Que el sistema de saneamiento no implique la destrucción de nuestro medio ambiente

humedales

Durante el mes de mayo de este año, se hizo público el estado crítico de la Laguna del Viborón en el Departamento de Maipú. De esta manera, las imágenes de la mortandad masiva de peces de febrero del 2021 se completan con las de mayo del 2022, que muestran una laguna agonizante y extremadamente seca. Las lagunas del Viborón, La Paloma (ambas en Maipú) y Soria (en el Departamento de Lavalle), forman parte del sistema Leyes-Tulumaya y se encuentran encadenadas. Por tanto, si una laguna se ve afectada, afecta al resto también.  

Así es que el nivel de agua de la siguiente laguna, La Paloma, también ha mermado considerablemente para esta época del año y a esta situación se suma la amenaza del proyecto de saneamiento denominado “Colector cloacal y estación elevadora Paramillos II”, cuya traza atravesaría la Laguna de La Paloma con un terraplén. Por supuesto entendemos que dicha obra es necesaria para las localidades del Departamento de Guaymallén que no cuentan con colectores, sino que utilizan pozos absorbentes. Muchos vecinos y vecinas de El Sauce, Colonia Segovia y Puente de Hierro tienen el agua servida en la puerta de sus casas, y la obra en cuestión les daría respuestas a sus necesidades.

Sin embargo, la obra que promete un beneficio para estas poblaciones y territorios, por otro lado, representa una gran amenaza para el sistema de humedales Leyes-Tulumaya, uno de los ecosistemas más vulnerables y frágiles en el Gran Mendoza. No sólo porque proponen atravesar el caño cloacal por la parte más angosta de la Laguna de La Paloma, sino por toda la afectación alrededor de la zona que sigue teniendo vocación de humedal.

La obra de saneamiento evaluó ocho alternativas de trazado del colector. En ninguna de las primeras 7 alternativas se atraviesa la laguna de La Paloma, sino que la traza va por ruta, utilizando estaciones elevadoras y de bombeo. Sin embargo, alegan que en esas alternativas hay problemas de conducción a gravedad por pendientes mínimas, riesgos de vandalismo y de desborde.  

Gentileza GiramundoTV.

De esta manera, la alternativa seleccionada es la que propone atravesar La Paloma, pasando por alto las declaratorias de interés de conservación que tiene el sistema Leyes Tulumaya. Al respecto, cabe remarcar que el proyecto tiene una falla de origen al no mencionar nunca que la zona por la que atraviesa dicha obra es un sistema de humedales; relicto de las antiguas ciénagas de Bermejo. El proyecto no contempla el marco legal de resoluciones y declaraciones de interés del lugar.

En este sentido, el Dictamen Técnico de la Universidad de Congreso, apunta que “se deben ratificar o rectificar las alternativas evaluadas y la opción definitiva, considerando que el sistema de humedales de Arroyo Leyes y Arroyo Tulumaya fue declarada sitio de interés de conservación mediante RIT-2020-1004-E-GDEMZA-DRNR#SAYOT en año 2020″.

Asimismo, la Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA), tiene otras grandes falencias que es preciso mencionar: escaso relevamiento de flora y fauna, retiro de suelo orgánico y capa vegetal, utilización de agua del Arroyo Leyes para la fase de construcción, nula mención a las aguas subterráneas, ni medidas de mitigación en caso de derrame, entre otras.

El próximo martes 19 de julio a las 10 de la mañana, se realizará la Audiencia Pública de esta obra, y es el momento de ejercer nuestro derecho a la participación en asuntos que afecten a nuestro medio ambiente. Exigimos que la autoridad convocante realice una consulta con expertos técnicos para que evalúen otra traza del colector cloacal para evitar daños irreparables en un ecosistema que ya es demasiado vulnerable por la misma gestión del agua de la Provincia de Mendoza, la cual ha ido represando el agua cuenca arriba, y provocando la paulatina desertificación de las lagunas cuenca abajo. 

Pedimos que el sistema de saneamiento para un territorio y población no implique la destrucción de nuestro medio ambiente. Los humedales son nuestros principales aliados para mitigar los efectos de la crisis climática que estamos provocando, y su falta de protección afecta nuestro derecho a vivir en un ambiente sano. 

La provincia de Mendoza posee una enorme deuda ambiental en cuanto a la Creación de Áreas Naturales Protegidas. Para el 2020, menos del 17% de nuestro territorio se encontraba protegido y esta cifra se encuentra muy por debajo de los estándares internacionales. 

El proyecto de ley de Creación de Área Natural Protegida Provincial del sistema Leyes Tulumaya, sigue esperando a ser tratado en la Legislatura provincial. En ese sentido, cabe preguntarnos: ¿se trata de una simple coincidencia o la paralización del proyecto de protección responde a intereses particulares?

A modo de cierre, consideramos necesario destacar que  la deuda ambiental de la provincia de Mendoza es algo que debe preocuparnos pero sobre todo “ocuparnos” en cuanto a acciones de mitigación se refiere. Una deuda ambiental en ascenso conlleva una gran amenaza para el sistema de humedales y, consecuentemente, en la vulneración de los derechos humanos de todas las poblaciones aledañas. 

Foto de portada: Ignix Producciones.

Nos presentamos como amicus curiae en el caso Baraona Bray contra Chile

El pasado 20 de junio hubo una audiencia pública en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) analizó la responsabilidad internacional de la República de Chile por violación del derecho a la libertad de expresión en relación con el derecho a vivir en un medio ambiente sano y a la información publica.

Por este caso, el abogado y defensor ambientalista Carlos Baraona Bray fue condenado por el delito de “injurias graves” luego de haber brindado una serie de entrevistas en las que declaró tener conocimiento de que un Senador de la república había ejercido presiones e influido para que las autoridades llevaran a cabo la tala ilícita del alerce, una especie de árbol milenario conservado en Chile.

Encontramos en este caso una gran oportunidad para brindar un aporte al Tribunal sobre la importancia de la protección del derecho a la libertad de expresión, específicamente de los defensores del medio ambiente, y cómo la falta del mismo interfiere en el acceso a la información pública de las personas que conviven en una sociedad. Además, se ponen de manifiesto hechos que no son ajenos a otros países de Latinoamérica en general y de la Argentina en particular. Así, podemos mencionar los casos de Patricia Álvarez de Figueroa, imputada por protestar contra la megaminería en Andalgalá (Catamarca, Argentina), Nora Moyano de la Asamblea por el Agua (Mendoza, Argentina); Wbeimar Cetina de Arauca (Colombia); Juan Julio Fernandez (Perú) y Berta Cáceres (Honduras).

Desde Xumek nos presentamos como amicus curiae en el Caso Baraona Bray porque creemos que no puede dejar de valorarse el rol fundamental de los defensores ambientales de informar a la comunidad sobre asuntos de carácter público cuando el Estado no lo hace. Valorar el activismo de estos actores requiere la toma de medidas efectivas y oportunas para hacer frente a la vulnerabilidad de este colectivo frente a manifestaciones reaccionarias.

5 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE

Como cada 5 de Junio, celebramos el día mundial del ambiente. Sin dudas, es una fecha importante para repensar la manera en que nos vinculamos con el mismo, cuáles son nuestras formas de consumir, cuál es el uso que hacemos de nuestros recursos naturales, y otros múltiples interrogantes.

Según algunas cifras de Naciones Unidas, estamos utilizando el equivalente a 1,6 Tierras para mantener nuestro estilo de vida actual y los ecosistemas ya no pueden satisfacer nuestras demandas, y además el 67% de las emisiones de gases de efecto invernadero están asociadas a nuestros estilos de vida”. 

Dichas cifras ponen de manifiesto que la crisis climática existe y que lo que hagamos por nuestro ambiente en los próximos años, será determinante para la calidad de vida, la preservación  y protección de los DD.HH.

En este sentido, cabe mencionar que la Provincia de Mendoza no está exenta de  graves problemáticas de índole ambiental. Entre ellas podemos mencionar la depredación sistemática del arbolado público, el desarrollo del fracking en la provincia, pese a los inmensos riesgos ambientales que genera dicha práctica respecto a la generación de residuos peligrosos que pueden llegar a los acuíferos subterráneos; y el desecamiento paulatino y progresivo de los últimos tres humedales del Gran Mendoza. 

