Una vez más, en el contexto de una manifestación social, se vulneraron derechos constitucionales fundamentales como la libertad de expresión  y la protesta, también reconocidos y protegidos por los tratados internacionales de derechos humanos. Este tipo de intervenciones, además, se ve favorecido por la reciente modificación de la Ley 6722 (ley de la policía), que amplía de manera preocupante las facultades policiales, debilita los límites y controles sobre el uso de la fuerza y habilita márgenes excesivamente amplios para actuaciones discrecionales en contextos de conflictividad social.

Durante dicha jornada se realizaron concentraciones en distintos puntos del territorio provincial, que luego confluyeron en el centro mendocino. En ese marco, numerosas personas se movilizaron en defensa del agua, los glaciares, el ambiente, la salud y la vida, ejerciendo legítimamente su derecho a manifestarse. En la manifestación se desplegó un operativo policial desmedido y minutos antes a la finalización de la misma comenzó la abrupta represión policial que derivó en personas lesionadas, detenciones y aprehensiones ilegales. Las personas detenidas fueron trasladadas, mientras los equipos legales comenzaron a intervenir de manera inmediata para resguardar garantías básicas y asegurar el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

En este marco, integrantes presentes durante la movilización denunciaron que hubo 5 hombres y 3 mujeres detenidas, que se utilizó gas pimienta sin justificación y que la fuerza fue empleada de manera intimidatoria y desmedida. Asimismo, señalaron que las detenciones fueron sumamente violentas, con al menos cinco efectivos policiales interviniendo sobre cada persona, y advirtieron que entre las personas detenidas se encontraba una mujer de 60 años. También denunciaron hechos de violencia contra el equipo legal, tanto durante la movilización como en las instancias posteriores.

Estos hechos no pueden leerse de manera aislada. Se inscriben en un escenario de creciente preocupación por reformas normativas que implican retrocesos en materia de derechos y garantías. Por un lado, la modificación de la Ley de Glaciares afecta la protección de áreas fundamentales para la preservación del agua, el ambiente y la vida. Por otro, la reforma de la Ley 6722 consolida un marco que amplía la discrecionalidad policial y agrava el riesgo de intervenciones desmedidas frente al ejercicio de derechos fundamentales.

Frente a ello, resulta imprescindible recordar que el Estado y todos sus funcionarios tienen la obligación de garantizar el pleno ejercicio del derecho a la protesta, la libertad de expresión y la manifestación, así como de adecuar su actuación a los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.