Al Gobernador Rodolfo Suárez: nuevas resoluciones irregulares de Fracking en territorio mapuche

XUMEK (Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas solicitaron legalmente al Gobernador de Mendoza la revocación y suspensión de la Resolución 355/19, de la Dirección de Protección Ambiental de la provincia, medida que inicia el procedimiento de perforación y terminación de POZOS NO CONVENCIONALES (FRACKING) por la empresa GRECOIL y Cia, en el Área “La Brea” del Departamento de Malargüe, Provincia de Mendoza.

Se llega a esta instancia luego de que tanto la directora de protección ambiental, Miriam Skalany, como el secretario de ambiente de la Provincia de Mendoza, Humberto Mingorance, arbitrariamente rechazaran todas las pruebas ofrecidas para demostrar los riesgos e impactos socio-ambientales del Fracking. Ambos funcionarios sistemáticamente niegan el aporte de pruebas, considerándolas inconducentes e irrelevantes, afectando de manera contundente el debido proceso e incumpliendo acuerdos del Estado Argentino asumidos frente a la Comunidad Internacional, como el derecho a la información y participación pública.

Por otro lado, el estado mendocino continúa incumpliendo con el deber de realizar la Consulta libre, previa e informada de las comunidades indígenas mapuche, “LOF EL MORRO” y “LOF MALAL PINCHEIRA” dañando su identidad cultural, modo de vida y violando el Territorio Comunitario indígena.

Estas acciones de los funcionarios responsables conducen a la flexibilización de la normativa ambiental que regula una actividad con muy alto impacto, como es el fracking, desconociendo y negando el consumo excesivo de agua, su relación con los sismos inducidos, los residuos peligrosos que genera, el uso de trazadores radioactivos, la afectación del caudal ecológico de las cuencas hídricas y de los humedales protegidos internacionalmente como la laguna Llancanelo.

Por todos estos motivos, esta acción busca hacer cumplir las leyes de protección del ambiente y su principios, para que la técnica del fracking sea calificada acorde con al alto impacto ambiental que produce y conducida por vía legal a la realización de un estudio de impacto ambiental, con su correspondiente audiencia pública.

Xumek

Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas

Contacto prensa: Laura (11) 153 083 0666

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ARGENTINA RATIFICA ACUERDO DE ESCAZÚ

“El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es  con  la  participación  de  todos  los  ciudadanos  interesados,  en el nivel que corresponda…”                                             Principio 10 de la Declaración de Río 1992

Desde el  Área de Ambiente de Xumek queremos compartir la  profunda alegría con la que recibimos la ratificación por parte de Argentina del “Acuerdo de Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales”, conocido como el Acuerdo de Escazú. 

Este acuerdo fue propuesto por la CEPAL en 2018, y está inspirado en la Convención de Aarhus de 1998 que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en todo lo que concierne las cuestiones ambientales en los países europeos. El Acuerdo de Escazú da un paso más y cuenta con un cuarto pilar fundamental dedicado a la garantía de protección de lxs defensores de derechos humanos y ambientales. 

Recordemos que la región latinoamericana es una de las más peligrosas para las personas defensoras del ambiente, quienes están en la primera línea en la protección de los territorios y los bienes comunes. Solo en 2019, de acuerdo al último informe de Global Witness, 212 personas fueron asesinadas en su labor de defensa a nivel mundial, y más de dos tercios de esos asesinatos ocurrieron en América Latina. Entre las principales actividades más letales para los defensores se encuentran la minería, seguida por la tala y el agronegocio.

Argentina es el décimo país en ratificar este tratado, y sólo falta la ratificación de un undécimo país para que el tratado entre en vigencia. Con 240 votos positivos, 4 negativos y 2 abstenciones, es importante resaltar que tal mayoría dota al Acuerdo de Escazú de rango constitucional. 

Dicho instrumento se convierte así en la  herramienta fundamental para la protección del derecho humano a un ambiente sano en todo el país, y es la base de toda la estructura de defensa del derecho ambiental.   Esta ratificación implica un acercamiento y reconocimiento a las demandas de  la ciudadanía, otorgando herramientas para que la sociedad civil y los movimientos “ambientalistas” puedan llevar a cabo sus acciones de defensa. 

¿Qué se entiende por información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental, sin olvidar la necesaria protección de los defensores de derechos humanos y ambientales?

  • Información ambiental:  implica el derecho humano de todos los ciudadanos a acceder a una información suficiente, clara y fehaciente, y la correlativa obligación de los organismos del Estado de brindar toda información de la que dispongan. La información versa sobre  las características de eventuales proyectos o políticas públicas y las consecuencias o peligros que estos pueden acarrear sobre la salud o el ambiente en las comunidades. Una de las fuentes de información, es por ejemplo, el acceso a los estudios de impacto ambiental.  
  • Participación pública: Garantiza la oportunidad de toda la ciudadanía de participar   en los procesos de adopción de decisiones.  Implica ante todo el acceso previo a la información, como garantía de una participación libre, previa e informada, anterior a la toma de decisiones. Su forma puede darse a través de audiencias públicas, consulta ciudadana, referéndum, entre otras.
  • Acceso a la justicia:  garantiza el acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes, sobre todo cuando los derechos humanos de acceso a la información y a la participación han sido vulnerados.
  • Protección de defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales: La defensa de los derechos humanos es un derecho humano en sí mismo y la protección de los defensores es la garantía necesaria para su pleno ejercicio. Este punto fue planteado debido al peligro constante que corren estas personas en toda la región. El Acuerdo de Escazú compromete a la Argentina a implementar o fortalecer las medidas existentes para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, como también prevenir, sancionar e investigar acciones en contra del ejercicio de defensa.

Esta ratificación es un motivo de festejo para toda la ciudadanía, que ve garantizados los derechos humanos a la información y a la participación en la toma de decisiones con incidencia en la salud y el ambiente. Esperamos que este sea un impulso para la cooperación, la escucha y el diálogo genuino.