La Laguna del Viborón, ubicada en el departamento de Maipú, ya se encuentra seca desde fines de abril del corriente año, lo que pone en serio riesgo de desaparición toda la biodiversidad que alberga este ecosistema y sus subsiguientes lagunas encadenadas: la Laguna de la Paloma, también en Maipú,  que ha sufrido el desmonte de su flora nativa por proyectos inmobiliarios clandestinos; y la Laguna de Soria, en el departamento de Lavalle, que está avanzando en la creación de Área Natural Protegida Municipal.

Su falta de protección también afecta enormemente a nuestro patrimonio cultural porque poblaciones enteras como la de los Huarpes Laguneros, que ancestralmente se asientan en estos territorios, han tenido que mutar su estilo de vida por la desaparición de las Lagunas de Guanacache. 

Entre ellas podemos mencionar la depredación sistemática del arbolado público, el desarrollo del fracking en la provincia, pese a los inmensos riesgos ambientales que genera dicha práctica respecto a la generación de residuos peligrosos que pueden llegar a los acuíferos subterráneos; y el desecamiento paulatino y progresivo de los últimos tres humedales del Gran Mendoza. 

La Laguna del Viborón, ubicada en el departamento de Maipú, ya se encuentra seca desde fines de abril del corriente año, lo que pone en serio riesgo de desaparición toda la biodiversidad que alberga este ecosistema y sus subsiguientes lagunas encadenadas: la Laguna de la Paloma, también en Maipú,  que ha sufrido el desmonte de su flora nativa por proyectos inmobiliarios clandestinos; y la Laguna de Soria, en el departamento de Lavalle, que está avanzando en la creación de Área Natural Protegida Municipal.

Su falta de protección también afecta enormemente a nuestro patrimonio cultural porque poblaciones enteras como la de los Huarpes Laguneros, que ancestralmente se asientan en estos territorios, han tenido que mutar su estilo de vida por la desaparición de las Lagunas de Guanacache. 

Problemáticas como las mencionadas, afectan directamente la calidad de vida de la ciudadanía, y ponen en juego la construcción de un futuro sostenible. Por tal motivo, es importante no solo el accionar activo de la ciudadanía, como así también de un Estado presente, el cual tiene el deber de garantizar el derecho a un ambiente sano, a cumplir con las legislaciones ambientales nacionales existentes y legitimar los Acuerdos Internacionales vigentes, tal como el Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental.  

Y vos, ¿Qué acciones realizas en pos de contribuir en la protección del ambiente?

FUENTES

https://www.un.org/es/observances/environment-day / https://farn.org.ar/proyecto/fracking-en-mendoza/

Rechazamos el nuevo embate de la megaminería sobre los territorios

Megaminería Télam

Desde la Asociación para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos Xumek adherimos al repudio de las provincias de Chubut, Río Negro, Mendoza, San Juan y Catamarca acerca de la “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad” (MEMAC). 

Preocupados vemos un nuevo embate del gobierno y las transnacionales mineras sobre los territorios. Con el eufemismo “Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad”, el Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional, junto a la Cámara de Empresarios Mineros (que reúne a las grandes transnacionales del sector), lanzaron una nueva iniciativa de lobby minero. Nos preocupa aunque no nos sorprende, ya que han intentado exactamente lo mismo en varias oportunidades desde que se instaló la gran minería en nuestro país en la década de los 90`.

El único y exclusivo objetivo de esta mesa es romper las resistencias territoriales y avanzar en las 7 provincias de Argentina que limitan el uso de sustancias tóxicas y peligrosas en la actividad minera y que fueron obtenidas a través de verdaderos procesos participativos, democráticos, informados y populares.

Porque sobre este punto es importante destacar que la historia del movimiento socioambiental en Argentina está plagada de participaciones populares en instancias institucionales y gubernamentales. No rechazamos los diálogos y debates, por el contrario, los propiciamos y los protagonizamos. Dos décadas de historia así lo demuestran: hemos iniciado el procedimiento constitucional de iniciativa popular en la provincia de Chubut en dos oportunidades, una plebiscito en Esquel -Chubut, 2003- y otra en Loncopué -Neuquén, 2012- (los dos únicos que desde el poder se permitieron); hemos participado en infinidades de audiencias públicas gubernamentales en la provincia de Mendoza y en todo el país, en el debate parlamentario de la Ley Nacional de Glaciares (que violan la gran mayoría de las empresas); hemos participado ampliamente en cada una de las leyes que prohíben en 7 provincias el uso de sustancias tóxicas en la actividad, en la creación de ordenanzas municipales en Catamarca, en la publicación de libros de investigación y de divulgación sobre los mitos de la actividad minera, en foros públicos en las Universidades Nacionales de San Juan, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, entre muchas otras actividades participativas más.

En suma, hemos participado en debates de todo tipo, en las calles, en las escuelas, en las universidades, en los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Nos informamos científicamente y también porque conocemos nuestros ríos, nuestra tierra y porque sufrimos en nuestros cuerpos y nuestra vida esta actividad. Lo que rechazamos son las falsas mesas de “diálogo” que tienen un objetivo prefijado (“destrabar la actividad”, es decir, avanzar con la megaminería) subestimando los saberes territoriales y populares. Pretenden invisibilizar más de 20 años de resistencia en los territorios. “No entendieron”, “faltó conocimiento”, “información falsa”. Sí entendimos y sí tenemos mucha información y conocimiento real, concreto y situado.

Diálogo unilateral, falso, sin horizontalidad, sin interlocutores válidos, que parte de premisas falaces tales como que el problema es “la ignorancia de las comunidades”. Porque cuando el único territorio de las organizaciones que participaron hoy como legitimadoras del encuentro, son los medios de comunicación y las redes sociales, se pierde la visión de los territorios. Así pretenden bastardear 20 años de resistencias territoriales contra la megaminería en Argentina. ¿Qué conflictos quieren “destrabar” si la participación es con organizaciones que no tienen contacto con los territorios afectados, que no nos representan, y no cuentan con nuestra legitimidad? Pretenden desconocer que hay provincias enteras que han tenido un verdadero y respetuoso debate social y que han rechazado democráticamente esta figura extrema del extractivismo. El debate ya se ha dado. En suma, repudiamos el falso diálogo con organizaciones que se definen como “ambientalistas” mientras legitiman una actividad que destruye, contamina y saquea los territorios.

No es por falta de información o de información errónea que rechazamos a la gran minería; lo hacemos porque se ha impuesto en nuestro país sin licencia social, con gran conflictividad, con destrucción ambiental, con saqueo económico, con corrupción política, con persecuciones judiciales (ayer mismo llegaron citaciones judiciales a vecinos y vecinas de Andalgalá en Catamarca). Y es por eso que, con los ecos cercanos del “Mendozazo” y el “Chubutazo” seguiremos defendiendo nuestros territorios, nuestra agua, nuestra vida.

GLACIARES Y HUMEDALES EN PELIGRO: NO AL CENTRO DE ESQUÍ EL AZUFRE

El Estado provincial es responsable de la entrega de 12.000 hectáreas a la empresa El Azufre S.A para la construcción de un centro de esquí sin respetar las leyes ambientales provinciales y nacionales. ¿Por qué esta zona de glaciares y humedales tan valiosa para Mendoza corre peligro? ¿Qué pasa con las comunidades indígenas y puesteros de la zona? 

¿Qué está pasando?

Los primeros días de febrero tomamos conocimiento de la entrega gratuita de 12 mil hectáreas de tierras fiscales por parte del Estado provincial a El Azufre S.A. a través del Decreto 2138. 

El Decreto en cuestión fue firmado por el Gobernador y el Ministro de Gobierno el día 23 de diciembre de 2021 y publicado en el Boletín Oficial el día 7 de enero de 2022. Asimismo, cabe destacar que el día 22 de diciembre, previo a la firma del decreto, el mismo obtuvo el visto bueno por parte del Fiscal de Estado de Mendoza sobre la “asignación” de tierras fiscales al grupo empresarial. Su dictamen es parte de los fundamentos favorables utilizados por el gobierno provincial para sostener que han actuado correctamente.

