial para la Prevención de la Tortura. Este órgano estuvo integrado por referentes de la sociedad civil, y su objetivo fue la defensa y protección de los derechos y garantías de toda persona que se encontrara privada de su libertad de cualquier modo (en penales, comisarías, hospitales de salud mental, geriátricos, establecimientos de internación de niños, niñas y adolescentes, entre otros).

Ante las críticas de numerosas figuras vinculadas a la defensa de los derechos, la Cámara de Diputados/as, con una llamativa rapidez y sin pasar por las comisiones, trató el proyecto, el cual fue aprobado casi sin discusión, consagrando un enorme retroceso en derechos humanos y participación ciudadana. 

Sin debate y a través de su mayoría automática, se vació arbitrariamente un organismo de control de la violencia institucional, que tiene origen en aberrantes delitos que costaron condenas internacionales y fuertes indemnizaciones por las graves violaciones de derechos humanos. Especialistas en la temática, organizaciones de la sociedad civil, instituciones nacionales y organismos internacionales se pronunciaron de manera fundada en contra de la propuesta de modificación, y le advirtieron al gobernador Rodolfo Suárez que de sancionar este proyecto se vulneraría un acuerdo firmado por Mendoza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, estos pronunciamientos fueron desoídos por la coalición gobernante local. Solo se incorporaron pequeños cambios insignificantes que no responden a las demandas de los espacios que solicitamos ser escuchados.

Se proclama la transparencia como valor fundamental, pero se elimina el concurso en el acceso a un organismo de control y se lo reemplaza por la elección “a dedo” por parte de  quien tiene que ser controlado; se jactan de ser democráticos y abiertos al intercambio de posturas, pero reducen al mínimo la participación de la sociedad civil en el organismo, sustituyendola por miembros de instituciones públicas, alineados al mismo poder político que, paradójicamente, debe ser supervisado. 

Desde Xumek, junto a otras organizaciones, advertimos sobre la enorme irresponsabilidad institucional en la que incurriría el gobierno provincial de aprobarse esta reforma. Buscamos involucrarnos en el debate y aportar nuestra perspectiva en el asunto, con fundamentos basados en arduos años de trabajo en contextos de encierro y violencia institucional. Nunca fuimos atendidos y jamás pudimos participar de ningún debate. El diálogo, el intercambio de ideas y la transparencia estuvieron ausentes a la hora de tratar esta reforma. Probablemente en el futuro los y las mendocinas debamos lamentar importantes erogaciones públicas con motivo de las condenas que vendrán.

Las organizaciones de la sociedad civil somos actores esenciales para el fortalecimiento de nuestra democracia, para la transparencia de las instituciones y para el favorecimiento del diálogo. En diciembre de 2019 dimos muestra de nuestra participación en la vida institucional de la provincia al frenar la reforma de la Ley 7722. Seguimos esperando que el Gobierno Provincial lo advierta antes de que sea nuevamente tarde.