14 de marzo. Día Internacional de Acción por los Ríos

Cada 14 de marzo, desde 1997, se conmemora el Día Internacional de Acción por los Ríos. Se trata de un día establecido para a visibilizar la solidaridad entre las comunidades alrededor del mundo unidas en una sola voz para decir que “los ríos importan”. Este día invita nos convoca para que  alcemos la voz y reclamemos un mundo más sostenible y respetuoso de la Naturaleza en el que los ríos no desaparezcan porque cumplen el rol fundamental de ser uno de los principales recursos del planeta para el sostenimiento de la vida. 

Este día busca una solución a la problemática causada por la construcción de represas y, gracias a estas acciones, ha sido posible que se frenara la construcción de algunas represas hidroeléctricas que tanto daño ocasionan al ambiente, los ecosistemas y las comunidades. Alcemos la voz en defensa de los ríos y el agua, porque:

  • El derecho al agua es un derecho humano base para el disfrute de otros derechos indispensables para la vida.
  • Los ríos tienen un valor intrínseco como parte de la naturaleza, y no son un recurso mercantilizable.
  • Las necesidades ambientales tienen que estar por encima de cualquier proyecto económico (desarrollo industrial, minero, urbano o turístico).
  • El restablecimiento de la justicia y la equidad en un futuro post covid comienza con la protección del agua, los ríos, la naturaleza y los derechos humanos.

Desde el Área de Ambiente queremos recordar muy especialmente a Berta Cáceres, mujer indígena y defensora de derechos humanos en Honduras, asesinada el 3 de marzo de 2016 por oponerse a megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. El Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete hombres y determinó que estos habían sido contratados por ejecutivos de la empresa que construye una hidroeléctrica en el territorio indígena Lenca, para llevar a cabo el asesinato de la defensora. 

Aún queda mucho camino por recorrer para que se produzcan cambios significativos en la gestión de nuestros ríos, y queremos reconocer el activismo por el agua que hacen los movimientos ambientalistas de Mendoza así como reflexionar en torno al cuidado y la protección que los ríos de nuestra provincia y las amenazas de contaminación y destrucción de ecosistemas que el modelo de desarrollo extractivista podría imponer en nuestros territorios.

Reclamamos al Estado cumplir con todos sus  compromisos internacionales asumidos en materia ambiental y la protección de personas defensoras de derechos humanos, así como avanzar en la Agenda 2030 en cuanto a la protección y restablecimiento de los ecosistemas relacionados con el agua, humedales, ríos y demás acuíferos (ODS 6 y ODS 15).

“Ecocidio” en la Patagonia

Desde el Área de Ambiente de Xumek denunciamos la destrucción, daño y pérdida de ecosistemas de los distintos territorios de la Patagonia afectados por los incendios. Considerando que la vida en un ambiente sano, limpio y equilibrado es la base para el pleno disfrute de los derechos humanos fundamentales, solicitamos que esta catástrofe no quede impune y pedimos a la justicia que identifique, investigue y castigue a los responsables de los incendios que están poniendo en peligro la habitabilidad de poblaciones enteras.

El Estado tiene la responsabilidad de proteger a la ciudadanía de las ofensivas neoliberales que privilegian el capital frente a la vida, mercantilizando los bienes esenciales para la supervivencia y flexibilizando la legislación vigente en materia ambiental para favorecer al poder corporativo. Exigimos a la clase política que tome las medidas necesarias para garantizar se cumplan los compromisos asumidos en materia de protección ambiental y de los derechos humanos, así como también exigimos una reconducción hacia la coherencia política:  se asumen compromisos internacionales ambientales y contra el cambio climático mientras la asignación presupuestaria del  Sistema Nacional de Manejo del Fuego corresponde solo al 0,003% del presupuesto para el año 2021 (después que en 2020 se incendiaron millones de hectáreas).  

Aprovechamos la ocasión para traer al debate la figura del #ecocidio, a la que tanto se hace referencia por parte de distintos actores políticos. Se trata de un concepto que busca ser reconocido en la esfera internacional como uno de los crímenes contra la paz y que ha formado parte de los debates de Naciones Unidas durante décadas.