El día 15 de diciembre de 2021, la Dirección de Saneamiento Catastral y Dominial de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, órgano rector de toda actividad inmobiliaria del Estado Nacional, habiendo tomado conocimiento de la publicación de edictos mediante los cuales se indicaba la mensura de una superficie aproximada de 12.600 htas en el campo “Potreros de Cordillera”, informó a la Dirección General de Catastro- Administración Tributaria Mendoza, el desconocimiento y rechazo por parte del Estado Nacional,  de cualquier trámite que pudiere afectar los derechos sobre el inmueble en trato, así como los hechos que los pretensos adquirientes pudieren invocar, negando de este modo toda tarea de mensura. 

Asimismo se ha expedido la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación informando que la Dirección Nacional de Control de Frontera e Hidrovías no halló procedimiento alguno respecto del cual se pusiera a su consideración la aceptación del proyecto a los fines para que la provincia de mendoza continúe con el trámite de asignación del inmueble, debido a que las tierras afectadas pertenecen a zona de frontera.

Finalmente, con fecha 18 de febrero de 2022, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, siendo anoticiada por la prensa de la adjudicación de las tierras mencionadas a la Empresa EL AZUFRE S.A, y careciendo de cualquier tipo de notificación formal por parte del Gobierno de Mendoza, manifestó y notificó a la Provincia del rechazo absoluto del proyecto y solicitó que el decreto quede sin efecto así como cualquier otro instrumento dictado en su consecuencia. 

La “asignación” de estas tierras se ha realizado sin notificar a los Organismos Nacionales con facultades sobre los inmuebles del Estado Nacional, mucho menos a los encargados de proteger la frontera. Tampoco se ha llevado adelante el respectivo informe de impacto ambiental, siendo que es  zona de glaciares, humedales altoandinos, nacientes de ríos y arroyos y vertientes termales, además de encontrarse en cercanía al volcán Peteroa, sitio considerado por el ámbito científico como la zona con mayor riesgo volcánico de Argentina. En estas tierras se encuentra la cuenca del Río Valenzuela, una de las zonas hidricamente más activas de Mendoza.

Estamos refiriendonos a una zona que fue estudiada por profesionales de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, determinando técnicamente en el Informe Ambiental 2006 y el Plan Ambiental 2008 que ese ambiente debía ser preservado. En 2013, se presentó en el Congreso nacional un proyecto de ley para crear el Parque Nacional Pehuenche, que incluía la conservación de estos territorios y tuvo aval científico de los centros de estudios regionales del Conicet.

¿Quiénes están involucrados/as? 

Los responsables de esta “adjudicación” son, en principio, Rodolfo Suarez (Gobernador de Mendoza), Victor Ibañez, (Ministro de Gobierno de Mendoza), Alfredo Cornejo (Diputado Nacional) Lisandro Nieri (Diputado Nacional)  y Federico Zamarbide (Diputado Nacional), la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Mendoza, el Grupo empresarial “El Azufre S.A.” (Daniel Alejandro Nofal, Alejandro David Spinello y José Ignacio Beccar Varela), Fernando Simón (Fiscal de Estado) y Juan Manuel Ojeda (Intendente de Malargüe).

Con esta decisión, los principales afectados y afectadas son puesteros de la zona, comunidades indígenas y nuestro ambiente (glaciares, humedales altoandinos, nacientes de ríos y arroyos y vertientes termales, actividad volcánica)

¿Cuándo inició este conflicto? 

Según Spinello, uno de los dueños de El Azufre S.A, hace 9 o 10  años que empezaron con los estudios. Desde el 2019 vienen trabajando en la zona, con la intención de inaugurar el complejo en  la temporada de invierno 2021, pero a causa de la pandemia y las grandes nevadas se vieron imposibilitados.  

El grupo empresarial pretende abrir las puertas de “El Azufre” este 2022, con parte de su propuesta: un “centro boutique” que pudiera estar funcionando sin los medios de elevación . 

¿Por qué estamos interviniendo? 

Son distintos puntos que tenemos en cuenta a la hora de pronunciarnos sobre este asunto. 

  1. Una adjudicación irregular de 12.000 hectáreas: el decreto indica que no tiene que hacerse una licitación por tratarse de una adjudicación. 
  2. Consideración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado: La mencionada tiene la facultad de adoptar las decisiones relativas a la disposición de los bienes inmuebles de propiedad Nacional, y habiéndose pronunciado una de sus oficinas en contra del avance del proyecto, el gobierno de Mendoza decidió hacer caso omiso y darle continuidad, incluso llevar adelante la adjudicación
  3. Consideración de la Superintendencia: El decreto de adjudicación establece que “debe ponerse en consideración de la superintendencia para pronunciarse sobre su aceptación” , lo cual no fue realizado.Así lo confirmó el superintendente. 
  1. Ausencia de declaración de impacto ambiental y participación ciudadana: Tanto la Ley Nacional 25.675 como la Ley Provincial 5.961 contienen los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente y el desarrollo sustentable. Establecen la obligatoriedad de la Declaración de Impacto ambiental en cualquier proyecto, obra que puedan modificar el medioambiente y reconocen el derecho de la ciudadanía a : ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente. 
  1. Vulneración de derechos de los pueblos indígenas: los derechos a la participación, consulta y consentimiento libre, previo e informado, garantizados constitucionalmente y en el marco de los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino y por sus normas nacionales, tales como la ley 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes y la ley 26.160 sobre Emergencia Territorial Indígena.

¿Qué queremos? 

Exigimos que se deje sin efecto el decreto que adjudica las 12.000 hectáreas. 

Demandamos la paralización de la obra y que su continuación se encuentre  sujeta al cumplimiento de los pasos que exigen las leyes nacionales y provinciales, dándole la intervención de todos los organismos especializados en la materia por tratarse de tierras fiscales, ricas en  recursos naturales y aprovechadas por comunidades indígenas y puesteros..

Solicitamos que se tengan en cuenta los derechos de acceso propios de la democracia ambiental (derecho a la información y a la participación pública en asuntos ambientales) y que se respete y se apliquen los derechos a la participación, consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas. 

¿Por qué es importante?

Es importante la preservación de los bienes comunes para asegurar los derechos  de las generaciones presentes y  futuras. Se trata de poner el bien general por encima de los intereses particulares de empresarios y políticos de turno. 

Frente al contexto de crisis hídrica de la provincia, todo lo concerniente al cambio climático y la necesidad de replantear nuestra convivencia con el planeta, proyectos de esta magnitud y de tal impacto socioambiental, sin ningún tipo de control gubernamental ni el aval de los organismos especializados en la materia, resultan claramente inconducentes y de alto riesgo. 

EL AZUFRE Y SU AFECTACIÓN AL AMBIENTE

Los   glaciares, humedales altoandinos, nacientes de ríos, arroyos y vertientes termales, presentes en este predio se verán necesariamente  afectados por la artificialización del uso del suelo. La construcción de alojamientos para mas de 3000 personas, la construcción de medios de elevación para acceder a las pistas de ski y una pista de aviones, son ejemplos de construcciones que generan un impacto en el entorno, el cual no ha sido cuantificado, ya que no existe ningún estudio  de impacto ambiental previo.

El proyecto presume de ser el único centro de ski “autosustentable” y por lo tanto ecológico y compatible con principios de desarrollo sostenible. Con relación a esa afirmación, tenemos dos objeciones: 

Por un lado, un proyecto no es sustentable sólo porque genera su propia energía, también deben considerarse otros impactos colaterales. El proyecto tiene que ser inocuo en su totalidad, coherente, tener en cuenta todos los impactos sobre los que no se hace publicidad. 

Haciendo uso de un buen maquillaje, EL Azufre  S.A.  ofrece plantar miles de árboles para compensar el impacto de la huella de carbono. Frente a lo cual nos preguntamos,  ¿Es pertinente plantar miles de árboles en ese lugar de la montaña?,  no se cambiará de esa manera las características del paisaje y del ecosistema? Estos son solo algunos ejemplos del impacto ambiental que este proyecto podría ocasionar. Y es dable recordar que los impactos generan daños a menudo irreversibles. ¿Cuál sería el costo de volver las cosas a su estado anterior?  ¿Sería posible restaurar un ecosistema dañado?

“El Azufre” se encuentra  en cercanía del volcán Peteroa, sitio considerado por el ámbito científico como la zona con mayor riesgo volcánico de Argentina. 