Bregamos porque se contagie en toda la región, generando conciencia ambiental, resguardo a la vida y respeto de las generaciones futuras.

El arbolado público y el derecho humano al ambiente sano

En las últimas semanas la sociedad mendocina tuvo acceso a la información de que en la Cámara de Diputados provincial se estaría tratando un proyecto de ley presentado por la diputada Andía y que busca modificar la actual Ley de Arbolado Público (Ley Provincial 7874, 2008). Se trata del marco normativo de la política pública para el mantenimiento y mejora del arbolado público en el territorio provincial, estableciendo responsabilidades y competencias. En ella se declara “al Sistema Arbolado Público como patrimonio natural y cultural de la Provincia de Mendoza, de interés provincial y se le otorga el carácter de servicio público prioritario” (art. 3).

La Ley 7874 (2008) es una ley que fue fruto de un rico debate y acuerdo entre distintos sectores, que mendocinos y mendocinas interesadas y comprometidas en la temática, en algunos casos con conocimiento experto, plasmaron un documento normativo para el arbolado público. Reconociendo la vinculación de éste con el ambiente sano, la salud, la gestión del agua, las distintas actividades económicas (producción, turismo) y el paisaje.

¿Qué se está buscando modificar?

El proyecto de ley presentado por el oficialismo busca flexibilizar algunos de los procedimientos de gestión del arbolado que actualmente se encuentra centralizado en Dirección de Recursos Naturales Renovables, el organismo que actualmente tiene la responsabilidad de aplicar la ley.

¿Cuál es el problema con esta modificación?

Tuvimos acceso a la información compartida por Teresita Capezone, integrante de la Asamblea Del Árbol, quien tiene la preocupación que el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modificaría la actual Ley Provincial 7874 (2008) no fue consultado con los distintos actores de la Provincia que tienen conocimiento y experticia en la gestión y conservación del arbolado, ni siquiera el Consejo de Defensa del Arbolado. Incumpliendo el art. 20 en la que se insta a “trabajar en conjunto con el Estado Provincial, el Estado Municipal, las asociaciones vecinales, las ONG ambientales y la comunidad científica especializada de los distintos organismos, facultades y universidades, para lograr el control, la protección, la preservación y desarrollo del arbolado público”.

Teresita sostiene que esta modificación sería regresiva en el cumplimiento de la ley, ya que se estaría violando el principio de progresividad. Por este motivo, la Asamblea del Árbol pidió el rechazo de la modificación de la ley porque entiende que cualquier modificación debe ser para mejorar la ley.

¿Cuál es la relación entre el arbolado público y los derechos humanos?

Los árboles y las áreas verdes son indispensables para tener un ambiente sano. En una provincia como Mendoza, en la que predominan las zonas áridas y las temperaturas oscilan de manera significativa entre el invierno y verano, el arbolado ayuda a atemperar las extremas temperaturas de ambas estaciones. Durante el caluroso verano mendocino los árboles ayudan a reducir el uso del aire acondicionado, y por eso son considerados INDISPENSABLES para conseguir ser una ciudad sostenible.

Por Área de Ambiente.

Potencial Acuerdo Argentina-China para la producción de carne porcina: más riesgos que beneficios

Mucho se ha hablado en los últimos días del posible acuerdo comercial entre China y Argentina, que daría la posibilidad al país de recibir una importante inversión extranjera. En contrapartida Argentina debe aprovisionar a China una inmensa producción porcina que cubriría el 10 % de su consumo local, mientras que esa cantidad significa para Argentina, multiplicar por 100 su producción anual.

 Frente a esta polémica, nos encontramos con dos posturas muy ancladas.

Por un lado, la postura oficial, basada en argumentos meramente comerciales, de tipo capitalista, desarrollista, que ve en este negocio la oportunidad de atraer inversión extranjera, una exportación a gran escala asegurada y que asocia esas variables como sinónimo de desarrollo.

Del otro lado, distintos sectores de la sociedad civil que se oponen.

Y en el medio de esta discusión, el grueso de la población, que quisiera saber cuáles son los riesgos concretos a los que nos exponemos si aceptáramos convertirnos en esta gran industria porcina a escala colosal.

En este marco, desde el área ambiental de Xumek, daremos nuestro punto de vista sobre la problemática que nos ocupa.

 En el mundo entero, desde el mes de marzo, con medio mundo paralizado y confinado a causa de la pandemia, proliferaron muchísimos artículos, salas de discusiones, conferencias desde distintos sectores académicos. Todos ellos intercambiando información y puntos de vista sobre las causas que están al origen de ese tipo de pandemias.  De manera generalizada, desde los más diversos sectores, se llega a la conclusión de que estamos viviendo las consecuencias a las que nos expone el modelo productivista actual. De la misma manera, frente a la pregunta que se plantea la humanidad, sobre qué mundo queremos para el día después, numerosos proyectos de la sociedad civil, brindan propuestas de Pactos ecológicos- sociales, que hablan de una transición social- ecológica- energética- agrícola, un cambio de paradigma que se impone frente al fracaso del modelo actual que solo nos ha llevado a esta sexta extinción masiva.

 Haciendo un poco de historia. Para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Este modelo económico de crecimiento infinito, ha reinado en el mundo desde los años 1950 y está estrechamente vinculado con el discurso del desarrollo, un discurso político y paradigma de bienestar de la modernidad.

Durante la postguerra, el imperativo era, entre otros, la producción masiva de alimentos que, valiéndose de todos los adelantos logrados durante la guerra, permitirían una producción a grandísima escala, lo que hasta ese entonces era inimaginable.