Breve historia del Ecocidio
El término ecocidio nace en 1968 para definir los efectos de la guerra de Vietnam, como “una guerra contra la tierra y contra los no nacidos”, así, los actos de guerra de los americanos exceden la definición de crímenes del proceso de Nuremberg ya que sus consecuencias alcanzan a las generaciones futuras.  En 1973 se propone elevar el crimen de ecocidio al mismo rango que el genocidio a través de la redaccion de una convencion. Durante 3 décadas, tres opciones son discutidas en la ONU sobre la manera de incluir el ecocidio en el Proyecto de Código sobre los crímenes contra la paz: ya sea como crimen autónomo, o entre los crímenes contra la humanidad o entre los crímenes de guerra.   El proyecto de 1991 incluía un artículo sobre los actos que causaran un grave daño al ambiente natural, que decia: Todo individuo que cause deliberadamente u ordene que sean causados daños extensos, durables y graves al ambiente natural será, una vez reconocido culpable del acto, condenado […]” Esos actos no son clasificados entre los crímenes contra la humanidad, sino que forman un “nuevo crimen”, independiente, aplicable en tiempos de guerra y de paz, que podría haber llevado el nombre de ecocidio.  Sin embargo, en 1996  ante la presión de 4 países (Estados Unidos, Francia, Holanda e Inglaterra) el artículo fue modificado, reconociendo solo como “crimen de guerra” los daños deliberados y graves contra el ambiente. Esa es la  historia por la cual, el crimen de ecocidio nunca formó parte del Estatuto de Roma. Y a causa de la exigencia de daños deliberados, hasta el día de hoy nadie ha sido declarado culpable de crimen contra el ambiente en tiempos de guerra.

La jurista inglesa Polly Higgins, define el ecocidio como  “la destrucción parcial o total de un ecosistema sobre un territorio determinado, los daños masivos generados por la acción humana o cualquier otra causa, teniendo por resultado impedir a los habitantes del territorio en cuestión de gozar de él tranquilamente.” En 2010  propone dicha definición a la comisión de derecho internacional,  y pide que sea reconocido como uno de los crímenes contra la paz.  

El daño causado se mide en cuanto a su alcance, duración e impacto. A esos fines Higgins propone basarse en  la “Convención sobre la Prohibición del Uso de Técnicas de Modificación del Medio Ambiente con Fines Militares o con cualquier otro Fin Hostil” de 1977  también conocida como Convención ENMOD que interpreta:

  1. en cuanto a su alcance: los efectos deben extenderse a una superficie de varios centenares de kilómetros cuadrados.
  2. durable: se extiende sobre un periodo de varios meses o una estación.
  3. grave: significa que provoca una perturbación o un daño serio o marcado para la vida humana, los recursos naturales y económicos u otras riquezas. 

Mientras la humanidad sigue esperando que una verdadera justicia climática y ambiental sea puesta en marcha, numerosas iniciativas ciudadanas emergen para poner en evidencia la urgencia de reaccionar y  los medios necesarios para hacerlo. Entre ellos, los proyectos de enmienda del Estatuto de Roma para incluir al ecocidio  entre los crímenes contra la paz y la seguridad, a los fines de hacer de la Corte Penal Internacional  un tribunal competente. 

Mientras tanto, ante el vacío legal (de la falta de reconocimiento de ese crimen contra la naturaleza y las generaciones futuras en tiempos de paz y un correlativo tribunal competente);  la sociedad civil acude a los “Tribunales de opinión”, como el Tribunal Monsanto o los Tribunales de los derechos de la Naturaleza, cuya ambición es atestiguar públicamente de la destrucción de las condiciones de vida en la Tierra y de juzgar las violaciones a los derechos humanos y ambientales.  

Desde el área ambiental de Xumek adherimos a todas la iniciativas tendientes a exigir el reconocimiento del crimen de ecocidio tanto a nivel nacional como internacional para que estos actos no queden impunes. 

5 de marzo: Día Mundial de la Eficiencia Energética

Optimizar la energía es un propósito que deben asumir tanto los Estados nacionales como las sociedades civiles. Desde esta perspectiva, cada persona puede hacer un mejor uso de los recursos a través del diseño de viviendas sustentables, uso de fuentes de energía renovables, introducción de prácticas cotidianas como el reciclado y reutilización, entre otras formas que bien ha sabido educar y dar respuesta la permacultura como área de conocimiento actual, para el desarrollo ecosocial.

Una práctica fundamental que nos atraviesa a todxs es la reducción consciente de la huella de carbono mediante el consumo de productos locales y de estación. Y en relación con esto, aplicar una política de transporte menos agresiva con el medio ambiente.

Está en nuestras manos hacer un uso responsable de los recursos comunes y reducir hasta prescindir de las prácticas que nos perjudican como aldea global. Nuestra gran casa.

Recordamos al Estado provincial y nacional la necesidad de avanzar hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y específicamente en el ODS7 (Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna) mediante la implementación de políticas públicas que faciliten la educación social y diseño de metodologías de transición hacia sociedades sustentables. Somos nosotrxs quienes debemos concebir la idea de desarrollo humano junto a la de conservación de los ecosistemas, siendo el correcto uso energético el puente que nos permita dirigirnos al futuro que deseamos experimentar.

¿Qué reflexionamos el 5 de marzo?