Por otro lado, en plena crisis hídrica, luego de una década de escasez de agua, no debemos olvidar que en estas tierras se encuentra una de las zonas hidricamente más activas de Mendoza. La cuenca del Río Valenzuela  tiene una superficie activa de 15.000 hectáreas que drenan un río con un módulo de 11 m3/seg. Para darse una idea de la cantidad de fuentes de agua entregadas a este grupo privado, el Río Mendoza tiene el triple de caudal, pero su cuenca activa es 40 veces más grande (590.000 hectáreas que drenan un módulo de 33 m3/seg). Esa gran reserva de agua dulce, sumado a la existencia de termas y de humedales, junto a más de 400 glaciares de los 480 que posee la provincia, quedarían así en manos privadas.

Todo proyecto que se realiza en la cordillera produce un importante impacto ambiental, ya que, como es sabido, el agua de la que se sirve Mendoza para sus distintos usos (abastecimiento poblacional, riego, generación de energía eléctrica, etc.) proviene exclusivamente de la nieve acumulada en las altas cumbres. Es por ello que cualquier alteración, aún mínima, del sistema impactará en las distintas actividades que se desarrollan en el llano. 

Consciente de esta problemática, la legislación mendocina ha previsto mecanismos a cumplimentar por aquellos que pretenden realizar actividades en la zona de las nacientes de agua, de manera tal de evitar o minimizar cualquier impacto negativo. Es así que, además  de someter el proyecto a la “Evaluación de Impacto Ambiental”, conforme lo establece la Ley 5961; el uso del recurso perteneciente al dominio público provincial (art. 255 CC  y CN) requiere del cumplimiento de distintas etapas tendientes a obtener el acuerdo unánime de los distintos estamentos que conforman la sociedad mendocina.

El constituyente mendocino de 1916, con buen criterio y conocimiento de la importancia que tiene el agua para el desarrollo económico y social de la Provincia, dispuso de un sistema mixto (administrativo y legislativo) para autorizar el uso del recurso (art. 194 Constitución Provincial), que necesariamente debe cumplirse como paso previo a autorizar cualquier actividad, más aún aquellas como la que nos ocupa que requerirán de un importante caudal para satisfacer las necesidades básicas del emprendimiento. Estas distintas etapas administrativa y legislativa a cumplir, como paso previo a la autorización del uso del recurso hídrico, garantizan dos aspectos fundamentales: por un lado, la existencia de caudales disponible y que el uso no ocasionará perjuicio alguno a la comunidad, y, por otro, el consenso necesario entre los representantes de la sociedad en que el proyecto es beneficioso para la Provincia, ya que requiere una mayoría de votos en la Legislatura Provincial. Pero también la comunidad mendocina debe participar en forma directa en la toma de decisiones, tal como lo garantiza el Acuerdo de Escazú, (Tratado Internacional de jerarquía constitucional) que reconoce como derecho esencial la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas y entorno. 

Asimismo, atendiendo a la escasez del recurso hídrico, la Ley de Aguas de 1884, estableció un orden de prioridades (art. 115 LA) para el uso de este recurso vital, que debe ser respetado y que prioriza el abastecimiento poblacional y el riego como actividades esenciales para Mendoza. Cualquier uso que se haga del recurso en las nacientes de los ríos y arroyos cordilleranos, importará sustraer un caudal de agua a estos usos prioritarios, lo que requiere necesariamente aprobación legislativa y autorización previa de otro organismo constitucional, como es el Departamento General de Irrigación (art. 188 Constitución Provincial), encargado de administrar el recurso hídrico provincial

EL AZUFRE Y LA AFECTACIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS

Se ha planteado que en la zona en cuestión, sólo existían dos (2) puesteros en actividad y que el grupo de empresarios acordó con ellos a través de la compra de sus derechos (cesión de derecho). 

En primer lugar, dicha información es errónea ya que en la zona hay presencia tanto de más cantidad de puesteros como así también de comunidades indígenas. En la mayoría de los casos lo que se afecta es la actividad de “veranada”, actividad fundamental para el desarrollo socioeconómico y cultural de las personas afectadas.

Asimismo, las comunidades indígenas han denunciado que en ningún momento fueron consultados ni han tenido participación en ninguna etapa de lo que ya se viene desarrollando del centro de ski, derechos garantizados en nuestra Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes. Además, resulta importante destacar que para toda actividad en donde se afecte derechos indígenas, se requiere del consentimiento de ellas para ejecutar ya sea una política pública, una actividad de explotación de recursos naturales o un emprendimiento sea público o privado.

En este punto es en el que hacemos hincapié ya que de la denuncia pública que han hecho referentes indígenas es el de la existencia de comunidades indígenas en la zona en cuestión. En particular, 1 de las 27 comunidades que cuentan con personería jurídica tiene el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la ley 26.160 “culminado” y dicho territorio comunitario delimitado, se encuentra dentro de las 12 mil hectáreas entregadas por el Gobierno de Mendoza. 

Sin embargo, y como venimos denunciando desde hace tiempo desde Xumek, la falta de políticas públicas y el vacío institucional que existe en la provincia sobre la real situación de los pueblos indígenas, sus comunidades e integrantes, hace que dicha información sea escueta y poco certera, ya que sabemos que aún existe un gran número de comunidades indígenas sin su personería jurídica y por consiguiente, sin sus debidos relevamientos territoriales, lo cual provoca en situaciones como las actuales, donde sus derechos resultan más frágiles y  vulnerables. Los ubica en un contexto de desprotección ante el sostenimiento gubernamental de su invisibilización.

Desde la cosmovisión de las comunidades indígenas, la conexión con la madre tierra implica el desarrollo, transmisión y sostenimiento de la identidad, de nuestras culturas milenarias y nuestra espiritualidad. 

Donde se está realizando este proyecto turístico inmobiliario, afecta un sitio sagrado para las mismas. La mayor preocupación resulta de la afectación no sólo a la madre tierra sino a lo que consideran como un espacio sagrado: la cordillera es un lugar sagrado, las montañas y cerros (los apus) son protectores y guías espirituales. Para los pueblos indígenas no existe una relación material con la tierra sino identitario, espiritual, de respeto y de trascendencia. 

Es por ello que este tipo de proyectos con tal impacto, necesariamente deben contar con el consentimiento libre, previo e informado de nuestros hermanos y hermanas para su desarrollo. Para ello, deben respetarse y aplicarse plena y efectivamente los derechos a la participación y consulta de los pueblos indígenas mediante procedimientos culturalmente adecuados, de conformidad con sus costumbres y tradiciones y sus formas propias de representación, para lograr un acuerdo fidedigno y mancomunado entre las partes involucradas y llevar adelante un efectivo proceso de consentimiento. 

Repositorio:

Boletín Oficial – Decreto 2138 (pág 4)

https://boe.mendoza.gov.ar/default/public/publico/verpdf/31534

Dictamen de Fiscalía de Estado

https://drive.google.com/file/d/13QJl2FEDd-2CoDQZTdQQDECfa50No_yw/view

Acta Constitutiva de EL AZUFRE SA / Boletín Oficial de la Rep. Arg. – Sociedades y Avisos Judiciales – Constitución SA

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/segunda/A754027/20180618

Ley 18575 sobre Zona y áreas de frontera, desarrollo e integración

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37912/norma.htm 

Ley provincial 5961 Impacto Ambiental. Estudio de impacto ambiental. 

https://www.mendoza.gov.ar/economia/wp-content/uploads/sites/44/2017/02/LEY_5.961.pdf

Ley nacional 25675 Política ambiental nacional

https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/d_recursos_humanos/concurso/normativa/_archivos//000001_Leyes/000000_LEY%2025.675%20Pol%C3%ADtica%20Ambiental%20Nacional.pdf

Acuerdo de Escazú.

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf

Ley de Aguas 

Ley nacional 26160 sobre Emergencia Territorial Indígena

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/120000-124999/122499/norma.htm 

Ley nacional 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23790/texact.htm 

2 de febrero: Día Internacional de Protección de los Humedales

El Día Mundial de los Humedales se celebra el 2 de febrero de cada año. Fue decretado en el año 1997 y la fecha fue elegida en conmemoración a la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, que se celebró el 2 de febrero de 1971 en Ramsar, Irán.

Existen dos sitios Ramsar en la provincia de Mendoza: la Laguna de Llancanelo en Malargüe y las Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero; pertenecientes a Mendoza, San Juan y San Luis. Ambos son humedales de importancia internacional que se encuentran “protegidos y custodiados” por la Provincia en el marco de la Convención Ramsar.