Así se pasó de un modelo agrícola familiar, diversificado y a escala humana, a un modelo de grandes extensiones de monocultivos, que para producir debía de “modernizarse” mediante el uso de tecnología. Los caballos fueron reemplazados por tractores (la adaptación agrícola de los tanques de guerra) y el trabajo humano por máquinas cosechadoras. Los problemas ocasionados por el monocultivo daría origen a la necesidad de recurrir a productos químicos derivados de la industria farmacéutica. Vale la anécdota recordar, que el famoso mata yuyos Round-up, producto estrella de la polémica multinacional Monsanto, cuenta en su composición con químicos también presentes en el gas “agente naranja” usado por Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Los desastres ecológicos y humanos generados por esta práctica, dieron origen al concepto de ecocidio y a los primeros tribunales de opinión, creados para juzgar los crímenes de guerra.

La industria farmacéutica y petroquímica creará toda una gama de productos para que el rendimiento sea óptimo: semillas genéticamente modificadas, pesticidas, fertilizantes.

Esta modificación genética dará lugar a patentes de invención, las semillas al ser estériles no pueden volver a generar otro ciclo de cultivo para el año próximo, generando una “necesidad de consumo” muy útil para el crecimiento económico pero que pone en riesgo la seguridad alimentaria de una parte de la población.

En busca del mayor rendimiento, se justifica el uso de pesticidas para combatir la presencia de agentes considerados dañinos para un determinado cultivo, pero estos pesticidas llevan al empobrecimiento del suelo, lo cual nos llevará a necesitar un fertilizante.

Las grandes extensiones generan a su vez una dependencia de la tecnología, de maquinaria agrícola. Económicamente se presenta como un ciclo de consumo y de escala sin fin hacia un crecimiento que podría calificarse de virtuoso…

Pero desde el punto de vista ecológico, esta agricultura intensiva tendrá otros efectos. Para empezar, necesita grandes extensiones de tierra para monocultivo. Para obtenerlas, se recurre al desmonte y a la deforestación, generando la destrucción de ecosistemas.  Los pesticidas matarán a su paso cantidad de agentes que son necesarios para la vida del suelo, empobreciendo las tierras y brindándolas estériles. Esas tierras se compactan, pierden no solo sus nutrientes, sino también la capacidad de absorción de agua, lo cual puede favorecer inundaciones, al igual que la erosión de terrenos. Lleva a la desertificación. (hemos visto el año pasado vacas nadando en el litoral!)

Es evidente que para la tierra y el ecosistema, estamos lejos del círculo virtuoso que nos vende el modelo económico hegemónico. Se trata más bien de una espiral de descenso acelerado hacia la extinción. Estamos en la era en la que el ser humano tiene la capacidad de destruir el planeta (antropoceno).

Hoy está en el tapete de las discusiones, el modelo agro-ganadero a gran escala y su posible relación con las pandemias.

Existe esa relación ? Sí. En la nota que salió publicada en la revista de Xumek sobre el Covid 19 y los derechos humanos, hice referencia a la relación existente entre este modelo de producción y la relación directa existente con esta u otras posibles pandemias.

 El coronavirus es una zoonosis, es decir un virus de origen animal transmitido a los humanos. Y esta posibilidad de transmisión existe gracias al gran desequilibrio ecológico que los humanos y nuestras prácticas hemos generado. El comercio de fauna salvaje,  el consumo de animales provenientes del tráfico de especies exóticas.

En estado natural existen barreras entre los animales salvajes y los humanos. Esas barreras están dadas por la demarcación de los hábitats de los unos y los otros. Cuando arrasamos con los bosques, arrasamos también con ecosistemas enteros, generando extinción de especies, necesidad de migración para supervivencia, o forzando a una mayor cantidad de individuos a vivir en espacios mucho más reducidos.  Así por ejemplo una de las teorías con relación al origen del Covid19 es el hecho de que, a causa de la destrucción de un bosque, numerosas especies de murciélagos se vieron en la necesidad de vivir hacinados en un mismo árbol, generando la mutación de alguno de sus tantos virus, en este nuevo corona-virus.

 En la discusión que hoy nos ocupa, se da esta misma realidad de « hacinamiento » en las condiciones de vida impuestas a los animales criados en feed-locks, o industrias de criadero intensivo, ya sea de aves, de cerdos, o poco importa la especie de la que se trate.   Es ese hacinamiento que provoca la mutación de virus y que genera pandemias, tanto dentro de la misma especie, como el posible salto de la zoonosis al humano.

Frente a la problemática de epidemia porcina en Asia y el hecho de que China decide deshacerse de un problema que hace dos años no logra controlar, es importante dejar en claro dos cosas :  Primero, que al momento de poner en la balanza los costos y beneficios que esta propuesta lleva consigo, no hay que olvidar las externalidades que esta industria trae aparejadas. Y segundo : que el problema de la epidemia porcina de China no está en que los chanchos son chinos, y que por lo tanto, nuestros cerdos están a salvo de pandemias por ser criados en Argentina ! El problema está en el modelo productivo utilizado. Y si se repite el modelo, se repetirán las consecuencias.

Es cierto que Argentina está en medio de una crisis económica (como casi todos los países del mundo en este momento) y que necesita inversión extranjera para incentivar el desarrollo.

Pero, nos preguntamos: ¿qué tipo de inversión ? Y ¿qué tipo de desarrollo ?

Vivimos en un país que reconoce constitucionalmente el derecho a un medioambiente sano, que históricamente ratifica tratados internacionales de lucha contra el cambio climático, de lucha contra la desertificación, que se compromete a hacer lo mejor a su alcance para implementar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales está la alimentación de calidad, el paso hacia la agroecología, la preservación de los ecosistemas. Un país donde existe una ley de bosques, y estamos en el décimo rango, a nivel mundial, en deforestación.

Mientras en Europa se prohiben los OGMs y se ponen trabas al ingreso de sus derivados, Argentina sigue intensificando su agricultura a base de deforestación, agrotóxicos y OGMs.  Obviamente no tendremos ese problema de mercado con China, que a diferencia de Europa o Argentina, es el gran ausente en las negociaciones climáticas.