Celebramos el Día Mundial de la Eficiencia Energética, idea de conmemoración surgida durante la primera Conferencia Internacional de Eficiencia Energética que tuvo lugar en Austria en 1998. El propósito de asignar un día recordatorio estuvo dirigido a reflexionar y crear conciencia sobre la importancia del uso racional de la energía, en pos del beneficio del planeta como sistema del que dependen todas y cada una de las especies que lo habitan, ya que su uso incorrecto trae consecuencias irreparables para el mismo. 

Nuestra vida cotidiana depende de servicios energéticos fiables y asequibles para funcionar sin trabas y de forma equitativa, y es por ello que desde el área de Ambiente de Xumek apoyamos las iniciativas que señalan el derecho a la energía como un derecho humano al que hay que defender para que sea reconocido y se garantice su efectivo ejercicio.

De acuerdo a principios de búsqueda, transformación y uso de la energía, encontramos fuentes renovables y no renovables. Correspondiéndose las primeras a aquellas fuentes que no se desgastan con el uso como las eólicas, solar, hidráulicas, la biomasa o geotérmica y mareomotriz entre otras. Estas son energías consideradas limpias.

Las fuentes no renovables son aquellas que con el uso se agotan, no se regeneran o lo hacen de forma muy lenta en relación a la esperanza de vida humana. Ejemplos de estas fuentes son uranio de donde se obtiene energía nuclear, carbón, petróleo y gas natural. Por su condición de recursos finitos y el modo tecnológico en que son sustraídos del medio y transformados, resultan las fuentes más caras para el consumo, siendo uno de los factores relevantes para el aumento constante de la desigualdad social. Hoy las fuentes fósiles son las formas energéticas más utilizadas a nivel mundial y las que mayor contribución al efecto invernadero generan. 

¿Qué es la eficiencia energética? Es una política de freno a los efectos del calentamiento global, cuyo horizonte es la transformación de la actual dinámica global. Apunta a la diversificación energética a través del uso de fuentes renovables y reducción del uso de combustibles fósiles. Así convertir a las sociedades en sostenibles, mejorando la calidad de vida de sus habitantes y medio ambiente, en una relación más sana entre confort, posibilidades de desarrollo y utilización de recursos naturales.

Imagen: revistanuevasenergias.com

Apoyo internacional a la lucha contra el fracking

El área de Ambiente de Xumek, representada por la abogada María José González, especialista en Derecho Ambiental y Derechos Humanos, participó en la Conferencia de prensa internacional organizada para dar a conocer sus intervenciones en calidad de “Amigos del tribunal” en la causa interpuesta por OIKOS red ambiental. La conferencia, celebrada vía videollamada el jueves pasado (25-febrero) contó con profesionales referentes de las más importantes organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales.

Mirá la Conferencia de prensa internacional en apoyo a la lucha contra el fracking. 

En esta causa, OIKOS cuestiona la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto 248 reglamentario del procedimiento de evaluación de impacto ambiental para las actividades de  exploracion y explotacion de hidrocarburos en formaciones no convencionales, conocida como fracking.

Participamos de la conferencia de prensa junto a profesionales de organizaciones nacionales e internacionales como AIDA, Earthjustice, FARN y la Organización Identidad Territorial Malalweche con el apoyo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

DERECHOS QUE SE INTENTAN PROTEGER
La demanda de Oikos argumenta que la regulación del fracking en Mendoza mediante el decreto 248 viola las disposiciones constitucionales nacionales y provinciales de protección ambiental, tratados internacionales de Derechos Humanos, así como la ley de presupuestos mínimos ambientales nacional, porque no controla adecuadamente la implementación de la técnica ni protege el derecho a un ambiente sano apto para el presente y las generaciones futuras.


EL APORTE DE LOS AMIGOS DEL TRIBUNAL
Las organizaciones presentaron valiosa información científica y académica evidenciando que el Decreto 248 no contempla los altos impactos socioambientales del fracking, no protege el agua de Mendoza ante los riesgos de contaminación ambiental, así como la gestión de residuos peligrosos, la inducción de sismicidad, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros gases peligrosos para la salud, o la posible generación de radioactividad.

Presentaron ejemplos de estudios científicos y gubernamentales a nivel internacional que prueban el potencial del fracking para causar daños graves e irreversibles.

Earthjustice se basó en la experiencia del fracking en los Estados Unidos. Hizo hincapié en la valiosa oportunidad de Argentina de basarse sobre la experiencia y los estudios ya realizados en Estados Unidos, para no cometer los mismos errores. Los daños que hace 15 años eran inciertos, hoy son verificables.

Por su parte, AIDA aportó además de estudios científicos, un informe sobre prohibiciones y moratorias al fracking en la legislación comparada. Y de manera ejemplar en la región, el antecedente colombiano de una moratoria frente al fracking, basado en el principio precautorio.