Los humedales son extensiones de tierra, que tienen la particularidad de estar inundadas de forma permanente. En esta categoría están los pantanos, turberas, marismas, arrecifes de coral, manglares, los lagos, los ríos, etc. Son ecosistemas híbridos que pueden ser de agua dulce o salada y los llamados humedales artificiales como por ejemplo los embalses, las salinas o los estanques.

Su importancia es fundamental para la vida en todo el planeta gracias a que son ecosistemas, donde viven un gran número de especies animales y vegetales, y que se encargan de regular el ciclo del agua y el clima, creando de esta manera un equilibrio perfecto. Además, aportan al hombre recursos indispensables para disfrutar de una mejor calidad de vida.

Sin embargo, hoy podemos ver con preocupación cómo los humedales corren el riesgo de desaparecer ya que se están degradando de manera vertiginosa. Se calcula que en los últimos 35 años han desaparecido más del 50% de los humedales en todo el mundo.

La situación de los humedales en la provincia. El caso particular de Lavalle: Lagunas de Soria

Luego de la reciente publicación de un trabajo de investigación en la zona de Lavalle, conversamos con Anahi Roca y Janet Pellisa, que nos contaron sobre la situación actual de la Laguna de Soria.

Se trata de uno de los últimos humedales del Gran Mendoza, un espejo de agua que nace del Arroyo Leyes-Tulumaya, y que se ubica en el paraje Las Violetas, en el secano Departamento de Lavalle. Allí es posible ver en ciertas épocas del año al flamenco austral, una especie vulnerable y casi amenazada de peligro de extinción, según el “Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”. Este paleocauce -cauce viejo, histórico-, del río Mendoza, se vincula con la Laguna del Viborón del Departamento de Maipú, y su actividad es esporádica a causa del retroceso del río Mendoza, represado cuenca arriba. 

Pero también el desmonte y la contaminación son causas de la variabilidad del agua en esta Laguna. El año pasado, en el 2021, La Asamblea por el Agua Pura de Huancache, denunció el desmonte a orillas de la laguna provocado por el proyecto inmobiliario “Aguas Norte”. 

Ante esta situación, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, presentó desde el Concejo Deliberante de Lavalle, un proyecto para suspender el avance inmobiliario, el cuál fue aprobado en agosto de 2021. 

Al siguiente mes, se promulgó la creación del Área Natural Protegida del “Humedal Laguna de Soria”, vale remarcar que se trata de uno de los últimos humedales activos del gran Mendoza, prohibiendo en su área y alrededor -1000 metros desde los márgenes de la laguna-, el desmonte, la caza y la pesca en cualquier modalidad; y el loteo de inmuebles en sus inmediaciones que no cuenten con el apto técnico integrado y la declaración de impacto ambiental. 

Sin embargo, todavía falta darle una categoría de reserva natural, la cual se definirá por participación pública de la ciudadanía y de las organizaciones ambientalistas, para gestionar un plan de zonificación y manejo del área protegida. Así lo establece el Acuerdo de Escazú, en vigencia en Argentina desde abril del 2021. Este  tratado vinculante sobre la democracia ambiental, tiene como uno de sus pilares, la participación pública en el proceso de toma de decisiones en asuntos ambientales.

Al respecto, la Asamblea por el agua pura de Huanacache -organización de personas autoconvocadas por la defensa de los bienes comunes-, y el municipio de Lavalle, ya han dado a conocer sus pretensiones sobre dicha categoría que será sometida a participación pública.

Los y las integrantes de la Asamblea de Huanacache plantean que la laguna ya ha sufrido   graves modificaciones, luego de la instalación de una planta de tratamiento de residuos cloacales que atraviesa el humedal, modificando su cauce. Por lo tanto, el dictamen técnico del área de Recursos Naturales de la provincia, reconoce un ecosistema artificial y no natural de la zona de la Laguna. Por esta razón, proponen que la categoría sea de reserva paisajística para que no se permita ningún tipo de uso o modificación del lugar.  Dicha categoría no sería para todo el encadenamiento de humedales que empieza en Villa Tulumaya y termina en Lagunas del Rosario -lagunas y bañados que lamentablemente ya no existen-, sino la parte que queda hasta la Calle Irigoyen de Villa Tulumaya, donde empieza el área urbanizada.

A diferencia de la Asamblea, desde la Dirección de Ambiente del Municipio, se prefiere una categoría de usos múltiples, que permita  desarrollar actividades, pero con respeto y armonía a los ciclos naturales. El Director de Ambiente del Municipio de Lavalle, Jorge Gisbert, nuevo en su cargo desde octubre del 2021, así lo indicó en entrevista para Ignix: “el Municipio iría más por la categoría de usos múltiples en la que se pueda regular y definir qué actividades y de qué manera, con qué intensidad, bajo qué parámetros, y todo eso regulado”.

El caso de la Laguna de Soria, que busca la participación pública para la definición de la categoría de reserva, es un ejemplo local importante de lo que plantea el Acuerdo de Escazú.  

El marco legal: las obligaciones de Argentina

Desde la firma de la Convención de Ramsar (1971) por el cual la Argentina se comprometió a la conservación y uso racional de los humedales nacionales e internacionales, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo, distintas organizaciones han  presentados proyectos de ley destinada a regular el uso de los humedales. No obstante, los distintos intereses económicos en juego, han impedido que los proyectos se concreten transformándose en una ley nacional.

Sin perjuicio de la importancia del dictado de dicha ley a los fines de la protección de los humedales, existe en nuestro país un marco normativo general que, de ser respetado, importaría lograr una adecuada gestión de los humedales existentes.

Como primer referente de este marco normativo, encontramos a la Constitucional Nacional al reconocer el derecho de todo habitante del país a gozar de un ambiente “..ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. Como parte de esta garantía constitucional pone en cabeza de la Nación el dictado de “presupuestos mínimos de protección” (art. 41) de todo ecosistema. No obstante dicho mandato también pone límites a la Nación en el dictado de cualquier normativa, al afirmar que dichos presupuestos no pueden alterar el derecho de las jurisdicciones locales. En igual jerarquía que la Constitución, encontramos a los tratados internacionales suscritos por la Nación Argentina con otros Estados y en donde nuestro país se compromete al cuidado y protección del medio ambiente, tal el caso del Acuerdo de Escazú.

Asimismo, como parte del cuerpo normativo ya existente, cabe hacer mención a la Ley General del Ambiente y a los principios de aplicación a los humedales como parte del ambiente al que protege (cláusula de progresividad, principios de precaución y prevención).

¡LEY DE HUMEDALES YA!

Es necesario y urgente sancionar una Ley de Humedales, con la esperanza de que implique cambios reales y tangibles en el respeto al valor intrínseco de los humedales y su cultura, del mantenimiento de su integridad ecológica y el reconocimiento prioritario de los servicios ecosistémicos que brindan a la sociedad por sobre el interés particular. 

Esta ley es de vital importancia, sobre todo  teniendo en cuenta las quemas e incendios de los últimos tiempos, donde se perdieron 1 millón de hectáreas de humedal con 600 mil focos de incendios que dañaron estos ecosistemas.

Sin embargo, el tratamiento de la Ley de Humedales fue excluida de las sesiones extraordinarias del congreso. El proyecto de ley que plantea ciertos cánones de manejo para evitar la  degradación de los humedales, ya había sido presentado en 2013 y en 2016, pero en ambas oportunidades, pese a tener media sanción del Senado, no prosperó en la Cámara de Diputados. De esta manera, el proyecto de ley de humedales pierde estado parlamentario por tercera vez. 

Invitamos a la gente a unirse a las marchas y todas las iniciativas tendientes a valorar y proteger los humedales.

Jóvenes por el Clima:“Los cambios reales se logran a través de políticas públicas y con una fuerte presencia del Estado”

Nuestra provincia es una zona árida transformada en oasis, y eso hace que sea fundamental el cuidado del agua y sus usos, porque “sin aire ni agua nadie sale vivo” (parte de la letra de una canción de Mi amigo invencible, reconocida banda local). 