En Argentina, falta coherencia entre los compromisos asumidos, los discursos, y las políticas que se ponen en marcha, no ya para lograrlos, sino que van en el sentido opuesto de lo que se pregona.

Desde el área ambiental de Xumek, no podemos estar de acuerdo con un modelo destructivo, peligroso, que ha demostrado con creces los daños que ocasiona. Frente a emprendimientos de esta índole, sugerimos que se tenga en cuenta el Principio de Prevención. Y si consideran que la relación de causalidad con esos peligros no está suficientemente demostrada, se recurra al Principio de Precaución. En todo caso, consideramos que esta es una práctica a evitar y no a incentivar.  Estamos inmersos en un modelo agrícola obsoleto, que ha demostrado ampliamente las consecuencias nefastas que acarrea para el medioambiente, la Naturaleza y la salud humana y animal en los diferentes territorios afectados.

Urge un cambio de paradigma, que abandone el mito del desarrollo sostenible, para ceder el paso à un desarrollo regenerativo, restaurador. Un modelo que contemple nuevas formas de generar bienestar, más democráticas e inclusivas, respetuosas con la Naturaleza, los territorios y sus poblaciones.


[1]Existe una coincidencia entre los componentes del Round-up, y el gas naranja utilizado por Estados Unidos en la guerra de Vietnam, y que dió origen a la noción de crimen de ecocidio.

Por Verónica Gómez Tomas, integrante del Área de Ambiente de Xumek.

RÍO ATUEL: UN NUEVO CAPÍTULO DE UNA LARGA HISTORIA

El 16 de julio pasado la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió fijar como meta interina un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre La Pampa y Mendoza, “hasta tanto se determine definitivamente el caudal hídrico apto para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de la provincia de La Pampa, que constituye la meta final perseguida” (punto 16 de la sentencia). La Pampa reclamaba un caudal de 4,5 metros cúbicos por segundo y Mendoza ofrecía 1.3. Ante la falta de consenso en las negociaciones, la Corte zanjó que deben pasar 3,2.

El punto de partida del conflicto tiene como origen la disminución de la oferta hídrica y, a su vez, del aumento de la demanda de agua del Río Atuel para riego en diferentes puntos de su cuenca.

A comienzos del siglo XX, el flujo de este río comenzó a disminuir debido a la construcción de obras de agua y represas privadas. En 1947 Mendoza inició la construcción de “Los Nihuiles” que produjo una gran sequía en el noroeste de la Provincia de La Pampa que afectó a diversas especies autóctonas y a las poblaciones del oeste pampeano que tuvieron que desplazarse debido al impacto ecológico. Desde ese momento las aguas del Atuel dejaron de llegar a las ciudades pampeanas de Santa Isabel y Algarroba del Águila. (Cfr. Lorenzetti, Ricardo (2019), “Derecho Ambiental”, Rubinzal Culzoni Editores, p. 229).

En 1987 la Corte Nacional emitió su primera sentencia sobre el tema en la que luego de reconocer el carácter interprovincial del Río Atuel y otorgar a Mendoza una cuota para el riego de más de 75.000 hectáreas en el sur de la provincia, la exhorta a implementar medidas para hacer ese riego más eficiente, tales como la conducción y ejecución de canales marginales a fin de que el excedente de agua pudiese llegar a La Pampa. Para ello las partes debían ponerse de acuerdo.

Pasan los años sin que esto suceda y en 2014 la Pampa demandó nuevamente a Mendoza.

En diciembre de 2017, la Corte emite una nueva sentencia en la que destacó que el conflicto era diferente del que se resolvió en 1987, dado que no se limitaba a un dirimir el uso de aguas, sino que involucraba un problema ambiental, que había un derecho al agua que debía superar el modelo dominial para ser sistémico y ecocéntrico.

En dicha sentencia las partes recibieron la orden de establecer un flujo de agua adecuado para la recomposición del ecosistema afectado en el noroeste de La Pampa

Transcurridos más de dos años sin que lleguen a un acuerdo entre ellas la Corte consideró que le correspondía definir el curso de acción a seguir, fijando el caudal recomendado por el Instituto Nacional del Agua (INA) como instrumento de posible cese del daño ambiental ocasionado por la falta de escurrimiento del río Atuel en territorio pampeano.

Este caudal mínimo funcionará como un objetivo que podrá alcanzarse gradualmente o en etapas, mediante la realización de las obras que resulten necesarias según lo acuerden las partes o, en caso de que no existiera acuerdo, en el futuro lo decida la Corte.

Resaltó la importancia de arribar a una solución del conflicto de modo gradual, en los términos del principio de progresividad, especialmente aplicable al caso en la medida en que, al perseguirse una recomposición natural o pasiva del ecosistema afectado en el noroeste de la Provincia de La Pampa, no es posible conocer anticipadamente el tiempo necesario para alcanzarla, ya que dependerá de la capacidad de auto-regeneración del ecosistema.

5 de junio: Día Mundial del Medioambiente

En esta importante fecha, les compartimos dos reflexiones de integrantes de nuestro Área.

“El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra todos los años el 5 de junio y es la fecha más relevante en el calendario de la ONU para promover la conciencia y la acción ambiental a nivel global. Desde 1974, este día se ha convertido en una plataforma global de alcance público, que reúne a gobiernos, empresas, celebridades y ciudadanos en más de 150 países  en torno a un asunto ambiental apremiante.

El tema elegido para este año es la biodiversidad – la base que sustenta toda la vida en la tierra y debajo del agua – considerada como un motivo de preocupación urgente no sólo  virtud del reciente contexto sanitario mundial a raíz de la pandemia del COVID-19 sino también por los graves incidentes de los  incendios en el Amazonas, en Australia, el derretimiento de los glaciares, la extinción de las especies, y el aumento de la intensidad de los huracanes y tormentas. 