El Amicus Curiae presentado por Xumek destaca la evolución de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos; resaltando la importancia de la Opinión Consultiva 23/17 sobre la obligación de los Estados en materia ambiental, y la Sentencia Lhaka Honhat en el cual la Corte Interamericana ha fallado contra la República Argentina, declarando que existió violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua.

Asimismo se referencia la importancia del “Acuerdo de Escazú” (Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), ratificado por nuestro país en 2020, que garantiza el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.

Para finalizar su intervención la representante del área Ambiente recordó que la Corte Interamericana ha sido clara y contundente al señalar los requisitos que deben cumplir los estudios de impacto ambiental, debiendo ser previos, independientes, abarcativos de todos los daños (tantos aquellos de los proyectos existentes como por los proyectos asociados al proyecto principal), participativos, estratégicos, prospectivos, y respetando las tradiciones, cultura, y derecho comunitario de los pueblos indígenas.

Finalmente, participaron las comunidades indígenas LOF LIMAY KURREF, LOF EL MORRO, LOF MALAL PINCHEIRA y la organización IDENTIDAD TERRITORIAL  MALALWECHE representativa del pueblo mapuche, quienes comparecieron voluntariamente al proceso judicial que cuestiona la reglamentación del fracking en defensa de los derechos colectivos y comunitarios indígenas.

Solicitaron a la Suprema Corte de Justicia que se garanticen los derechos humanos fundamentales de las Comunidades indígenas tales como el Consentimiento y la Consulta libre previa e informada, acceso al agua y alimentación segura, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva sin requisitos condicionantes y  excluyentes del reconocimiento étnico y cultural constitucional.

Recordaron al Estado provincial que debe garantizar: “el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.” (art. 75 inc.17 CN.)

Enlace al Amicus Curiae completo presentado

El Viborón: apoyamos el pedido de información de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura

Desde el Área de Ambiente de Xumek queremos hacer público nuestro apoyo a los pedidos de información y actuación ambiental presentados por las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura para conocer la causa de la muerte de una gran cantidad de peces y aves en la laguna “El Viborón” del departamento de Maipú. 

El pasado martes 22 de febrero las asambleas junto a otras organizaciones sociales se presentaron ante el Departamento General de Irrigación y la Municipalidad de Maipú, en un claro compromiso por parte de estos colectivos en la defensa y promoción de los derechos humanos y específicamente el derecho a vivir en un ambiente sano, limpio y equilibrado y el derecho al agua.

La laguna “El Viborón” es uno de los pocos humedales de nuestra provincia, con 25 hectáreas de superficie, ubicado en Maipú en sus límites con los departamentos de Guaymallén y Lavalle. Se trata del hábitat de una gran cantidad de fauna acuática y flora autóctona de Cuyo incluyendo algunas especies en peligro de extinción, y en constante amenaza por la acción humana como el desmonte y la contaminación. El Viborón es un tesoro para la biodiversidad, en ella viven cerca de 35 especies entre los que pueden encontrarse cisnes coscorobas y de cuello negro, gallateras teros reales, patos, loicas macá, dientudos, mojarras, carpas, zorros y serpientes.

En 2008 Maipú intentó proteger la laguna mediante la declaración de reserva natural municipal, y en 2011 se intentó obtener la misma protección por parte de la Legislatura provincial mediante la declaración de Reserva Natural recreativa lo que no pudo concretarse.

Queremos recordar que el derecho de acceso a la información ambiental es un derecho humano incluido en el Acuerdo de Escazú (2018) que implica que toda la ciudadanía tiene derecho a acceder a información ambiental que esté en manos de las autoridades públicas, de manera suficiente, clara y fehaciente. Y que es obligación de éstas facilitar toda la información que dispongan sobre el resultado de los estudios y análisis que se hubiesen realizado a las muestras recolectadas en el lugar y las acciones concretas que se tomarán para revertir la situación porque de nada sirven diagnósticos que no generan cambios.

Hemos tenido la posibilidad de contrastar que la problemática que vive este humedal es compleja, y la muerte de animales no es la única preocupación. Tal como sucede en otros humedales de la provincia (Laguna de Soria o la Laguna de Los Álamos), El Viborón está recibiendo un reducido caudal de agua y está amenazada por la actividad de empresas y particulares con propiedades cercanas a la laguna y dedicadas al agronegocio y los emprendimientos inmobiliarios.

Reconocemos a las asambleas como el movimiento social de mayor trascendencia y legitimidad en la defensa del agua y otras causas ambientales en la provincia. Y con esto resaltamos su rol fundamental en la definición de la agenda política vinculada al desarrollo de Mendoza, y valoramos la resistencia a las diferentes ofensivas del modelo hegemónico de desarrollo (extractivista) en los distintos territorios.

Créditos fotografía: Diego Valente, Productora Tísenden.