Podría decirse que la sociedad mendocina “hizo un click” allá por diciembre del 2019 cuando el actual Gobernador Rodolfo Suárez, con la venia de los principales partidos políticos opositores a su gestión, intentó modificar la ley provincial Nº7722. El pueblo mendocino se organizó de inmediato y salió masivamente a las calles exigiendo al arco político entero que dieran marcha atrás con esa decisión. Las movilizaciones fueron un éxito y lograron su objetivo frenar un nuevo avance extractivista en la provincia. Lo particular de esa movilización fue la unión de la población actuando por un objetivo común, el cuidado del agua y el ambiente, sin importar las diferencias de edad, clase, género e ideología política. 

Entre los actores políticos destacados en las movilizaciones, se encuentra la población joven, aquellas personas de entre 10 y 24 años, que suman 1800 millones en todo el mundo (la generación de jóvenes más grande la historia, un número que seguirá en aumento en las próximas décadas), y aproximadamente el 90% de ellos y ellas viven en regiones en desarrollo, donde las poblaciones son más numerosas y las afecciones del cambio climático tienen un impacto significativamente mayor que en otros lugares. Esto nos debe traer al presente una consideración y es que, como ya sabemos, las consecuencias de la crisis climática serán aún peores para las generaciones futuras si los gobiernos en conjunto con las sociedades y el sector empresarial no reaccionan en favor de una acción climática global e integral para mitigar y prevenir los efectos del cambio climático. Son justamente los jóvenes hoy en día quienes están alzando esa voz y ejerciendo ese rol para exigir que se tomen todas las medidas necesarias para evitar el colapso climático en orden a los ODS 2030 que ha diagramado la ONU.

Desde Greta Thunberg, pasando por los miles de activistas climáticos a lo largo y ancho del planeta, a referentes locales de nuestro país como lo son Bruno Rodríguez y Merce Pombo (integrantes de Jóvenes por el Clima Argentina), desde el área de Ambiente de Xumek, en colaboración con Niñez y Adolescencia, entrevistamos a Marina Zamora, una de las integrantes del movimiento Jóvenes por el Clima en nuestra provincia. Nos contaron el origen y composición del movimiento en la provincia, sus preocupaciones y experiencias de participación política en cuestiones ambientales. 

Xumek: Buenas tardes Marina, muchas gracias por tu tiempo para compartir con nosotras sobre el trabajo y activismo de Jóvenes por el Clima en Mendoza. Para comentar, nos gustaría que nos contaras, cuándo y en qué contexto surgió el movimiento en nuestra provincia.

Marina: Jóvenes por el Clima Mendoza forma parte del armado nacional de Jóvenes por el Clima Argentina y surge a mediados de agosto del año 2020. Éramos un grupo de jóvenes interesadas en los asuntos socio-ambientales que no encontrábamos un espacio donde se disputaran las problemáticas ambientales en términos políticos y de manera transversal y con un particular enfoque en la relación que existe entre los sectores más vulnerables y los problemas ambientales. Los sectores de menores recursos son quienes más padecen y van a padecer los impactos de la crisis climática ya que no tienen las herramientas necesarias para hacerle frente, y que encima, son quienes menos contribuyeron al desate de este fenómeno. También hablamos de la responsabilidad de los países desarrollados respecto al cambio climático (Estados Unidos es históricamente el mayor emisor de gases de efecto invernadero) y la deuda ecológica que tienen con los países del sur global.

Conocimos a través de las redes sociales la organización “Jóvenes por el Clima” y al conocer su lineamiento, no dudamos en comunicarnos para conformar la agrupación a nivel provincial entendiendo que cada localidad tiene distintas problemáticas ambientales.

X: Sabemos que se trata de un movimiento integrado por personas muy jóvenes, ¿Cuál es la composición de sus participantes? 

Somos aproximadamente 10 militantes activas, en femenimo, porque en su mayoría somos mujeres de entre los 13 y los 25 años. Nos parece fundamental que se incorporen más jóvenes activistas que puedan representar a otros sectores como pueblos originarios, cartoneros y cartoneras, familias agricultoras campesinas.

M: Cuáles son las principales problemáticas ambientales de la agenda política de Jóvenes por el Clima en la provincia de Mendoza?

Lo que más nos preocupa es la crisis hídrica que estamos atravesando y la nula gestión por parte del gobierno provincial, no vemos mejoras o innovaciones en el manejo del agua. El 80% del agua de Mendoza se destina al riego agrícola, del cual la mitad se pierde debido al sistema de riego a manto. Frente a la escasez de agua hay que planificar acciones y avanzar con obras, la emergencia hídrica se agudiza cada vez más y los pronósticos hidrológicos de nuestros ríos son cada vez más alarmantes. Esta problemática debe ser abordada de manera urgente, no solo por la eficiencia y el cuidado de nuestro recurso más preciado, sino también porque las exigencias a nivel mundial serán cada vez mayores, la huella hídrica será uno de esos requisitos.

Como si fuera poco, hay intenciones de avanzar con emprendimientos inmobiliarios en nuestras áreas protegidas, una es el Perilago de Potrerillos. El dique, como reservorio de agua de consumo humano, debe ser cuidado y protegido de cualquier tipo de avance que los exponga a mayor contaminación. El gobierno mendocino abrió una licitación mundial para la construcción de un emprendimiento inmobiliario en la costa del dique, nosotras creemos que hay otras formas de generar ingresos y atracción turística. El turismo sustentable, con todos sus lineamientos y bases, debe ser una nueva manera de conocer y disfrutar Mendoza.

También nos preocupa la cantidad de basurales a cielo abierto que hay en la provincia, ciertos municipios como Godoy Cruz o Ciudad han buscado venderse como “ciudades verdes” por el intento de implementar la gestión de residuos sólidos urbanos, sin embargo, el sistema de dicha gestión es totalmente ineficiente ya que solo el 0,9% de la basura del Gran Mendoza logra ser reciclada. Lo que hacen los camiones recolectores de basura de ambos municipios es recolectar un día a la semana los “residuos secos” y descargar solo 2 o 3 camiones a una cooperativa de recuperadores urbanos. Visitamos las cooperativas y pudimos ver cómo debido a la falta de educación de las y los vecinos no existía separación en origen, los residuos secos llegan mezclados en una misma bolsa con lo orgánico, con insumos de higiene personal utilizados y hasta animales muertos, logrando así que ningún material pueda ser reciclado y exponiendo a las y los recuperadores urbanos a trabajar en condiciones anti-higiénicas. El mejor sistema que existe es el de organizar a los recuperadores urbanos por manzanas, abrir un registro de cada uno de ellos y ellas para garantizarles acceso a la salud y seguridad y otorgarles una credencial certificada por el municipio que les permita presentarse a los vecinos para tener un trato directo y puedan enseñarles por qué es importante separar los residuos y de qué manera. Los cambios de hábitos y los cambios culturales son claves cuando pensamos en el cuidado de nuestra casa común.

La tala indiscriminada de árboles que se está realizando en distintos departamentos como Guaymallén, Luján de Cuyo y Godoy Cruz nos tiene alarmadas. Vivimos en una provincia considerada como “ciudad desierto”, por lo que resulta fundamental cuidar nuestro arbolado público (declarado como patrimonio público en la ley 7874) que nos otorgan beneficios como: regulación de las altas temperaturas, capturación de CO2 (indispensable para mitigar los efectos del cambio climático), retención de lluvias, entre muchos beneficios más. Sin embargo, estos municipios están violando la ley 7874 ya que talan los árboles sin fundamentación alguna y no cumplen con el protocolo que establece dicha ley. Exigimos que la conservación de los mismos sea una política de Estado.

Los barrios del oeste en el gran Mendoza son quienes más sufren las olas de calor, las olas de frío y los aluviones que se dan en el período de noviembre-enero. De hecho, en noviembre del año pasado presenciamos una gran tormenta que transformó nuestras calles en ríos, un adolescente de 14 años perdió la vida al ser arrasado por la corriente de un zanjón en Godoy Cruz. La solución frente a estos eventos climáticos extremos es el ordenamiento territorial, el acceso a viviendas dignas y la planificación integrada de hábitat que tenga en cuenta el riesgo ante amenazas naturales. Son también estos sectores quienes no tienen acceso a los servicios básicos como el agua, la energía y la conectividad.

X: Si nos referimos a actividades de incidencia política y social,  ¿cuáles dirías que son las actividades prioritarias del movimiento? 