La deforestación, la invasión de hábitats de vida silvestre, la agricultura intensiva y la aceleración del cambio climático han alterado el delicado equilibrio de la naturaleza. 

Ricardo Lorenzetti enseña que: “… La naturaleza es un sistema en el cual todas las partes están conectadas entre sí y tiene un orden interno generado a partir de la interacción de sus propios elementos…Cada pequeño elemento tiene su función diferenciada y la cumple porque existen múltiples modos de transmisión de información… Cambiar o eliminar un elemento en esta intrincada red afecta todo el sistema de vida y puede producir consecuencias negativas…Este equilibrio dinámico permite absorber muchos cambios, pero cuando estas alteraciones son demasiado importantes se pierde la capacidad de resiliencia”. 

En opinión de este destacado jurista la pandemia, es una “corrección sistémica”, nacido de un desorden previo, de una ruptura de la frontera entre la alimentación humana y los mercados de vida silvestre.

La aparición de la COVID-19 ha puesto en evidencia que cuando destruimos la biodiversidad destruimos el sistema que sustenta la vida humana. 

Jimena Cortizo, integrante del área Ambiente de Xumek, resalta que desde una perspectiva sociológica estamos transitando un año que se nos presenta, a nivel mundial, como una invitación obligada a la reflexión. Los humanos necesitamos esta pausa para poder observarnos y observar el lugar que habitamos.  Con la vorágine contemporánea  no nos estábamos dando ese momento reflexivo, que implica un cambio radical en el modo en que estamos  relacionándonos entre las personas y con la existencia en su totalidad. 

El medio ambiente, lejos de ser un dispositivo de recursos naturales comunes, para explotar sin medida y control, es el entramado de redes de vida que nos sostiene. 

El llamado de atención, urgente y existencial, que la naturaleza nos ha marcado se direcciona hacia la toma de conciencia de la presencia de otras formas de existencia igualmente válida, importante y necesaria en dicha red de vida. 

Desde América Latina se está proponiendo la idea de un pacto ecológico, social y económico, una perspectiva emancipadora que propone integrar la justicia racial, social, de género, con la justicia ambiental. Lxs impulsorxs de la iniciativa están convencidxs de que lo fundamental del Pacto Eco Social y Económico es el reconocimiento legal de los Derechos de la Naturaleza: “Los seres humanos debemos admitir a la Naturaleza como sujeto de derecho (y no como un mero objeto) con la cual debemos convivir armónicamente, respetar sus ritmos y capacidades. Necesitamos reconciliarnos con la naturaleza, reconstruir con ella y con nosotros mismos un vínculo de vida y no de destrucción. Nadie dice que será fácil, pero tampoco es imposible”. 

Reflexiona Lorenzetti: “Si nos imagináramos a la “Naturaleza” como una persona que habla, podríamos pensar qué nos dice: está bien, si ustedes, los humanos, no adoptan medidas para evitar mi destrucción, entonces me ocupo yo misma”.

Por ello es imprescindible no sólo la decisión política de los gobiernos sino que toda la sociedad se involucre a través de la participación efectiva para hacer posible un cambio a nivel mundial  en pos de una economía sustentable basada en los alimentos orgánicos, turismo no contaminante y energías renovables, teniendo siempre presente el lema “Pensar global – actuar local”.

La naturaleza nos está enviando un mensaje: es mi deseo que todxs podamos escucharla y actuar en consecuencia y coherencia. Este es el momento: aquí y ahora. La hora de la naturaleza ha llegado!”

María José González, responsable del Área de Ambiente.

“Estamos transitando un año que se nos presenta, a nivel mundial, como una invitación obligada a la reflexión. Con un marcado aspecto natural, las vidas humanas se han visto pausadas o ralentizadas, como cuando un animal acude al ayuno para superar un malestar estomacal.

Los humanos necesitamos esta pausa para poder observarnos y observar el lugar que habitamos.  Con la vorágine contemporánea  no nos estábamos dando ese momento reflexivo, que implica un cambio radical en el modo en que estamos  relacionándonos entre las personas y con la existencia en su totalidad. La naturaleza nos dio envión y ya no podemos desaprovechar la oportunidad.

El medio ambiente, lejos de ser un dispositivo de recursos naturales comunes, para explotar sin medida y control, es el entramado de redes de vida que nos sostiene.

Ante la crisis socio-ambiental-sanitaria la biodiversidad, como soporte que sustenta toda la vida en la tierra y el agua, tiene relación con todos los aspectos de la salud humana. El llamado de atención, urgente y existencial, que la naturaleza nos ha marcado se direcciona hacia la toma de conciencia de la presencia de otras formas de existencia igualmente válida, importante y necesaria en dicha red de vida.

La actividad productiva humana, deforestación, invasión de hábitats de vida silvestre, agricultura intensiva industrial, entre otras, han alterado el delicado equilibrio de la naturaleza. Y dados los intereses corporativos que instituyen dichas prácticas, una respuesta reparadora que limite la progresiva destrucción (que implica una indirecta autodestrucción; cortar la rama del árbol en que estamos sentados) sólo es viable desde los pueblos en conocimiento de la situación crítica global, organizados y partícipes activos del cambio a realizar. Desde América Latina se está proponiendo la idea de un pacto ecológico, social y económico, que además de criticar al neoextractivismo, plantea la existencia de los derechos de la naturaleza, el buen vivir, los bienes comunes y la ética del cuidado. Una perspectiva emancipadora que propone integrar la justicia racial, social, de género, con la justicia ambiental.

La biodiversidad se ve también implicada en otra consigna que desde hace 5 años se ha impuesto en la agenda. El #niunamenos surgido en 2015 como protesta contra la violencia machista contra mujeres y disidencias, nos plantea a otra escala la misma reflexión.