El Bolsón nos duele a todes

No somos dueñxs de la tierra, somos parte de ella, sostienen nuestros hermanos y hermanas indígenas. Lamentablemente, en estos tiempos, nos toca ser testigxs de cómo miles de hectáreas de nuestra Abya Yala (continente americano) son arrasadas por incendios con pérdidas naturales, materiales y humanas invaluables. Es necesario replantear nuestra relación con la madre naturaleza y exigir al Estado el compromiso y responsabilidad frente a estas gravísimas situaciones.

En las últimas semanas se dio a conocer un incendio en la zona de El Bolsón complicado de contener y que ha puesto en alerta esta zona de la Provincia de Río Negro. Desde el inicio de febrero la situación era aún más alarmante con un panorama desolador y la afectación de miles de hectáreas de bosques, de animales, de familias y de personas (bomberes, brigadistas, autoconvocades y pobladores) que acudían a los diferentes sectores para tratar de contener el avance desmesurado del fuego. 

El incendio ha podido ser controlado en algunos sectores, pero en este momento preocupa la zona de la Rinconada Nahuelpan, lugar donde vive históricamente la Comunidad Mapuche Nahuelpan. Toda la comunidad se encuentra en la primera línea de combate al fuego, colaborando en el transporte de agua y construyendo fajas de seguridad para que las llamas no avancen.

En razón de ello, compartimos el siguiente comunicado elaborado por el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (Zona Andina), Consejo de Participación Indígena (Zona Andina) y Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche:

El Bolsón, 07 de febrero 2021.

Desde el día 13  del inicio del incendio forestal que afecta gravemente los parajes cercanos a El Bolsón en la cuesta del ternero, parte de los repollos y rinconada Nahuelpan, uno de los incendios más grandes registrados en las últimas décadas en zona de la comarca andina de Río Negro, la Comunidad Mapuche Nahuelpan se encuentra trabajando en la primera línea contra el fuego, si bien desde el Ministerio de Ambiente de la Nación y Protección Civil de la Provincia se recomienda que los integrantes de la comunidad no sean los que trabajen para frenar el incendio, la comunidad resiste la envestida del fuego para que no llegue a las viviendas de las y los integrantes de la comunidad Mapuche.

Sin contar con ningún equipamiento necesario las y los integrantes de la comunidad combaten el fuego con lo puesto, día a día organizándose para subir a primera hora en cuadrillas y a caballo a la ladera norte del Piltriquitron con motosierras, palas y hachas para realizar grandes cortafuegos en las márgenes  de la comunidad.

Es contradictorio recomendarle a una comunidad Mapuche quienes registran ocupación comunitaria desde hace más de 150 años en la zona, no combatir el fuego. Sin embargo en estos días entre el día 11 y 12 del incendio, acudió a uno de los sectores más afectados un grupo de combatientes capacitados en incendios forestales desde la provincia de Córdoba, los cuales quedaron atrapados por el fuego y pudieron replegarse por una huella que utiliza la comunidad mapuche para la trashumancia de sus animales a las veranadas.

Nuevamente queda en evidencia que el gobierno de la provincia de Río Negro no está a la altura de las circunstancias ante una emergencia climática o un incendio, un ejemplo es la vivida en el invierno del 2020  ante una nevada de grades características, que hoy se padece su efecto por la mortandad que produjo y la poca ganadería que queda en pie en las comunidades mapuche. Hoy nos toca una nueva emergencia donde desde la provincia y sus funcionarios se expresaba mediáticamente que desde Nación no se enviaba ayuda para combatir el fuego lo cual fue usado políticamente para lavarse las manos.

Más allá de los estados provinciales o nacionales los que quedamos en el medio somos las comunidades mapuche y pobladores campesinos.

La falta de políticas claras como la continuación  y el financiamiento de “PLANES DE MANEJO DE BOSQUES” para comunidades u organizaciones mapuche o la nula exigencia por parte de los estados a las forestales como ENFORZA  que produjeron, producen  e insertaron monocultivo,  en este caso el Pino en la región, hace que este tipo emergencias sean emergentes.

No hay ningún plan para la mantención de la plantación de pinos por parte de las forestales o el estado provincial, este tipo de monocultivo en la región ni siquiera tendría que existir dada a la cantidad de acumulación de material combustible que produce y sus grandes efectos negativos que dejan.

Es necesario pensar de ahora en adelante implementar con mayor capacidad política la aplicación de “Planes de Manejo de Bosque” y “Planes de Manejo del Fuego” en las comunidades Mapuche, es necesario pensar en capacitaciones para las comunidades quienes son los encargados de resguardar los bosques nativos ante un incendio forestal, es necesario equipar y dar herramientas para poder hacerle frente a una situación de emergencia en los territorios comunitarios.

Hoy las familias de la comunidad Mapuche Nahuelpan se quedaron sin veranadas que fue arrasada por el fuego era el principal sector de producción agrícola-ganadera  y su principal fuente económica.