M: Creemos que los cambios reales se logran a través de políticas públicas y con una fuerte presencia del Estado, en ese sentido, a nivel nacional y provincial, estamos constantemente articulando y trabajando en proyectos de ley y ordenanzas que reconozcan y solucionen problemáticas ambientales. También articulamos con funcionarios, legisladores y concejales para estar al tanto de los temas que se discuten en la legislatura y en los concejos municipales.

X: ¿Qué nos podrías contar sobre la participación del movimiento relacionada con el Acuerdo de Escazú*? ( *Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe? 

M: Jóvenes por el Clima y otras organizaciones socio-ambientales nos organizamos para presionar y exigir que Argentina ratificara la adhesión al Acuerdo de Escazú el 25 de septiembre del año pasado, fuimos el décimo país de América Latina en ratificar. Los principios del acuerdo son fundamentales en materia de derecho de las y los militantes ambientales, América Latina es la región donde más defensores ambientales asesinan. El acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales son los 3 ejes principales que establece el Acuerdo de Escazú, significa un gran avance en materia de derecho.

X: ¿Cómo ven la implementación de los mismos en la provincia, y cómo se podría mejorar? 

M: A casi un año de la ratificación, no vemos avances en la provincia. De hecho, cada vez que se presentaron iniciativas para incorporar la participación política de la juventud, ciertos legisladores se manifestaron en contra. Tampoco existen iniciativas del poder ejecutivo en escuchar a la ciudadanía. La falta de voluntad política es evidente, la única manera de mejorar esta situación es organizarnos y movilizarnos para generar presión en estos organismos. En el Congreso de la Nación se lanzó el Foro Legislativo Ambiental, donde cualquier persona puede participar para el armado de proyectos de ley; nosotras apelamos a este tipo de acciones políticas.

X: Hablemos del acceso a la información ambiental ¿Qué experiencias tienen al respecto? 

M: Siempre decimos que ser militantes ambientalistas en Mendoza es casi como jugar a ser detectives, cuesta mucho acceder a la información en la página de la legislatura por ejemplo, hay una falta de transparencia evidente. Es por eso que debemos articular con legisladores o funcionarios que nos puedan trasladar esa información.

X: Y en cuanto a mecanismos de participación en la provincia, ¿han tenido la oportunidad de participar en alguno? ¿Cuáles? 

M: Participamos de las audiencias públicas, la última fue sobre el Proyecto Cerro Punta Negra. Si hay otros organismos de participación, desconocemos y no hay información clara y directa al respecto.

X: El Acuerdo de Escazú es el primer instrumento del derecho internacional ambiental que incluye entre sus principios la protección de las personas defensoras de derechos humanos vinculados al ambiente. La región latinoamericana es la más peligrosa para ser defensora del ambiente y los Estados están obligados a garantizar la protección de todas las personas que en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, no aún estamos lejos de tener esa seguridad y son numerosos los riesgos a los que nos enfrentamos: ¿Alguna vez han tenido algún incidente de seguridad mientras se manifestaban o participaban en actividades de defensa del ambiente? ¿Cuáles?

M: En la histórica marcha contra la reforma de la Ley 7722, en diciembre de 2019, todo el pueblo mendocino que se manifestó fue brutalmente reprimido por el gobierno provincial. La policía lanzó balas de goma y gases lacrimógenos a familias, estudiantes, docentes y profesionales. El pueblo mendocino no debe olvidarse de este accionar político que tanto daño hace al derecho de manifestarse.

X: ¿Cuáles serían los instrumentos y/o mecanismos para garantizar la protección de defensores/as ambientales? 

M: Se deben establecer obligaciones para garantizar un entorno seguro sin amenazas, asegurar la protección y promoción de los derechos de los y las activistas como la integridad personal y la libertad de expresión, circulación y manifestación. Y también trabajar en las medidas apropiadas para prevenir y sancionar cualquier ataque o amenaza hacia activistas.

X: En caso que quienes lean esta entrevista quieran vincularse con Jóvenes por el Clima y participar activamente en el movimiento, ¿cómo podrían ponerse en contacto con ustedes? 

M: La convocatoria para sumar nuevas compañeras y compañeros jóvenes está siempre abierta. Solo deben llenar el siguiente formulario y nos comunicaremos en breve Jóvenes por el Clima – Mendoza. También pueden consultar y seguirnos en redes sociales: 

Instagram: @jovenesporelclimamendoza

Twitter: @JOCAMDZ

Facebook: Jóvenes por el Clima Mendoza

O a través del siguiente correo electrónico: jovenesporelclimamendoza@gmail.com

X: Muchas gracias Marina. Ha sido un gusto conversar con vos.  

Día Internacional de la Juventud: transformar los sistemas alimentarios

Cada 12 de agosto, y desde 1999, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Juventud, una fecha en la que se busca promover el papel esencial que desempeña la juventud en los procesos de cambio, y de ese modo contribuir en la concientización los desafíos y problemas a los que las personas jóvenes se enfrentan.

Este año, el Día Internacional de la Juventud lleva por lema «Transformar los sistemas alimentarios: innovación juvenil para la salud de los seres humanos y del planeta, con el objetivo de resaltar la importancia de la participación significativa y efectiva de los y las jóvenes para hacer frente con éxito a las problemáticas que afectan al planeta, y contra las cuales se está haciendo un esfuerzo global. 

Se estima que el crecimiento poblacional del planeta será de más de dos billones de personas en los próximos 30 años, ello va a requerir diseñar sistemas alimentarios sostenibles que garanticen la seguridad alimentaria, no solo será suficiente  el aumento de la producción de alimentos saludables para garantizar el bienestar de la población y el planeta. Este, y otros tantos desafíos ya se encuentran plasmados en la Agenda 2030, de manera interrelacionada, como la reducción de la pobreza, la inclusión social, la salud, la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. 

Durante el Foro de la Juventud del ECOSOC de 2021, entre los asuntos y prioridades destacados por los y las participantes jóvenes, incluyendo el impacto diferenciado que ha tenido la pandemia del covid-19, se pueden encontrar aquellos relacionados al impacto en la salud, el ambiente y los sistemas alimentarios. Los y las participantes jóvenes resaltaron la importancia de trabajar en el diseño de sistema alimentarios más equitativos, y por ello entre recomendaciones se mencionaron: 

  • La necesidad de la juventud de tomar decisiones informadas sobre las opciones alimentarias a través del acceso a la educación sobre las alternativas sanas y sostenibles, tanto para individuos como para el planeta.
  • La demanda de desarrollo y fortalecimiento de capacidades respecto a la resiliencia de sistemas alimentarios, durante y después de la pandemia covid-19. Sistemas alimentarios que incluyan no sólo los elementos esenciales sobre cómo conseguir alimentos para poner sobre la mesa, sino también los procesos y la infraestructura requerida para alimentar a las poblaciones y las externalidades negativas que pueden producir los procesos, tales como la contaminación del aire y el agua, y la desertificación. 
  • La creación de capacidades para reconocer el riesgo de las enfermedades zoonóticas que pueden resultar de prácticas de producción no sostenibles y agravar la crisis climática. Es importante que la juventud se empodere para hacer elecciones alimentarias saludables, a través de los desafíos que plantean los sistemas alimentarios, especialmente en asuntos relacionados con la nutrición, como las enfermedades crónicas tales como la obesidad, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Es por ello, que como organización que defiende y protege los derechos humanos, reclamamos de manera urgente:

  • El incentivo de las iniciativas individuales y colectivas de la población joven de nuestra provincia que busquen garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición a través de la transformación sostenible de los sistemas alimentarios. 
  • El diseño de políticas productivas que no pongan en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales de los sistemas alimentarios de las futuras generaciones.
  • La valorización la conexión entre los sistemas alimentarios y la juventud perteneciente a comunidades indígenas, porque la experiencia de los pueblos indígenas en los procesos sostenibles y el uso de los recursos locales, 
  • La inclusión de la juventud en proyectos de acceso a la tierra, garantizando el retorno a una producción de alimentos sostenible, familiar, que se presente como una oportunidad de empleo joven.
  • La implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral, como educación de base para la sostenibilidad de la vida en la provincia, pero también para el disfrute de los derechos de acceso a la información y participación en asuntos ambientales vinculados a los sistemas alimentarios: poder reconocer existencia de OGM y perturbadores endocrinos en productos a través de la lectura de sus etiquetados, trazabilidad de las huellas ecológicas, etc.
  • La creación de mecanismos que aseguren la participación de la juventud en la defensa del ambiente sano, limpio y equilibrado.