La inevitable analogía de relación entre los seres humanos y la naturaleza, y lo masculino y lo femenino, nos deja ver que sin respeto y valor por la vida de otras formas de existencias, estas se convierten en presas del poder dominante. Tanto la naturaleza como mujeres y disidencias se encuentran actualmente bajo el poder opresor de un sistema productivo y reproductivo que somete, utiliza, reutiliza y descarta.

La naturaleza y su correlato humano en los cuerpos, se han vuelto territorio para demostrar poder, un sentido de masculinidad. En este mes de Junio nos hacemos eco del llamado a guardianar por posibilidades de existencia y vida digna tanto de las personas, otras especies y el medio ambiente en su totalidad, como red de sustento compartido.

Sabernos semejantes, respetando y validando diferencias nos enriquece transversalmente.

Que el freno impuesto sea un impulso para el reconocimiento, hacia nuestro adentro, de que únicamente desde la biodiversidad es viable la vida. Aprovechemos esta pausa para ajustar nuestras subjetividades y que la vuelta al mundo exterior sea desde un posicionamiento más cauto, responsable y que mire hacia los lados, para vernos, cuidándonos, mientras nos acompañamos transitando el planeta Tierra.”

Jimena Cortizo, integrante del Área de Ambiente.

Foto: The Conversation

22 de abril: Día de la Tierra

Nuestro planeta Tierra, el planeta Azul, la Madre Tierra, la Pachamama, Gaia, la Madre Naturaleza, Oikos,  Nuestra casa Común, Pecne Tao, Ñuke Mapu.

Diseminados en más de 70 países en los 5 continentes, los pueblos indígenas representan más de 270 millones de personas. Portadores de saberes ancestrales, habitan el 22 % de la superficie de la tierra, donde se encuentra el 80% de la biodiversidad mundial. Lo que les ha valido de ser llamados: “Los guardianes de la naturaleza”. 

Hoy en el Día de la Tierra, queremos brindar un homenaje a estos “guardianes de la naturaleza”. Paradójicamente, la belleza de sus territorios ha sido también la fuente de sus problemas comunes: deforestación, extracciones mineras, expoliación de sus tierras, aculturación…

Rescatamos en pocas frases, un poquito de su sabiduría ancestral, transmitida de generación en generación.

EL concepto de « Buen Vivir » emerge en América Latina como el conjunto de sistemas de conocimientos, de prácticas y de organización de los pueblos indígenas de los Andes de América del Sur. En su cosmovisión, el tiempo y el espacio son cíclicos. El pasado está siempre presente y es recreado por el futuro. La “Pachamama” (o la Madre Tierra) es considerada como un organismo vivo, donde todas las partes interactúan las unas con las otras, sin distinción entre los seres vivos y los cuerpos inertes, estando todos igualmente dotados de vida. No hay separación entre los seres humanos y la naturaleza. 

Los Maoríes, en Nueva Zelanda, piensan que nuestros ancestros están conectados con “Finhua”, con el Todo. Remontando hasta las divinidades, luego al creador y a los padres primordiales: el Padre Cielo y la Madre Tierra. El Padre Cielo y la Madre Tierra tuvieron hijos: los árboles, el viento, los bosques, los pájaros, todos los animales, los océanos. Son ellos divinidades terrestres, masculinas; las divinidades celestes, femeninas, son el pueblo de los ángeles, guardianes del paraíso…

En África, el moisés de la humanidad, voy a rescatar el concepto de “Ubuntu” en la lengua africana Bantú. Su filosofía reposa en el principio: “Yo soy lo que soy, gracias a que Nosotros somos Todos”. Ubuntu engloba los humanos y todos los demás seres vivos y define la existencia como un flujo de interacciones.

El pueblo Popará, en Taiwán, podría desafiarnos con una sonrisa pícara: “¿Hasta qué tamaño eres capaz de hacer creer una papaya, hablándole al árbol?”, sabiendo que en ese arte son insuperables…

El pueblo Sami, en Finlandia diría: “Yo sé cuándo el bosque no está bien”. Este pueblo que vive del criado de renos y de la pesca, hace llegar su grito de alarma su grito de alarma sobre el cambio climático. Ellos habitan en el Ártico, donde el clima cambia más rápido y más drásticamente que en el resto del mundo. “Si perdemos nuestra nieve y nuestros hielos perdemos todo lo que nos permite de sobrevivir”. Los ciudadanos del mundo deben escuchar los pueblos indígenas y tenerlos en cuenta en la toma de decisiones globales, sobre todo aquellas ligadas a la naturaleza.

Queremos rescatar sobre todo una profecía del pueblo Dené, en Canadá, que se transmite desde hace siglos, incluso antes de la llegada de los blancos. La profecía decía así: “Cuando el águila aterrice sobre la Luna, vendrán los tiempos de la resurrección de los ignorantes, de su salida de las tinieblas para volver a ser “seres humanos” y vivir con la Madre Tierra”. En 1969 cuando el hombre pisó la Luna, la primera frase dicha por el astronauta fue: “El Águila ha aterrizado”. La historia cuenta también, que en ese momento los indígenas se volverán maestros, para explicar al mundo cómo vivir en armonía con la naturaleza…

Casualidad o no, en esos años comienza a tomarse conciencia de la importancia de la ecología. Se realizan conferencias de científicos que alertan sobre un posible cambio climático y sus consecuencias sobre la salud y el medioambiente. 

En 1970,  el 22 de abril se tiene lugar en Estados Unidos una primera manifestación, que llama a la toma de conciencia sobre estas problemáticas. A ella acuden miles de estudiantes y centenares de comunidades y se declara este día como el Día de la Tierra. La presión social tuvo sus logros y el gobierno de Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental y una serie de leyes destinadas a la protección del medio ambiente. Luego en 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente. La Cumbre de la Tierra de Estocolmo cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud de los problemas ambientales. En 1992, 20 años más tarde, en la Conferencia de Rio comienza la lucha contra el cambio climático.