Exigimos mayor responsabilidad y alternativas inmediatas para atravesar esta situación de emergencia.

Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (Zona Andina)
Consejo de Participación Indígena (Zona Andina).
Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche.
Contactos, aquí.

Es claro que lo que sucede en El Bolsón, no sólo le pasa a les habitantes del lugar o a la provincia de Río Negro, nos afecta y atraviesa a todes.

En estos últimos tiempos hemos tenido que ser testigxs de cómo miles y miles de hectáreas de nuestra Abya Yala (continente americano) fueron arrasadas por incendios que ya sea por falta de recursos o por la inoperancia de los gobiernos de turno, no dieron tregua y dejaron como saldo pérdidas naturales, materiales y humanas invaluables. 

Una vez más insistimos en la necesidad de replantear nuestra relación con la madre naturaleza, ya que como sostienen nuestros hermanos y hermanas indígenas, no somos dueñxs de ella, somos parte. Este cambio de paradigma no resulta sólo de la toma de conciencia de cada une sino que debe ser acompañado con políticas públicas claras al respecto.

Instamos a las distintas órbitas del Estado (nacional, provinciales y municipales) y a los organismos competentes mayor compromiso y responsabilidad a la hora de actuar frente a estos flagelos: rediseñando sus planes de acción directa, destinando mayores recursos al personal que se destina a estos fines (cuarteles de bomberes, guardaparques, brigadistas, etc), mejoras en el equipamiento, protocolos de actuación y de control preventivo.

Para situaciones tan graves como la que hoy vivimos, necesitamos un Estado que se encuentre a la altura de las circunstancias.

Área de Pueblos Indígenas de Xumek.
Imagen: En Estos Días


COMUNICADO: Sobre el acceso a la Justicia en cuestiones ambientales

Xumek, Asociación Civil para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, se presentó en carácter de “Amigo del tribunal” o Amicus Curiae, ante la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, para aportar valiosa información en la causa que lleva adelante la Asociación Oikos Red Ambiental contra el Gobierno mendocino por la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto N°248/18, que reglamenta las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos sobre formaciones no convencionales en la provincia de Mendoza, Argentina.

La herramienta legal Amicus curiae tiene como fin de expresar opiniones y elementos de derecho útiles en torno al objeto de la causa en cuestión y aportar argumentos e información de trascendencia para la sustentación del actual proceso judicial en vistas a la consideración y decisión sobre este caso, en el que sin dudas, se debaten asuntos que resultan de relevancia institucional y de interés público.

En este contexto, vemos con gran preocupación que el Gobierno provincial pretenda bloquear la admisión de esta presentación aduciendo meras formalidades procesales, las que por supuesto han sido respondidas en tiempo y forma, presentando la documentación que acredita que nuestra organización está habilitada para desarrollar acciones judiciales en defensa del ambiente. Este tipo de acciones constituyen un claro ejemplo de la intención del Gobierno provincial de negar el acceso a la justicia en cuestiones ambientales a los ciudadanos y las organizaciones que representan intereses comunitarios. Estamos convencidos que la Suprema Corte no avalará el ardid del Poder Ejecutivo y admitirá la presentación siguiendo la línea histórica de apertura y amplia interpretación de los derechos ciudadanos.

Entre los antecedentes que Xumek ha presentado en relación a la protección de intereses difusos y derechos colectivos de trascendencia internacional, como el Derecho humano a un ambiente sano, se destacan los aportes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señalados en la Opinión Consultiva 23/2017, principalmente en lo que atañe a los principios preventivo y precautorio, a las condiciones que deben cumplir los estudios de impacto ambiental de ser previos, independientes, abarcativos, participativos, acumulativos, estratégicos, prospectivos, y respetando las tradiciones, cultura, y derecho comunitario de los pueblos indígenas.

También se destaca la causa “Lhaka Honhat”, en el cual la La Corte Interamericana ha fallado este año contra la República Argentina, declarando que existió violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua.

Asimismo se referencia  la importancia del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazú”, ratificado por nuestro país en octubre, que garantiza el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.

Se aportó, además,  valiosa información proveniente de estudios científicos en torno a la Fractura Hidráulica o Fracking, en los que se detallan los altos riesgos e impactos irreversibles de esta técnica sobre el Derecho al ambiente sano, tales como la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, aire y suelos con compuestos químicos peligrosos, fugas y derrames, la contaminación del aire con metano – que tiene importantes implicaciones en términos de incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero-, riesgos y daños a la salud humana, impacto en la calidad de vida de las personas, salud de animales y afectaciones a la agricultura y ganadería, la generación de sismicidad inducida y la contaminación de las fuentes de agua, en contexto de cambio climático y sequías prolongadas. 