Democracia ambiental: marcha atrás con el proyecto en la Reserva Manzano Histórico Portillo Piuqenes

El día 5 de agosto de 2021, la  Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, de acuerdo con su Resolución Nº141, ha rechazado la autorización al proyecto de “Cerro Punta Negra”. Un proyecto que buscaba la construcción de un centro de esquí y un proyecto inmobiliario a desarrollarse en la “Reserva El Manzano, Portillo Piuquenes”.

Teniendo en cuenta:

  • La consideración por parte de las autoridades ambientales provinciales de los dictámenes sectoriales que insistían en el daño ambiental irreparable que ambos proyectos suponen para el área involucrada y zonas aledañas; 
  • La incansable lucha de defensores y defensoras ambientales de nuestra provincia por proteger los bienes comunes y visibilizar las diferentes problemáticas que afectan a los territorios; y 
  • La alta participación en la Audiencia Pública convocada el 14 de mayo pasado

Desde el equipo del área de Ambiente de Xumek consideramos una muy buena noticia, y un avance en la democracia ambiental. Haciendo uso del derecho a la participación en cuestiones ambientales, reconocido por la legislación ambiental nacional e internacional, cientos de defensores y defensoras de derechos humanos se hicieron presente en la Audiencia Pública para destacar la importancia de constar de una mirada prospectiva en cuanto a la actual crisis climática, y entiende que proyectos de este estilo, lejos están de gozar de un esquema sustentable para su desempeños que eso afecta a la comunidad a mediano y corto plazo, respecto  al disfrute pleno de derechos y de la vida misma.

Sin dudas, acontecimientos como este, no solo nos permiten ser optimistas respecto a la posibilidad de un futuro más sostenible en nuestra provincia, sino también, permiten destacar la importancia de herramientas tales como el Acuerdo de Escazú y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Invitamos a las autoridades provinciales y municipales, legisladores y legisladoras, operadores y operadoras de justicia, a seguir profundizando en la implementación del Acuerdo de Escazú y sus principio de acceso a la información, la participación, el acceso a la justifica en cuestiones ambientales y la protección de las personas defensoras del ambiente y los derechos humanos fundamentales vinculados al mismo.

Hablemos de la Ley de Educación Ambiental Integral

El pasado 14 de mayo, el Senado Nacional aprobó el proyecto de Ley de Educación Ambiental Integral, la cual ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, convirtiéndolo en Ley. Esto significa un gran paso para continuar luchando por el derecho humano a un ambiente sano.

¿Qué propone la ley?

  • Plantea una política pública nacional, estableciendo la educación ambiental obligatoria para todas las jurisdicciones del país, de forma permanente, transversal e integral.
  • Busca que les estudiantes puedan adquirir diversas competencias, a través de la currícula educativa, que les permitan reflexionar críticamente sobre la interdependencia de los elementos que conviven en el ambiente; el respeto y valor de la biodiversidad; la equidad; el reconocimiento de la diversidad cultural; el cuidado del patrimonio natural y cultural y el ejercicio de distintos derechos relacionados a un ambiente sano.

¿Cómo se va a implementar?

La nueva ley propone la creación de mecanismos de implementación, como la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEAI) y las Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral (EJEAI), que tendrán la misión de elaborar y diseñar políticas nacionales y orientar políticas en las distintas provincias, para lo cual se propone ampliar la cobertura territorial, social y sectorial como también la generación de consensos sociales sobre los ejes temáticos y las prioridades temáticas de acuerdo a cada territorio de manera que se promueva un compromiso ambiental intergeneracional. 

Para saber más sobre la importancia y urgencia de la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral, charlamos con Tania Bilbao, Coordinadora del Programa de Educación y Comunicación Ambiental del Instituto de Ciencias Ambientales (ICA) de la UNCuyo, y con la Lic. Gabriela Luquez , Secretaria General del ICA. 

Xumek: Teniendo en cuenta que desde el ICA UNCuyo vienen trabajando hace varios años con Educación Ambiental ¿Qué opinión tienen respecto a la sanción de la Ley Nacional de Educación Ambiental?

Gabriela: La sanción de esta nueva ley es un gran motivo para celebrar. Un logro para la jurisprudencia ambiental y para el fortalecimiento de la práctica de la Educación Ambiental en ámbitos formales y no formales. 

La opinión es de mucha esperanza, es una ley muy esperada tanto a nivel nacional como provincial, y es una necesidad  de poder transversalizar la educación ambiental en todos los niveles educativos. Para las universidades, representa un desafío inmenso, enorme, porque invita a sumarse a este nuevo proyecto educativo a través de la revisión curricular, se trata de una invitación que presenta muchos desafíos, una apuesta innovadora para el sistema educativo argentino y que invita a repensar nuestra oferta educativa universitaria, asumir que los formadores debemos entender que estamos acompañando esa capacitación, la formación de futuros líderes y lideresas que en el futuro estarán tomando decisiones y gestionarán cuestiones ambientales, y que hoy es una juventud muy empoderada y posicionada en lo relativo a la sostenibilidad en su sentido más amplio. 

Xumek: ¿Qué importancia tiene la sanción de esta ley en el contexto social actual desde el enfoque de desarrollo de capacidades?

Gabriela: La importancia es enorme porque habla de diversidad, de respeto, de cuestiones intergeneracionales, de responsabilidad ciudadana, habla del hoy pero principalmente habla del mañana, de lo que vendrá y de la responsabilidad que tenemos quienes estamos hoy gestionando y liderando procesos de enarbolar esta bandera y darle para delante. Creo que también el contexto político internacional es muy relevante, la cuestión ambiental está en las agendas políticas tanto por la crisis climática como por la valoración del género en la gestión del ambiente, en la apropiación por parte de las juventudes y cómo lideran los procesos nuevos. Es un momento de renovación de  regeneración en el pensamiento y en los paradigmas. 

Tania: Si bien la Educación Ambiental viene tomando cada vez más fuerza en establecimientos formales, aún es tarea pendiente la mayor incorporación en las currículas de forma transversal e integral. Por otro lado, fuera del ámbito escolar, la práctica de la Educación Ambiental y la sustentabilidad ha ampliado su dimensión sumando compromisos en las organizaciones sociales, los municipios, las áreas naturales protegidas, incluso en el ámbito empresarial.

Xumek: ¿Consideran que es una ley completa, que abarca los aspectos necesarios respecto a la Educación Ambiental?

Gabriela: Es una ley bastante completa, debemos esperar la reglamentación para poder aseverar esta pregunta. Debemos ver cómo se va a reglamentar, cómo se va a poder dar esta articulación en las provincias y en la nación, incluso que cada una de las áreas correspondientes a la gestión educativa tengan la posibilidad de implementar también cuestiones de desarrollo local. Sin embargo y pese a que es difícil reconocer que sucederá con la reglamentación de la ley, considero que entre los principios que enuncia la ley, hay temas bastantes innovadores, bastante desafiantes para la educación argentina como venía siendo planteada. 

Xumek: En el contexto educativo argentino actual ¿cómo ven su implementación?

Tania: Es interesante que el marco de la ley viene a reflotar y a darle fuerza a todas las experiencias que ya se vienen dando en los diferentes ámbitos, no sólo en los ámbitos escolares donde la educación ambiental tiene cada vez más presencia y donde se está buscando esa transversalidad sino también en los ámbitos no formales y acá entran las organizaciones sociales, las uniones vecinales, instituciones, emprendimientos, diferentes ámbitos, donde se empieza a reconocer el rol educativo como una forma de aportar al desarrollo y a la reflexión continua.

Xumek: ¿Y qué oportunidades ven en nuestra provincia con la implementación de esta ley? 

Tania: En Mendoza hay una experiencia que sería muy interesante de recuperar, a la cual esta ley y el marco de la estrategia de la educación ambiental nacional  puede volver a activar, ser de respaldo para que se recupere. Se trata de la Mesa provincial de Educación Ambiental, la cual se creó en el año 2015 y que dejó de funcionar por motivos administrativos, pero tuvo el objetivo de constituirse como un espacio de articulación de estas diferentes experiencias, actores y referentes de los diferentes ámbitos. Sería muy importante e interesante que la nueva ley pueda crear ese marco positivo para que se recupere ese órgano provincial.