Hoy 22 de abril de 2020, 50 años más tarde de aquella primera manifestación que apelaba a la toma de conciencia, seguimos celebrando el día de la Tierra. 

Esta vez, nos detenemos a percibir el ciclo natural de la madre Tierra, la sabiduría ancestral vivenciada y transmitida por las comunidades indígenas como el corazón de su cultura, origen de su identidad como pueblo.

Que sea la Tierra quien nos conecte como humanidad, nos recuerde nuestra identidad y nos permita generar un lazo espiritual con todos los seres sintientes, dotando de significado la vida en una compleja e inseparable interrelación y que permita despojarnos del estado de alienación.

Somos Tierra y a la Tierra regresamos para escuchar el canto vibrante y regenerado de la naturaleza fuera de nuestras fortalezas.

Desde el Área de Ambiente agradecemos a su integrante Verónica Gómez Tomas, en cuyo escrito se basa este comunicado.

Foto: Télam

22 de marzo: Día Mundial del Agua

El Día Mundial del Agua tiene su origen en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo, conocida como Rio 1992. Se celebra cada 22 de marzo, con el objeto de sensibilizar a la población y también a las autoridades frente a temas de gran importancia, en este caso, la preservación y cuidado del agua.

Estas fechas conmemorativas suelen estar asociadas a acciones específicas. Así, desde 2018 a 2028 es el “Decenio del Agua para el Desarrollo Sostenible”.   La adopción de medidas hídricas de saneamiento juegan un rol clave en cuanto a la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. 

Es de saber que 1 de cada 3 personas no tienen acceso a agua potable. Un sistema de saneamiento y un suministro de agua adaptados al cambio climático, salvaría la vida de mil niños y niñas por día.

En la lucha contra el cambio climático y siguiendo la hoja de ruta trazada por la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, si limitamos el aumento del calentamiento global a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales, podríamos reducir la sequía causada por el clima hasta en un 50%. 

La Conferencia de Rio 1992 representa un gran hito para el derecho ambiental. Deja plasmados varios principios que conciernen la relación entre protección del ambiente y desarrollo, otros relativos a la cooperación, al desarrollo sostenible. Entre ellos instaura el Principio de Participación, reconociendo la importancia de diversificar los actores del Derecho internacional del ambiente incluyendo en la toma de decisiones a los actores privados.

En ese contexto nace la “Agenda 21” como un plan de acción hasta el año 2000, que reposa en la idea que la humanidad está en un momento clave de su historia donde hay que cambiar de rumbo y esa es una tarea que sólo se puede lograr de manera conjunta: organizaciones de la sociedad civil, mujeres, jóvenes, comunidad científica, pueblos indígenas, colectividades locales, agricultores, sindicatos de trabajadores, entre otros, deberán tener un rol activo en la creación de normas jurídicas y políticas públicas que tengan consecuencias sobre la salud, el medio ambiente, las generaciones futuras. 

Por su parte, el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento fue reconocido de forma explícita por la Asamblea de Naciones Unidas en el año 2010. Su mayor visibilización también se refleja en la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se ha incorporado un objetivo específico sobre este derecho. (Objetivo 6).

Hay, por tanto, una mayor conciencia de lo que implica este valioso bien colectivo para la vida, de la necesidad de protegerlo de manera especial y de que el derecho al agua implica acceso, disponibilidad y calidad, entre otros factores.

Pero hablar del derecho hace necesario también el abordaje de principios estratégicos de los derechos humanos como son la participación, la inclusión, la igualdad y la no discriminación.

PARTICIPAR ES UN DERECHO

La participación del público en materia de medioambiente va de la mano del derecho a la información, participación y consulta en la toma de decisiones y acceso a la justicia, como así también, el deber de realización de una evaluación de impacto ambiental. 

El principio de participación sirve para proteger el derecho humano a un ambiente sano, contribuye a reforzar la calidad y legitimidad de las decisiones públicas y la eficacia de las políticas sostenibles; sobre todo constituye un elemento de suma importancia para la democracia. 

La Convention d’Aarhus de 1998 sobre el acceso a la información, la participación en el proceso decisional y el acceso a la justicia en materia medioambiental, inspiró las bases del Acuerdo de Escazú para América Latina y Caribe, donde además de los tres pilares fundamentales de información, participación y acceso a la justicia se le suma un cuarto: la necesidad de protección de las y los defensores del medioambiente. 

La corrupción, disimulación de datos, manipulación y negación de información, censura, privación de la participación ciudadana, restricción de la audiencia pública, ausencia de Evaluación de Impacto Ambiental, criminalización de la protesta, represión, amenazas, se han configurado como peldaños en escalada hasta alcanzar datos fatales.

LA VOZ DEL AGUA

Esta realidad nos lleva a preguntarnos: 

¿Cuántos/as defensores/as del ambiente mueren en nuestro continente cada año? ¿Cuántos hermanos y hermanas indígenas? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuál es el precio a pagar por hacer oír su voz y la voz de quienes no la tienen? 

Es el rol de la sociedad civil portar la voz de la naturaleza, de la biodiversidad, la voz del aire, de los mares, de la montaña, la voz de los ríos, la voz del agua. Esas voces que hacen eco terminarán por ser escuchadas. 

Frente a esta realidad las mujeres se manifiestan como actores clave en las dinámicas de resistencia y de defensa del derecho al agua y sus territorios. Su papel está siendo fundamental para expresar su desacuerdo con un modelo de desarrollo que considera el agua como recurso económico, y no como derecho. El aporte que están haciendo es necesario y vital; proponiendo una cultura de respeto , con valores de solidaridad y apoyo mutuo, mediante los procesos de diálogo entre actores y las movilizaciones pacíficas.