Por último, conforme lo establece el Art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales sobre derechos humanos cuentan con jerarquía constitucional, y por consiguiente, no sólo la Nación debe respetar y garantizar lo preceptuado y contenido en dichos marcos normativos, sino también, deben ser tenidos en cuenta y aplicados por las provincias y municipios. Por eso, se requiere a la Corte realice un Control de Convencionalidad del Decreto N° 248 a los fines de verificar si este decreto viola la normativa internacional y si se ajusta a los criterios del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

DESCARGÁ EL AMICUS CURIAE ACÁ

LEÉ EL DICTAMEN PERICIAL

Al Gobernador Rodolfo Suárez: nuevas resoluciones irregulares de Fracking en territorio mapuche

XUMEK (Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas solicitaron legalmente al Gobernador de Mendoza la revocación y suspensión de la Resolución 355/19, de la Dirección de Protección Ambiental de la provincia, medida que inicia el procedimiento de perforación y terminación de POZOS NO CONVENCIONALES (FRACKING) por la empresa GRECOIL y Cia, en el Área “La Brea” del Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza.

Se llega a esta instancia luego de que tanto la directora de protección ambiental, Miriam Skalany, como el secretario de ambiente de la Provincia de Mendoza, Humberto Mingorance, arbitrariamente rechazaran todas las pruebas ofrecidas para demostrar los riesgos e impactos socio-ambientales del Fracking. Ambos funcionarios sistemáticamente niegan el aporte de pruebas, considerándolas inconducentes e irrelevantes, afectando de manera contundente el debido proceso e incumpliendo acuerdos del Estado Argentino asumidos frente a la Comunidad Internacional, como el derecho a la información y participación pública.

Por otro lado, el estado mendocino continúa incumpliendo con el deber de realizar la Consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas mapuche, “LOF EL MORRO” y “LOF MALAL PINCHEIRA” dañando su identidad cultural, modo de vida y violando el Territorio Comunitario indígena.

Estas acciones de los funcionarios responsables conducen a la flexibilización de la normativa ambiental que regula una actividad con muy alto impacto, como es el fracking, desconociendo y negando el consumo excesivo de agua, su relación con los sismos inducidos, los residuos peligrosos que genera, el uso de trazadores radioactivos, la afectación del caudal ecológico de las cuencas hídricas y de los humedales protegidos internacionalmente como la laguna Llancanelo.

Por todos estos motivos, esta acción busca hacer cumplir las leyes de protección del ambiente y su principios, para que la técnica del fracking sea calificada acorde con al alto impacto ambiental que produce y conducida por vía legal a la realización de un estudio de impacto ambiental, con su correspondiente audiencia pública.

Xumek

Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas

Contacto prensa: Laura (11) 153 083 0666

DESCARGÁ EL PDF DEL COMUNICADO AQUÍ

ARGENTINA RATIFICA ACUERDO DE ESCAZÚ

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es  con  la  participación  de  todos  los  ciudadanos  interesados,  en el nivel que corresponda…”                                             Principio 10 de la Declaración de Río 1992

Desde el  Área de Ambiente de Xumek queremos compartir la  profunda alegría con la que recibimos la ratificación por parte de Argentina del “Acuerdo de Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales”, conocido como el Acuerdo de Escazú. 

Este acuerdo fue propuesto por la CEPAL en 2018, y está inspirado en la Convención de Aarhus de 1998 que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en todo lo que concierne las cuestiones ambientales en los países europeos. El Acuerdo de Escazú da un paso más y cuenta con un cuarto pilar fundamental dedicado a la garantía de protección de lxs defensores de derechos humanos y ambientales. 

Recordemos que la región latinoamericana es una de las más peligrosas para las personas defensoras del ambiente, quienes están en la primera línea en la protección de los territorios y los bienes comunes. Solo en 2019, de acuerdo al último informe de Global Witness, 212 personas fueron asesinadas en su labor de defensa a nivel mundial, y más de dos tercios de esos asesinatos ocurrieron en América Latina. Entre las principales actividades más letales para los defensores se encuentran la minería, seguida por la tala y el agronegocio.

Argentina es el décimo país en ratificar este tratado, y sólo falta la ratificación de un undécimo país para que el tratado entre en vigencia. Con 240 votos positivos, 4 negativos y 2 abstenciones, es importante resaltar que tal mayoría dota al Acuerdo de Escazú de rango constitucional. 

Dicho instrumento se convierte así en la  herramienta fundamental para la protección del derecho humano a un ambiente sano en todo el país, y es la base de toda la estructura de defensa del derecho ambiental.   Esta ratificación implica un acercamiento y reconocimiento a las demandas de  la ciudadanía, otorgando herramientas para que la sociedad civil y los movimientos “ambientalistas” puedan llevar a cabo sus acciones de defensa. 