Así lo han demostrado las “Mujeres de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura”, quienes el pasado 6 de marzo, en el marco del homenaje a Berta Cáceres y su legado, obtuvieron de parte del Senado de la Nación el reconocimiento por su valioso compromiso ecofeminista en la defensa de la armonía con la naturaleza. Y lo recibieron con estas bellísimas palabras:

Somos parte del pueblo que resiste el extractivismo patriarcal sojero-minero-petrolero.

Somos el grito que clama por la madre tierra ultrajada.

Somos mujeres ancestras, jóvenes, adolescentes, niñas, disidencias;

Las que estamos y las que siguen estando más allá de la muerte

Como nuestra hermana de lucha, Fabiana Villafañe.

Somos miles de gotas bajando de la montaña,

Un río que rebasó su cauce y ahí va surcando la tierra,

Abriendo caminos, marchando sin tregua.”

Quienes levantan su voz en defensa del derecho al agua son la expresión real, visible y cotidiana de que es necesario avanzar hacia modelos de desarrollo que protejan el ambiente, el territorio ancestral, la identidad cultural; un desarrollo que, en definitiva, garantice los derechos humanos.

En la Jornada Mundial por el agua, hacemos llegar su merecido reconocimiento a todos/as los/las guardianes del agua pura en la provincia, todas las personas que desde años luchan por preservarla. En especial, a todas aquellas que se movilizaron en las calles, en aquel fin de año histórico, asumiendo un rol activo para mantener la vigencia de la ley 7722. 

Sigamos luchando juntos y juntas por un agua libre de químicos, libre de seguir su curso. Por un agua limpia, potable y suficiente para todos y todas, ¡sin dejar a nadie atrás!

Por Área de Ambiente, Área de Pueblos Indígenas y Área de Género y Diversidad Sexual

Foto: Diario Once




COMUNICADO: AL SR GOBERNADOR RODOLFO SUÁREZ

Comunicado al Gobernador de la Provincia de Mendoza, Sr. Rodolfo Suarez

Desde el Área de Ambiente de Xumek, comunicamos nuestro repudio a la modificación de la ley 7722, del pasado viernes 20 de diciembre de 2019 por considerarla inconstitucional, antidemocrática y contraria a los principios que rigen el derecho internacional de protección ambiental.  

Viola los principios de derecho internacional del medio ambiente: 

Derecho Humano a un ambiente limpio y sano: El nexo entre el ejercicio de los derechos humanos fundamentales y la calidad del medioambiente ha sido ampliamente reconocido en los tratados internacionales como también en las Constituciones de 155 estados. 

Argentina, así lo reconoce en el artículo 41 de la Constitución Nacional: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo…” 

Principio de no Regresión y el Principio de Progresión: La idea según la cual, una vez que un derecho humano ha sido reconocido no puede ser restringido, ni negado, ni dejado sin efecto, es ampliamente reconocido en todos los grandes instrumentos internacionales relativos a los Derechos Humanos.  El principio de no regresión tiene por objetivo cuidar que la protección del medio ambiente no se vea debilitada. Mientras que el principio de progresión tiene por objetivo mejorar la legislación ambiental, aumentando el nivel de protección a medida que evolucionan los conocimientos científicos.

El reciente Acuerdo regional de Escazú, propuesto por la Organización de Naciones Unidas y firmado por 21 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Argentina, deja sentado el principio de Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.  

Desarrollo Sostenible: Gran número de tratados internacionales de medioambiente, hacen referencia directa o indirectamente a los principios fundamentales de desarrollo sostenible. Podemos citar, entre otros, el Acuerdo de Paris (2015), la Convención de Minamata sobre el mercurio (2017), la Convención de Naciones Unidas por la lucha contra la Desertificación en los países gravemente afectados por la sequía y/o la desertificación, en particular en África (1994).

 La reforma de la ley, es contraria a los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paris y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En virtud de los cuales, se debe asegurar la protección del ambiente y de los derechos humanos en un modelo de desarrollo más igualitario, más justo y sobre todo sostenible. 

Por estos motivos solicitamos al Sr Gobernador de la provincia dejar sin efecto dicha modificación a través del veto de la misma

Imagen: créditos a quien corresponda

LA 7722 NO SE TOCA

La defensa de los derechos humanos es el eje esencial de nuestra actuación, y la garantía a un ambiente sano y equilibrado para nosotrxs y las futuras generaciones es una parte crucial de nuestro accionar. Muchas voces se alzan hoy para superar la sordera oficial que pretende derribar la ley 7722,la cual constituyó un hito de la defensa del agua como el bien más preciado de los mendocinos.

La mercantilización despiadada de la naturaleza determina que los paraísos más prístinos sean zonas de sacrificio para saciar irrefrenables ambiciones ajenas, que evidentemente para el sistema tienen prioridad por sobre nuestros sueños, deseos de paz y libertad. Lo único que los detiene es nuestra ley 7722 que defiende el agua de Mendoza.

Mendoza (en su peor sequía) y los promotores de la megaminería quieren derogar la ley 7722 para quitarle el agua a lxs mendocinxs y dársela a la industria extractiva. Es importante decir que la minería es deficitaria para el Estado: lo que se pierde en exenciones impositivas y fuga de dividendos no se cubre con regalías. Poco conocido es que la Minería no paga ningún impuesto durante 5 años. Ni IVA, ni Ganancias, ni Tasas Municipales. Usualmente, se logra que la exención sea para siempre.

La minería nunca es “sustentable”, pues se basa en la extracción de bienes naturales no renovables. Negocian a puertas cerradas eliminar la ley que protege el agua de Mendoza para que no sea contaminada por la Megaminería.

Nuestro compromiso con la salud, el ambiente y nuestra responsabilidad con las futuras generaciones nos lleva hoy a alzarnos firme y pacíficamente en defensa de la ley 7722.

Les invitamos a leer un análisis pormenorizado de la problemática aquí

Por Área de Ambiente