¿Qué se entiende por información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental, sin olvidar la necesaria protección de los defensores de derechos humanos y ambientales?

  • Información ambiental:  implica el derecho humano de todos los ciudadanos a acceder a una información suficiente, clara y fehaciente, y la correlativa obligación de los organismos del Estado de brindar toda información de la que dispongan. La información versa sobre  las características de eventuales proyectos o políticas públicas y las consecuencias o peligros que estos pueden acarrear sobre la salud o el ambiente en las comunidades. Una de las fuentes de información, es por ejemplo, el acceso a los estudios de impacto ambiental.  
  • Participación pública: Garantiza la oportunidad de toda la ciudadanía de participar   en los procesos de adopción de decisiones.  Implica ante todo el acceso previo a la información, como garantía de una participación libre, previa e informada, anterior a la toma de decisiones. Su forma puede darse a través de audiencias públicas, consulta ciudadana, referéndum, entre otras.
  • Acceso a la justicia:  garantiza el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes, sobre todo cuando los derechos humanos de acceso a la información y a la participación han sido vulnerados.
  • Protección de defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales: La defensa de los derechos humanos es un derecho humano en sí mismo y la protección de los defensores es la garantía necesaria para su pleno ejercicio. Este punto fue planteado debido al peligro constante que corren estas personas en toda la región. El Acuerdo de Escazú compromete a la Argentina a implementar o fortalecer las medidas existentes para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, como también prevenir, sancionar e investigar acciones en contra del ejercicio de defensa.

Esta ratificación es un motivo de festejo para toda la ciudadanía, que ve garantizados los derechos humanos a la información y a la participación en la toma de decisiones con incidencia en la salud y el ambiente. Esperamos que este sea un impulso para la cooperación, la escucha y el diálogo genuino.

Bregamos porque se contagie en toda la región, generando conciencia ambiental, resguardo a la vida y respeto de las generaciones futuras.

El arbolado público y el derecho humano al ambiente sano

En las últimas semanas la sociedad mendocina tuvo acceso a la información de que en la Cámara de Diputados provincial se estaría tratando un proyecto de ley presentado por la diputada Andía y que busca modificar la actual Ley de Arbolado Público (Ley Provincial 7874, 2008). Se trata del marco normativo de la política pública para el mantenimiento y mejora del arbolado público en el territorio provincial, estableciendo responsabilidades y competencias. En ella se declara “al Sistema Arbolado Público como patrimonio natural y cultural de la Provincia de Mendoza, de interés provincial y se le otorga el carácter de servicio público prioritario” (art. 3).

La Ley 7874 (2008) es una ley que fue fruto de un rico debate y acuerdo entre distintos sectores, que mendocinos y mendocinas interesadas y comprometidas en la temática, en algunos casos con conocimiento experto, plasmaron un documento normativo para el arbolado público. Reconociendo la vinculación de éste con el ambiente sano, la salud, la gestión del agua, las distintas actividades económicas (producción, turismo) y el paisaje.

¿Qué se está buscando modificar?

El proyecto de ley presentado por el oficialismo busca flexibilizar algunos de los procedimientos de gestión del arbolado que actualmente se encuentra centralizado en Dirección de Recursos Naturales Renovables, el organismo que actualmente tiene la responsabilidad de aplicar la ley.

¿Cuál es el problema con esta modificación?

Tuvimos acceso a la información compartida por Teresita Capezone, integrante de la Asamblea Del Árbol, quien tiene la preocupación que el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modificaría la actual Ley Provincial 7874 (2008) no fue consultado con los distintos actores de la Provincia que tienen conocimiento y experticia en la gestión y conservación del arbolado, ni siquiera el Consejo de Defensa del Arbolado. Incumpliendo el art. 20 en la que se insta a “trabajar en conjunto con el Estado Provincial, el Estado Municipal, las asociaciones vecinales, las ONG ambientales y la comunidad científica especializada de los distintos organismos, facultades y universidades, para lograr el control, la protección, la preservación y desarrollo del arbolado público”.

Teresita sostiene que esta modificación sería regresiva en el cumplimiento de la ley, ya que se estaría violando el principio de progresividad. Por este motivo, la Asamblea del Árbol pidió el rechazo de la modificación de la ley porque entiende que cualquier modificación debe ser para mejorar la ley.

¿Cuál es la relación entre el arbolado público y los derechos humanos?

Los árboles y las áreas verdes son indispensables para tener un ambiente sano. En una provincia como Mendoza, en la que predominan las zonas áridas y las temperaturas oscilan de manera significativa entre el invierno y verano, el arbolado ayuda a atemperar las extremas temperaturas de ambas estaciones. Durante el caluroso verano mendocino los árboles ayudan a reducir el uso del aire acondicionado, y por eso son considerados INDISPENSABLES para conseguir ser una ciudad sostenible.

Por Área de Ambiente.